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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02666-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02666-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Jesús Leandro Tarazona Moncada. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos del 16 de enero y 26 de febrero de 2025, proferidos por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, al interior del trámite incidental identificado con el radicado 11001-33-42-051-2024-00366-00/01/02/03. TERCERO: ORDENAR al Juzgado 51 Administrativo de Bogotá que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02666-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02666-00
Demandante: JESÚS LEANDRO TARAZONA MONCADA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el instrumento constitucional de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Jesús Leandro Tarazona Moncada, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y la
Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2.
Con su solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al buen nombre, al patrimonio y a la «tutela
judicial efectiva».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de los autos del 16 de enero y 26 de febrero de 2025, proferidos por el
Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente, al interior del trámite incidental dentro de la
acción de tutela con radicado 11001-33-42-051-2024-00366-00/01/02/03. En las
mencionadas providencias le fue impuesta una sanción por desacato, la cual se
confirmó en grado jurisdiccional de consulta.

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
El escrito de tutela fue radicado el 6 de mayo de 2025.

1
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de los suscritos.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CINCUENTA Y
UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN B, inaplicar la sanción impuesta al suscrito
mediante auto calendado el 16 de enero de 2025, consistente en multa de
uno (1) S.M.M.L.V. Decisión confirmada mediante auto del 26 de febrero de
2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las
solicitudes de modulación de fallo e inaplicación de las sanciones que
fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las
Víctimas, considerando los argumentos expuestos reiteradamente por las
accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas
contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B, que comunique a las autoridades encargadas de la
ejecución de la sanción pecuniaria, que las mismas se han levantado con
ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales
frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación
del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del
incidente de desacato.3.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Freddy Fonseca Ardila presentó acción de tutela contra la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

3
Transcripción literal que puede contener errores.

2
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Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

(UARIV), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital
y a la reparación integral. Ello, con ocasión de la falta de pago de la
indemnización administrativa que le fue reconocida en el año 2023 por ser víctima
del conflicto armado y a las justificaciones dilatorias por parte de la accionada.

6. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 51 Administrativo
de Bogotá, autoridad judicial que, mediante providencia del 28 de octubre de
2024, amparó el derecho fundamental de petición del señor Fonseca Ardila4. En
consecuencia, le ordenó a la UARIV dar respuesta a la petición elevada por el
actor, relacionada con la fecha exacta en que se le comunicaría el resultado del
método técnico de priorización aplicado el 8 de mayo de 2024.

7. Inconforme con la anterior decisión, la UARIV presento impugnación. Allí,
indicó que mediante comunicación Lex 829794 dio respuesta a la petición, por lo
que existía carencia actual de objeto por hecho superado. También informó que,
debido a la aplicación del método técnico de priorización y la falta de recursos,
no era posible proporcionar una fecha exacta para el pago de la indemnización
administrativa.

8. En sentencia del 21 de noviembre de 2024, la Sección Tercera,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia
de primera instancia. En concreto, mencionó que, si bien la UARIV aplicó el
método técnico de priorización y decidió sobre el reconocimiento de la
indemnización administrativa del accionante, hubo vulneración del derecho de
petición por cuanto la respuesta no fue de fondo, dado que no indicó la fecha en
la que se haría el pago de la medida, máxime cuando se trata de una víctima del
conflicto armado.

9. El 6 de diciembre de 2024, el señor Fonseca Marín presentó incidente de
desacato al considerar que la entidad demandada incumplió con la orden
contenida en el fallo de tutela del 28 de octubre de 2024 y confirmada en
sentencia de segunda instancia del 21 de noviembre de 2024.

10. Por lo anterior, mediante providencia del 10 de diciembre de 2024, el
Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá requirió a la UARIV
para que allegara los documentos que acreditaban el cumplimiento de la orden
judicial. Por su parte, la UARIV solicitó que se modulara el fallo de tutela, con
fundamento en que la orden era de imposible cumplimiento, dado que la entidad
no podía señalarle al actor «los plazos aproximados y orden en el que, de no ser
priorizada, la persona accederá a la indemnización administrativa».

