Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00452-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00452-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00452-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2025-00452-01
Accionante: FRANCENED RAMÍREZ LUNA
Accionado: JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma: niega.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primer grado por la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27 de junio de 2025. En ese
fallo se negaron las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Francened Ramírez Luna, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá1. Con su solicitud
de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de petición, al acceso a la administración de justicia «oportuna y
cumplida, dignidad humana, los principios de confianza legítima y demás del
mismo rango que encuentre vulnerados el despacho».
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión del auto del 14 de mayo de 2025, proferido por el Juzgado 25
Administrativo de Bogotá, al interior de la acción de tutela identificada con
radicado 11001-33-35-025-2025-00056-00. En la mencionada providencia la
autoridad judicial se abstuvo de abrir un incidente de desacato.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Solicito, al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, AMPARAR
1
El escrito de tutela fue radicado el 13 de junio de 2025.
Accionante: Francened Ramírez Luna
Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
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los derechos fundamentales invocados y descritos y, en su lugar, REVOQUE o
DEJE SIN EFECTOS el Auto del Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá. Como consecuencia, ORDENE proferir una nueva decisión en el
incidente de desacato que se ajuste plenamente a la orden del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
2. ORDENE a la UARIV realizar las actuaciones específicas que exige la
accionante, como:
a) Aplicar el Método Técnico de Priorización, de manera transparente y
verificable, y que el resultado, así como el sustento del mismo incluyendo su
puntaje, el puntaje mínimo de corte para la presente vigencia y el presupuesto
asignado para indemnizaciones no priorizadas le sea comunicado de forma clara,
detallada y comprensible.
b) Si, tras la aplicación del MTP, no resulta priorizada, que la entidad informe el
turno correspondiente para el desembolso o, alternativamente, un plazo cierto y
razonable en el que se efectuará el pago, que no supere los 60 días establecidos
por el Honorable Consejo de Estado incluso para los casos no priorizados como
el presente.
c) ORDENAR a la Unidad para las Victimas informar el turno o plazo, y acredite
la imposibilidad de un pago más pronto presentando evidencia concreta de:
-, El universo total de víctimas con derecho a indemnización administrativa a
quienes se aplicó el MTP en la vigencia fiscal actual o la que se aplicará
próximamente.
-, La lista o número de víctimas priorizadas y pagadas en la vigencia actual y la
justificación de la priorización frente al presente caso si aplica.
-, El monto total del presupuesto asignado para el pago de indemnizaciones
administrativas (priorizadas y no priorizadas) en la vigencia fiscal actual y una
explicación de cómo se distribuyen o agotan esos recursos.
-, Información objetiva que sustente la comparativa de vulnerabilidad que
justifique el turno de espera asignado al grupo familiar de la accionante frente a
otras víctimas.
-, EXHORTAR a la Unidad para las Victimas emitir los oficios remisorios ante
cada una de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Victimas SNARIV para que dentro de la órbita de sus
competencias vinculen a la accionante a la oferta estatal; como fue solicitado […]
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La señora Francened Ramírez Luna presentó acción de tutela contra la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en lo sucesivo UARIV), por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y dignidad.
6. Ello, con ocasión de la falta de respuesta de fondo a las solicitudes que
radicó los días 3 y 14 de diciembre de 2024 y mediante las cuales pidió el pago
de la indemnización administrativa por hecho victimizante de desplazamiento
forzado.
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7. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 25 Administrativo
de Bogotá. Dicha autoridad judicial, mediante providencia del 26 de febrero de
2025, amparó el derecho fundamental de petición de la señora Ramírez Luna y
negó la protección de las demás garantías fundamentales solicitadas2. En
consecuencia, le ordenó a la UARIV dar respuesta a la petición elevada por la
actora, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la decisión.
