Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02001-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
9 de agosto de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02001 01
Accionantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02001 01
Accionantes: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA Y MARÍA PATRICIA
TOBÓN YAGARÍ
Accionados: JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DE
MEDELLÍN Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se interpone
después de seis meses de notificadas las decisiones
judiciales que se cuestionan.
Vulnera el derecho fundamental al buen nombre e
incurre en violación directa de la Constitución la
providencia judicial que impuso una sanción por
desacato, sin tener en cuenta que la orden de tutela no
era posible cumplirla.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 6 de junio de 2024 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí,
actuando en causa propia, promovieron acción de tutela en contra del
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín y el Tribunal
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Accionantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, y para ello
formularon las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y
patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA
Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
inaplicar las sanciones impuestas a las suscritas, a través de
autos fechados del 14 de septiembre de 2023 – 27 de octubre
de 2023 y 28 de noviembre de 2023, confirmados en autos de
fechas 21 de septiembre de 2023 – 03 de noviembre de 2023
y 05 de noviembre (sic) de 2023, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, consistentes en multa de un (1) SMMLV, contra las
suscritas.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN proferir nueva
decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la
sanción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas,
observando los asuntos relevantes dentro del trámite sancionatorio
por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD, que comunique a la autoridad encargada
de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han
levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del
cumplimiento de la orden judicial de tutela y atendiendo lo dispuesto
en la Resolución nro. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al
caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la
sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o
acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base
en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”.
(Mayúsculas, negrillas y subrayados originales del escrito de tutela).
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Apartes del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
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2. SITUACIÓN FÁCTICA
Las accionantes informaron que, el señor Oliverio de Jesús Morales
Betancur interpuso acción de tutela en contra de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV, con el fin de que
se amparara su derecho fundamental de petición.
Manifestaron que la tutela correspondió por reparto al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín que, en sentencia del 16 de junio de
2023 negó el amparo solicitado por carencia actual de objeto por hecho
superado.
Señalaron que, inconforme con la anterior decisión, el señor Morales
Betancur la impugnó y la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia del 2 de agosto de 2023 la
revocó y, en su lugar, tuteló el derecho fundamental de petición invocado
y ordenó a la UARIV que, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles
siguientes a la notificación de dicha decisión, suministrara una respuesta
de fondo, clara, precisa y congruente a la petición presentada por el señor
Morales Betancur, indicándole un plazo razonable en el cual tendría
acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa reconocida
a su favor.
Sostuvieron que la UARIV, en escrito radicado el 8 de agosto de 2023,
comunicó al despacho que el resultado del método técnico de priorización
aplicado al señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, en los años 2021 y
2022 arrojó que no se acreditó criterio de priorización alguno que
permitiera el ingreso a la lista de pago para la vigencia fiscal
correspondiente y explicó las razones por las cuales no era procedente
informar una fecha probable o aproximada en la que se efectuaría dicho
pago.
Indicaron que, por auto del 14 de septiembre de 2023, el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo de Medellín las sancionó, a cada una, con
multa de 1 SMLMV por desacato, y que, por auto del 21 de septiembre
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de 2023, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó dicha
sanción.
Relataron que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín abrió
nuevo incidente de desacato y que mediante auto del 27 de octubre de
2023 les impuso una segunda sanción, a cada una, consistente en una
multa de 1 SMLMV, al considerar que aún no habían dado cumplimiento
al fallo de tutela. Agregaron que el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Séptima de Oralidad, en auto del 3 de noviembre de 2023
confirmó la sanción.
Anotaron que, una vez más, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín inició incidente de desacato en su contra, que por auto del 28
de noviembre de 2023 les impuso una tercera sanción, a cada una,
equivalente a 1 SMLMV, y que el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad, en providencia del 5 de diciembre de 2023
la confirmó.
Aseveraron que la UARIV presentó ante el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín varias solicitudes de inaplicación de las
sanciones impuestas reiterando que, de acuerdo con la Resolución nro.
04102019-487807 del 13 de marzo de 2020 y el resultado del método
técnico de priorización aplicado en el año 2023, se concluyó que para el
señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, no era procedente materializar
la entrega de la indemnización en esa vigencia, teniendo en cuenta (i) el
puntaje total obtenido en la aplicación del método técnico de priorización
en el año 2023 que fue de 23.13129 y el mínimo requerido para acceder
a la entrega de la medida indemnizatoria para ese año era de 38.9898,
(ii) la aplicación del método técnico de priorización, (iii) la imposibilidad
jurídica de cumplir el fallo, (iv) la improcedencia del desacato ante la
imposibilidad de cumplir el fallo, (v) el debido proceso administrativo de
la UARIV, entre otros.
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Resaltaron que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín
resolvió negar las distintas solicitudes de inaplicación presentadas, al
considerar que persistía el incumplimiento del fallo de tutela.
En el acápite denominado “De las acciones desplegadas por la Unidad para
las Víctimas para acreditar las gestiones realizadas para el cumplimiento
al fallo de tutela segunda instancia del 02 de agosto de 2023 proferido
por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad”,
las accionantes explicaron que la UARIV ha manifestado en varios
escenarios la imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un
mismo momento, por lo que a través de la Resolución nro. 1049 de 2019,
además de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad
establecidos, se adoptó el “Método Técnico de Priorización” para la
atención de otras víctimas que no cuentan con los referidos criterios, pero
que son titulares del derecho a la reparación económica, como es el caso
del señor Morales Betancur.
Al respecto, informaron que la UARIV aplicó el precitado método al señor
Oliverio de Jesús Morales Betancur en la vigencia del año 2023, con el
propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados a dicha entidad para esa vigencia, el orden de
entrega de la indemnización reconocida a su favor. Sin embargo,
conforme el resultado obtenido, se concluyó que no era procedente
materializar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado, debido a que la
ponderación de los componentes aplicados arrojó como resultado el valor
de 23.13129, y el puntaje mínimo para acceder a la medida
indemnizatoria fue de 38.9898.
Adujeron que “(…) al no ser posible realizar el desembolso de la medida
de indemnización en la presente vigencia en razón al resultado del método
técnico y la disponibilidad presupuestal, la Unidad procederá a aplicar
cada año este proceso técnico hasta que el resultado permita el
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desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en ningún
caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente año (…)”2.
Agregaron que “(…) al ser desfavorable el resultado, no hay lugar a indicar
un plazo razonable en el cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa toda vez que, que la entidad no otorga
turnos de indemnización para indemnizar a las víctimas en vigencias
posteriores (…)”3.
Respecto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela, alegaron que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la
sentencia SU 034 de 2018 de la Corte Constitucional que señala
expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela
de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial las
que se relacionan con el pago de indemnización administrativa.
Argumentaron que también se incurrió en defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio allegado al proceso debido a que las
autoridades judiciales accionadas, al momento de valorar los escritos
emitidos por la UARIV, así como la resolución que resolvió el
reconocimiento a la medida indemnizatoria del señor Morales Betancur,
valoró las pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin
razón valedera dieron por no probado el cumplimiento del fallo de tutela
pese a que se explicó, en distintas oportunidades, cómo es el
procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las
víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre todas
las víctimas.
Afirmaron que se presentó una violación directa de la Constitución, pues
las decisiones de las autoridades judiciales accionadas afectaron los
principios constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
3
Ibidem.
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jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe, al
desconocer lo previsto en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de inmunización administrativa establecido por la
Resolución nro. 01049 de 2019.
