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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07011-01

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07011-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 31 de enero de 2025, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara para, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la accionante. SEGUNDO: DEJAR sin efectos el auto de 18 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en el marco del incidente de desacato identificado con el radicado 05001-33-33-012-2023-00474-00. 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-01 TERCERO: ORDENAR al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión mediante la cual resuelva las solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en atención al precedente contenido en la sentencia SU-034 de 2018 y a las consideraciones expuestas en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07011-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de abril de 2025

Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-01
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Tutela contra incidente de desacato - solicitud de inaplicación
de la sanción – revoca y ampara.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia de 31 de enero de 2025, por medio de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela
presentada por la actora.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, y el Juzgado
12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al «patrimonio».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
negativa de las autoridades accionadas en levantar la sanción que le fue impuesta
mediante el auto de 21 de febrero de 2024 proferido por el Juzgado 12 Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín, que fue confirmado en grado jurisdiccional de
consulta por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 7 de marzo de
2024, en el incidente de desacato que se adelantó por el incumplimiento del fallo de
tutela de 12 de diciembre de 2023.

1 Con escrito presentado el 18 de diciembre de 2024, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-01

Lo anterior, en el marco de la acción de tutela 05001-33-33-012-2023-00474-00/01/02
que presentó la señora Edilma Esther Correa Molina contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante Unidad
para las Víctimas).

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio.

SEGUNDO En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO
ORAL DE MEDELLÍN, inaplicar la sanción impuesta a la suscrita, a través de auto
fechado del 21 de febrero de 2024, confirmada en auto de fecha 07 de marzo de 2024
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE
DECISIÓN, consistente en multa equivalente a un (01) SMLMV, contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de
inaplicación de la sanción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas,
observando los asuntos relevantes dentro del trámite sancionatorio por desacato
descrito en el acápite de los hechos y las consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018
y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa
impuesta en auto del 21 de febrero de 2024, que la misma se han levantado con ocasión
a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y
atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable
al caso del Consejo de estado y la Corte Suprema de Justicia.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA Y SÉPTIMA
DE DECISIÓN, a que acaten y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la
orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la
naturaleza persuasiva del incidente de desacato.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

La señora Edilma Esther Correa Molina presentó acción de tutela contra de la Unidad
para las Víctimas, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de
petición.

2

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El proceso correspondió por reparto2 al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, autoridad judicial que mediante sentencia de 20 de noviembre de
2023 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Contra este fallo la parte actora interpuso la respectiva impugnación que fue resuelta
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, mediante la
sentencia de 12 de diciembre de 2023 en la que resolvió revocar la decisión de primer
grado. En su lugar, tuteló el derecho fundamental de petición y, en consecuencia,
dispuso lo siguiente:

TERCERO. SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, que dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, suministre la
respuesta de fondo a la petición presentada por la señora EDILMA ESTHER CORREA
MOLINA, el 27 de julio de 2023, indicando la fecha probable en la cual tendrá acceso
efectivo a la medida de indemnización administrativa de la cual es beneficiaria.

Luego, la señora Edilma Esther Correa Molina interpuso un incidente de desacato por
el presunto incumplimiento de la orden impartida en la referida acción de tutela. Así,
mediante auto de 21 de febrero de 2024 el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín sancionó a la directora técnica de reparaciones de la Unidad para
las Víctimas, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, con multa equivalente a un salario
mínimo legal mensual vigente.

Esta providencia fue conocida en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión que, en auto de 7 de marzo de
2024 decidió confirmar la decisión de primera instancia, bajo las siguientes
consideraciones:

Como quiera que durante el trámite de consulta de la sanción la UARIV como entidad
accionada en cabeza de la Directora Técnica contra quien se adelanta el incidente de
desacato ha omitido el acatamiento de la orden judicial impartida, en donde informe las
acciones positivas tendientes a cumplir con lo indicado en segunda instancia, se deduce
con claridad que persiste la vulneración al derecho de petición de la afectada, toda vez
que la entidad aún no ha acreditado ni materializado el cumplimiento de lo ordenado,
esto es, suministrando respuesta de fondo a la petición presentada por la afectada el 27
de julio de 2023; generando como resultado una dilación injustificada con su conducta
omisiva y excediendo los términos fijados para el cumplimiento y goce efectivo de los
derechos fundamentales.