11. Además, añadió que el 8 de mayo de 2024 fue aplicado el Método Técnico
de Priorización de la parte interesada, pero concluyeron que no era procedente
materializar la entrega de la medida indemnizatoria en vigencia fiscal 2024,

4
El proceso de tutela se identificó con radicado 11001-33-42-051-2024-00366-00.

3
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Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

debido a que el demandante no cumplió con el puntaje mínimo requerido para
ser priorizado.

12. Por lo anterior, el 16 de diciembre de 2024 el Juzgado 51 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá dio apertura al incidente de desacato y, en
providencia del 16 de enero de 2025 declaró que el señor Jesús Leandro
Tarazona Moncada, en calidad de director técnico de Reparación de la UARIV, y
la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez, en calidad de directora general de la
entidad, incurrieron en desacato. Por ende, los sancionó con multa de 1 SMLMV.
También negó la solicitud de modulación del fallo de tutela del 28 de octubre de
2024.

13. Mediante providencia del 26 de febrero de 2025, la Sección Tercera,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el grado
jurisdiccional de consulta en contra de la decisión reseñada en el numeral
anterior. Allí, la autoridad judicial revocó el auto del 16 de enero respecto a la
directora general de la UARIV, Lilia Clemencia Solano Ramírez, mientras que
confirmó la decisión que sancionó en desacato al señor Jesús Leandro Tarazona.

1.4. Sustento de la vulneración

14. El accionante indicó que las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en un defecto fáctico, comoquiera que valoraron de manera
defectuosa el material probatorio arribado al expediente de tutela. Agregó que no
se tuvieron en cuenta los escritos proferidos por la UARIV, ni la Resolución que
resolvió el reconocimiento de la medida indemnizatoria al actor.

15. Consideró que se presentó un defecto por desconocimiento del
precedente. Esto, al no haberse tenido en consideración lo establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se determinaron
las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia
modulen el cumplimiento del fallo.

16. También refirió que incurrieron en una violación directa de la
Constitución con las decisiones proferidas al interior de la acción de tutela,
debido a que transgreden sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la buena fe, en la
medida en que no tomaron en consideración el «[a]uto 206 de 2017» y el
procedimiento para el pago de indemnización administrativa.

17. De otro lado, el accionante hizo referencia a la imposibilidad material para
dar cumplimiento al fallo de tutela que motivó la sanción que le impuesta en
desacato. Al respecto, adujo que sin desconocer la calidad del señor Freddy
Alberto Fonseca Ardila, como víctima del conflicto armado, el mismo no
presentaba situaciones de vulnerabilidad o urgencia manifiesta para su
priorización en el pago de la indemnización administrativa.

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Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

18. También indicó que no está comprobado el elemento subjetivo para que
procediera la sanción en desacato.

1.5. Trámite de primera instancia

19. Por medio del auto del 9 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió
la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados a la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Además, dispuso la vinculación como terceros con interés de la UARIV, el señor
Freddy Alberto Fonseca Ardila, las señoras Clemencia Solano Ramírez y Zoraida
Hernández Pedraza y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta
última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

20. La autoridad judicial solicitó que no se accediera a las súplicas de la
demanda. Para el efecto, hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas
al interior del trámite de la acción de tutela 11001-33-42-051-2024-00366-
00/01/02/03.

21. Destacó que, en providencia del 12 de mayo de 2025 negó la solicitud
elevada por el señor Tarazona Moncada, relativa a la inaplicación de la sanción
que le fue impuesta en auto del 16 de enero de 2025, por cuanto en su trámite
se identificó e individualizó, de modo que se determinó su responsabilidad
subjetiva. Por lo demás, la sanción que impuso obedece a lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 21 de noviembre de
2024.