Anotaron que “(…) la imposibilidad por parte de la Unidad de Víctimas de
indicar un plazo razonable en el cual tendrá acceso efectivo a la medida
de indemnización administrativa que le fue reconocida mediante la
Resolución Nro. 04102019- 487807 de fecha trece (13) de marzo de
2020, se encuentra en una condición excepcional que valide su
incumplimiento material. Lo anterior teniendo que, como lo señala el
marco normativo, la entrega de las medidas de reparación, atención y
asistencia, deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad, y
sostenibilidad fiscal, por cuanto no es viable jurídicamente, ni
materialmente indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo (…)”4.
Resaltaron que, conforme lo anterior, “(…) el Método Técnico de
Priorización es la herramienta que determina el orden de pago de las
personas, que no se enmarcan en las situaciones del artículo 4° de la
resolución 1049 de 2019, pero que según la evaluación de otros factores
si es necesario apremiar el pago de la Indemnización Administrativa. Es
decir, la Unidad depende un presupuesto anual, que se deberá distribuir
en las personas que sean priorizadas por el artículo 4° de la resolución
1049 y las que salgan favorables luego de la aplicación del método técnico
de priorización; luego, no hay manera de saber la cantidad de víctimas
que serán priorizadas para pago, por ende, no se puede asignar una fecha
de pago cuando no es seguro si financieramente la Unidad pueda asumir
dicho pago (…)”5.
Finalmente, arguyeron que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la UARIV
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
5
Ibidem.
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ha presentado reiterados informes sobre la imposibilidad de dar
cumplimiento al fallo de tutela, no ha sido posible obtener el
levantamiento de las sanciones impuestas.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 23 de abril de 20246 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
por auto del 30 de abril de 20247 la admitió y dispuso notificar8 al Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
de Medellín, como partes accionadas. Así mismo, ofició al Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo de Medellín para que notificara al señor Oliverio de
Jesús Morales Betancur9, como tercero interesado en el resultado del
proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín que allegara copia digital o el hipervínculo del expediente de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00233 00/01/02/03/04, el cual fue remitido10.
3.2. La titular del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín
allegó escrito11 en el que explicó que “(…) se han emitido al menos tres
sanciones contra las ahora accionantes, pues a la fecha no han acreditado
el cumplimiento efectivo de la misma [orden de tutela]. Colofón de ello,
6
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
7
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
8
Esta orden se cumplió el 2 de mayo de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
9
El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín notificó al señor Oliverio de Jesús
Morales Betancur el 2 de mayo de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
11
Ibidem.
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no existe a mi juicio, vulneración alguna por parte de este Despacho,
máxime cuando las decisiones que causan el malestar de las accionantes,
dan cuenta del aun incumplimiento de la orden proferida en el trámite de
una acción de amparo constitucional (…)”.
Afirmó que ya se había tramitado una acción de tutela por similares
hechos a los expuestos en esta oportunidad, en la que las hoy accionantes
manifestaron su inconformidad con las multas impuestas, cuyo
conocimiento correspondió en primera instancia al despacho del
magistrado Nicolás Yepes Corrales, con el radicado nro. 11001 03 15 000
2023 07502 00.
3.3. El magistrado de la Sala Séptima de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Carlos Cristopher Viveros Echeverri, rindió
informe12 en el que sostuvo que lo pretendido por las accionantes, es
conseguir una tercera instancia respecto de sus pretensiones, haciendo
uso para ello de la solicitud de amparo, sin que, en sus casos en particular,
se cumplan los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial.
Advirtió que “(…) al revisar los documentos que reposan en el expediente
digital, no se evidencia cumplimiento por parte de La Unidad
Administrativa Especial Para La Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, a la orden impartida en Sentencia del dos (2) de agosto de
2023, por la Sala Séptima de decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que permitiera levantar la sanción impuesta, razón por la cual,
la misma no se tornaba procedente (…)”.
Finalmente anotó que “(…) es necesario tener presente que a quien
corresponde resolver la solicitud elevada por La Unidad Administrativa
Especial para La Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
consistente en no ejecutar la sanción impuesta por el incumplimiento de
lo ordenado en el fallo de tutela de fecha dos (2) de agosto de 2023 dentro
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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del proceso con radicado 05001 33 33 035 2023 00233 00 es al Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín y no a este
Despacho (…)”.
3.4. El señor Oliverio de Jesús Morales Betancur guardó silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de junio de
202413, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Inicialmente, anotó que no se efectuaría un análisis respecto a la posible
actuación temeraria comoquiera que la acción de tutela identificada con
el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07502 00/01, a la que se refirió
la titular del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín en su
informe, hace referencia a un incidente de desacato diferente al que es
objeto de esta solicitud de amparo, debido a que, en tal expediente, quien
figuraba como parte interesada es el señor Luis Julio González y no el
señor Oliverio de Jesús Morales Betancur.
Aclarado lo anterior, explicó el carácter subsidiario de la acción de tutela
y sostuvo que “(…) las accionantes cuentan con la solicitud de modulación
de las órdenes impartidas en el fallo de tutela, para replantear el debate
que dio origen a la presente acción de tutela (…)”.
Al respecto, expuso que en la sentencia T-086 de 2003 la Corte
Constitucional determinó que en materia de acción de tutela existen dos
partes constitutivas del fallo: (i) la decisión de amparo, es decir la
determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la
acción de tutela; y (ii) la orden específica y necesaria para garantizar el
goce efectivo del derecho tutelado.
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Señaló que “(…) la Corte ha explicado que, como la orden es consecuencia
de la decisión de amparo y su función es la de asegurar el goce efectivo
del derecho tutelado en el contexto particular de cada caso, «las órdenes
pueden ser complementadas para lograr “el cabal cumplimiento” del fallo
dadas las circunstancias del caso concreto y su evolución» (…)”.
Adujo que “(…) el juez de tutela tiene la facultad de modular las órdenes
impartidas (i) cuando la orden, en los términos en que fue proferida,
nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo
hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el cumplimiento
no es exigible porque se trata de una obligación imposible o porque
implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e inminente el
interés público; y (iii) cuando es evidente que será imposible cumplir la
orden (…)”.
Advirtió que, al verificar el expediente, se evidenció que las hoy
accionantes no han solicitado la modulación de la orden impartida en la
sentencia de segunda instancia.
Agregó que “(…) si bien en los escritos allegados en el curso de los
incidentes de desacato mencionan la imposibilidad de dar cumplimiento a
la orden impartida y la solicitud de inaplicar la sanción, lo cierto es que
no han solicitado la modulación de la orden (…)”.
Finalmente arguyó que “(…) la solicitud de modulación de las órdenes del
fallo de tutela, a partir de las pautas jurisprudenciales presentadas, es
idónea y eficaz para resolver los cargos relacionados con la imposibilidad
de dar cumplimiento a la sentencia. Por ende, es el juez de tutela de
primera instancia a quien le corresponde evaluar, a partir de las pruebas
y argumentos que presente la UARIV, la procedencia de modular las
órdenes y, en consecuencia, inaplicar la sanción en virtud de dicha
modulación (…)”.
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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, las accionantes lo
impugnaron14 manifestando lo siguiente:
Relataron nuevamente la situación fáctica planteada en el escrito de tutela
y señalaron que no es posible indicar un plazo razonable en el cual el
señor Oliverio de Jesús Morales Betancur tendrá acceso efectivo a la
medida de indemnización administrativa reconocida a su favor.
Reiteraron que “(…) en el caso particular del señor OLIVERIO DE JESUS
MORALES BETANCUR, la Unidad para las Víctimas aplicó nuevamente el
Método Técnico de Priorización en la vigencia del año 2023, con el
propósito de determinar, de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados a la Unidad para las Víctimas en presente
vigencia, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor.