Lo anterior haciendo énfasis a la sentencia T-377 de 2022 de la Corte Constitucional,
en donde le advirtió a la UARIV aplicar de manera diligente la normativa que reglamenta
el derecho fundamental de petición y responder de manera pronta, clara, precisa y
congruente las solicitudes que presenten los ciudadanos a la entidad.

2 Proceso tramitado bajo el radicado 05001-33-33-012-2023-00474-00.

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El 11 de marzo de 2024, la actora de esta acción constitucional, a través de la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas solicitó la inaplicación de la
sanción que le fue impuesta por las autoridades judiciales accionadas, ante la
imposibilidad de cumplir el fallo de tutela, toda vez que a la tutelante se le aplicó el
método técnico de priorización el cual arrojó como resultado un valor de 24.0579, con
lo cual no se cumplía con el puntaje mínimo de 40.6326 requerido para acceder a la
medida indemnizatoria. En consecuencia, consideró que se debe respetar el
procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019.

A su turno, el 9 de abril de 2024 el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín ordenó remitir las actuaciones a la Oficina de Cobro Coactivo de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, con el fin de que
se adelantara el respectivo proceso contra la sancionada.

De otro lado, en esta misma fecha la autoridad judicial accionada dictó providencia a
través de la cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591
de 1991, requirió a la directora de la Unidad para las Víctimas para que hiciera cumplir
a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara la sentencia de 12 de diciembre de 2023 y
abriera el correspondiente procedimiento disciplinario.

El 11 de abril de 2024, la Unidad para las Víctimas respondió el requerimiento realizado
por la autoridad judicial, en el sentido de pedir la desvinculación de la directora de la
entidad y reiterar la petición de inaplicación de la sanción que le fue impuesta a la
señora Alfaro Yara.

No obstante, el 15 de mayo de 2024 el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, con ocasión al trámite iniciado el 9 de abril de 2024 en virtud del
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, consideró que era necesario establecer las
medidas necesarias para que se cumpliera el fallo de tutela, razón por la cual ordenó
compulsar copias de lo adelantado en el trámite incidental de desacato a la Fiscalía
General de la Nación para que se investigara el presunto fraude a resolución judicial.

El 16 de mayo de 2024, la accionante a través de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la Unidad para las Víctimas insistió en la petición de inaplicación de la sanción que
fue impuesta a la señora Alfaro Yara, bajo los mismos argumentos planteados en su
escrito de 11 de marzo de 2024. Esta solicitud fue reiterada los días 18 de septiembre
y 29 de octubre de 2024.

El 8 de noviembre de 2024, el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín dispuso lo siguiente:

PRIMERO: REQUERIR a la señora EDILMA ESTHER CORREA MOLINA, para que en
el termino de tres (03) días siguientes a la notificación de este auto, indique de forma
escrita, si desea presentar desistimiento del trámite incidental o desea continuar con el
mismo, para efectos de resolver posteriormente, la petición de la entidad incidentada.

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SEGUNDO: DISPONER que la solicitud de inaplicación o levantamiento de la sanción
allegada por la incidentada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS “UARIV”, este Despacho
se pronunciará, una vez la incidentista, señora EDILMA ESTHER CORREA MOLINA,
se pronuncie frente al requerimiento que se efectúa a través de esta providencia, luego
de que sea notificada de lo aquí dispuesto3.

Finalmente, el 11 de diciembre de 2024 la autoridad judicial corrió traslado a la Unidad
para las Víctimas de un memorial allegado por la señora Edilma Esther Correa Molina
y requirió a la Fiscalía General de la Nación para que allegara un informe sobre la
investigación que se adelanta por el presunto fraude a resolución judicial.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
«patrimonio», ante la negativa de levantar la sanción que le fue impuesta en el trámite
incidental de desacato que se adelantó por el incumplimiento del fallo de tutela de 12
de diciembre de 2023, dictado en el marco de la acción de tutela 05001-33-33-012-
2023-00474-00.

En primera medida, indicó que se cumplen con los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial. Sobre el requisito de agotamiento de todos
los mecanismos judiciales, explicó que todos se encuentran ejercidos «en tanto se ha
solicitado el levantamiento de la sanción, no existiendo un recurso adicional que
podamos interponer ante un superior jerárquico, toda vez que la sanción ya fue
confirmada en sede de consulta».

