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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02053-00

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02053-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, invocados por las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Andrea Nathalia Romero Figueroa, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS los autos del 18 de enero y 10 de abril de 2024. SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02053-00

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

6 de junio de 2024

________________________________________________________________
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02053-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02053-00
Demandante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEGUNDA DE ORALIDAD Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – ampara los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por la señora María Patricia Tobón Yagarí y otra contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y otro, en ejercicio de la acción de tutela
consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto
2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

Mediante escrito radicado el 25 de abril de 2024 en el buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las
señoras María Patricia Tobón Yagarí y Andrea Nathalia Romero Figueroa, en
calidad de directora general de la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (en de adelante UARIV) y directora técnica del
área de reparaciones de la misma unidad, actuando en nombre propio, instauraron
la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad y el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales «al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio.»

1 Índice 2 de Samai

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02053-00

En sentir de las accionantes, la vulneración de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en los autos del 18 de enero y 10 de abril de
2024, proferidos en el marco del incidente de desacato al fallo de tutela dictado al
interior de la solicitud de amparo 05001-33-33-014-2023-00084-00, por medio de
los cuales negó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de buen nombre, al patrimonio,
al acceso a la administración de justicia, al debido proceso de las suscritas, y en
consecuencia, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE ORALIDAD Y JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, ordenar a
dicha autoridad judicial que deje sin efectos la providencia fechada el 05 de julio de
2023, proferida por el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, y confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
DEORALIDAD, en donde decidió sancionar a las suscritas con multa de un (1)
S.M.L.M.V., en cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional, en la medida que no hay posibilidad de señalar
fecha de pago y en la actualidad las accionantes no cuentan con criterios que
permitan acceder al pago de la medida de indemnización de manera priorizada en la
presente vigencia fiscal, con fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019.

SEGUNDO: DECLARAR la inexistencia de responsabilidad subjetiva en el trámite
incidental de desacato y en la falta de cumplimiento de la orden judicial.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE ORALIDAD, que comuniquen a
la autoridad encargada de la ejecución de la sanción pecuniaria, dada la falta de
responsabilidad subjetiva en el cumplimiento de la orden judicial.

CUARTO: CONMINAR al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE ORALIDAD, a que acaten y
apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento
de la sanción, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.2

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

2 Transcripción original del texto con posibles errores.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
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Las señoras Magnolia de Jesús, Gloria Elsi, Leopoldina de Jesús, Rosa Elena y
Luz Emilse Vargas Vargas, en nombre propio, promovieron acción de tutela 3 en
contra de la UARIV, asunto que correspondió en primera instancia al Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad que mediante
fallo del 28 de marzo de 2023 declaró la carencia actual de objeto. Lo anterior, por
cuanto la accionada dio respuesta a las accionantes frente a su solicitud de
reconocimiento y pago de la indemnización.

Impugnada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad mediante proveído del 2 de mayo de 2023, revocó la
decisión de primera instancia y, en consecuencia, ordenó:

SEGUNDO: SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
suministre la respuesta de fondo, clara y congruente a la petición elevada por las
señoras Rosa Elena Vargas Acosta, Gloria Elsi Vargas Vargas, Leopoldina De
Jesús Vargas Vargas, Magnolia De Jesús Vargas Vargas y Luz Emilse Varas
Vargas, indicando un plazo razonable en el cual tendrán acceso efectivo a la medida
de indemnización administrativa de la cual son beneficiarias.

Con base en lo anterior, el 1° de junio de 20234 se presentó escrito de desacato
contra la UARIV por presunto incumplimiento del fallo de tutela, por lo que el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín ordenó la
apertura del trámite en auto del 5 del mismo mes y año5.

Notificada la UARIV, se opuso a la prosperidad del trámite6 para lo cual precisó
que las accionantes ya habían sido objeto de estudio para el año 2022, en
aplicación del método técnico de priorización, sin haber resultado beneficiarias y,
en consecuencia, no era procedente disponer el pago de la indemnización.