8. Inconforme con la anterior decisión, la UARIV y la accionante presentaron
impugnación. La primera, por su parte, indicó que tal entidad dio respuesta a las
peticiones los días 3 y 16 de diciembre de 2024 y ambos fueron debidamente
notificados. Agregó que, en tales oportunidades le informó a la peticionaria sobre
el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y la aplicación del
método técnico de priorización.
9. Por su parte, la señora Ramírez Luna, expresó que el a quo no reconoció
de manera adecuada sus derechos fundamentales. Al tiempo que, la UARIV no
le notificó las respuestas a las que hizo referencia, situación que transgredió su
derecho de contradicción y debido proceso.
10. En sentencia del 25 de marzo de 2025, la Sección Primera, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera
instancia. En consecuencia, amparó los derechos de petición y debido proceso
de la accionante y le ordenó a la directora técnica de reparaciones de la Unidad
para las Víctimas, Zoraida Hernández Pedraza o quien hiciera sus veces:
[…] que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la providencia,
proceda a realizar el estudio de las condiciones que presenta el grupo familiar de
la actora, y a aplicar el Método Técnico de Priorización, y los criterios de
priorización establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, para la
asignación de turno y pago de la indemnización administrativa.
En caso de que se determine por parte de dicha entidad que las mismas no son
suficientes para priorizar la entrega de la medida de indemnización
administrativa, se le indique a Francened Ramírez Luna el turno que le
corresponde para hacer efectivo el desembolso o el plazo cierto en que se
efectuará el pago de la medida, exponiendo los motivos que sustenten la decisión
adoptada, evaluando minuciosamente los elementos técnico y de contexto, de
acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. [Sic]
11. El 28 de abril de 2025, la accionante presentó incidente de desacato al
considerar que la entidad demandada incumplió con la orden contenida en el fallo
de tutela 26 de febrero de 2025 y confirmada en sentencia de segunda instancia
del 25 de marzo de 2025.
12. El 29 de abril del presente año, se dio traslado del incidente a la autoridad
2
El proceso de tutela se identificó con radicado 11001-33-35-025-2025-00056-00.
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judicial.
13. Mediante memorial del 7 de mayo de 2025, la actora adujo que la entidad
le dio respuesta el 11 de abril del mismo año le informó a la accionante que no
tenía el resultado final y definitivo de la aplicación del método técnico de
priorización para la vigencia fiscal 2025, y la disponibilidad presupuestal. Por
ende, le era imposible cumplir con la orden alternativa del juez de fijar fecha y
turno cierto.
14. En auto del 8 de mayo de 2025, el juzgado accionado puso en
conocimiento de la autoridad enjuiciada tal memorial y esta, a su turno, indicó el
método técnico de priorización arrojó un método un resultado no favorable. De
ahí que, era imposible informar fecha cierta de pago de indemnización.
15. Por lo anterior, en providencia del 14 de mayo de 2025 el juzgado se
abstuvo de abrir incidente de desacato e instó a la directora técnica de
reparaciones de la Unidad para las Víctimas a continuar aplicando anualmente el
método técnico de priorización, con el fin de establecer el turno para el respectivo
desembolso de la indemnización administrativa reconocida a la accionante y su
grupo familiar, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de 25 de marzo
de 2025.
1.4. Sustento de la vulneración
16. El accionante indicó que la autoridad judicial demandada no verificó si la
UARIV dio cumplimiento a la parte de la orden que exigía indicar el turno que le
corresponde o el plazo cierto en caso de que no hubiera lugar a la priorización
para el reconocimiento efectivo de su indemnización administrativa, aun cuando
ello resultaba contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado y el mismo juez de la segunda instancia quien había concluido que la
falta de fecha de pago cierto contradecía el derecho a la reparación integral.
17. Afirmó que el juzgado accionado «prevaricó, al no verificar el cumplimiento
del fallo de tutela; y que las razones que tuvo en cuenta para declarar no abrir
desacato fueron sustentadas en consideraciones que no son propias del
incidente de desacato» [Sic].