Así las cosas, conforme el resultado de la aplicación del Método se
concluye que NO es procedente materializar la entrega de la medida de
indemnización ya reconocida por el hecho victimizante de Desplazamiento
forzado RAD 2760258-12741130 // Lo anterior, debido a que la
ponderación de los componentes aplicados arrojo como resultado el valor
de 23.13129, y el puntaje mínimo para acceder a la medida
indemnizatoria fue de 38.9898 (…)”.
Aseveraron que, “(…) al no ser posible realizar el desembolso de la medida
de indemnización en la presente vigencia en razón al resultado del método
técnico y la disponibilidad presupuestal, la Unidad procederá a aplicar
cada año este proceso técnico hasta que el resultado permita el
desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en ningún
caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente año (…)”.
Indicaron que “(…) la sentencia impugnada desconoce en principio que
están agotados todos los mecanismos judiciales a nuestro alcance, en
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
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tanto hemos solicitado el levantamiento de la sanción en varias
oportunidades, que si bien es cierto no se ha solicitado textualmente la
modulación del fallo, si se han argumentado en muchas ocasiones las
razones por las cuales no era procedente informar una fecha probable o
aproximada en que se efectuaría dicho pago, ya que la misma está sujeta
a la aplicación del método técnico de priorización, no existiendo un
recurso adicional que pueda interponer ante un superior jerárquico, toda
vez que las sanciones ya fueron confirmadas en sede de consulta. Por su
parte, la sentencia SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, establece
la procedencia de la acción de tutela contra las providencias en el proceso
de incidente de desacato (…)”.
Agregaron que el a quo está desconociendo que, en distintos informes, la
UARIV ha explicado la imposibilidad jurídica del cumplimiento al fallo de
tutela de segunda instancia con los debidos derroteros jurídicos aplicables
al caso en particular.
Por auto del 26 de junio de 2024 se concedió la impugnación15 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 8 de julio de 202416
e ingresada al despacho ponente el 9 de julio de 202417.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
15
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 01.
17
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 01.
18
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
13
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 20, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:
6.2.1. Expediente acción de tutela identificada con el radicado nro.
05001 33 33 035 2023 00233 00/01
6.2.1.1. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, en fallo de
tutela proferido el 16 de junio de 2023 resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por
OLIVERIO DE JESÚS MORALES BETANCUR (…) contra la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, ante la ocurrencia de un
hecho superado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.1.2. Inconforme con la decisión anterior, el señor Oliverio de Jesús
Morales Betancur la impugnó y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, en sentencia de segunda instancia proferida el
2 de agosto de 2023 la revocó y, en su lugar, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO. REVOCAR la providencia del dieciséis (16) de
junio de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
22
Lo que se desprende del expediente de la acción de tutela identificado con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2023 00233 00. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
14
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Administrativo del Circuito de Medellín, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se TUTELA el
derecho fundamental de petición.
SEGUNDO: se ORDENA a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia, suministre una respuesta de fondo, clara, precisa
y congruente a la petición elevada por el señor OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR, indicando un plazo razonable en el cual
tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa
que le fue reconocida mediante la Resolución Nro. 04102019-
487807 de fecha trece (13) de marzo de 2020 […]”. (Mayúsculas y
negrilla originales del escrito de tutela).
6.2.1.3. Por oficio nro. 2023-1106670-1 del 5 de agosto de 2023, la
representante judicial de la UARIV allegó escrito con destino al Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, solicitando que se declarara
cumplido el fallo de segunda instancia del 2 de agosto de 2023, teniendo
en cuenta que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales
del señor Morales Betancur, atendiendo la imposibilidad de cumplir
materialmente la orden constitucional.
6.2.2. Incidente de desacato identificado con el radicado nro.
05001 33 33 035 2023 00233 00/02
6.2.2.1. El 30 de agosto de 2023, el señor Oliverio de Jesús Morales
Betancur solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín “(…)
apertura de desacato (…) porque la entidad accionada UARIV no ha dado
cumplimiento a la orden dada por el honorable Tribunal (…)”.
6.2.2.2. Por auto del 31 de agosto de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín dispuso:
“[…] requerir, previo a dar apertura formal de desacato por el
presunto incumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-16 del
02/08/2023, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la acción de tutela promovida por
OLIVERIO DE JESÚS MORALES BETANCUR (…), a las siguientes
funcionarias:
A la Directora de Reparación de la Unidad de Víctimas,
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA para que: (i) INFORME si han
dado o no cumplimiento al fallo de tutela; (ii) en caso de ser cierto
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lo afirmado por el peticionario, PROCEDA A DAR INMEDIATO
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO por la mencionada Corporación
(art. 27 Dec. 2591 de 1991), esto es: (…) ; (iii) informe los motivos
por los cuales no han dado cabal cumplimiento a lo ordenado y, en
todo caso, (iv) remita las pruebas correspondientes.
Igualmente, se requiere a la Directora de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, PATRICIA TOBÓN YAGARI, como
superiora jerárquica de la funcionaria obligada; para que: (i) haga
cumplir o proceda de manera directa a dar inmediato cumplimiento
a lo ordenado en sentencia de tutela del 02/08/2023 (art. 27 Dec.
2591 de 1991); (ii) informe los motivos por los cuales no han dado
cumplimiento a lo ordenado; (iii) adelante las gestiones para iniciar
las actuaciones disciplinarias correspondientes contra los
subordinados y, en todo caso, (iv) remita las pruebas
correspondientes […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.2.3. Por oficio nro. 2023-1273187-1 del 2 de septiembre de 2023, el
representante judicial de la UARIV dio respuesta al requerimiento, en los
siguientes términos:
“[…] la Entidad, una vez ejecutado el método técnico de priorización
del año 2022, emitió OFICIO DE NO FAVORABILIDAD, razón por
la cual resulta jurídicamente imposible establecer una fecha cierta
de pago en la presente vigencia fiscal, sin que ello implique un
desconocimiento del derecho que le asiste a la víctima, por lo tanto,
la Unidad procederá a aplicar nuevamente el Método en
septiembre de 2023, con el fin de determinar la priorización
para el desembolso de la indemnización administrativa, por lo
tanto, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha cierta
para pagar la indemnización administrativa ya que se
encuentra jurídicamente justificada la Entidad para abstenerse de
indicar el plazo razonable o aproximado para realizar el pago de la
indemnización administrativa […]”. (Mayúsculas, negrillas y
resaltado originales del escrito).
6.2.2.4. Por auto del 6 de septiembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín dio apertura al incidente de desacato en contra
de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí, y las
requirió para que dieran cumplimiento a la sentencia de tutela del 2 de
agosto de 2023.
6.2.2.5. En respuesta al anterior requerimiento, por oficio nro. 2023-
1298360-1 del 8 de septiembre de 2023 la representante judicial de la
UARIV solicitó que (i) se denegara el inicio al incidente de desacato y (ii)
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se declarara la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo judicial,
debido a que el señor Oliverio de Jesús Morales Betancur no ha acreditado
ningún criterio de priorización.
Aseveró que, dentro del marco de sus competencias, la UARIV ha realizado
todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y
constitucionales evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos
fundamentales del señor Morales Betancur; sin embargo, precisó que “(…)
teniendo en cuenta [que] el resultado del método técnico del 2022 fue no
favorable, el fallo es de imposible cumplimiento en lo que respecta a “(…)
indicando un plazo razonable en el cual tendrá acceso efectivo a la medida
de indemnización administrativa que le fue reconocida mediante la
Resolución nro. 04102019-487807 de fecha trece (13) de marzo de 2020
(…)” (…)”.