El 15 de junio de 20237, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín declaró en desacato a la doctora María Patricia Tobón Yagarí, directora y
a Cleila Andrea Anaya Benavides, directora de Reparación de la UARIV.

La anterior decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad mediante auto del 21 junio de 20238, pues, en criterio de
dicha corporación, se concluyó que el juez de primera instancia no realizó el
estudio del elemento subjetivo de la responsabilidad y, en ese sentido, se hacía
improcedente la imposición de la sanción.

3 Rad. No. 05001-33-33-014-2023-00084-00
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5 Índice 13 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00
6 Índice 17 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00
7 Índice 19 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00
8 Índice 24 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00

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Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad y otro
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A partir de lo anterior, el 22 de junio de 20239 el a quo profirió auto en que ordenó
nuevamente la apertura del incidente desacato, el cual fue contestado por la
UARIV10 en el sentido de informar que en septiembre de ese año llevaría a cabo
una nueva evaluación a los accionantes, a efectos de establecer la procedibilidad
de conceder la indemnización.

Empero lo anterior, el 5 de julio de 202311 se dictó providencia que impuso sanción
de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, la cual fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en auto del 6 siguiente.

Posteriormente, mediante escritos del 12 de julio12 y 28 de agosto de 202313, la
UARIV presentó solicitudes de inaplicación de la sanción, para lo cual reiteró en
que consistía el método técnico de priorización para la entrega de las ayudas
humanitarias. Por su parte, la autoridad judicial mediante proveídos del 24 de
agosto de 202314 y 18 de enero de 202415, negó tales pedimentos, pues, se
entendía que la autoridad administrativa continuaba en desacato.

Finalmente, el 22 de enero de 202416, se presentó escrito en el que se reiteró la
solicitud de inaplicación y para lo cual trajo a colación el comunicado remitido a la
accionante el 26 de octubre de 2023. En dicha oportunidad la UARIV informó:

Ahora bien, le informamos que la entidad procedió a aplicar en su caso particular el
método técnico de priorización en 2023, y en virtud de ello se asignó un puntaje
como resultado de la ponderación de los componentes de dicho procedimiento el
cual arrojo como resultado el valor de 31.80929 y el puntaje mínimo para acceder a
la medida fue de 34.6751, es decir que de acuerdo con la capacidad presupuestal
anual con la que cuenta la entidad, no fue posible pagar en su favor en la presente
vigencia fiscal la medida de indemnización, adjuntamos resultado del proceso para
su conocimiento.

Así las cosas, como quiera que ustedes no cuentan con criterios de priorización por
edad, enfermedad o discapacidad, deberán esperar al resultado del método técnico
de priorización de 2024, ya que este se realiza de manera anual.

Al respecto, en auto del 10 de abril de 2024, el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín negó la anterior solicitud, para lo cual, consideró:

Así las cosas, considera el despacho que, si bien a través del referido memorial la
entidad informa el trámite impartido a la solicitud de las accionantes, además señaló

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13 Índice 41 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00
14 Índice 39 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00
15 Índice 42 Samai Exp. 05001-33-33-014-2023-00084-00
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que la accionante contaban con un acto administrativo de reconocimiento y con
orden de aplicación del método técnico 2024; a la fecha, no se ha indicado el plazo
razonable en el cual tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización
administrativa, en los términos ordenados por el juez de segunda instancia.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora expuso que la acción de tutela cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad. Frente a la relevancia constitucional explicó que las
autoridades judiciales accionadas desconocen el auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, el cual estableció el procedimiento para el pago de las
indemnizaciones administrativas, por lo que su desconocimiento generaría
inseguridad jurídica. Sumado a lo anterior, indicó que, la decisión de sancionarlas
genera un riesgo de los derechos fundamentales invocados, ya que, las multas
continúan vigentes.

