RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05161-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05161-00

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05161-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05161-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

31 de octubre de 2024

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05161-00
Demandante: OLIVERIO DE JESUS MORALES BETANCUR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencia de la misma naturaleza.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, actuando en nombre propio, inició
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, en la que pretende
el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso,
al mínimo vital, a la igualdad y los derechos que tienen los desplazados como
sujetos de protección especial.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 9 de agosto de 2024 proferida dentro
de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-02001-00/01, instaurada
por las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí contra el
Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

1.2. Pretensiones

Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] SEGUNDO: Le solicito muy encarecidamente señores magistrados que se le
ordene a la (UARIV), o a quien haga sus veces para que se le dé cumplimiento al fallo

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

de tutela que se dio a favor de OLIVERIO DE JESÚS MORALES
BETANCUR, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SEPTIMA
DE ORALIDAD de la fecha del 02 de agosto de 2023 con radicado 05001 33 33
035 2023 00233 01, pero que, a la fecha de hoy, la UARIV no ha acatado la orden
que se dio a mi favor en segunda instancia.

TERCERO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados se amparen todas
las garantías constitucionales y se revoque la decisión tomada en el fallo de tutela
en referencia con radicado 11001 03 15 000 2024 02001 01 de fecha 09 de agosto
de 2024, en lo referente a dejar sin efecto los autos del 14 de septiembre de 2023,
el 27 de octubre de 2023 y el 28 de noviembre de 2023, confirmada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIQOUIA-SALA SEPTIMA DE ORALIDAD a
través de autos fechados el día 21 de septiembre de 2023, 03 de noviembre de
2023 y 05 de diciembre de 2023, que fueron aplicados en conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, por desacato al fallo de tutela.

Nuestro deseo no es que se les aplique la sanción a las funcionarias de la (UARIV)
ya referidas, si no que le den cumplimiento al fallo de tutela a favor del señor
OLIVERIO DE JESÚS MORALES BETANCUR, para que el derecho a la reparación
no se quede en el limbo, sin ninguna solución de fondo1.

1.3. Hechos

El accionante instauró acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de
Atención Especial y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, a efectos de que
se le diera una respuesta de fondo a la solicitud radicada el 5 de mayo de 2023
relativa a que le fuera entregada la indemnización administrativa a la que considera
le asiste derecho en su condición de víctima por el hecho de desplazamiento
forzado.

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, con radicado 05001-33-33 035-
2023-00233-00/01, que mediante sentencia del 16 de junio de 2023, negó las
pretensiones elevadas por el actor.

Lo anterior, al considerar que la respuesta brindada por la entidad frente al derecho
de petición por él formulado constituía una respuesta clara, completa y de fondo,
toda vez que en la misma le fue indicado el estado actual del trámite, y el motivo por
el cuál, para dicha fecha no era posible proceder con el pago de la indemnización
administrativa que le fue reconocida, configurándose así la carencia actual de objeto
por hecho superado.

Inconforme con la decisión, el accionante presentó escrito de impugnación y
mediante fallo del 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, revocó la decisión adoptada por el a quo al considerar que la
respuesta emitida por la UARIV quebranta el derecho fundamental de petición del

1 Transcripción literal con posibles errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

accionante, toda vez que no le brinda una respuesta cierta, completa y
de fondo, por lo cual no se podía determinar la configuración de la carencia actual
de objeto por hecho superado al no ajustarse a los preceptos constitucionales.

Como consecuencia, ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV, estipulara un plazo razonable para el pago de la
indemnización administrativa solicitada por el accionante, puesto que solo se limita
a indicar que la entidad accionada procederá a aplicarle el Método Técnico de
Priorización en el mes de septiembre de 2023, respuesta que no resuelve los
interrogantes que llevaron al actor a elevar la petición objeto de amparo.

Con posterioridad, el señor Oliverio de Jesús presentó varias solicitudes de
desacato ante el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, quien mediante providencias del 14 de septiembre, 27 de
octubre y 28 de noviembre de 2023 declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara, en calidad de Directora de Reparación de la entidad accionada y la señora
Patricia Tobón Yagarí, en calidad de Directora de la UARIV, incurrieron en desacato
de la sentencia de tutela de segunda instancia, imponiendo como sanción una multa
equivalente a un (1) SMLMV, a cada una.

La anterior decisión fue confirmada en sede de consulta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, mediante autos del 21 de
septiembre, 3 de noviembre y 5 de diciembre de 2023; con posterioridad, las
funcionarias mencionadas presentaron solicitud de inaplicación de la sanción, la
cual fue resuelta de manera desfavorable por el a quo mediante proveídos del 10
de octubre, 9 de noviembre y 11 de diciembre de 2023.