18. Acto seguido, alegó que, con la decisión, la autoridad judicial incurrió en
los siguientes requisitos específicos de procedencia de tutela contra providencia
judicial:
• Falta de motivación: al no demostrar de forma suficiente por qué aceptó
que era imposible dar una fecha cierta o turno futuro como lo ordenó el
Tribunal.
• Defecto procedimental: al aceptar la aplicación del método con resultado
desfavorable como justificación para no exigir una fecha cierta, sin que
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aquello pueda considerarse como un aspecto propio del incidente de
desacato.
• «Quebrantamiento de la Constitución»: aunque citó jurisprudencia que
respalda la aplicación del método de priorización y las limitaciones
presupuestales, al no garantizar la fijación de un plazo o turno cierto futuro
a pesar de la mora reconocida por el tribunal, la dejó en un estado de
incertidumbre indefinida, en contravía de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, tutela
judicial efectiva, reparación integral, etc.
• Orgánico: porque se alejó totalmente de su deber funcional, desconoció el
procedimiento y debido proceso aplicable al caso concreto.
• Sustantivo. Desconoció las reglas del trámite de incidente desacato
dispuestas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y el
precedente jurisprudencial contenido en sentencia C-367 de 2014 que
establece que la decisión del incidente debe adoptarse dentro de los 10
días siguientes a la radicación de la solicitud.
• Fáctico: no valoró adecuadamente las pruebas, dado que reabrió el debate
procesal que ya había precluido procesalmente en el trámite de la tutela.
19. De otro lado, afirmó que la sentencia SU-034 de 2018 demostraba de
forma fehaciente que la UARIV tiene la capacidad y el procedimiento para fijar
una fecha o turno, sin que pueda exonerarse en una orden que ya demostró
cumplir en el pasado y que fue base para que sus funcionarios fueran exonerados
de responsabilidad en un caso previo.
1.5. Trámite de primera instancia
20. Por medio del auto del 13 de junio de 2025, la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la solicitud
de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al
Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Además, dispuso la
vinculación como tercero con interés de la UARIV.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
21. La autoridad judicial explicó que mediante providencia del 14 de mayo de
2025 se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato promovido dentro de
la acción de tutela 11001-33-35-025-2025-00056-00, tras considerar que la
UARIV había acatado la orden emanada por el Tribunal de Cundinamarca, pues
había aplicado el método técnico de priorización a la accionante y a su grupo
familiar.
22. En lo que concierne a una fecha cierta de pago, precisó que no era posible
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su determinación, so pena de quebrantar el derecho a la igualdad de aquellas
personas que de tiempo atrás están a la espera de tales desembolsos porque el
resultado del método técnico de priorización les había sido desfavorable.
Además, porque no se le podía obligar a lo imposible.
23. Para sustentar lo anterior, indicó que el despacho había hecho referencia
a la sentencia SU-034 de 2018 que justamente se había referido a hechos
similares, así como a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en el
que también se debatieron asuntos como aquel y en los que se dispuso el
levantamiento de la sanción por desacato dada la imposibilidad jurídica de
establecer una fecha cierta o plazo para el pago de indemnización.
24. En vista de lo anterior, adujo que dicho operador judicial no vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora y pidió que se negaran las
pretensiones acá elevadas.
1.6.2. UARIV
25. Solicitó que se niegue la solicitud de amparo toda vez que no ha vulnerado
los derechos invocados por la parte actora. De forma subsidiaria, pidió que se
declare la improcedencia, toda vez que la Unidad de Víctimas carece de
legitimación para atender lo pretendido.
26. Al respecto, la autoridad precisó que no tiene competencia para revocar el
auto que decidió sobre el incidente de desacato en la acción de tutela con
radicado 11001-33-35-025-2025-000566-00. Por el contrario, señaló que su fin
natural es realizar un acompañamiento a las personas incluidas en el RUV como
víctimas del conflicto armado a acceder a los beneficios que restablezcan los
derechos que les fueron arrebatados en el momento de ocurrencia de los hechos
que padecieron.
