Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06209-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 24 de enero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06209-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias proferidas en el trámite del incidente de desacato|
Inmediatez
Síntesis del caso: La accionante enjuició los autos mediante los cuales las autoridades
accionadas la sancionaron por desacato.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Sandra Viviana
Alfaro Yara contra el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados
1.1. Posición de la parte actora
1. El 15 de noviembre de 2024, Sandra Viviana Alfaro Yara, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 33 Administrativo
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, para obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio, con ocasión de los Autos de 13 de
febrero2 y 14 de febrero de 20243, por medio de los cuales se impuso sanción
por desacato y se confirmó en grado jurisdiccional de consulta.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificado el 15 de febrero de 2024, a través de mensaje de datos enviado el 13 de febrero de 2024.
3 Notificado el 19 de febrero de 2024, a través de mensaje de datos enviado el 15 de febrero de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06209-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Inaplicar la Sanción calendada el 13 de
febrero de 2024, consistente en multa de uno (1) SMMLV. Confirmada mediante
auto del 14 de febrero de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, contra la suscrita.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación
de la sanción, que fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad
para las Víctimas, considerando los argumentos expuestos reiteradamente por
las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las subreglas
contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones
pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión a la orden judicial
de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que
acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden,
con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 17 de octubre de 2023, Silvio de Jesús Foronda Marín presentó una
acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), por la aparente vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con ocasión
de la respuesta emitida por dicha autoridad a una solicitud presentada el
24 de agosto de 2023, así como en la omisión de la aplicación del Método
Técnico de Priorización en su caso particular4.
5. 2) El 30 de octubre de 2023, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín
amparó los derechos fundamentales de petición y debido proceso del
accionante, pues la UARIV no había dado una respuesta de fondo y clara a
la petición. Por tal razón, le ordenó informar el resultado del método de
priorización aplicado y, en caso de que el accionante fuera priorizado,
definir un plazo razonable en el que realizaría el pago efectivo de la
indemnización. En caso de no ser priorizado, informar los plazos aproximados
y orden en el que en el que la persona accederá a esta indemnización5.
4 Radicado No. 05001-33-33-033-2023-00455-00.
5 La anterior decisión no fue impugnada por parte de la entidad accionada.
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Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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6. 3) El 12 de diciembre de 2023, el accionante presentó un incidente de
desacato por el incumplimiento de la sentencia de tutela expedida por el
Juzgado 33 Administrativo de Medellín.
7. 4) El 13 de febrero de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín
declaró que Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora Técnica de
Reparaciones, había incurrido en desacato y la sancionó con multa de 1
SMLMV. Además, envió al superior jerárquico para que consultara la
decisión.
8. 5) El 14 de febrero de 2024, mediante Oficio No. 2024-0176297-1, la
UARIV presentó informe de consulta en el que solicitó que se revocara la
sanción impuesta y se declarara la imposibilidad jurídica de dar
cumplimiento al fallo judicial.
9. 6) El 14 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción impuesta por
el juzgado a la accionante, dado a que no existían elementos suficientes de
prueba que corroboraran que la entidad dio cumplimiento al fallo de tutela.
10. 7) El 21 de febrero de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín
negó la solicitud de inaplicación de la sanción de la UARIV, dado a que la
entidad continuaba con la vulneración al derecho fundamental de petición
del accionante.
11. 8) El 15 de marzo de 2024, mediante Oficio No. 2024-0420864-1, la
UARIV presentó una solicitud en la que instó a la reconsideración y
revocación de la sanción impuesta, la suspensión de la sanción hasta que
se aplicara el método técnico de priorización del 2024 o que se declarara la
imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de tutela.
12. 9) El 18 de marzo de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín se
estuvo a lo resuelto en la providencia de 21 de febrero de 2024, pues se
aportaron las mismas pruebas, los mismos supuestos facticos y jurídicos de la
solicitud presentada el 14 de febrero de 2024.
13. 10) El 20 de marzo de 2024, mediante Oficio No. 2024-0435832-1, la
UARIV solicitó la suspensión de la sanción hasta que se realizara el método
técnico de priorización de 2024 al accionante.
14. 11) El 16 de mayo de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín
negó la anterior solicitud. Indicó que la entidad mantuvo la vulneración del
derecho fundamental de la parte actora.
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Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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15. 12) El 24 de septiembre de 2024, mediante Oficio No. 7860170, la UARIV
solicitó la modulación del fallo de tutela de 30 de octubre de 2023 y, en
consecuencia, la inaplicación de la sanción impuesta el 13 de febrero de
2024.
16. 13) El 8 de noviembre de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín no accedió a la solicitud de modulación presentada por la UARIV.
Señaló que los hechos expuestos fueron analizados con anterioridad en la
sentencia de tutela y en el marco del incidente de desacato.
17. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
18. Respecto del defecto sustantivo argumentó que se configuró en la
medida en que las decisiones objeto de la tutela desconocieron la
Sentencia SU-34 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se analizó lo
relacionado con las órdenes de pago de indemnización proferidas en una
sentencia, de cara a la problemática asociada al estado de cosas
inconstitucional en materia de víctimas.