Precisó que la decisión del 10 de abril de 2024, por medio de la cual se negó la
inaplicación de la sanción que le fuere impuesta a las accionantes, pasó por alto
todas las actuaciones adelantadas por la UARIV enfocadas en dar cumplimiento al
fallo de tutela; la cual debe ser tenida en cuenta para el cómputo del término de
inmediatez.

Defecto por desconocimiento del precedente judicial17, por desatender la
sentencia SU-034 del 2018, que señaló expresamente las reglas jurisprudenciales
para que los jueces de tutela de primera instancia modularan el cumplimiento del
fallo, en consonancia con lo que se relaciona el pago de la indemnización
administrativa.

Por último, citó en extenso la referida sentencia proferida por la Corte
Constitucional, con la cual fundamentó que el juez constitucional tiene a su cargo
el cumplimiento del fallo, sin embargo, debe sopesar los informes allegados por la
entidad y evaluar que la falta de pago de la indemnización no obedece a una
actitud negligente del funcionario público, sino al contexto de un estado de cosas
inconstitucionales por violación masiva de derechos en el marco del conflicto
armado.

Con respecto al defecto fáctico, explicó que existió la indebida valoración de la
resolución que le reconoció la medida de indemnización otorgada por la entidad y
de los informes allegados al trámite que acreditaban la imposibilidad de dar
cumplimiento al fallo judicial.

17 La parte actora lo denominó «defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial»

pero la Sala lo analizará como un defecto por desconocimiento del precedente, pues invoca la
inaplicación de una sentencia.

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Adujo que no le puede indicar una fecha de pago cierta de la indemnización a las
señoras Magnolia de Jesús, Gloria Elsi, Leopoldina de Jesús, Rosa Elena y Luz
Emilse Vargas Vargas, pues existe un marco normativo que la entidad debe
cumplir, el cual responde a los principios de progresividad, gradualidad y
sostenibilidad fiscal, «por los cuales no fue viable jurídicamente, ni materialmente
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo».

En ese sentido, explicó que para eso fue dispuesto el método técnico de
priorización como una herramienta para determinar el orden de pago de las
personas que están en las situaciones establecidas del artículo 4° de la
Resolución 1049 de 201918. Entonces, existe un desconocimiento por parte de la
entidad de cuantas victimas serán priorizadas para el pago de la medida, lo que
hace imposible determinar una fecha de pago porque es incierta la asignación
financiera para asumir los pagos.

Explicó que, en el caso en concreto, las señoras Magnolia de Jesús, Gloria Elsi,
Leopoldina de Jesús, Rosa Elena y Luz Emilse Vargas Vargas, a pesar de ser
víctimas del conflicto interno armado, no presentan ninguna situación adicional de
vulnerabilidad o urgencia manifiesta, razón suficiente para dar prelación a otras
personas que sí probaron las circunstancias de priorización contenidas en los
decretos que regulan la materia.

Violación directa de la Constitución, pues, con las decisiones enjuiciadas se
afectaron abiertamente los principios constitucionales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y a la
buena fe, por desconocer el procedimiento de reconocimiento de indemnización
administrativa previsto en la Resolución 1049 de 2019.

18 Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los efectos del
presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se
encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite:
A. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio
podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance
en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.
B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo
definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o
la Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización una víctima
advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo,
deberá informarlo a la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas para ser
priorizada en la entrega de la indemnización.
Parágrafo 2. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad, dificultad del
desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo, a través de
cualquier documento suscrito por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país
extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines descritos
en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 3 de mayo de 202419 la magistrada ponente de la presente decisión,
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo, ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y al Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, vinculó como terceros con interés
a las señoras Magnolia de Jesús, Gloria Elsi, Leopoldina de Jesús, Rosa Elena y
Luz Emilse Vargas Vargas, en su condición de accionantes dentro de la acción de
tutela 05001-33-33-014-2023-00084-00, negó la medida provisional solicitada con
la demanda y, finalmente, informó de la existencia del trámite a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente20, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia21

Por conducto de la magistrada ponente al interior del trámite de tutela 05001-33-
33-014-2023-00084-00, presentó informe en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela.

