Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04379-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04379-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04379-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04379-01
Accionante: Julio Luis González
Se modifica la decisión de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04379-01
Accionante: Julio Luis González
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Tutela contra sentencia de tutela /
Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Se modifica la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, se
declara la improcedencia frente a los reparos contra la sentencia del 6 de junio de 2024 y
se declara la cosa juzgada respecto de los reparos contra la UARIV.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 12 de
septiembre de 2024 mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Julio Luis González contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en
adelante, la UARIV.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04379-01
Accionante: Julio Luis González
Se modifica la decisión de primera instancia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 20 de agosto de 2024 Julio Luis González presentó, en nombre propio, una
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, dignidad humana, mínimo vital e igualdad.
El accionante considera que esas garantías fundamentales fueron vulneradas por
la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2023-07502-00/01 adelantada por Patricia Tobón Yagarí y Sandra
Viviana Alfaro Yara contra el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín y
el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el objeto de que se inaplicaran las
sanciones impuestas por <<no cumplir la orden contenida en la sentencia del 4 de
julio de 2023, mediante la cual se concedió el amparo del derecho fundamental del
señor Julio Luis González [aquí accionante]>>. En dicha decisión se revocó la
sentencia del 9 de febrero de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se había declarado la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, se concedió el amparo.
A su vez, consideró vulnerados sus derechos fundamentales por la UARIV, pues
dicha autoridad no dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 4 de julio de
2024, proferida en el proceso de tutela con radicado 05001-33-33-035-2023-00183-
00/01 adelantado por el actor contra dicha autoridad.
2.- El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
<<Primero: solicito señores magistrados que se protejan los derechos
constitucionales y fundamentales del señor JULIO LUIS GONZÁLEZ, los cuales han
sido conculcados y vulnerados por la UARIV y Sandra Viviana Aflaro Yara y Patricia
Tobón Yagarí.
Segundo: le solicito muy encarecidamente señores magistrados que se le ordene a
la UARIV o a quien haga sus veces para que se le dé cumplimiento al fallo de tutela
que dio a favor de JULIO LUIS GONZÁLEZ, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA CUARTA de la fecha del 04 de julio de 2023 con radicado
05001-33-33-035-2023-00183-00, que a la fecha de hoy la UARIV no ha acatado la
orden que se dio a mi favor en segunda instancia.
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Accionante: Julio Luis González
Se modifica la decisión de primera instancia
Tercero: consecuencialmente le solicito señores magistrados que se amparen todas
las garantías constitucionales y se revoque la decisión tomada en el fallo de tutela
en referencia con radicado 11001-03-15-000-2023-07502-01, calendado el 06 de
junio de 2024 en lo referente a dejar sin efecto los autos del 5 de septiembre y el 3
de noviembre de 2023, ya que la orden judicial sigue siendo desacatada por la
entidad accionada sin ningún reparo.
Nuestro deseo no es que se les aplique la sanción a las funcionarias de la UARIV
ya referidas, sino que le den cumplimiento al fallo de tutela a favor del señor JULIO
LUIS GONZÁLEZ para que el derecho a la reparación no se quede en el limbo, sin
ninguna solución de fondo>>.
B. Hechos
3.- El accionante presentó una acción de tutela 1 contra la UARIV para obtener la
protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado
porque dicha autoridad <<dio respuestas evasivas y no de fondo>> a su petición
presentada el 17 de abril de 2023, mediante la cual solicitó el cabal cumplimiento a
la indemnización por desplazamiento forzado.
3.1.- Mediante sentencia del 19 de mayo de 2023 el Juzgado 35 Administrativo Oral
del Circuito de Medellín negó el amparo por considerar que la UARIV dio respuesta
a la solicitud del accionante.