6.2.2.6. Por auto del 14 de septiembre de 2023, el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Directora de Reparación de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV–, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA, incurre en desacato a la sentencia del
02/08/2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en la acción de tutela promovida por OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR (…) contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: SANCIONAR a la Directora de Reparación de la UNIDAD
DE VÍCTIMAS – UARIV–, SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR que la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS
–UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, incurre en desacato a la
sentencia del 02/08/2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en la acción de tutela promovida por OLIVERIO DE
JESÚS MORALES BETANCUR (…), contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: SANCIONAR a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, con multa equivalente a un (1)
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salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).
6.2.2.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, en auto proferido el 21 de septiembre de 2023, al resolver el
grado jurisdiccional de consulta, confirmó el dictado el 14 de septiembre
de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
6.2.2.8. Por oficio nro. 2023-1468286-1 del 28 de septiembre de 2023,
el representante judicial de la UARIV solicitó al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE
CUMPLIR la orden en lo que respecta a “(…) que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia, suministre una respuesta de fondo, clara, precisa
y congruente a la petición elevada por el señor OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR, indicando un plazo razonable en el cual tendrá
acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa que le
fue reconocida mediante la Resolución Nro. 04102019- 487807 de
fecha trece (13) de marzo de 2020 (…)”, de conformidad a lo
establecido en artículo 4 de la Resolución nro. 01049 del 15 de
marzo de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021.
SEGUNDO: Solicito respetuosamente INAPLICAR LA SANCIÓN
impuesta la sanción impuesta (sic) a la Dra. Sandra Viviana Alfaro
Yara y a la Dra. Patricia Tobón Yagarí el 14 de septiembre de 2023,
consistente de MULTA de un (01) SMLMV cada una.
TERCERO: Declárese el cumplimiento del fallo […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales del texto).
6.2.2.9. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, por auto
del 10 de octubre de 2023, obedeció lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en providencia del
21 de septiembre de 2023 y negó la solicitud de inaplicación de la sanción
por desacato impuesta a las hoy accionantes en auto del 14 de septiembre
de 2023.
6.2.3. Incidente de desacato identificado con el radicado nro.
05001 33 33 035 2023 00233 00/03
18
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6.2.3.1. Mediante escrito radicado el 5 de octubre de 2023, el señor
Oliverio de Jesús Morales Betancur solicitó al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín “(…) incidente de desacato nro. 2 deseo
informarle que la entidad accionada UARIV no ha dado cumplimiento a lo
ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia (…). Es de resaltar
que ya se agotó la primera etapa de desacato en cuyo trámite se decretó
sanción en contra de la entidad accionada por desacato y se confirmó por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad (…)”.
6.2.3.2. Por auto proferido el 10 de octubre de 2023, el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo de Medellín dispuso lo siguiente:
“[…] requerir, previo a dar apertura formal de desacato por el
presunto incumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-16 del
02/08/2023, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la acción de tutela promovida por
OLIVERIO DE JESÚS MORALES BETANCUR (…), a las siguientes
funcionarias:
A la Directora de Reparación de la Unidad de Víctimas,
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA para que: (i) INFORME si han
dado o no cumplimiento al fallo de tutela; (ii) En caso de ser cierto
lo afirmado por el peticionario, PROCEDA A DAR INMEDIATO
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO por la mencionada Corporación
(art. 27 Dec. 2591 de 1991) (…); (iii) informe los motivos por los
cuales no han dado cabal cumplimiento a lo ordenado y, en todo
caso, (iv) remita las pruebas correspondientes.
Igualmente, se requiere a la Directora de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, PATRICIA TOBÓN YAGARI, como
superiora jerárquica de la funcionaria obligada; para que: (i) haga
cumplir o proceda de manera directa a dar inmediato cumplimiento
a lo ordenado en sentencia de tutela del 02/08/2023 (art. 27 Dec.
2591 de 1991); (ii) informe los motivos por los cuales no han dado
cumplimiento a lo ordenado; (iii) adelante las gestiones para iniciar
las actuaciones disciplinarias correspondientes contra los
subordinados y, en todo caso, (iv) remita las pruebas
correspondientes […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.3.3. Por auto proferido el 19 de octubre de 2023, el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo de Medellín dio apertura a un nuevo incidente de
desacato en contra de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María
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Accionantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí
Patricia Tobón Yagarí, y las requirió para que dieran inmediato
cumplimiento al fallo de tutela del 2 de agosto de 2023.
6.2.3.4. En respuesta al anterior requerimiento, por oficio nro. 2023-
1674917-1 del 24 de octubre de 2023, la representante judicial de la
UARIV informó que “(…) la sentencia proferida por el despacho fue
cumplida por la Unidad para las Víctimas, toda vez que (…), ante la
petición que se reclama parte del señor OLIVERIO DE JESÚS MORALES
BETANCUR, dio respuesta de fondo mediante comunicación bajo lex
76733830 frente a los puntos solicitados por indemnización (…)”.
Expuso que el 25 de agosto de 2023, dicha entidad aplicó el método
técnico de priorización a favor del señor Morales Betancur y el resultado
que arrojó fue no favorable, por lo que no era procedente entregar de
manera priorizada en la vigencia del 2023 la medida de indemnización
reconocida a su favor. Aseveró que la UARIV aplicará nuevamente el
mencionado método técnico de priorización en el transcurso del año 2024.
6.2.3.5. Por auto del 27 de octubre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Directora de Reparación de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV–, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA, incurre en desacato a la sentencia del
02/08/2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia;
en la acción de tutela promovida por OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR (…), contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: SANCIONAR a la Directora de Reparación de la UNIDAD
DE VÍCTIMAS – UARIV–, SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR que la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS
–UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, incurre en desacato a la
sentencia del 02/08/2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia; en la acción de tutela promovida por OLIVERIO DE
JESÚS MORALES BETANCUR (…), contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02001 01
Accionantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: SANCIONAR a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, con multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).
6.2.3.6. Por auto proferido el 3 de noviembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, al resolver el
grado jurisdiccional de consulta, confirmó el auto del 27 de octubre de
2023 proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
6.2.3.7. Por oficio nro. 2023-1803264-1 del 7 de noviembre de 2023, la
representante judicial de la UARIV solicitó al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín lo siguiente:
“[…] 1. REVOCAR Y/O INAPLICAR la sanción vigente a los
directores de la entidad.
2. DECLARAR el cumplimiento de la orden judicial.
3. DESVINCULAR a la Dra. PATRICA TOBON YAGARÍ toda vez
que la competencia en esta acción es ostentada por la doctora
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, en calidad de DIRECTORA
TÉCNICA DE REPARACIONES de la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas bajo la Resolución
04951 del 02 de agosto del 2023 […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales del texto).
6.2.3.8. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, por auto
del 9 de noviembre de 2023, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR lo dispuesto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad en
providencia del 03/11/2023, que confirmó la sanción impuesta por
esta Agencia judicial mediante auto del 27/10/2023.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato del 14/09/2023, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído y el despacho se atiene a lo resuelto en
providencia del 10/10/2023.
TERCERO: NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato del 27/10/2023, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de
la providencia).
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02001 01
Accionantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí
6.2.4. Incidente de desacato identificado con el radicado nro.
05001 33 33 035 2023 00233 00/04
6.2.4.1. El 14 de noviembre de 2023, el señor Oliverio de Jesús Morales
Betancur solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín “(…)
iniciar tramite de cumplimiento de fallo, porque ya se han agotado dos
etapas de desacato y la entidad accionada UARIV continúa desacatando la
orden dada por el honorable tribunal (…)”.