1.6.1. Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca

22. Se limitó a remitir copias del expediente de tutela identificado con el
radicado 11001-33-42-051-2024-00366-00/01/02/03.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la Sección Tercera, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 51 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

24. El señor Jesús Leandro Tarazona Moncada solicitó en su escrito de
demanda que se decretara como medida provisional la suspensión de la multa
impuesta por las autoridades judiciales accionadas en providencias del 16 de
enero y del 26 de febrero de 2025. Al respecto, adujo que existía una vocación
de aparente viabilidad de la presente demanda, dado que, en casos con
situaciones fácticas y jurídicas similares, esta colegiatura ha tutelado los
derechos fundamentales de los accionantes.

25. Para sustentar su afirmación, citó las sentencias 11001-02-03-000-2024-
02099-00 del 27 de junio de 2024, 11001020400020240134900 del 4 de julio de
2024, 75456 del 9 de julio de 2024, 11001-02-03-000-2024-02400-00 del 17 de
julio de 2024, 11001-02-03-000-2024-02862-00 del 1 de agosto de 2024 y
110010315000202406350-00 del 23 de enero de 2025. Precisó que en tales
oportunidades se ha determinado que los falladores incurrieron en
desconocimiento de la sentencia SU-034 de 2018 y en defecto fáctico al no tener
presente la Resolución 1049 de 2019 de la UARIV, ni los informes rendidos por
la entidad en relación con la imposibilidad de cumplir las órdenes.

26. Asimismo, refirió que es evidente la afectación de sus garantías
fundamentales al patrimonio económico, buen nombre y libertad. Y, en todo caso,
señaló que acceder a la medida provisional no era desproporcionado.

27. Al respecto, se precisa que, como la medida provisional esta
intrínsecamente relacionada con el objeto de la presente acción constitucional y,
en últimas, es la pretensión principal de la solicitud de amparo, el análisis de esta
será abordado de fondo en esta instancia procesal, en caso de que se encuentren
acreditados los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial.

2.3. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el señor Jesús
Leandro Tarazona Moncada está legitimado en la causa por activa, por ser la
persona sancionada por desacato en las providencias reprochadas en esta
oportunidad.

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30. De otro lado, la Sala evidencia que la Sección Tercera, Subsección B del
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 51 Administrativo de
Bogotá están legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las
autoridades judiciales que profirieron las providencias que se cuestionan por esta
vía y a las que se les adjudica la transgresión ius fundamental.

2.4. Problemas jurídicos

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta, el material probatorio
recaudado y el informe presentado, los problemas jurídicos a resolver en el caso
concreto son los siguientes:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

● ¿La Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, al
patrimonio y a la «tutela judicial efectiva» del señor Jesús Leandro Tarazona
Moncada, al proferir los autos del 16 de enero y 26 de febrero del 2025?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela
contra los autos que resuelven el incidente de desacato, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iv) el caso
concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

7
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35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

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establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela
contra los autos que resuelven el incidente de desacato

40. La Corte Constitucional, en la sentencia T - 482 de 2013, sostuvo lo
siguiente:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en
el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la
Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es
claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman
decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las
partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela,
debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán
ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en
ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover
el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra
un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del
fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que
hizo tránsito a cosa juzgada.

41. Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de
desacato, lo que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se
pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió como base para promover el
incidente.

42. Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos
por el juez natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va
en contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes
en un Estado de Derecho.

9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

43. Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal
Constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes
términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional10.
(Subrayado por fuera del texto)

2.7. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.7.1 Relevancia constitucional

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

10
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44. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

45. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los criterios
jurisprudenciales acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

46. El accionante formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto de
esta acción constitucional: i) defecto fáctico por indebida valoración probatoria, ii)
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional y, iii) violación directa de la Constitución
porque las decisiones sancionatorias transgreden sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y
a la buena fe.