3.2.- La anterior decisión fue impugnada por el actor, y mediante sentencia del 4 de
julio de 2023 la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
sentencia de primera instancia; en su lugar, amparó el derecho fundamental de
petición del actor y dispuso:
<< ORDÉNASE a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS, que, dentro de diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente providencia, dé respuesta de fondo, clara y concreta a la petición
presentada por LUIS JULIO GONZÁLEZ, indicándole el orden en el que se
encuentra para la entrega de la indemnización y la fecha estimada en que recibirá
el desembolso al cual tiene derecho, en virtud de la Resolución 04102019-021530
de 14 de diciembre de 2019>>.
3.3.- El accionante adelantó un incidente de desacato, pues consideró que se
incumplió la orden contenida en la sentencia del 4 de julio de 2023. Mediante auto
del 30 de agosto de 2023 el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín
1 Radicado 05001-33-33-035-2023-00183-00/01.
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Accionante: Julio Luis González
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sancionó a Sandra Viviana Alfaro Yara (directora de reparación de la UARIV) y a
Patricia Tobón Yagarí (directora general de la UARIV) con multa de 1 SMLMV cada
una por incumplir el fallo de tutela. Dicha decisión fue confirmada en sede
jurisdiccional de consulta el 5 de septiembre de 2023, por la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
3.4.- Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí presentaron una solicitud
de inaplicación de la sanción, la cual fue negada mediante auto del 27 de octubre
de 2023 por el Juzgado 35 Administrativo de Medellín, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 3 de noviembre
de 2023.
3.5.- Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí presentaron una acción de
tutela2 contra el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia para que (i) se inaplicaran las sanciones impuestas a
través de los autos del 30 de agosto de 2023 y 27 de octubre de 2023 confirmadas
en autos del 5 de septiembre de 2023 y 3 de noviembre de 2023 y que (ii) se
profiriera una nueva decisión que estudiara de fondo las solicitudes de inaplicación
de la sanción por la imposibilidad de cumplimiento de la orden.
3.6.- Mediante sentencia del 9 de febrero de 2024 la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional. Dicha decisión fue impugnada por Sandra Viviana
Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí.
3.7.- Mediante sentencia del 6 de junio de 2024 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, amparó los derechos fundamentales de Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia
Tobón Yagarí, pues tal como lo afirmaron en el trámite del incidente de desacato,
no existe fórmula alguna que permita establecer una fecha o un turno de pago para
cada víctima a indemnizar que no hubiese sido priorizada previamente, de
conformidad con el Método Técnico de Priorización.
a. Añadió que no se demostró que la mora en el incumplimiento se debiera a
razones distintas a barreras de tipo administrativo, y que las autoridades judiciales
accionadas no analizaron, desvirtuaron o contraargumentaron las razones
2 Radicado 11001-03-15-000-2023-07502-00/01.
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Accionante: Julio Luis González
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expuestas por ellas ni tuvieron en consideración que las barreras son de tipo
normativo y de sostenibilidad fiscal.
b. En consecuencia, dejó sin efectos los autos del 5 de septiembre de 2023 y del 3
de noviembre de 2023 mediante los cuales el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó, en el grado jurisdiccional de consulta, las sanciones de multa por desacato
impuestas a las señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante señala que:
4.1.- <<No tiene presentación para la justicia en Colombia que las órdenes judiciales
impartidas en favor de las víctimas del conflicto armado no están siendo acatadas
por la UARIV, la cual recurre a todos los medios posibles para tratar de sustentar la
manera de desacatar las órdenes judiciales que han sido dadas en favor nuestro>>.
4.2.- Afirma que el Consejo de Estado <<se pronunció sobre el defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente, pero este se origina cuando la autoridad
judicial a través de sus pronunciamientos se aparta del precedente que resulta
aplicable al caso. En el caso concreto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta, expidió fallo a su favor el 4 de julio de 2023, sustentándose en las sentencias
T-205 de 2021; T-248 de 2021; T-377 de 2022; T-450 de 2019 y auto 331 de
2019>>.
4.3.- El fallo proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado hace referencia a la obligación de emplear el Método Técnico de
Priorización; no obstante, este es inconstitucional.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado 35 Administrativo de Medellín (tercero con interés) aportó el
expediente de la acción de tutela que se adelantó ante dicha autoridad judicial.