6.2.4.2. Por auto del 15 de noviembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín dispuso:
“[…] requerir, previo a dar apertura formal de desacato por el
presunto incumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-16 del
02/08/2023, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la acción de tutela promovida por
OLIVERIO DE JESÚS MORALES BETANCUR (…), a las siguientes
funcionarias:
A la Directora de Reparación de la Unidad de Víctimas,
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA para que: (i) INFORME si han
dado o no cumplimiento al fallo de tutela; (ii) en caso de ser cierto
lo afirmado por el peticionario, PROCEDA A DAR INMEDIATO
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO por la mencionada Corporación
(art. 27 Dec. 2591 de 1991) (…); (iii) informe los motivos por los
cuales no han dado cabal cumplimiento a lo ordenado y, en todo
caso, (iv) remita las pruebas correspondientes.
Igualmente, se requiere a la Directora de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, PATRICIA TOBÓN YAGARI, como
superiora jerárquica de la funcionaria obligada; para que: (i) haga
cumplir o proceda de manera directa a dar inmediato cumplimiento
a lo ordenado en sentencia de tutela del 02/08/2023 (art. 27 Dec.
2591 de 1991); (ii) informe los motivos por los cuales no han dado
cumplimiento a lo ordenado; (iii) adelante las gestiones para iniciar
las actuaciones disciplinarias correspondientes contra los
subordinados y, en todo caso, (iv) remita las pruebas
correspondientes […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.4.3. Por auto del 21 de noviembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín dio apertura al incidente de desacato en contra
de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí, y las
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requirió para que dieran cumplimiento a la sentencia de tutela del 2 de
agosto de 2023.
6.2.4.4. En respuesta al anterior requerimiento, por oficio nro. 2023-
1944088-1 del 23 de noviembre de 2023 la representante judicial de la
UARIV solicitó lo siguiente:
“[…] 1. REVOCAR O/Y INAPLICAR la sanción vigente a los
directores de la entidad o suspender la misma hasta que se realice
el nuevo método técnico de priorización a la parte accionante en el
transcurso del año 2024.
2. DECLARAR el cumplimiento de la orden judicial.
3. DESVINCULAR a la Dra. PATRICIA TOBON YAGARI toda vez
que la competencia en esta acción es ostentada por la doctora
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, en calidad de DIRECTORA
TECNICA DE REPARACIONES de la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas bajo la Resolución
04951 del 02 de agosto del 2023
4. NO DAR APERTURA al nuevo desacato […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales del escrito).
Lo anterior, al explicar lo siguiente:
“[…] la sentencia proferida por el despacho fue cumplida por la
Unidad para las Víctimas, toda vez que la Unidad para las Víctimas,
ante la petición que se reclama por parte del señor OLIVERIO DE
JESUS MORALES BETANCUR, dio respuesta de fondo mediante
comunicación bajo lex 7673830 frente a los puntos solicitados por
indemnización (…).
(…)
(…) la entidad aplicó el «Método Técnico de Priorización», el 25 de
agosto de 2023 a favor del señor OLIVERIO DE JESUS MORALES
BETANCUR, y el resultado del mismo fue no favorable, es decir, que
no es procedente entregar de manera priorizada en esta vigencia la
medida de indemnización reconocida (…).
Por lo anterior, la Unidad aplicará nuevamente durante el transcurso
del año 2024 el método e informará el resultado de este proceso, de
tal manera que, si el resultado es favorable, la entrega de la
indemnización administrativa será de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el resultado es no
favorable, se le aplicará nuevamente el «Método Técnico de
Priorización», en el año siguiente.
(…)
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La aplicación del Método se realizará anualmente, respecto de la
totalidad de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior cuenten con decisión de reconocimiento de
indemnización administrativa a su favor.
Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el
desembolso de la medida de indemnización en la respectiva
vigencia, la Unidad para las Víctimas procederá a aplicarles el
Método cada año hasta que, de acuerdo con el resultado, sea
priorizado para el desembolso de la indemnización administrativa.
En ningún caso, el puntaje obtenido en una vigencia será acumulado
para el siguiente año.
(…)
Así las cosas, surge para la Entidad la imposibilidad de emitir
una fecha cierta de pago, toda vez que debe ser respetuosa del
procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del
debido proceso administrativo. Cabe mencionar su señoría que de
no respetarse el debido proceso de la Resolución 1049 de 2019, se
estaría vulnerando el principio de igualdad, por lo que no
comporta una actitud evasiva ni negligente por parte de la
unidad para las víctimas […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
del escrito).
6.2.4.5. Por auto del 28 de noviembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Directora de Reparación de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV–, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA, incurre en desacato a la sentencia del
02/08/2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en la acción de tutela promovida por OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR (…) contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: SANCIONAR a la Directora de Reparación de la UNIDAD
DE VÍCTIMAS – UARIV–, SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR que la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS
–UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, incurre en desacato a la
sentencia del 02/08/2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en la acción de tutela promovida por OLIVERIO DE
JESÚS MORALES BETANCUR (…), contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
24
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CUARTO: SANCIONAR a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, con multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).
6.2.4.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, en auto proferido el 5 de diciembre de 2023, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, confirmó el dictado el 28 de noviembre de 2023
por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
6.2.4.7. Por auto del 7 de diciembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, obedeció lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad en providencia del
5 de diciembre de 2023.
6.2.4.8. Por oficio nro. 2023-2059594-1 del 7 de diciembre de 2023, el
representante judicial de la UARIV solicitó al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA de
dar cumplimiento al fallo judicial, específicamente en lo que refiere
a precisar, (…) un plazo razonable en el cual tendrá acceso
efectivo a la medida de indemnización administrativa que le
fue reconocida (…).
SEGUNDO: INÁPLIQUESE las sanciones que se encuentren
vigentes.
TERCERO: DESVINCULAR a la Dra. PATRICIA TOBON YAGARI
toda vez que la competencia en esta acción es ostentada por la
doctora SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, en calidad de
DIRECTORA TECNICA DE REPARACIONES.
CUARTO: TENER en cuenta el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado en sentencia con radicado 11001-03-15-
000-2023-00973-00 proferida el 31 de marzo del presente año
[…]”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales del escrito).
6.2.4.9. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, por auto
del 11 de diciembre de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de inaplicación de las sanciones
por desacato del 14/09/2023 y del 27/10/2023, por las razones
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expuestas en la parte motiva de este proveído y el Despacho se atiene
a lo resuelto en providencias del 10/10/2023, 09/11/2023 y del
14/11/2023
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato impuesta mediante auto 28/11/2023 y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 05/12/2023,
por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, las accionantes promovieron la acción de tutela
pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales que estiman
fueron vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 14 de
septiembre de 2023, el 27 de octubre de 2023 y el 28 de noviembre de
2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín; así como las dictadas el 21 de septiembre de 2023, el 3 de
noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2023 por la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en los incidentes de
desacatos promovidos en la acción de tutela identificada con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2023 00233 00.
En ese sentido, la Sala estima pertinente analizar, por una parte, los autos
proferidos el 14 de septiembre de 2023 y el 21 de septiembre de 2023; y
por otra, los dictados el 27 de octubre de 2023, el 3 de noviembre de
2023, el 28 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2023.
6.3.1. Frente a los autos proferidos el 14 de septiembre de 2023 y
el 21 de septiembre de 2023, por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que, dado que la finalidad de la tutela es la protección
urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
26
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en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza
o vulneración, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter
excepcional.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia del 5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia23 y, en cuanto
al requisito de inmediatez, estableció que “(…) la Sala Plena, como regla
general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales,
por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona,
teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso
particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
Las accionantes cuestionan el auto del 14 de septiembre de 2023
proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín que las sancionó por desacato, así como el auto del 21 de
septiembre de 2023, notificado por estado el 22 de septiembre de 2023,
dictado por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia que resolvió el grado jurisdiccional de consulta en el sentido de
confirmar la precitada sanción.
Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 23 de abril de 2024, de
donde se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001-03-15-000-2012-
02201-01.