47. Sobre el particular, para la Sala, es necesario precisar que este requisito11
se encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron los
derechos fundamentales referidos en el numeral anterior, debido a que las
providencias sancionatorias desconocieron que, pese a que en el trámite
incidental se demostró que el señor Freddy Alberto Fonseca Ardila no cumplía
con los requisitos para ser priorizado, existe la imposibilidad jurídica para informar
la fecha cierta en que se entregará la indemnización administrativa, puesto que
debe regirse por el procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución 1049
de 2019.

48. En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de

11
Véase: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23 de mayo de 2024, radicado núm.
11001-03-15-000-2024-01069-00 y sentencia del 6 de junio de 2024. Radicado núm. 11001-03-
15-000-2024-02053-00.

11
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evidenciar suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer como la
decisión que se abstuvo de levantar la sanción impuesta quebranta su derecho
al debido proceso ya que le es posible incumplir la orden. Por tanto, a su juicio,
se incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, los cuales se sintetizan en que la decisión genera un
riesgo de sus garantías, ya que, las sanciones de multa continúan vigentes.

49. Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni
tampoco que se limite a cuestiones económicas, pues se trata de una duda
legítima sobre la posible vulneración de principios constitucionales como el
acceso a la administración de justicia, que ampara el derecho de toda persona a
solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los
derechos que consagran la Constitución y la ley.

50. Además, este caso involucra la discusión sobre la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso derivado de los defectos que habrían
conducido a las autoridades judiciales a sancionar al señor Tarazona Moncada
por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela. En ese orden, se reitera que
lo pretendido por la accionante no puede considerarse como una discusión
meramente legal ni tampoco que pretende utilizar la acción de tutela para reabrir
un debate jurídico cerrado por el juez contencioso administrativo.

51. Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya
controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico,
sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la
decisión judicial objeto de reproche.

2.7.2. Tutela contra tutela

52. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de posibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues las providencias reprochadas fueron proferidas al interior
del trámite incidental dentro de la acción de tutela con radicado 11001-33-42-051-
2024-00366-00/01/02/03.

2.7.3 Subsidiariedad

53. La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.

2.7.4. Inmediatez

12
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54. También se acredita el requisito de inmediatez, pues el accionante
cuestiona los autos 16 de enero y 26 de febrero de 2025, proferidos por el
Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Como la solicitud de amparo fue radicada el 6 de mayo de 2025,
sin necesidad de verificar su ejecutoria, se advierte que la presentación de la
tutela fue oportuna.

2.7.5. Identificación razonable de los hechos

55. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.

56. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió en
los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

57. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales del tutelante ante la presunta
configuración de los cargos formulados.

2.8. Generalidades de los defectos invocados

2.8.1 Defecto fáctico

58. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201512, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

59. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso.

60. Este cargo, procede cuando a la luz de los postulados de la sana crítica la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente equivocada y por

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12
de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

13
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ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado. Para su procedencia, se
requiere entonces que la parte: i) precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique la razón del por qué en
cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera la incidencia de la
prueba en el fallo atacado.

2.8.2. Desconocimiento del precedente

61. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente13.

62. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos14 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

63. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8.3. Violación directa de la Constitución:

64. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Carta en los dos casos que se señalan a continuación15.

65. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»16. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución17.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-198 de 2013.
16
Ibidem
17
Ibidem

14
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66. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»18, y se
fundamenta en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma
de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad»19.

2.9. Sanciones por desacato en las órdenes de reconocimiento de la
indemnización administrativa

67. La Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En
relación con la indemnización administrativa, concluyó que, por regla general, la
acción de tutela no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba
procedente para otorgar protección a la población víctima de desplazamiento en
condición de extrema vulnerabilidad.

68. Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201320, concluyó que las
disposiciones normativas que establecen plazos y límites en términos del
presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio de
responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas a la
indemnización, por cuanto dicho principio «es un criterio orientador de las ramas
del poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la virtualidad de
socavar derechos fundamentales».