Consecuentemente , las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón
Yagarí, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, con el fin de que se ordenara a las autoridades
accionadas proferir una nueva decisión que estudiara de fondo las solicitudes de
inaplicación de la sanción elevada por la UARIV, teniendo en cuenta los
pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-
034 de 2018 y el Auto 206 de 2017.2

La tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta corporación3,
autoridad judicial que mediante sentencia del 6 de junio de 20244, declaró
improcedente la acción de tutela formulada al considerar que no se superaba el
requisito de subsidiariedad, por cuanto las accionantes contaban con la posibilidad
de elevar solicitud de modulación de los efectos de la sentencia, a fin de que el juez

2 Índice 02 – Proceso Radicado 11001031500020240200100
3 Radicado 11001031500020240200100
4
Índice 12 de Samai.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

de tutela de primera instancia sea quien determine si hay lugar a
modificar la orden impartida.

La decisión fue impugnada por las accionantes y revocada por la Sección Primera
de esta Corporación5 mediante sentencia del 9 de agosto de 2024, en la que decidió
amparar el derecho fundamental al buen nombre de las señoras Sandra Viviana y
María Patricia; y como consecuencia, dejó sin efectos los autos proferidos por el
Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el
27 de octubre y 28 de noviembre de 2023, así como los dictados el 3 de noviembre
y 5 de diciembre de la misma anualidad, por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad6.

Así mismo, y al considerar que la orden de amparo no era de posible cumplimiento
en los términos en que se profirió, ordenó al Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín dictar una nueva decisión,
teniendo en cuenta que el pago de la indemnización administrativa que le fue
reconocida al señor Oliverio está sujeta al método técnico de priorización, el cual se
aplica anualmente de manera proporcional a los recursos que le son asignados a la
entidad en la respectiva vigencia fiscal.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante señaló que, si bien el Consejo de Estado mediante la providencia
cuestionada ordenó dejar sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Treinta y
Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 27 de octubre y el
28 de noviembre de 2023, así como los dictados el 3 de noviembre y el 5 de
diciembre de la misma anualidad, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad, tales decisiones fueron proferidas conforme a derecho y con
desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional mediante
las sentencias T-205 de 2021, T-248 de 2021, T-377 de 2022, T-450 de 2019 y el
auto 331 de 2019.

Refirió que, realizada una debida interpretación de la norma, no se trata de presumir
la responsabilidad subjetiva frente a los responsables de cumplir el fallo proferido
por las autoridades judiciales antes referidas, por el solo hecho de demostrarse su
incumplimiento, sino que lo realmente importante es que la orden impartida en la
acción de tutela sea acatada.

Sostuvo que, pese a que en el fallo proferido por esta corporación el 9 de agosto de
2024, se hizo referencia a la obligatoriedad de emplear el método técnico de

5 Índice 4 - 11001031500020240200101
6 En los trámites incidentales por desacato de la acción de tutela identificada con el radicado 05001 33 33 035

2023 00233 00/03/04.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

priorización para garantizar el principio de igualdad material en el pago
de la indemnización administrativa, a su juicio, dicho método es inconstitucional, ya
que el mismo es utilizado por la UARIV para justificar la limitación o negación de los
derechos humanos y fundamentales, discriminar y excluir a ciertos grupos o
individuos del acceso a servicios o beneficios, y legitimar decisiones arbitrarias o sin
fundamentación jurídica.

Refirió que, sujetar a las víctimas del conflicto armado a la realización del método
técnico de priorización empleado por la UARIV, impide que las mismas accedan a
la medida de reparación que de manera previa les fue reconocida, ya que al no
informársele los plazos aproximados y el orden en que se accederá a la medida de
indemnización conforme lo ha establecido la Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia, es dejar a los mismos sin una solución efectiva, y en una completa
incertidumbre respecto al derecho que les fue reconocido.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia de 9 de octubre de 2024, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como accionado al Consejo de Estado, Sección
Primera, para que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente trámite
tutelar7.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, al Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín8, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad9
«entidades accionadas en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-02001-
00/01», al Consejo de Estado, Sección Cuarta10 «quien profirió la sentencia de primera
instancia dentro de la acción de tutela que se cuestiona», a las señoras Sandra Viviana
Alfaro Yara11 y María Patricia Tobón Yagarí12 «quienes fungieron como accionantes
dentro del proceso aludido», así como a la Unidad Administrativa Especial para la