27
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general de inmediatez, dado que, se instauró pasado seis meses desde
que se notificó el auto que resolvió el grado jurisdiccional de consulta en
el trámite incidental.
En ese sentido, se declarará improcedente la acción de tutela respecto a
los autos proferidos el 14 de septiembre de 2023 y el 21 de septiembre
de 2023, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, respectivamente, por no superar el requisito de inmediatez.
6.3.2. Frente a los autos proferidos el 27 de octubre de 2023 y el
28 de noviembre de 2023, por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín, así como el 3 de
noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2023 por la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
Teniendo en cuenta los reparos de la impugnación, y comoquiera que el
a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
requisito general de subsidiariedad, la Sala considera pertinente analizar
(i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y, de evidenciarse que estos se encuentran
superados, descenderá a (ii) los requisitos o causales especiales de
procedibilidad invocados en el caso concreto.
6.3.2.1 Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 24 para que
esté cumplido es necesario que se reúnan los siguientes tres criterios: (i)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
24
Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia
SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
28
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constitucional que afecten los derechos fundamentales; (ii) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela
será improcedente por no superar la relevancia constitucional25.
(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 26 e
igualmente la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 indicó
que este elemento “supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Este criterio fue
reiterado en las sentencias SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215
de 2022.
Siguiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para superar
el primer elemento que compone a la relevancia, no basta con la mera
enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone que la parte
actora en el escrito de tutela (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales; (2) exponga los motivos por los que considera la
providencia judicial está vulnerando tales derechos fundamentales y (3)
compruebe que la transgresión suponga un atentado contra el núcleo
esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de
tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar
que hay amenaza o vulneración de los derechos fundamentales,
comparados con el núcleo esencial del mismo.
25
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 03 15 000 2022 02850 01.
26
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
29
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En el asunto bajo examen, la parte actora alegó la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio, con fundamento en que las decisiones
proferidas el 27 de octubre de 2023 y el 28 de noviembre de 2023 por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, confirmadas en los
autos dictados el 3 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2023
por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
no tuvieron en cuenta que la orden de amparo era de imposible
cumplimiento.
Al respecto, lo primero que advierte la Sala, es que “el patrimonio” no es
un derecho de carácter fundamental susceptible de ser protegido a través
de la acción de tutela, por lo que el examen del requisito de relevancia
constitucional se abordará respecto de aquellos derechos que tienen la
naturaleza de fundamentales, es decir, el debido proceso, la tutela judicial
efectiva y el buen nombre.
En cuanto al debido proceso y la tutela judicial efectiva, la Sala considera
que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la
parte actora no explicó las razones por las que las providencias atacadas
afectan el contenido o núcleo esencial de dichos derechos. Al efecto, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-103 de 2022 sostuvo que “para
acreditar el requisito de relevancia constitucional no es suficiente alegar
una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del
debido proceso con fundamento en una simple relación de los hechos del
caso con aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable,
una restricción desproporcionada sobre algunos de sus elementos”.
Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial del debido proceso está integrado por las siguientes garantías:
(i) el derecho a la jurisdicción; (ii) el derecho al juez natural; (iii) el
derecho a la defensa; (iv) el derecho a un proceso público; (v) el derecho
30
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a la independencia del juez y (vi) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez27.
En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia, la Corte Constitucional ha
explicado que tiene un contenido múltiple del cual se pueden identificar
tres categorías, la primera, aquellas que tienen que ver con el acceso
efectivo de la persona al sistema judicial, la segunda, las garantías
previstas para el desarrollo del proceso, la tercera, lo relacionado con la
ejecución material del fallo28.
La primera categoría comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar
con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones; y (iii) a que la oferta de justicia permita el acceso
a ella en todo el territorio nacional. La segunda incluye el derecho a (iv)
que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por
un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades
de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las
decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii)
que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo
de controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para
facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos
recursos. La última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener
respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla
lo previsto en ésta.
Teniendo en cuenta el contenido o núcleo esencial del derecho al debido
proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia, se observa
que, la parte actora en el escrito de tutela no expuso ningún argumento,
ni se advierte de los hechos señalados que prima facie las precitadas
27
Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014.
28
Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 2011.
31
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garantías puedan resultar comprometidas, por lo que el requisito general
de relevancia constitucional no está superado frente a estos dos derechos.
Situación distinta ocurre con el derecho al buen nombre, previsto por el
artículo 15 de la Constitución Política, toda vez que, el núcleo esencial de
este derecho está dirigido “a proteger la reputación o el concepto que de
un sujeto tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e
injuriosas, o la propagación de informaciones falsas o erróneas que
distorsionen dicho concepto”29. Además, la Corte Constitucional ha
explicado que el derecho al buen nombre se diferencia del derecho a la
honra en que el primero “se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto
por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su
desempeño dentro de la sociedad” 30, mientras que el derecho a la honra
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia
personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella31.
De esta manera, si la parte actora argumenta en la acción de tutela que
no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Oliverio de Jesús
Morales Betancur, pero las providencias judiciales atacadas sostienen que
sí, ello involucra prima facie el derecho al buen nombre, dado que, el
supuesto para que a las aquí accionantes se las haya sancionado por
desacato se fundamenta en que no han dado cumplimiento a la orden del
fallo de tutela, lo que está relacionado con la conducta que desempeñan
dentro de la sociedad.
Por consiguiente, el primer criterio de la relevancia está cumplido, toda
vez que el debate propuesto por la parte actora gira en torno al contenido
del derecho fundamental al buen nombre.
(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional, implica que
29
Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 2020.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
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la discusión planteada no se limite a la determinación de aspectos legales
o de evidente naturaleza o contenido económico32.
En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez
que la discusión planteada por la parte actora no gira en torno a un
aspecto netamente legal o económico, sino que, como quedó visto, el
debate compromete el contenido y alcance del derecho fundamental al
buen nombre.
(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, lo que conlleva a que en la
solicitud de amparo no sea procedente discutir asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial33.
En este caso, el tercer elemento también se comprueba, comoquiera que
la accionantes no están utilizando la acción de tutela como una instancia
adicional para controvertir el análisis probatorio o la interpretación de las
normas que hicieron los jueces naturales de la causa, sino que su
inconformidad radica en que no había lugar a sancionarlas por desacato,
ante la imposibilidad material para cumplir lo ordenado en el fallo de
tutela.
Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está
superado por cuanto están cumplidos los tres elementos que la
componen.
Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, la Sala advierte lo siguiente:
(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
controvertir las decisiones proferidas en los trámites incidentales, por lo
32
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
33
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
33
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que el requisito de subsidiariedad no está cumplido. En este punto, se
precisa que si bien el a quo declaró improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, argumentando
que las accionantes podían solicitar la modulación del fallo de tutela, lo
cierto es que dicha solicitud no es propiamente un medio de defensa con
el que cuenten las accionantes para controvertir las providencias
atacadas, ni tampoco resulta idóneo y eficaz, comoquiera que lo
pretendido en esta sede constitucional es el levantamiento de las
sanciones impuestas en los trámites incidentales.
(ii) La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable34
habida cuenta que las providencias que resolvieron el grado jurisdiccional
de consulta fueron proferidas por el tribunal accionado el 3 de noviembre
de 2023 y el 5 de diciembre de 2024, y la tutela fue radicada el 23 de
abril de 2024.
(iii) La accionante manifestó en qué irregularidades incurrieron los autos
cuestionados.
(iv) No se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
(v) La situación que se afirma generó la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada.
Adicionalmente, cuando la acción de tutela se presenta contra
providencias proferidas en un trámite incidental, la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-034 de 2018, indicó que, además del cumplimiento de
los requisitos generales, deberá verificarse que: “(…) i) La decisión
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
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dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso– (…)
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio (…)”.