69. Es decir, para la Corte es viable la aplicación de criterios e instrumentos
de priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley
para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el
contexto del conflicto armado, con miras a viabilizar la adecuada reparación
integral de las víctimas, conforme a los principios de igualdad, gradualidad y
progresividad.

70. En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la
sentencia T-025 de 200421, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que exhortó a
los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir temporalmente
órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por
desacato, dado el número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad

18
Ibidem
19
Ibidem
20
Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9 de
diciembre de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
21
En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de
atención a la población desplazada.

15
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competente para atenderla.

71. Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se
estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos
de la UARIV a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa,
sentencia que será analizada por la Sala al abordar el defecto por
desconocimiento del precedente planteado por la actora.

72. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar
en consideración las medidas adoptadas por el ejecutivo con la finalidad de
indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al
mismo tiempo.

73. Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 201922, en la
cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y
creó el método técnico de priorización para su desembolso.

74. El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago a saber: «[e]l método tiene
como objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera
proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para
tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector»
(Resaltado por la Sala).

75. Igualmente, en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 201923 se establecen
las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan lugar a
la priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y son las
siguientes:

Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los
efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a
este grupo poblacional.

22
Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015
y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”,
23
Modificada por la Resolución 582 de 2021.

16
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b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de
alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio
de Salud y Protección Social o la Superintendencia de Salud.

2.10. Caso en concreto

76. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, a juicio de la parte
accionante, los autos del 16 de enero y 26 de febrero de 2025, proferidos las
autoridades judiciales accionadas, mediante los cuales fue sancionado por
desacato tras considerar que no cumplió la orden impartida en el fallo del 21
noviembre de 2024, incurrieron en los siguientes defectos:

i) Fáctico por indebida valoración probatoria y omisión de análisis de la
Resolución No. 1049 de 2019 que contiene el procedimiento de la
indemnización administrativa.
ii) Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-034 de
2018 proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las
reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia
modulen el cumplimiento del fallo y;
iii) Violación directa de la Constitución por vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a
la confianza legítima y a la buena fe, al no tener en cuenta que la UARIV
está imposibilitada para dar una fecha exacta de pago.

77. Teniendo en cuenta que los yerros están íntimamente ligados, ya que
conducen a demostrar que con las providencias reprochadas se configuró la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, debido a que la UARIV
adujo que era imposible dar una fecha cierta del desembolso de la indemnización
administrativa, por cuestiones metodológicas la Sala los estudiará de manera
conjunta.

78. Con el fin de determinar si se configuran los anteriores reparos, resulta
necesario poner de presente los fundamentos que condujeron a imponer la
sanción por desacato que se discute en el caso sub examine:

i) Mediante auto proferido el 16 de enero de 2025, el Juzgado 51
Administrativo de Bogotá declaró que el señor Jesús Leandro Tarazona
Moncada, en calidad de director Técnico de Reparaciones de la UARIV,
incurrió en desacato y lo sancionó con multa de 1 salario mínimo mensual
legal vigente. Esto, tras considerar que, pese a que se informó el resultado
negativo del método de priorización, no le señaló al accionante los plazos
aproximados en el se realizará el pago.

ii) Por auto del 26 de febrero de 2025, en grado jurisdiccional de consulta, la

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Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la sanción, debido a que no existían medios de
prueba suficientes que acreditaran el cumplimiento del fallo de tutela y
aún persistía la vulneración del derecho fundamental de petición del actor.

79. Ahora bien, para la imposición de la sanción por desacato, es necesario
que el juez verifique la existencia de dos elementos: i) el objetivo, que hace
referencia al incumplimiento del fallo, y ii) el subjetivo, que, dada la naturaleza
disciplinaria de la sanción por desacato, exige establecer que el responsable fue
negligente respecto de su obligación.