Lo anterior, por cuanto de las actuaciones judiciales adelantadas al interior del
citado proceso, no se evidencia que las decisiones hayan sido caprichosas o
contrarias al ordenamiento jurídico.

1.6.2. Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín22

La autoridad remitió el link correspondiente al proceso 05001-33-33-014-2023-
00084-00. Frente a los hechos y pretensiones contenidos en la solicitud de
amparo, guardó silencio.

19 Índice 4 de Samai.
20 Índice 7 de Samai. Mediante Oficios No. 199052 al 199056 del 6 de mayo de 2024, remitidos a

los buzones de correo electrónico: yeimy.reinoso@unidadvictimas.gov.co;
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co; yeimy.reinoso@unidadvictimas.gov.co;
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co;
adm14med@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
rosaelenav2@hotmail.com; hereramelisa@outlook.es; pola.vargas1965@gmail.com; herera-
melisa@outlook.es

. En el caso de las señoras Magnolia de Jesús, Gloria Elsi, Leopoldina de Jesús, Rosa Elena y Luz
Emilse Vargas Vargas, fueron notificadas mediante Oficios No. 202233 al 202236 del 10 de mayo
de 2024.
21 Índice 13 de Samai.
22 Índice 9 de Samai.

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Los demás intervinientes, pese a haber sido notificados del auto admisorio,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Andrea Nathalia Romero Figueroa, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por tanto, debe aplicarse el numeral 5º de la última
norma referida.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín vulneraron los derechos
fundamentales «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio», con ocasión del auto del 10 de abril de 2024,
mediante el cual se negó la inaplicación de la sanción impuesta a las señoras
Andrea Nathalia Romero Figueroa, en calidad de directora técnica (en
encargo) del Área de Reparaciones y a la señora María Patricia Tobón
Yagarí, en calidad de directora general de la UARIV, con multa de 1 SMLMV
a cada una, por desacato del fallo del 4 de julio de 2023?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial;(ii) evolución jurisprudencial del tema referente a la
procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de
desacato;(iii) generalidades de los defectos alegados; (iv) de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados y (v) el estudio del caso
concreto.

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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 23,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema24. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales25. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 26, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200527, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 28 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
24 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
25 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
27 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
28 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.

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no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra
los autos que resuelven el incidente de desacato

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de la siguiente manera:

«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte
ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que
por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones
que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces,
siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente
que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la
ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y
que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio
de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá
limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente
mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario
sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada29.

Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en contra
de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo
que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la
decisión de tutela que sirvió como base para promover el incidente.

Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el
juez natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en
contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un
Estado de Derecho.

29 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal Constitucional
fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas
en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional30”. (Subrayas
por fuera del texto)

30 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

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2.5. Generalidades de los defectos invocados

-Defecto por desconocimiento del precedente

Para esta Sala31, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho

Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen
los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea
para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele
la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos,
siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que
profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal32.

• Violación directa de la Constitución

Al respecto, la Corte Constitucional33 ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución
en los dos casos que se señalan a continuación.

El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto»34. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial

31 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
32 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
34 Ibidem

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por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia versa sobre un
derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se vulnera un
derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a
la Constitución35.

El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»36, y se fundamenta en
el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y, por
tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con
aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad»37.

-Defecto fáctico

Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201538, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos
a colación en la presente decisión.

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia cuentan con las
siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
Omisión de decreto
el problema jurídico sometido a consideración y ésta fue negada;
y práctica de
ello, sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar
pruebas
pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
indispensables
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
para fallar el asunto
que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se

35 Ibidem
36 Ibidem
37 Ibidem
38 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el
fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
Desconocimiento
aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
del acervo
juez.
probatorio
Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre
determinante para
que:
identificar la
1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
veracidad de los
el juez.
hechos alegados
2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
por las partes
oportunamente al proceso
3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para
variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
Valoración
2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en
irracional o
particular, la consideración del operador judicial se aleja
arbitraria de las
de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
pruebas aportadas
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional
por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento en legales para su producción o introducción al proceso. Así las
pruebas obtenidas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
con violación del apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
debido proceso problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba
que desconoce el debido proceso de las partes.