En este evento, estos requisitos adicionales también están superados,
dado que la acción de tutela se presentó una vez finalizados los trámites
incidentales y los argumentos de las accionantes no están encaminados a
presentar cuestionamientos distintos a los señalados en el expediente o a
solicitar nuevas pruebas, sino que su inconformidad radica en que no
había lugar a sancionarlas por desacato, dado que la orden de tutela era
de imposible cumplimiento.
En este punto, la Sala advierte que en el escrito de tutela, las actoras
alegaron que las providencias atacadas incurrieron en desconocimiento
del precedente de la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional; sin embargo, no cumplieron con la carga de identificar
cuál fue la regla jurisprudencial desatendida y que resultaba aplicable al
caso, lo que supone identificar los problemas jurídicos resueltos, junto
con las pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho, lo que le
impide al juez constitucional descender en el examen de este reparo. Lo
mismo ocurre en cuanto al defecto fáctico, dado que las accionantes no
identificaron, en el escrito de tutela ni en la impugnación, las pruebas que
dejaron de ser valoradas en los trámites incidentales, sino que se
limitaron a señalar que hubo una valoración defectuosa del material
probatorio.
En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia
judicial que se profiere en un trámite incidental, hay lugar a descender al
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estudio del defecto por violación directa de la Constitución, lo que se
fundamenta en que los autos cuestionados vulneran los derechos
fundamentales al desconocer el procedimiento establecido por la UARIV
para el reconocimiento de la indemnización administrativa, dado que no
era posible el cumplimiento de la orden de amparo, por lo que podría estar
comprometido el artículo 15 de la Constitución Política, que establece el
derecho al buen nombre, en tanto que las providencias cuestionadas
sancionaron por desacato a las aquí accionantes al considerar que no
habían dado cumplimiento a la orden de amparo.
6.3.2.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad
invocados en el caso concreto
En este caso, lo alegado por la parte actora es que las providencias
atacadas incurrieron en el defecto de violación directa de la
Constitución. Esta causal de procedibilidad se fundamenta en el principio
de supremacía constitucional previsto en el artículo cuarto Superior, en
virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas
jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa,
cuya fuerza normativa impone a todos los operadores judiciales el deber
de velar por su cumplimiento y prevalencia35.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el
actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, al punto en que de ellos se derivan mandatos y
previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en
determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados36.
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el
juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una
35
Corte Constitucional. Sentencia SU-024 de 2018.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU-1073 de 2012.
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norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma
de rango inferior a la constitucional, al margen de los dictados de la
Constitución37.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del
amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que
realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará
sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política38.
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el
desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la
infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías
fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo
de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela.
Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar
esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
En el asunto bajo examen, las accionantes controvierten los autos
proferidos el 27 de octubre de 2023 y el 28 de noviembre de 2023 por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín que las sancionaron
con multa de 1 SMLMV, a cada una, por desacato de orden judicial, así
como los dictados el 3 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de 2023
por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
que confirmaron dichas sanciones. Como argumento, aducen que no era
posible el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela.
Para fundamentar lo anterior, indicaron que en el año 2023 la UARIV
aplicó el método técnico de priorización al caso del señor Oliverio de Jesús
Morales Betancur con el fin de determinar, de manera proporcional a los
recursos presupuestales asignados a dicha unidad para esa vigencia, el
37
Corte Constitucional. Sentencia T-704 de 2012. En este mismo sentido pueden verse
las sentencias T-967 de 2014, T-310 de 2009 y T-555 de 2009.
38
Corte Constitucional. Sentencia T-088 de 2018.
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orden de entrega de la indemnización reconocida; sin embargo, el
resultado de la aplicación de dicho método arrojó que no era procedente
la entrega de la indemnización.
Agregaron que teniendo en cuenta el procedimiento administrativo
establecido en la Resolución 1049 de 2019, a la UARIV le es imposible
indicar un plazo razonable en el que se tendrá acceso efectivo a la medida
de indemnización administrativa, debido a que, una vez aplicado el
método técnico de priorización al caso del señor Morales Betancur, este
no se ubicó dentro del universo de víctimas que accederían a la
indemnización administrativa conforme a la disponibilidad presupuestal
asignada a la entidad para el año 2023, debido a que no obtuvo el puntaje
mínimo requerido, y tampoco acreditó ninguna situación de urgencia o
extrema vulnerabilidad. Por lo anterior, aseguraron que, se procederá a
aplicarle nuevamente el método en la presente vigencia de 2024.
La Sala, para determinar si se incurrió en el defecto de violación directa
de la Constitución, estima pertinente referirse a las actuaciones más
relevantes surtidas en los trámites incidentales de desacato, de la
siguiente manera:
(i) Se recuerda que la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 2 de agosto de
2023 dispuso: “(…) se ORDENA a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV, que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, suministre
una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición elevada
por el señor OLIVERIO DE JESÚS MORALES BETANCUR, indicando un
plazo razonable en el cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa que le fue reconocida mediante la
Resolución Nro. 04102019- 487807 de fecha trece (13) de marzo de 2020
(…)”39.
39
Lo que se desprende del expediente de la acción de tutela identificado con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2023 00233 00. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02001 00.
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(ii) El 5 de octubre de 2023, el señor Oliverio de Jesús Morales Betancur
solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín que iniciara
incidente de desacato por el incumplimiento de la orden judicial proferida
el 2 de agosto de 2023.
(iii) Luego de surtido el trámite correspondiente, por auto del 27 de
octubre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín
declaró que las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí
habían incurrido en desacato a la orden de amparo impartida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, y dispuso sancionarlas con multa
equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, a cada una, al
estimar que40:
“[…] se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela y
que no existen motivos razonables para abstenerse de sancionar por
desacato al responsable de cumplir la orden dada en la sentencia y
a su superior jerárquico.
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, incumplir una
providencia judicial no solo afecta el acceso a la justicia, sino que
desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de
los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de
buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al
traste con la convicción legítima y justificada de OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR, quien ha acudido a la acción de tutela,
esperando que la sentencia sea acatada por los funcionarios
destinatarios de las órdenes judiciales del caso, y permitirlo sería
propiciar una doble vulneración de derechos fundamentales, esta
vez, conjuntamente con el derecho al debido proceso […]”.
(iv) Por auto del 3 de noviembre de 2023, la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la anterior decisión bajo la
siguiente consideración41:
“[…] si bien se evidencia que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS –
(UARIV), aportó respuesta frente al trámite incidental, el día
veinticuatro (24) de octubre de 2023 y posteriormente en grado
jurisdiccional de consulta, el día treinta (30) de octubre de 2023,
donde indicó al accionante lo siguiente “le informamos que la Unidad
aplicará durante el transcurso del año 2024 el método e informará
40
Ibidem.
41
Ibidem.
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el resultado de este proceso (…)” dicha respuesta no atiende al
cumplimiento de la orden impartida, que insta a la entidad accionada
a brindar una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la
petición radicada por el accionante, estipulando un plazo razonable
para el pago de la indemnización administrativa sobre la cual tiene
derecho.
(…)
Ahora, si bien se evidencia dentro del expediente, que existe una
respuesta por parte de la entidad accionada, se tiene que, dicho
escrito no satisface la condición de ser una respuesta de fondo, por
lo que LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS – (UARIV), deberá dar
respuesta a la petición presentada por el accionante en donde dé
cuenta de cada una de las solicitudes que obran en el escrito de
petición, toda vez que en su respuesta no aborda de forma clara lo
pedido, generando respuestas meramente evasivas.