7 Notificación realizada a los correos electrónicos: notifhsanchez@consejodeestado.gov.co;
sharah3000@hotmail.com; saguirrel@consejodeestado.gov.co; mmendozal@consejodeestado.gov.co;
mremolinah@consejodeestado.gov.co; notifogiraldo@consejodeestado.gov.co;
dpuentest@consejodeestado.gov.co; paulabogada314@gmail.com; rpushainav@consejodeestado.gov.co;
lmartinezf@consejodeestado.gov.co; wprietoa@consejodeestado.gov.co; Índice 7 de Samai.
8 Notificación realizada al correo electrónico: adm35med@cendoj.ramajudicial.gov.co; Índice 7 de Samai.
9 Notificación realizada a los correos electrónicos: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co; Índice 7 de Samai.
10 Notificación realizada a los correos electrónicos notifscarvajal@consejodeestado.gov.co;
avelascoa@consejodeestado.gov.co; marilinnino@hotmail.com; freyc@consejodeestado.gov.co;
yacevedoa@consejodeestado.gov.co; sladinoc@consejodeestado.gov.co; notifwramos@consejodeestado.gov.co;
notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co; mherrerat@consejodeestado.gov.co vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co;
notifmchaves@consejodeestado.gov.co; yrodriguezc@consejodeestado.gov.co; abarbosaq@consejodeestado.gov.co;
Índice 7 de Samai.
11
Notificación realizada a los correos electrónicos: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
yeimy.reinoso@unidadvictimas.gov.co; Índice 7 de Samai.
12
Notificación realizada a los correos electrónicos notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
yeimy.reinoso@unidadvictimas.gov.co; Índice 7 de Samai.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

Atención y Reparación Integral a las Víctimas13 «autoridad accionada
dentro del proceso que dio lugar a la sanción de desacato».

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas14

Manifestó que, como requisito indispensable para que una persona pueda acceder
a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, “Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras”, ésta debe haber presentado declaración ante el Ministerio Publico y estar
incluida en el Registro Único de Victimas – RUV, condiciones que cumple el señor
Oliverio de Jesús Morales Betancur, ya que el mismo se encuentra incluido en dicho
registro por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, declarado bajo el FUD
BJ000096772.

Refirió que, en el caso del accionante, el 25 de agosto de 2023 dicha entidad aplicó
el Método Técnico de Priorización para determinar las personas que fueron
reconocidas al 31 de diciembre de 2022 sin criterio de priorización o con método no
favorable, y a las cuáles se les realizará la entrega de los recursos durante la
presente vigencia de acuerdo con la disponibilidad de recursos destinados para este
efecto.

Precisó que, la distribución del presupuesto asignado para el reconocimiento de la
medida indemnizatoria en la siguiente vigencia atenderá al número de víctimas que
acrediten los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y a los
compromisos adquiridos de acciones constitucionales pendientes por cumplir antes
de la implementación del procedimiento, resaltando que es importante tener en
cuenta, que el número de víctimas a quienes se le puede hacer efectiva la entrega
de la medida depende de los montos establecidos para los hechos susceptibles de
indemnización.

Por otro lado, la aplicación del método técnico de priorización, como proceso
técnico, implica el abordaje de una serie de gestiones que se realizan con el apoyo
de la Red Nacional de Información, relacionadas con la unificación de los datos y
consultas administrativas en las fuentes de información con las que cuenta la
Unidad, que permiten arrojar el resultado de la ponderación de las variables
demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y de avance en el

13
Notificación realizada al correo electrónico: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co; Índice 7 de
Samai.
14 Índice 10 de Samai.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

proceso de reparación integral, así como también, realizar las
validaciones tendientes a establecer que la víctima no haya fallecido, que no se
haya excluido del Registro Único de Víctimas o que el monto a reconocer no supere
el máximo de los 40 SMLMV.

De ahí que se requiera de un tiempo prudencial para llevar a cabo dicho
procedimiento técnico, toda vez que, los listados ordinales que arroje, serán los que
orienten la priorización que debe seguir la Entidad para el otorgamiento de la medida
indemnizatoria en los casos que no cuentan con una situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, razón por la cual, no le es posible a la Unidad
otorgar indistintas fechas de pago de la indemnización.

Sostuvo que, mediante Resolución No. 04102019-487807 del 13 de marzo de 2020
se decidió (i) reconocer en favor del señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, la
medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado y (ii) aplicar el “Método Técnico de Priorización” con el fin
de disponer el orden de la entrega de la indemnización, lo cual constituye una
respuesta de fondo.