27. En ese sentido, hizo una exposición del procedimiento administrativo para
otorgar la medida de indemnización administrativa en los términos de la
Resolución 1049 de 2019 y las etapas que deben ser agotadas. También indicó
que ha actuado dentro de los límites impuestos por el debido proceso
administrativo y el principio de legalidad.
1.7. Sentencia de primera instancia
28. Mediante providencia del 27 de junio de 2025, la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de
amparo. Como fundamento de su decisión, consideró que no se identificaba
alguno de los defectos alegados en relación con la decisión objeto de reproche.
29. En concreto, el a quo indicó que la autoridad accionada había examinado
y valorado los elementos de juicio arribados al expediente; en particular, el
informe rendido por la UARIV en el que se habría dado aplicación al
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procedimiento establecido para la priorización de los pagos de indemnización
administrativa mediante el método técnico de priorización.
30. Sin embargo, evidenció que la UARIV había realizado lo ordenado en el
fallo de tutela, dado que el 9 de abril de 2025 realizó un nuevo análisis de
priorización realizado cuyo resultado no fue favorable para la entrega de la
medida indemnizatoria. Por lo tanto, estimó que la decisión proferida en el trámite
del incidente no encuadraba dentro de ninguno de los supuestos de los defectos
contra providencia judicial.
1.8. Impugnación
31. La actora iteró en su mayoría las alegaciones presentadas desde el escrito
contentivo de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de junio de
2025 por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
33. Antes de resolver el asunto sometido a estudio a esta Sala de decisión, es
necesario precisar que aun cuando la parte actora le adjudicó a la providencia
objeto del presente mecanismo constitucional varios defectos, su argumento
central parte de la inconformidad de que el juez de tutela hubiera dado por
cumplidas las órdenes emitidas en sentencia del 25 de marzo de 2025 por la
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
únicamente a partir de la aplicación del método técnico de priorización
adelantado por la UARIV.
34. Adujo que tal decisión perpetúa la situación de indefinición e
indeterminación de las condiciones para el disfrute de sus derechos como víctima
del conflicto armado; especialmente, el de reparación integral reconocido por la
misma Carta Política, toda vez que desconoce la fecha cierta para el pago de la
indemnización administrativa que se le reconoció a su favor y de la cual no tiene
certeza del desembolso efectivo.
35. En su sentir, lo correcto era seguir el procedimiento dispuesto por el
Decreto 2591 de 1991 para el trámite del incidente de desacato y, por lo tanto,
pidió que se le ordenara al juzgado accionado adoptar una decisión que se ajuste
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a lo concedido en la acción de tutela, de modo que se pueda revisar a detalle si
se cumplieron los presupuestos reconocidos en la acción constitucional como un
todo y no solo limitada a la aplicación del método técnico de priorización.
36. En vista de lo anterior y, en caso de superarse el análisis de los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala abordará
el caso concreto a partir de la posible configuración de un defecto procedimental
absoluto en conjunto con la presunta violación de la Constitución Política, toda
vez que aquellos yerros encuadran dentro de los argumentos centrales de la
solicitud de amparo.
2.3. Legitimación en la causa
37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
38. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la señora Francened
Ramírez Luna está legitimada en la causa por activa, toda que fue la accionante
al interior de la tutela identificada con el radicado 11001-33-35-025-2025-00056-
00.
39. De otro lado, la Sala evidencia que el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá
está legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad judicial
que profirió la providencia que se cuestiona por esta vía y a la que se le adjudica
la transgresión ius fundamental.