19. Consideró que hubo un defecto fáctico en la medida en que las
autoridades al emitir sus providencias analizaron de manera arbitraria e
irracional los informes allegados al proceso y no tuvieron en cuenta la
Resolución No. 1049 de 2019, referente al procedimiento administrativo que
debe seguirse para el pago de la indemnización administrativa.
20. Precisó que se desconoció la Sentencia T-351 de 2011 de la Corte
Constitucional, en lo referente al acatamiento de las providencias emitidas
por dicha corporación.
21. Finalmente, alegó que se presentó una violación directa a los
principios constitucionales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe, en la medida en que se desconoció lo
previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de
indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados6
22. El Juzgado 33 Administrativo de Medellín adujo que la acción de tutela
no cumplió con los requisitos de procedibilidad. Al respecto señaló que (1)
6 Mediante Auto de 19 de noviembre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia y (2) tener como accionados al Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia y (3) vincular a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y a Silvio de Jesús
Foronda Marín, como terceros con interés en el asunto.
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Decisión: Declara improcedente
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se pretendió reabrir el debate de lo ordenado en la acción de tutela; (2) no
cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues la sentencia de tutela no
fue impugnada y; (3) no cumplió con el requisito de inmediatez, porque la
sentencia objeto de debate fue de 30 de octubre de 2023 y el trámite
incidental culminó el 14 de febrero de 2024. Además, desvirtuó los presuntos
defectos alegados.
23. El Tribunal Administrativo de Antioquia, la UARIV y Silvio de Jesús
Foronda Marín, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio7.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación de las providencias bajo
estudio. 2.3. Identificación de defectos. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato. 2.5.
Conclusión.
2.1. Identificación de derechos
24. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio en
los derechos de debido proceso y acceso a la administración de justicia,
comoquiera que la presunta vulneración de las garantías constitucionales
se produjo con ocasión de unas actuaciones judiciales. En tal sentido, cobra
relevancia estudiar si en el marco del proceso fueron lesionados estos
derechos.
2.2. Identificación de las providencias objeto de estudio
25. La Sala considera oportuno aclarar que el objeto de la presente
controversia, de acuerdo con lo planteado por la accionante, lo constituye
la sanción que le fue impuesta.
26. En ese orden, la Sala pone de presente que se centrará en analizar los
reparos invocados respecto del auto que resolvió el grado de consulta
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de febrero de 2024,
puesto que, a pesar de que también se enjuició el auto de primera instancia
que impuso la sanción, proferido por el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín, lo cierto fue que, con ocasión del trámite de consulta, la decisión
del Tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, se recalca que, ante una
eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que
resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene.
7 Índice 7 en el aplicativo SAMAI.
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Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2.3. Identificación de defectos
27. Para efectos metodológicos, se procede a estudiar los reparos
expuestos, en los siguientes términos. De un lado, la Sala se pronunciará
respecto del alegado desconocimiento de la Sentencia SU-34 de 2018 de la
Corte Constitucional, pero no se hará referencia a la Sentencia T-351 de
2011, comoquiera que dicha decisión no se refirió a la imposibilidad de
cumplimiento de un fallo de tutela (argumento planteado por el actor), sino
a la obligación de acatar el precedente de la Corte Constitucional.
28. También se hará referencia al defecto fáctico por haber adoptado
una decisión sin tener en cuenta el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, la Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV, y los informes
rendidos dentro del asunto. Dentro de este defecto se entenderá
incorporado lo relativo a trasgresión de los principios constitucionales al
debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza legitima y buena fe
(violación directa de la Constitución), en virtud de la similitud de argumentos
entre los 2 defectos.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato
29. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse.
30. La Corte Constitucional8 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.
31. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.
8 Sentencia SU-018 de 2018.
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32. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de Unificación de 5 de agosto de 20149, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá
evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”.
33. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
34. En el presente caso, resulta claro que la solicitud de amparo se orientó
a dejar sin efectos la providencia de 14 de febrero de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del trámite incidental No. 05001-33-33-
033-2023-00455-00/01. Razón por la cual, al revisar el expediente de dicho
proceso, logró advertirse que dicha providencia fue notificada el 19 de
febrero de 2024.
35. Así las cosas, se tiene que, entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (19 de febrero de 2024) y la presentación de la
acción de tutela (15 de noviembre de 2024) transcurrió un tiempo mayor a
6 meses, por lo que el plazo que dejó correr la parte actora para acudir ante
el juez de tutela con el propósito de solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales no resultó ser razonable.
36. Es preciso poner de presente que la parte actora no demostró estar
en una situación de debilidad manifiesta que le impidiera a toda costa
acudir oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la
providencia por medio de la cual la autoridad judicial accionada confirmó
la decisión de primer grado.
37. En ese orden de ideas, dado a que la parte actora no presentó la
tutela en un tiempo razonable y proporcionado, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela promovida a nombre propio.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06209-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2.5. Conclusión
38. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia, comoquiera que no se
cumplió con el requisito de inmediatez.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Sandra Viviana Alfaro Yara, por los motivos dados en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándole copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndole que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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