6.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionado)
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, pues se pretende
controvertir una sentencia de la misma naturaleza.
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Accionante: Julio Luis González
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7.- La UARIV (tercero con interés) solicitó, en primer lugar, la desvinculación de las
señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, pues actualmente no
hacen parte de la entidad. Adicionalmente, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, pues dicha autoridad no transgredió los
derechos fundamentales invocados por el actor.
8.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia
Tobón Yagarí (terceros con interés) pese a estar debidamente notificados,
guardaron silencio.
E. Sentencia impugnada
9.- Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2024 la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Señaló que la providencia cuestionada es una sentencia de tutela respecto de la
cual, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resulta improcedente la
solicitud de amparo, pues es claro que el pronunciamiento constitucional no fue
producto de un fraude.
10.- Afirmó que, pese a que el accionante se encuentra en desacuerdo con el hecho
de que para lograr el pronto pago de la indemnización administrativa reconocida por
la UARIV deba someterse al Método Técnico de Priorización, lo cierto es que este
fue vinculado al proceso de tutela 2023-07502-00/01 en calidad de tercero con
interés y siempre guardó silencio.
F. Impugnación
11.- El accionante impugna la anterior decisión. Señala que en la sentencia de
primera instancia no se tuvo en cuenta que es víctima del conflicto armado, sujeto
de especial protección por el Estado y que cuenta con una orden judicial a su favor
que ha sido desacatada por la UARIV.
11.1.- Expone que <<se pasaron por alto los atropellos y vulneraciones de los
derechos fundamentales por parte de la UARIV, que no respeta a los jueces y
magistrados de la Rama Judicial y se dejó de lado lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991, frente al cumplimiento de las órdenes judiciales y las sanciones que se
imponen para que estos fallos de tutela no sean desacatados>>.
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Accionante: Julio Luis González
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11.2.- Indica: <<de qué sirve que los fallos de tutela sean proferidos a favor de las
víctimas del conflicto armado si luego la entidad accionada los desacata con
cualquier evasiva que se inventa, como ha sucedido en esta reclamación de
reconocimiento y pago de la medida de indemnización, en la cual la UARIV se ha
negado a informar los plazos aproximados y el orden en que accederá a la medida
de indemnización>>.
II. CONSIDERACIONES
12.- La sala modificará la decisión de primera instancia y (i) declarará la
improcedencia de la acción de tutela frente a los reparos contra la sentencia del 6
de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que dejó sin efectos las sanciones por desacato, porque estos se dirigen
contra una sentencia de la misma naturaleza y (ii) declarará la cosa juzgada frente
a los reparos contra la UARIV.
G. Los reparos contra la sentencia del 6 de junio de 2024 resultan
improcedentes, pues se controvierte una sentencia de tutela y no se advierte
la existencia de una cosa juzgada fraudulenta
13.- El accionante afirma que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado transgredió sus derechos fundamentales al conceder el amparo en la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-07502-01 adelantada por
Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí. En consecuencia, solicita que
se deje sin efectos la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
13.1.- Como se dispuso en la providencia de primera instancia, la jurisprudencia
constitucional3 ha sostenido que, por regla general, no es admisible controvertir un
fallo de tutela a través de una nueva acción de tutela, pues esa situación se volvería
interminable y afectaría el principio de seguridad jurídica; además, la tutela perdería
su efectividad como mecanismo de protección inmediata de derechos
fundamentales. Sin embargo, se ha admitido su procedencia excepcionalísima en
los casos en los que se acredite que el fallo de tutela acusado haya sido producto
del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
3 Corte Constitucional, sentencias SU-627 de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo; y T-286 de 2018(M.P. José́
Fernando Reyes Cuartas.
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13.2.- Pese a que el accionante presentó reproches contra la sentencia de tutela de
segunda instancia proferida dentro del proceso 11001-03-15-000-2023-07502-01,
lo cierto es que no alegó que esta fuera producto de una cosa juzgada fraudulenta;
simplemente presentó inconformidades contra la sentencia que dejó sin efectos las
sanciones impuestas a dos empleadas de la UARIV, por lo que la sala coincide con
lo expuesto en la providencia de primera instancia en cuanto a que la presente
acción resulta improcedente.