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Para su configuración corresponde:
1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues además de ser desacertado puede generar confusión al
fallador.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito 39, se
encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen
nombre y patrimonio» ante la posible configuración de una serie de yerros, ya que
se negó la inaplicación de la sanción impuesta a las accionantes, pese a que
durante el trámite incidental se demostró que ya se cumplió con el fallo de tutela,
pero que existe imposibilidad jurídica para informar la fecha cierta en que se
entregará la indemnización administrativa, puesto que debe regirse por el
procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019.

39 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

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En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar
suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de
las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer como la decisión que se
abstuvo de levantar la sanción impuesta quebrantan su derecho al debido proceso
ya que le es posible incumplir la orden y por tanto se incurrió en un defecto fáctico,
en desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, los
cuales se sintetizan en que la decisión genera un riesgo de sus garantías, ya que,
las sanciones de multa continúan vigentes para las accionantes.

Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni tampoco
que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima sobre la
posible vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, este último garantía de raigambre
constitucional (artículo 229), que establece el derecho de toda persona a acceder
a la administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la protección
o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley.

Además de que este caso involucra la discusión sobre la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso derivado de los defectos endilgados a la
accionada, que conllevó al Tribunal Administrativo de Antioquia a sancionarlas en
repetidas ocasiones por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela, y por
ende, no puede considerarse como una discusión meramente legal ni tampoco se
pretende utilizar la acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el
juez contencioso administrativo.

Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche.

2.6.2. Inmediatez

El requisito de inmediatez se tiene por satisfecho en el presente asunto, si se tiene
en cuenta que los autos del 18 de enero y del 10 de abril de 2024, por medio de
los cuales se negó la solicitud de inaplicación de la sanción, fueron notificado a las
partes e intervinientes mediante correos electrónicos del 18 de enero y del 11 abril
del mismo año. Así, sin que sea necesario establecer su fecha de de ejecutoria, se

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advierte que la acción de tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses
señalado por la jurisprudencia40.

2.6.3. Tutela contra tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del incidente de desacato identificado con radicado 05001-33-33-014-2023-00084-
00.

2.6.4. Subsidiariedad

En consideración a dicho requisito, por tratarse de decisiones que negaron la
solicitud de inaplicación de la sanción por desacato, se tiene que no son
susceptibles de recurso alguno, conforme lo dispone el Decreto 2591 de 1991.

2.7. Análisis del caso concreto

Es del caso resaltar por razones de transparencia que, en el Consejo de Estado,
se han tramitado 2341 tutelas de similar situación fáctica a la presente, y en 5 de
ellas42 se accedió al amparado los derechos fundamentales de las señoras María
Patricia Tobón Yagarí y Andrea Nathalia Romero Figueroa al encontrarse
acreditados los defectos alegados, en razón a la imposibilidad jurídica de brindar
una fecha cierta o indicar un plazo razonable para el pago de la indemnización
administrativa reconocida.43 En razón a ello la Sala realizará algunas precisiones
de orden metodológico.

Derecho de las víctimas a ser reparadas y el procedimiento para reconocer y
otorgar la indemnización por vía administrativa

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los derechos
de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral y en relación con la

40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4111001031500020230750200/111001031500020240205200/11001031500020240205300,110010

31500020240201400,11001031500020240156800,11001031500020240118100,11001031500020
240113700,11001031500020230686001,11001031500020240095600,1100103150002024001380
0,11001031500020230767200,11001031500020230750200,11001031500020230391801,1100103
1500020230686000,11001031500020230681900,11001031500020230312101,110010315000202
30312100, 11001-03-15-000-2024-01069-00
42 Todas proferidas por el Consejo de Estado, Sección Primera radicados:
11001031500020240058600, 11001031500020230681901, 11001031500020230386801,
11001031500020230391800, 11001031500020230387000.
43 La Sala indica que acogerá algunas de las consideraciones expuestas en dichas providencias en

el presente fallo por la similitud fáctica y jurídica que presentan.