2.4. Problemas jurídicos
40. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado, los informes presentados, el escrito de
impugnación y el estudio oficioso del caso, a la Sala le corresponde determinar
si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de junio de 2025 dictada por la
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
41. Para esto, le corresponde a la Sala resolver si
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
42. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
● ¿El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá vulneró los derechos
fundamentales invocados por la señora Francened Ramírez Luna, al proferir el
auto del 14 de mayo de 2025 al interior de la acción de tutela con radicado 11001-
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Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01
33-35-025-2025-00056-00, mediante la cual se abstuvo de abrir incidente de
desacato?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales5.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia7 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
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procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1 Relevancia constitucional
50. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional:
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
51. A partir de la anterior exposición, la sala encuentra que la solicitud de
amparo reviste de relevancia constitucional. En concreto, se estima que el hecho
de que la autoridad judicial accionada se hubiera abstenido de darle apertura al
trámite incidental pudo cercenar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia de la señora Ramírez Luna.
52. Lo anterior obedece a que, además de haber expuesto las razones por las
cuales consideró que la providencia reprochada impactó sus derechos
fundamentales, es probable que exista una seria tensión del acceso a la
administración de justicia, por la posibilidad de que se le haya privado de la
garantía a conocer si realmente las órdenes concedidas a su favor en virtud de
una acción de tutela, fueron debidamente acatadas o no, pues de entrada se
cerró la posibilidad de hacerle seguimiento a su cumplimiento.
53. Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni
tampoco que se limite a cuestiones económicas. Por el contrario, se trata de una
duda legítima sobre la posible vulneración de principios constitucionales como el
acceso a la administración de justicia, que ampara el derecho de toda persona a
solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los
derechos que consagran la Constitución y la ley.
54. Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante, quien por
demás ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional por ser
víctima del desplazamiento forzado, cuya controversia no se enfocó en un debate
de orden de contenido legal o económico, sino que se justificó en una notoria
tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial objeto de reproche.
2.6.2. Tutela contra tutela
55. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de procedencia, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
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misma naturaleza, pues la providencia reprochada fue proferida al interior del
trámite incidental dentro de la acción de tutela con radicado 11001-33-35-025-
2025-00056-00.
2.6.3 Subsidiariedad
56. La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
2.6.4. Inmediatez
57. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la accionante
cuestiona el auto del 14 de mayo de 2025, proferidos por el Juzgado 25
Administrativo de Bogotá. Como la solicitud de amparo fue radicada el 13 de junio
de 2025, sin necesidad de verificar su ejecutoria, se advierte que la presentación
de la tutela fue oportuna.
2.6.5. Identificación razonable de los hechos
58. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.
59. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió en
el defecto procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.
60. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante ante la presunta
configuración de los cargos aludidos.
2.7. Generalidades de los defectos invocados
2.7.1 Defecto procedimental
61. Debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha señalado que este
defecto tiene lugar en dos eventos:
(a) el defecto procedimental absoluto ocurre cuando “se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya
sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el
cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso”.[30] (b) El defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto,
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ocurre cuando la autoridad judicial“(…) un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por
esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; es decir, el
funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los
hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho
procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de
derechos fundamentales”8
62. Como fue visto, el defecto procedimental absoluto tiene lugar en aquellos
eventos en los cuales el operador judicial se aparta del procedimiento legalmente
establecido para el asunto sometido a su consideración.
2.7.2. Violación directa de la Constitución
63. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Carta en los dos casos que se señalan a continuación9.
64. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»10. En este evento, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución11.
65. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»12, y se
fundamenta en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma
de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad»13.
2.8. Caso en concreto
66. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, a juicio de la parte
accionante, el auto del 14 de mayo de 2024 incurrió en defecto procedimental y
violación directa de la Constitución, pues se apartó «del procedimiento legal
8
Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-198 de 2013.
10
Ibidem
11
Ibidem
12
Ibidem
13
Ibidem
13
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establecido». Ello, en la medida que se abstuvo de la posibilidad de analizar el
cumplimiento de lleno de las órdenes dictadas en el trámite de la segunda
instancia de la acción de tutela, a partir de la mera validación de que la UARIV
aplicó el método técnico de priorización.
67. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 27 de
junio de 2025 por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que negó la solicitud de amparo constitucional de la referencia,
toda vez que no se advierte que la providencia reprochada ocasionara una
afectación iusfundamental en perjuicio de la señora Francened Ramírez Luna,
como pasa a explicarse.
68. Conviene recordar que, en sentencia del 26 de febrero de 2025, el Juzgado
25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá tuteló el derecho fundamental
de petición de la señora Ramírez Luna y le ordenó a la UARIV que, en un lapso
de 48 horas emitiera una respuesta de fondo a las solicitudes del 3 y 14 de
diciembre de 2024 elevadas por la tutelante para que se le informara acerca de
la priorización en la entrega de la indemnización administrativa14.
69. El 25 de marzo de 2025 la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia, para
en su lugar amparar los derechos de petición y debido proceso y disponer que:
[…] en consecuencia, ORDÉNASE a la Directora Técnica de Reparaciones de la
Unidad para las Víctimas Dra. Zoraida Hernández Pedraza, identificada con
cédula de ciudadanía No. 60.385.58 o quien haga sus veces que, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a realizar
el estudio de las condiciones que presenta el grupo familiar de la actora, y a
aplicar el Método Técnico de Priorización, y los criterios de priorización
establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, para la asignación
de turno y pago de la indemnización administrativa.
En caso de que se determine por parte de dicha entidad que las mismas no son
suficientes para priorizar la entrega de la medida de indemnización
administrativa, se le indique a Francened Ramírez Luna el turno que le
corresponde para hacer efectivo el desembolso o el plazo cierto en que se
efectuará el pago de la medida, exponiendo los motivos que sustenten la decisión
adoptada, evaluando minuciosamente los elementos técnico y de contexto, de
acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
70. Ahora bien, una vez devuelto el expediente al juez de la primera instancia
y transcurridos los términos dispuestos, la señora Ramírez Luna presentó
incidente de desacato, por lo que, adelantados los trámites correspondientes, el
juzgado profirió el auto del 14 de mayo de 2025 mediante el cual dispuso:
14
Como fue expuesto en los antecedentes, ello tuvo lugar en el marco de la acción de tutela
identificada con radicado. 11001-33-35-025-2025-00056-00.
14
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PRIMERO: ABSTENERSE de abrir incidente de desacato promovido por la
señora FRANCENED RAMÍREZ LUNA, por cumplimiento de la orden impartida
en la sentencia del 25 de marzo de 2025.
SEGUNDO: INSTAR a la directora técnica de reparaciones de la UNIDAD
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV,
para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización, con
el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la
indemnización administrativa reconocida a la accionante y su grupo familiar, con
el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de 25 de marzo de 2025.
71. Para sustentar su decisión, la autoridad judicial precisó que de las
intervenciones se logró establecer que la UARIV había dado cumplimiento a la
orden emitida por el Tribunal de segunda instancia y relacionada con la aplicación
del método técnico de priorización de la accionante y su grupo familiar para las
vigencias de 2021 a 2024, el cual arrojó un resultado desfavorable.
72. Adujo que, en la respuesta que la UARIV le proporcionó a la actora, se le
indicó la imposibilidad de pago en virtud de ello y le aclaró que adelantaría el
método técnico de priorización de 2025 en la segunda vigencia del año. Por lo
que, una vez gestionado, informaría del proceso respectivo.
73. Ahora bien, en lo que respecta a la segunda parte de la orden emitida por
el operador de segunda instancia y relacionada con la indicación del «turno que
le corresponde para hacer efectivo el desembolso o el plazo cierto en que se
efectuará el pago de la medida», la autoridad judicial expuso que en el oficio de
respuesta la entidad explicó que:
• No podía otorgar turnos para indemnizar victimas en vigencias posteriores,
toda vez que la compensación es entregada en el marco del sistema de
priorización contenido en la Resolución 1049 de 2019.