H. Frente a los reparos contra la UARIV opera la cosa juzgada constitucional
14.- El accionante pretende que se ordene a la UARIV que dé cumplimiento al fallo
de tutela del 4 de julio de 2023 proferido en el proceso de tutela 05001-33-33-035-
2023-00183-00/01, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia amparó
su derecho fundamental de petición y ordenó a la UARIV que diera respuesta de
fondo, clara y concreta a su petición, indicándole el orden en el que se encuentra
para la entrega de la indemnización y la fecha estimada en que recibirá el
desembolso al cual tiene derecho.
14.1.- Sin embargo, la sala evidencia que, frente a este punto ya existe un
pronunciamiento judicial. En la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (atacada en la
presente acción de tutela), dicha autoridad judicial expuso que las señoras Sandra
Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí informaron sobre la imposibilidad de
cumplir la orden de tutela en los estrictos términos señalados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a saber, la inviabilidad de fijar una fecha cierta para el
pago de la indemnización.
14.2.- Lo anterior, debido a que el pago de las indemnizaciones administrativas no
atiende a un orden fijado a partir de la fecha de radicación de la solicitud o una lista
alfabética de beneficiarios, sino a la aplicación del Método Técnico de Priorización
y a la disponibilidad presupuestal de cada año.
14.3.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso que,
tal como lo afirmaron las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón
Yagarí, no existe fórmula alguna que permita establecer una fecha o un turno para
efectuar el pago a cada víctima que debe ser indemnizada y que no haya sido
priorizada previamente. Expuso que las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y
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Patricia Tobón Yagarí indicaron que no era posible fijar la fecha de pago debido a
la capacidad económica de pago del Estado, los criterios de trato diferencial y a la
atención prioritaria de personas de especial protección.
14.4.- Así las cosas, en la sentencia del 6 de junio de 2024 se indicó que, en la
providencia del 4 de julio de 2023 se amparó el derecho fundamental de petición del
actor, <<el cual fue garantizado con la respuesta del 24 de octubre de 2023, en la
que se le ofreció un pronunciamiento que, aunque contrario a sus intereses, atendió
a lo consultado>>. Además, expuso que tanto el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín como el Tribunal Administrativo de Antioquia impusieron sanción de multa
sin estudiar las razones del incumplimiento.
14.5.- De conformidad con lo expuesto, la sala resalta que, en un pronunciamiento
previo, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que
la respuesta otorgada por la UARIV el 24 de octubre de 2023, en la que se le informó
al actor sobre la imposibilidad de cumplir la orden de tutela en los estrictos términos
señalados por el Tribunal Administrativo de Antioquia garantizaba el derecho
fundamental de petición que fue amparado mediante la sentencia del 4 de julio de
2023.
14.6.- Además, como se expuso en la providencia de primera instancia, el
accionante fue vinculado al referido proceso de tutela en calidad de tercero con
interés, por lo que tiene conocimiento de la decisión del 6 de junio de 2024.
14.7.- Cabe agregar que, contrario a lo indicado por el actor, no se ha desconocido
su calidad de víctima. Sin embargo, es evidente que, mediante la presente acción
de tutela el actor pretende (i) cuestionar una sentencia de la misma naturaleza, lo
cual resulta improcedente, como se expuso en precedencia y (ii) que se dé
cumplimiento al fallo de tutela del 4 de julio de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, pese a que existe un pronunciamiento previo en el cual
se indicó que la respuesta otorgada por la UARIV garantizaba su derecho
fundamental de petición.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
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Accionante: Julio Luis González
Se modifica la decisión de primera instancia
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia proferida el 12 de
septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, en su lugar, (i) DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela frente
a los reparos presentados contra la providencia del 6 de junio de 2024 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) DECLÁRASE
la cosa juzgada respecto de los reparos contra la UARIV.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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