Con base en lo antepuesto, no se encuentra que en la respuesta
brindada por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, se
estipule un plazo razonable para el pago de la indemnización
administrativa solicitada por el accionante, por lo cual se evidencia
que los interrogantes que llevaron al accionante a elevar la petición
de la referencia siguen sin ser resueltos por parte de la entidad
accionada […]”.
(v) Por auto proferido el 28 de noviembre de 2023, el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín declaró, nuevamente, que las señoras
Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí habían incurrido en
desacato a la orden de amparo impartida por dicho despacho y las
sancionó, una vez más, con una multa equivalente a 1 salario mínimo
legal mensual vigente. Al respecto, consideró que42:
“[…] se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela y
que no existen motivos razonables para abstenerse de sancionar por
desacato al responsable de cumplir la orden dada en la sentencia y a
su superior jerárquico.
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, incumplir una
providencia judicial no solo afecta el acceso a la justicia, sino que
desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de
los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de
buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al traste
con la convicción legítima y justificada de OLIVERIO DE JESÚS
MORALES BETANCUR, quien ha acudido a la acción de tutela,
esperando que la sentencia sea acatada por los funcionarios
destinatarios de las órdenes judiciales del caso, y permitirlo sería
42
Ibidem.
40
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propiciar una doble vulneración de derechos fundamentales, esta vez,
conjuntamente con el derecho al debido proceso.
Por supuesto, de acuerdo con la tarea encomendada por la
Constitución (art. 86 C.P.), esta funcionaria debe reiterar que la
finalidad de un incidente de desacato no es adelantar un juicio de
responsabilidad personal al funcionario obligado, antes bien, la
legítima garantía de ejecución de las sentencias y órdenes judiciales
se logra con la convicción justa de los servidores públicos, particulares
en ejercicio de funciones públicas y de las personas en general, de
actuar correcta, sensata y coherentemente en el cumplimiento de sus
deberes, pues obrar conforme al principio de solidaridad social,
respetar y apoyar a las autoridades, defender y difundir los derechos
humanos, propender al logro y mantenimiento de la paz y colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de justicia, debe ser
un fin en sí mismo. Sin embargo, cuando no se logra el cumplimiento
de una orden judicial debidamente motivada, pese a los reiterados
requerimientos, procede entonces la imposición de sanciones […]”.
(vi) Por auto proferido el 5 de diciembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, confirmó la
precitada decisión al estimar que43:
“[…] si bien se evidencia que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS – (UARIV),
aportó respuesta frente al trámite incidental, el día veintitrés (23) de
noviembre de 2023, y posteriormente en grado jurisdiccional de
consulta, el día primero (1) de diciembre de 2023 donde indicó lo
siguiente:
“(…) la Unidad aplicará nuevamente durante el transcurso del
año 2024 el método e informará el resultado de este proceso,
de tal manera que, si el resultado es favorable, la entrega de la
indemnización administrativa será de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el resultado es no
favorable, se le aplicará nuevamente el «Método Técnico de
Priorización», en el año siguiente”. (Negritas por el despacho)
Dicha respuesta no atiende al cumplimiento de la orden impartida,
que insta a la entidad accionada a brindar una respuesta de fondo,
clara, precisa y congruente a la petición radicada por el accionante,
estipulando un plazo razonable para el pago de la indemnización
administrativa sobre la cual tiene derecho.
(…)
Ahora, si bien se evidencia dentro del expediente, que existe una
respuesta por parte de la entidad accionada, se tiene que, dicho
escrito no satisface la condición de ser una respuesta de fondo, por lo
que LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
43
Ibidem.
41
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Accionantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS – (UARIV), deberá dar
respuesta a la petición presentada por el accionante en donde dé
cuenta de cada una de las solicitudes que obran en el escrito de
petición, toda vez que en su respuesta no aborda de forma clara lo
pedido, generando respuestas meramente evasivas.
Con base en lo antepuesto, no se encuentra que en la respuesta
brindada por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, se
estipule un plazo razonable para el pago de la indemnización
administrativa solicitada por el accionante, por lo cual se evidencia
que los interrogantes que llevaron al accionante a elevar la petición
de la referencia siguen sin ser resueltos por parte de la entidad
accionada […]”.
En ese contexto, la Sala advierte que los autos proferidos el 27 de octubre
de 2023 y el 28 de noviembre de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, confirmados el 3 de noviembre de 2023 y el
5 de diciembre de 2023 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, incurrieron en violación directa de la
Constitución del artículo 15 Superior; lo anterior, porque de las
consideraciones planteadas en dichas providencias, se desprende que las
hoy accionantes no han garantizado la protección del derecho
fundamental de petición del señor Oliverio de Jesús Morales Betancur.
No obstante, para la Sala es claro que la orden de amparo no era de
posible cumplimiento en los términos en que se profirió, comoquiera que,
tal como explicó la UARIV44 en las respuestas presentadas a los
requerimientos efectuados por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
de Medellín en los trámites incidentales, no es posible para la entidad
informarle al señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, un plazo razonable
en el que podrá acceder al pago de la indemnización administrativa
reconocida, pues dicha situación está sujeta al método técnico de
priorización, el cual se aplica anualmente de manera proporcional a los
recursos asignados a la unidad en la respectiva vigencia fiscal.
44
Oficios identificados con los radicados nro. 2023-1674917-1 del 24 de octubre de
2023, nro. 2023-1803264-1 del 7 de noviembre de 2023, nro. 2023-1944088-1 del 23
de noviembre de 2023 y 2023-2059594-1 del 7 de diciembre de 2023.
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Para el caso del señor Morales Betancur, el resultado del precitado método
aplicado en el año 2023 fue no favorable debido a que el puntaje mínimo
definido en dicha vigencia para acceder a la indemnización administrativa
era de 38.9898 y el puntaje obtenido en el caso particular fue de
23.13129, por lo que no había lugar a priorizarlo. En ese sentido, las
accionantes no podían dar cumplimiento a la orden de amparo, razón por
la cual no era procedente imponerles las sanciones por desacato.
Así las cosas, los autos proferidos el 27 de octubre de 2023 y el 28 de
noviembre de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín, confirmados el 3 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre de
2023 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, incurrieron en el defecto de violación directa de la Constitución,
debido a que infringieron el artículo 15 de la Constitución Política, que
establece el derecho al buen nombre, toda vez que sancionaron por
desacato a las aquí accionantes con fundamento en que no habían
cumplido la orden del fallo de tutela, sin tener en cuenta que dicha orden
era de imposible cumplimiento.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo de tutela proferido el 6 de junio
de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela, y en su lugar, amparará el derecho
fundamental al buen nombre de las accionantes.
Así mismo, se dejarán sin efectos los autos proferidos el 27 de octubre de
2023 y el 28 de noviembre de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, así como los dictados el 3 de noviembre de
2023 y el 5 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, en los trámites incidentales por desacato de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00233 00/03/04 y, en consecuencia, se ordenará al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín que, en el término de diez (10) días45
45
Conforme lo dispuesto en el artículo 120 del Código General del Proceso, que
establece: “ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES
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contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una
nueva decisión teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 6 de junio de 2024
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí,
respecto a los autos proferidos el 14 de septiembre de 2023 y el 21 de
septiembre de 2023, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Medellín y la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, en el trámite incidental de
la acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00233 00/02, por no superar el requisito de inmediatez.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al buen nombre de las
señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí, según
lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 27 de octubre de
2023 y el 28 de noviembre de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, así como los dictados el 3 de noviembre de
2023 y el 5 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, en los trámites incidentales por desacato de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00233 00/03/04.
POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los
jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días (…)”.
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QUINTO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en
cuenta las consideraciones aquí expuestas.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SÉPTIMO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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