En cuanto a la inmediatez, destacó que «la última providencia que no acceden a la
solicitud de inaplicación de la sanción ni modulación de la sanción es de fecha 15 de
mayo de 2024 y 11 de diciembre de 2024, lo que permite concluir que se interpone en
un tiempo prudencial».

Sobre las causales específicas de procedibilidad, invocó los defectos sustantivo,
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, los
cuales sustentó así:

(i) Sustantivo: al respecto, destacó que este se configura por el desconocimiento del
precedente establecido por la sentencia SU-034 de 2018 relacionado con la
procedencia de las solicitudes de revocatoria de una sanción interpuesta en un trámite
incidental, así como en relación con la modulación del cumplimiento del fallo de tutela,
especialmente en lo que tiene que ver con el pago de la indemnización administrativa.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

5

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(ii) Fáctico: indicó que hubo una valoración defectuosa, arbitraria y caprichosa del
material probatorio allegado por parte de las autoridades judiciales accionadas,
comoquiera que no tuvieron en cuenta los escritos allegados por la Unidad para las
Víctimas y el resultado del método técnico de priorización, en los que se dejó plasmada
la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de tutela, en atención al proceso
establecido en la Resolución 1049 de 2019.

Así mismo, sostuvo que no se evidencia una adecuada valoración respecto de la
responsabilidad subjetiva de la autoridad incidentada, ya que no se «no acentúan
todas las actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento en la
medida de lo posible y bajo al marco legal, de lo ordenado».

(iii) Desconocimiento del precedente: citó algunas providencias dictadas por diferentes
autoridades judiciales, que a su juicio respaldan la procedencia de la revocatoria de la
sanción por desacato4.

(iv) Violación directa de la Constitución: sobre este defecto señaló que «se evidencia
abiertamente la afectación de los principios constitucionales al debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima en el sistema judicial y buena fe, por
desconocer lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento
de indemnización administrativa previsto en la Resolución 01049 de 2019». Ello,
comoquiera que en el auto 206 de 2017, la Corte Constitucional le ordenó al director
de la Unidad para las Víctimas que reglamentara el procedimiento que deben agotar
las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa.

Por otro lado, explicó que no se han tenido en cuenta las acciones que se ha
desplegado para el cumplimiento del fallo de tutela de 12 de diciembre de 2023, esto
es, la aplicación del método técnico de priorización a la señora Edilma Esther Correa
Molina que le otorgó un resultado de 24.05799, el cual resultó ser inferior al puntaje
mínimo requerido para acceder a la medida indemnizatoria, que es de 40.6326.

En ese sentido, resaltó que al tener un resultado desfavorable no es posible indicar
una fecha probable para la entrega de la indemnización, puesto que se debe ser
respetuoso del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019, así como
de los principios de planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja,
programación integral, entre otros, que rigen la gestión presupuestal del sector público.

4 Entre ellas las siguientes sentencias: 12 de septiembre de 2024, dictada por la Subsección B de la

Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso 11001-03-15-000-2024-02014-01; 18 de
diciembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el trámite 05001-33-33-037-2024-
00232-01; 4 de julio de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso
11001-03-15-000-2024-01137-00; 2 de mayo de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en la tutela 11001-03-15-000-2024-01137-00; 14 de marzo de 2024, expedida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el proceso 11001-03-15-000-2024-00586-00; 13 de diciembre de
2023, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el trámite 11001-02-05-000-
2023-01878-00; 29 de noviembre de 2023, proferida por de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en el proceso 11001-02-05-000-2023-01800-00 y de la Corte Constitucional las
sentencias SU-038 de 2018, T-1092 de 2007 y T-656 de 2011.
6

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Por otra parte, destacó la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la
finalidad de la sanción que se interpone en el trámite incidental de desacato, según la
cual su función no es la sanción en sí misma, sino la persuasión del cumplimiento de
las órdenes de tutela.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 14 de enero de 2025, el magistrado ponente de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso tener
como autoridades judiciales accionadas al Tribunal Administrativo de Antioquia y al
Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. Además, los requirió
para que allegaran en medio digital el proceso 05001-33-33-012-2023-00474-
00/01/02.