80. En la sentencia SU-034 de 2018, la cual se alega como desconocida por
la parte actora, se señaló lo siguiente:

El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su
proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela.
Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía
cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna
conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha
dado la oportunidad de hacerlo. (Énfasis de la Sala)

81. Para la Sala es dable concluir que, aun cuando el juzgado y el tribunal
afirmaron encontrar acreditados los elementos para la imposición de la sanción,
revisadas las providencias acusadas, se advierte que en ellas únicamente se hizo
un estudio respecto del elemento objetivo, pero no del subjetivo.

82. Lo anterior, toda vez que a lo largo del trámite incidental la UARIV explicó
detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a la sentencia
de tutela y el método que dispuso esa entidad. No obstante, en relación con la
fecha exacta de pago, situación que las autoridades judiciales accionadas le
reprocharon a lo largo del trámite incidental, la UARIV expuso que la misma se
obtendría a partir de la aplicación del Método Técnico de Priorización, el cual
corresponde a un proceso en el que se estudian diversos criterios para proceder
al desembolso, trámite que se aplica de manera global y anualmente a todas las
víctimas.

83. Al respecto, la UARIV puso de presente en que el 8 de mayo de 2024
aplicó dicho sistema para determinar si el señor Fonseca Ardila cumplía con los
requisitos para ser priorizado. No obstante, concluyó que no obtuvo el puntaje
mínimo para la priorización en la entrega de la indemnización administrativa.
Asimismo, le indicó que el pago dependía de la disponibilidad presupuestal de la
entidad, motivo por el cual no era posible la entrega efectiva de los recursos.

84. Adicionalmente, refirió que dicho documento fue remitido a las siguientes

18
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direcciones electrónicas:

85. En ese orden, para la Sala, se configuraron los defectos alegados, toda
vez que las autoridades judiciales no podían dejar de analizar dichos informes,
pues estos estaban encaminados a demostrar que, si bien, no se podía señalar
una fecha exacta para el desembolso de la indemnización reconocida, ello no fue
por un desinterés en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al
derecho que le asiste al señor Fonseca Ardila, sino a la incapacidad financiera
con la que cuenta la entidad, así como la complejidad del trámite que aquí se ha
expuesto.

86. Así las cosas, para la Sala, las autoridades judiciales accionadas
desconocieron lo dispuesto en la sentencia SU-034 de 2018, por medio de la cual
se establecieron los elementos que debe considerar el juez al resolver el
incidente de desacato en tutela, pues omitieron valorar desde la óptica de la
responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento que demostraban que el
juez no podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de dicha
reparación. Lo anterior, teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese
pago están sujetos a la reglamentación citada, a los criterios de priorización
adoptados por la unidad, y a los principios de progresividad y sostenibilidad.

2.11. Conclusión

87. Con fundamento en las consideraciones expuestas con antelación, se
concederá la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, por
encontrarse configurados los defectos fácticos, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución.

88. Por lo tanto, se dejarán sin efectos los autos del 16 de enero y 26 de
febrero de 2025, proferidos por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y la
Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente. En consecuencia, se le ordenará al Juzgado 51 Administrativo

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Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

de Bogotá que, en el término de (10) días, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

89. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con
la reglamentación citada, debe continuar aplicando anualmente el método técnico
de priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo
desembolso de la indemnización administrativa reconocida al señor Freddy
Fonseca Ardila mediante la sentencia del 21 noviembre de 2024 proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
segunda instancia y en la Resolución No. 04102019-994713 del 17 de marzo de
2021 emitida por la UARIV, con el objeto de dar cumplimiento a la orden de tutela,
y se logre la reparación integral de la víctima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor Jesús Leandro Tarazona
Moncada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos del 16 de enero y 26 de febrero de
2025, proferidos por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá y la Sección
Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, al interior del trámite incidental identificado con el radicado
11001-33-42-051-2024-00366-00/01/02/03.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado 51 Administrativo de Bogotá que, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la
providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

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Demandante: Jesús Leandro Tarazona Moncada
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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