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indemnización administrativa, concluyó que, por regla general, la acción de tutela
no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba procedente para otorgar
protección a la población víctima de desplazamiento en condición de extrema
vulnerabilidad.

Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201344 concluyó que las
disposiciones normativas que establecen plazos y límites en términos del
presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio de
responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas a la
indemnización, por cuanto dicho principio “es un criterio orientador de las ramas
del poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la virtualidad de
socavar derechos fundamentales».

Es decir, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley para la
entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto
del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.

En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la sentencia
T-025 de 200445, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces
de la República a que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de
reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el
número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad competente para
atenderla.

Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se estudiaron
las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos de la
UARIV a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa, sentencia
que será analizada por la Sala al abordar el defecto por desconocimiento del
precedente planteado por la actora.

De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del derecho a
la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de indemnizaciones
administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en consideración
las medidas adoptadas por el ejecutivo con la finalidad de indemnizar al universo
de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.

44 Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9 de
diciembre de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
45 En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de atención

a la población desplazada.

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Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las víctimas,
la UARIV víctimas expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 201946, en la
cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó
el método técnico de priorización para su desembolso.

El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago a saber: «El método tiene
como objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera
proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para
tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector»
(Resaltado por la Sala).

Igualmente, en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 201947 se establecen las
situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan lugar a la
priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y son las siguientes:

“Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los
efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:

a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este
grupo poblacional.

b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de
alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.

c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones
e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social o la Superintendencia de Salud.”

Reparos de la parte actora:

Consideró que la providencia acusada incurrió en los siguientes defectos: i)
desconocimiento del precedente48, al pasar por alto la sentencia SU-034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo; ii) fáctico, por valoración indebida del material probatorio

46 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015
y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”,
47 modificada por la Resolución 582 de 2021
48 Este defecto se analizará como un defecto por desconocimiento del precedente, pues se esta

alegando el desconocimiento de una sentencia.

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que establecía cuál era el procedimiento para la entrega de la indemnización
administrativa a las víctimas del conflicto armado y iii) violación directa de la
Constitución, al desconocer abiertamente los principios constitucionales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema
judicial y la buena fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está imposibilitada
para dar una fecha exacta de pago.

Teniendo en cuenta que los yerros están íntimamente ligados, ya que conducen a
demostrar que con el auto cuestionado se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados debido a que la UARIV adujo que era imposible dar una
fecha cierta de desembolso de la indemnización administrativa, por cuestiones
metodológicas la Sala los estudiará de manera conjunta.

Con el fin de determinar si se configuran los anteriores reparos, resulta necesario
recordar los fundamentos que condujeron a imponer la sanción por desacato que
se discute en el caso sub examine:

• El auto del 5 de julio de 2023, proferido por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, estableció que las
accionantes incurrieron en desacato por cuanto no habían dado
cumplimiento al fallo de tutela, pues, pese a realizar el estudio no determinó
la fecha estimada en la que se reconocería el pago de la indemnización a
las señoras Magnolia de Jesús, Gloria Elsi, Leopoldina de Jesús, Rosa
Elena y Luz Emilse Vargas Vargas.
• La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Medellín, con base en los mismos argumentos por auto del 6 de julio de
2023.
• La UARIV posteriormente, radicó en diversas oportunidades la solicitud de
inaplicación de la sanción. Inclusive, para el mes de octubre de 2023 aplicó
el Método Técnico de Priorización a las citadas personas, el cual arrojó
como resultado que no podían recibir aún el pago de la indemnización.
• Pese a que la UARIV ha hecho uso de los mecanismos establecidos para
resolver de fondo la solicitud, tanto el juzgado como el tribunal estimaron
que tales acciones no denotaban un cumplimiento del fallo de tutela.