• El número de personas a indemnizar depende del presupuesto destinado
en cada vigencia para la materialización de la compensación económica.
• Dado que la señora Ramírez Luna no incurre en ninguna causal para que
la indemnización sea priorizada, no es posible definir un plazo de entrega,
ni es válido la aplicación del método técnico de priorización, pues ello
afectaría en las finanzas públicas y en la igualdad de las demás víctimas
del conflicto que se encuentren en circunstancias similares.
• La orden emitida por el Tribunal era de imposible cumplimento en los
términos y condiciones establecidos en la sentencia, toda vez que
materialmente no era viable indicar un turno para pago en respeto del
procedimiento establecido, el derecho fundamental al debido proceso
administrativo, entre otros.
74. En ese contexto, concluyó que, no había lugar a dar apertura al incidente
de desacato y como consecuencia de ello, verificar si se configuraba el elemento
subjetivo de la responsabilidad a efectos de imponer una multa, pues a pesar de
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que la entidad no señaló la fecha exacta para el pago, ello no traducía en
desinterés de acatar la orden judicial o una actitud negligente frente al derecho
de la accionante y su grupo familiar, sino a razones de índole estructural entre
las que se incluía: 1) el número significativo de víctimas y 2) la finita disponibilidad
presupuestal.
75. En este punto, trajo a colación la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional, así como jurisprudencia reciente del Consejo de Estado en la
corporación accedió a la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato
en hechos similares a esto, con fundamento en la imposibilidad jurídica de
establecer una fecha cierta o un plazo para el pago de la indemnización.
76. Lo anterior permite advertir que la decisión proferida por el Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora. Como viene de verse, aquella estuvo precedida
por requerimientos a los sujetos procesales y fue soportada en la valoración de
informes, elementos de juicio y jurisprudencia constitucional para calificar el
mérito de abrir incidente de desacato.
77. De manera que no es posible advertir que aquella se hubiera apartado de
las formas establecidas en el ordenamiento jurídico para el trámite de aquel tipo
de incidentes, ni mucho menos en transgresión directa de algún postulado
constitucional o derecho fundamental de aplicación inmediata.
78. Por el contrario, se encuentra que aquella guardó consonancia con los
elementos que tenía en su poder para decidir, fue sustentada y evaluó los
elementos que componen la responsabilidad del servidor obligado en sede de
desacato. En este punto, se recuerda que en sentencia SU-034 de 2018, la Corte
Constitucional definió:
El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su
proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela.
Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía
cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna
conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha
dado la oportunidad de hacerlo. (Énfasis de la Sala)
79. En el marco del derecho a la reparación de las víctimas del conflicto
armado, las órdenes de indemnizaciones administrativas que imparten los jueces
de tutela deben tomar en consideración las medidas adoptadas por el ejecutivo
con la finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad
financiera de hacerlo al mismo tiempo.
80. Por lo tanto, si la autoridad judicial advirtió que la entidad adoptó conductas
positivas tendientes a cumplir las órdenes impartidas, inclusive aquella respecto
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de la cual alegó imposibilidad material de acatar, la decisión, en sede incidental,
fue razonada. Se insiste, el juzgado accionado tuvo en cuenta los elementos de
la responsabilidad del obligado, como de manera insistente lo ha expuesto el alto
tribunal constitucional y esta corporación15 y fue respetuosa de las formas propias
del juicio. Por ende, no incurrió en un yerro al que se le pueda adjudicar la
transgresión o puesta en peligro de un derecho fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por la
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó la solicitud de amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Véase, entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de mayo de 2025.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02666-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia del 27 de
marzo de 2025. Radicado: 11001-03-15-000-2024-06209-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia del 10 de abril de 2025. Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-01. M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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