Respecto a la aplicación del método técnico, indicó que el accionante no fue
incluido, por cuanto no acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y
primero de la Resolución 582 de 2021, esto es: i) tener más de 68 años de edad, o,
ii) tener enfermedad huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas
como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social, o iii) tener discapacidad
que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y
conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la
Superintendencia Nacional de Salud.

Refirió que lo anterior, fue tenido en cuenta por esta corporación al momento de
proferir la sentencia en el proceso radicado 11001031500020240200101, y que es
objeto de cuestionamiento mediante el presente asunto, comoquiera que en la
misma se indicó que:

«para la Sala es claro que la orden de amparo no era de posible cumplimiento en los
términos en que se profirió, comoquiera que, tal como explicó la UARIV en las
respuestas presentadas a los requerimientos efectuados por el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín en los trámites incidentales, no es posible para la
entidad informarle al señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, un plazo razonable
en el que podrá acceder al pago de la indemnización administrativa reconocida, pues
dicha situación está sujeta al método técnico de priorización, el cual se aplica
anualmente de manera proporcional a los recursos asignados a la unidad en la
respectiva vigencia fiscal».

Reiteró que, la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Séptima de Oralidad, no es de posible cumplimiento para dicha entidad, y en tal

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

virtud, al tener en cuenta que lo pretendido por el accionante es que se
acate la orden emitida por dicha autoridad, se deben denegar las pretensiones de
la acción.

Ello, si se tiene en cuenta que por parte de la citada entidad se han realizado todas
las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales,
evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales del actor.

1.6.2. Consejo de Estado – Sección Primera.15

El magistrado ponente de la sentencia del 9 de agosto de 2024, proferida al interior
del proceso 11001 03 15 000 2024 02001 01, presentó informe en el que manifestó
que, uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial que la Corte Constitucional ha establecido es que «no se trate de
sentencias de tutela»; debido a que, «(…) conforme con el procedimiento establecido para
adelantar este tipo de procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario
2591 de 1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho
al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede
de revisión (…)».

En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es
improcedente para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la sentencia SU –
627 de 2015, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia respecto «(…) de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y actuaciones de los jueces
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia (…)», y frente a la procedencia de la
tutela que se dirige contra los fallos de la misma naturaleza, explicó:

«[…] 4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación […]».

15 Índice 11 de Samai.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

Así, y teniendo en cuenta que, mediante el presente asunto la parte actora está
controvirtiendo una sentencia de tutela, sin que se sustente ni acredite que la
decisión adoptada haya sido producto de una situación de fraude; solicitó declarar
improcedente la petición de amparo por no cumplirse el requisito general de
procedencia de la misma contra providencias judiciales, consistente en que el
mecanismo constitucional no se dirija contra fallos de tutela.

1.6.3. Consejo de Estado – Sección Cuarta16

La magistrada ponente de la providencia proferida en primera instancia dentro de la
acción de tutela objeto de reproche, allegó escrito de contestación en el que refirió
que, pese a no advertirse reparo alguno frente a dicha decisión, en el presente
asunto no se cumplen los requisitos expuestos en la Sentencia SU-627 de 2015 de
la Corte Constitucional, referentes a la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra sentencias de tutela.

Lo anterior, se debe a que la sentencia de primera instancia de 6 de junio de 2024
no fue producto de fraude alguno. Al contrario, la decisión obedeció a que se
consideró que no se habían agotado todos los mecanismos de defensa judicial y
que, en ese sentido, no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, motivo por el
cuan solicitó no conceder amparo alguno en lo que respecta a dicha Sección.

1.6.4. El Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad,
y las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí, , pese
a estar debidamente notificadas de la existencia del presente asunto, no se
pronunciaron sobre la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
presentada por el señor Oliverio de Jesús Morales Betancur, en los términos del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:

16 Índice 12 de Samai.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad y a los derechos que tienen los desplazados como sujetos de
protección especial del accionante, con ocasión de la sentencia del 9 de
agosto de 2024 proferida dentro de la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2024-02001-01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 17
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia19.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Tutela contra decisión de tutela

La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1º de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en el
marco de otras acciones de tutela por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría
indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los
derechos fundamentales».

Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:

[…]

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional20” (Negrillas fuera de texto).

Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia de tutela,
siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia acusada
fue producto de un fraude.

Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.

2.5. Caso concreto

Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se
relaciona con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia
constitucional en la que de manera excepcional es procedente el mecanismo
constitucional contra una providencia de tutela; es decir, que con motivo de un
fraude se hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:

En el caso bajo análisis, el reparo del accionante se dirige contra la sentencia del 9
de agosto de 2024 dictada dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2024-02001-00/01, instaurada por las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y
María Patricia Tobón Yagarí contra el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo

20 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad; y en la que hizo parte además el señor Oliverio
de Jesús Morales Betancur, en calidad de tercer con interés jurídico en el resultado
del proceso21.