Para la imposición de la sanción por desacato, es necesario que el juez verifique
la existencia de dos elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al
incumplimiento del fallo, y el subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la
sanción por desacato, exige establecer que el responsable fue negligente respecto
de su obligación.

En la sentencia SU-034 de 2018, la cual la actora considera desconocida se
señaló lo siguiente:

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-El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su
proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela.

-Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía
cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna
conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha
dado la oportunidad de hacerlo. (Énfasis de la Sala)

Ahora bien, para la Sala es dable concluir que, aun cuando el juzgado y el tribunal
afirmaron encontrar acreditados los elementos para la imposición de la sanción,
revisadas las providencias acusadas, se advierte que en ellas únicamente se hizo
un estudio respecto del elemento objetivo, pero no del subjetivo.

Lo anterior, toda vez que a lo largo del trámite incidental la UARIV explicó
detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a la sentencia de
tutela y el método que dispuso esa entidad. No obstante, en relación con la fecha
exacta de pago, situación que las autoridades judiciales accionadas le reprocharon
a lo largo del trámite incidental, la UARIV expuso que la misma se obtendría a
partir de la aplicación del método de priorización, el cual corresponde a un
proceso técnico que determina los criterios para proceder al desembolso, trámite
que se aplica de manera global y anualmente a todas las víctimas.

Al respecto, basta remembrar el escrito aportado por la citada entidad, calendado
del 26 de octubre de 2023 en el que solicitó la inaplicación de la sanción impuesta,
para lo cual aportó un comunicado de fecha 23 de octubre de 2023, en el que
aplicó el Método Técnico de Priorización y concluyó que no era procedente el
pago de la indemnización. Adicionalmente, dicho documento fue remitido vía
correo electrónico a las accionantes.

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En ese orden, para la Sala, se configuraron los defectos alegados toda vez que las
autoridades judiciales no podían dejar de analizar dichos informes y solicitudes de
inaplicación de la sanción, pues estos estaban encaminados a demostrar que, si
bien, no se podía señalar una fecha exacta para el desembolso de la
indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar la orden
judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste al señor Córdoba
Martínez, sino a la capacidad financiera con la que cuenta la entidad, así como la
complejidad del trámite que aquí se ha expuesto.

Así las cosas, para la Sala las autoridades desconocieron lo dispuesto en la
sentencia SU-034 de 2018, por medio de la cual se establecieron los elementos
que debe considerar el juez al resolver el incidente de desacato en tutela, pues
omitió valorar desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes de
cumplimiento y las solicitudes de inaplicación presentadas, que demostraban que
el juez no podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de
dicha reparación. Lo anterior, teniendo en cuenta que los plazos previstos
para ese pago están sujetos a la reglamentación citada, a los criterios de
priorización adoptados por la unidad, y a los principios de progresividad y
sostenibilidad.

2.8. Conclusión

Por lo expuesto, esta Sala:

-Concederá el amparo de los derechos fundamentales de la actora al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por encontrarse configurados
los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

-Dejará sin efectos las siguientes providencias judiciales: autos del 18 de enero y
10 de abril de 2024, en los que se negó la solicitud de inaplicación de la sanción.

-Se ordenará al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
que, en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta

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sentencia profieran la providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el método técnico de
priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso
de la indemnización administrativa reconocida a las señoras Magnolia de Jesús,
Gloria Elsi, Leopoldina de Jesús, Rosa Elena y Luz Emilse Vargas Vargas, con el
objeto de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad del 2 de mayo de 2023, y se logre la reparación integral
a las víctimas.

I. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, invocados por las señoras María Patricia
Tobón Yagarí y Andrea Nathalia Romero Figueroa, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS los autos del 18 de enero y 10 de abril de 2024.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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