De otro lado, vinculó como terceros con interés a la señora Edilma Esther Correa
Molina y a la Unidad para las Víctimas.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

La magistrada Hirina del Rosario Meza Rhénals solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y que «se atienda como parte de la defensa, la
motivación de hecho y de derecho plasmada en las providencias censuradas».

Señaló que como lo que se pretende en el presente caso es la inaplicación de las
sanciones que le fueron impuestas a la actora en el trámite de un incidente de
desacato, es el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín quien
debe decidir sobre esta petición, pues el encargado de la ejecución de la sanción.

Consideró que el asunto no tiene relevancia constitucional, puesto que en el trámite
que adelantó no se actuó con arbitrariedad ni se apartó de las normas aplicables o de
la jurisprudencia dictada por el órgano supremo. Además, advirtió que estudiar de
nuevo cada proceso convertiría la acción de tutela en una nueva instancia lo cual
desgasta la jurisdicción.

Destacó que no se cumplen con los requisitos exigidos por la Corte Constitución sobre
la procedencia de la acción de tutela contra providencias adoptadas en incidente de
desacato.

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1.6.2. Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín

La titular del despacho solicitó que se le exonere del trámite constitucional, dado que
no se han vulnerado los derechos fundamentales de la actora y, por el contrario, el
juzgado ha realizado todo el procedimiento para el cumplimiento del fallo de tutela.

Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones adelantadas en el proceso 05001-
33-33-012-2023-00474-00/01/02, consideró que se ha actuado conforme a la ley y a
la jurisprudencia constitucional al requerir a la entidad demandada para que cumpla
con el fallo de tutela de 12 de diciembre de 2023, dado que a la fecha no ha informado
a la señora Correa Molina sobre la fecha probable de pago de la indemnización
administrativa.

1.6.3. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV)

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad reiteró los argumentos relacionados
con la imposibilidad de materializar la entrega de la medida de indemnización a la
señora Edilma Esther Correa Molina, así como de informarle la fecha probable de dicho
pago, dado que no obtuvo el puntaje mínimo requerido en el método técnico de
priorización.

Así mismo, puso de presente que ello obedece a «la orden séptima del Auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional, la cual dispuso que el Director de la Unidad para las
Víctimas en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del
Departamento Nacional de Planeación, debía reglamentar el procedimiento que deben
agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la
indemnización administrativa».

1.7. Sentencia de primera instancia5

Con fallo de 31 de enero de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado6 resolvió:

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara, contra los autos proferidos el 21 de febrero y 7 de
marzo de 2024 por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela respecto a la falta de
decisión de fondo de las solicitudes de inaplicación de la sanción por desacato, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

5 Notificada vía electrónica el 17 de febrero de 2025.
6 Con aclaración de voto del magistrado Alberto Montaña Plata.

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Para fundamentar su decisión, indicó que no se cumplía con el requisito de inmediatez
respecto de los cargos formulados contra los autos del 21 de febrero y 7 de marzo de
2024, por medio de los cuales se le impuso una sanción a la actora, puesto que
superaba el término de los 6 meses que ha sido establecido para la procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. Máxime cuando no se acreditó una
situación especial para flexibilizar o inaplicar tal término.

Particularmente, destacó lo siguiente:

9.1.- El término de seis meses para presentar la acción de tutela contra una providencia
judicial inicia a partir de la notificación de la decisión objeto de reproche, pues a partir
de ese momento se infiere que los interesados conocen su contenido. En este caso
corresponde al auto del 7 de marzo de 2024, mediante el cual el tribunal accionado
confirmó la sanción por desacato impuesta por el juzgado a la accionante por
incumplimiento del fallo de tutela del 12 de diciembre de 2023.

9.2.- El aludido auto fue notificado a la accionante el 8 de marzo de 2024, por lo que el
término de inmediatez corrió entre el 11 de marzo (día siguiente hábil) y el 11 de
septiembre de 2024. La acción de tutela se presentó el 18 de diciembre de 2024, por lo
que transcurrió un término de nueve meses y siete días, el cual es mayor al previsto en
la jurisprudencia. Lo mismo ocurre frente a la determinación del 9 de abril de 2024 en la
que se negó la inaplicación de la sanción solicitada por la UARIV

De otro lado, consideró que la autoridad judicial accionada no vulneró el derecho al
debido proceso de la accionante ante la falta de decisión de las solicitudes de
inaplicación de la sanción por desacato que fueron presentadas, dado que tales
peticiones no fueron radicadas por la tutelante sino por «Lilia María Rodríguez
Albarracín, directora técnica de Reparaciones de la unidad, quien ha manifestado
actuar en representación de la UARIV y no de la accionante», lo cual desconoce que
la sanción por desacato es personal y no institucional.