Conforme se dejó expuesto en los antecedentes de la presente providencia,
mediante la sentencia que se cuestiona, la autoridad judicial accionada revocó el
fallo de tutela proferido el 6 de junio de 2024 por la Sección Cuarta de esta
corporación, y en su lugar; amparó el derecho fundamental al buen nombre de las
señoras Sandra Viviana y María Patricia. Como consecuencia, dejó sin efectos los
autos proferidos por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín el 27 de octubre y 28 de noviembre de 2023, así como los
dictados el 3 de noviembre y 5 de diciembre de la misma anualidad, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

A juicio del accionante, sujetar a las víctimas del conflicto armado a la realización
del método técnico de priorización empleado por la UARIV, impide que las mismas
accedan a la medida de reparación que de manera previa les fue reconocida, ya
que al no informársele los plazos aproximados y el orden en que se accederá a la
medida de indemnización conforme lo ha establecido la Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia, es dejar a los mismos sin una solución efectiva, y en una
completa incertidumbre respecto al derecho que les fue reconocido.

Así mismo precisó que, si bien en el fallo proferido por esta corporación el 9 de
agosto de 2024, se hizo referencia a la obligatoriedad de emplear el método técnico
de priorización para garantizar el principio de igualdad material en el pago de la
indemnización administrativa, a su juicio, dicho método es inconstitucional, ya que
el mismo es utilizado por la UARIV para justificar la limitación o negación de los
derechos humanos y fundamentales, discriminar y excluir a ciertos grupos o
individuos del acceso a servicios o beneficios, y legitimar decisiones arbitrarias o sin
fundamentación jurídica.

No obstante, y pese a que el accionante es reiterativo en señalar que la autoridad
judicial accionada con la decisión adoptada vulneró sus derechos fundamentales;
evidencia la Sala que el mismo no precisó ningún hecho que constituya fraude, ya
que solo se limitó a cuestionar la decisión a través de la cual, se dejó sin efectos las
providencias a través de las cuales se sancionó a las señoras Alfaro Yara y Tobón
Yagarí por haber incurrido en desacato de la sentencia de tutela proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

En igual sentido, y si bien el accionante insiste en la pretensión tendiente a que se
dé cumplimiento a la orden de tutela impartida en el fallo aludido; es menester

21 Índice 4 de Samai.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

reiterar que en el escrito de amparo no se esgrimió argumento alguno
que permita acreditar una situación que torne procedente la solicitud de amparo que
ahora se presenta; pues la simple afirmación relativa a que la autoridad accionada
vulneró sus derechos fundamentales no es causa suficiente para dar cabida a la
excepción de la regla general consistente en que las acciones de tutela no proceden
contra decisiones de la misma naturaleza.

Así mismo, de los hechos expuestos en la acción de tutela de la referencia, no se
evidencia elemento alguno que lleve a la conclusión que, en el proceso
constitucional cursado con radicado 11001031500020240200100/01, se hubiese
incurrido en una conducta fraudulenta, circunstancia que le correspondía alegar y
demostrar en grado de plenitud probatoria a la parte actora.

Ello, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en la sentencia T-
218 del 20 de marzo de 2012 con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao
Pérez, en la cual se indicó que la cosa juzgada fraudulenta «se predica de un
proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que
implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad».

Sobre la configuración del fraude, el máximo Tribunal Constitucional, en la sentencia
antes mencionada, reconoció que aquel puede ser cometido por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que amerita la intervención del
juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta se materialice. Dicha
actuación debe predicarse de los sujetos procesales al interior de la acción
constitucional.

En este punto, la Sala considera importante señalar que, en el sustento de la
providencia proferida por la autoridad judicial accionada, no se encuentra vicio
alguno producto de una situación fraudulenta; además que la parte actora no aporta
prueba clara y suficiente de la existencia de dicha situación para que proceda el
principio fraus omnia corrumpit.

En consecuencia, al no haberse acreditado una circunstancia que haga posible el
estudio de fondo del caso en la acción de la referencia, esta Sala declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el requisito general de
procedibilidad concerniente a que no se trate de una tutela contra una sentencia de
la misma naturaleza, al no haberse cumplido con los requisitos exigidos por la Corte
Constitucional para el efecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Oliverio de Jesús Morales Betancur
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05161-00

FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Oliverio de Jesús Morales Betancur, contra el Consejo de Estado, Sección Primera,
por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.