Por esta razón, concluyó que también se predica la improcedencia de la acción de
tutela por no acreditarse el requisito de la subsidiariedad, se reitera, porque la
accionante no ha pedido directamente al juzgado accionado la inaplicación de las
sanciones, con lo cual no se han agotado los mecanismos judiciales pertinentes.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 19 de febrero de 2025, la accionante impugnó
la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque para que, en su lugar se
accedan a las pretensiones del escrito de tutela.

Reiteró los argumentos relacionados con las acciones desplegadas por la Unidad para
las Víctimas con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia de 12 de diciembre de
2023, así como sobre la imposibilidad material para dar cumplimiento a lo ordenado
en esa providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07011-01

Ahora bien, en relación con las consideraciones expuestas por el a quo constitucional
para declarar la improcedencia de la acción de tutela, resaltó que sí se cumple con el
requisito de la inmediatez, comoquiera que la última actuación realizada por el
despacho fue el auto de 11 de diciembre de 20247, lo cual evidencia que la acción de
tutela sí fue interpuesta en un término razonable.

Así mismo, citó la sentencia de 25 de marzo de 2021, dictada en el proceso 25000-23-
15-000-2021-00007-01, a través de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
revocó una sentencia en la que se declaró improcedente la acción constitucional por
no cumplirse con la inmediatez.

También trajo a colación la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, en
la que se resaltó que «el presupuesto de inmediatez no debe valorarse en abstracto
sino según las particularidades de cada caso, con el fin de identificar que el reclamo
constitucional haya sido interpuesto dentro de un tiempo razonable desde la ocurrencia
del hecho vulnerador, puesto que, si bien en este ámbito no existe un término de
caducidad, la urgencia de la protección es uno de los rasgos distintivos de la acción
de tutela».

En cuanto al presupuesto de la subsidiariedad, indicó que el a quo desconoció que ya
están agotados todos los mecanismos judiciales que tenía a su alcance, para lo cual
citó todos los autos expedidos por el juzgado accionado. Igualmente, destacó que si
bien a la fecha de presentación de la impugnación, la autoridad accionada no ha
decidido de manera concreta la petición de inaplicación de la sanción, lo cierto es que
«con su actuar es evidente su negación a la solicitud de inaplicación».

Aclaró que «los escritos enviados al despacho dentro de la acción constitucional, se
hicieron a nombre de la funcionaria JOHANNA ANDREA CASTRO VILLAMIL en
calidad de Representante Judicial de la Unidad para las Víctimas, según Resolución
de nombramiento 02849 del 22 de julio del 2024, como Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica Código 1045, grado 16, debidamente posesionada, y teniendo en cuenta que
la Resolución 00126 del 31 de enero de 2018 delegó en esta oficina asesora la
respuesta a los requerimientos judiciales en el marco de acciones de tutela contra la
Entidad».

Reiteró que las providencias enjuiciadas desconocieron lo relacionado con la debida
valoración de la responsabilidad en el incidente de desacato, particularmente lo
mencionado en la sentencia SU-034 de 2018 sobre la imposibilidad fáctica o jurídica
de cumplimiento y la responsabilidad subjetiva del obligado.

Por último, citó procesos8 del Consejo de Estado en las que se ha superado el requisito
de la subsidiariedad en este tipo de asuntos.

7 Por el cual se corrió traslado a la Unidad para las Víctimas de un memorial allegado por la señora

Edilma Esther Correa Molina y requirió a la Fiscalía General de la Nación.
8 11001-03-15-000-2023-03037-00 y 11001-03-15-000-2023-04942-00.

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 31 de enero de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991
y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 31 de enero de 2025 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la improcedencia de la acción de
tutela presentada por la actora.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iv) el estudio del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato13

Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente
manera:

[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]14.

De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada y
requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.

Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario encargado
de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber de atender la
orden judicial.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03- 15-

000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.

12

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En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»15 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.

La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:

[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes
con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda
hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada
como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del interesado […]16.

El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe verificar
de manera rigurosa.

Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al funcionario el
derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que de advertirse una
conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse que ha obrado de
buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden judicial, no hay lugar a
la imposición de sanciones17.

Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra limitado a
establecer:

i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,

15 Sentencia T-763 de 1998.
16 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
17 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme a la

naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar soportada por
la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la
comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la orden y la
responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera de los
presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de
esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá el
examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales».
13

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ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,

iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se pueda
reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido
de aquella.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen
a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al buen nombre, ante la posible configuración de los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad
judicial incurrió los mencionados errores, por lo que se evidencia que trasciende un
estudio de lo meramente legal.

De igual manera, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas establecidas
por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».

Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional.

En esta oportunidad, como quedó establecido, se involucra un debate jurídico que gira
en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa de la actora y no se refiere a un asunto meramente legal y/o económico;
pues aun cuando se trata de una providencia en la que se negó el levantamiento de
una multa impuesta en un incidente de desacato, lo cierto es que se está invocando el
desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales que al parecer permiten al
sancionado pedir la revocatoria de los efectos, incluso concluido el grado jurisdiccional
de consulta.

14

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2.5.2. En lo que se refiere al requisito de agotamiento de los mecanismos
judiciales, cabe precisar que esta Sección ha amparado en otras oportunidades18 los
derechos fundamentales de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara ante la negativa de
las autoridades accionadas en levantar las sanciones que le han sido impuestas en
trámites incidentales de desacato, por el desconocimiento de lo establecido en la
sentencia SU-034 de 2018.

En esas ocasiones se tiene que la acción de tutela fue presentada con posterioridad a
las decisiones que resolvieron las peticiones de levantamiento de las sanciones
impuestas y confirmadas en las respectivas consultas de desacato.

En el presente caso, se evidencia que la solicitud de inaplicación de la sanción solo
fue resuelta hasta el 18 de febrero de 2025 19, es decir, casi un año después de
radicarse la primera petición (11 de marzo de 2024) y luego de interponerse esta
acción constitucional. Esta situación, en principio, permitiría evidenciar un ejercicio
anticipado de la acción de tutela que devendría en su improcedencia, puesto que para
el momento de su presentación no se había dictado el mencionado auto.

No obstante, la Sala considera que en este caso resulta oportuno flexibilizar el requisito
de agotamiento de los mecanismos judiciales, y tenerlo por superado, dado que, como
quedó establecido en líneas previas, el Juzgado 12 Administrativo Oral Circuito Judicial
de Medellín solo se pronunció respecto de la primera petición de inaplicación de la
sanción un año después de presentada, lo cual desconoce el principio de celeridad
que rige el trámite de la acción de tutela. Máxime cuando ya fueron compulsadas
copias a la Fiscalía General de la Nación y al área de Cobro Coactivo de la Rama
Judicial.

En ese sentido, esta colegiatura encuentra que en el caso concreto, las providencias
controvertidas fueron dictadas en el marco del incidente de desacato identificado con
el radicado 05001-33-33-012-2023-00474-00, razón por la cual contra estas no
procede recurso alguno conforme con lo dispuesto en el mencionado Decreto 2591 de
1991 y el Decreto 2067 del mismo año. Igualmente, tampoco proceden los recursos
ordinarios ni extraordinarios20.

18 Ver por ejemplo la sentencia de 14 de noviembre de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo

de Estado, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, en el trámite del proceso
11001-03-15-000-2024-04815-00.
19 Revisado el Sistema de Consulta Samai se evidencia que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito

Judicial de Medellín despachó desfavorablemente la pretensión de la actora al señalar que no se ha
dado cumplimiento a la sentencia de 12 de diciembre de 2023 y toda vez que las peticiones no han sido
radicadas de manera personal por la incidentada.
20 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 18 de julio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

15

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2.5.3. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que las providencias
judiciales que censura la parte accionante fueron dictadas en el marco del incidente
de desacato identificado con el radicado 05001-33-33-012-2023-00474-00 que se
promovió con el propósito de que el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín exigiera el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 12 de
diciembre de 2023, dictado por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia.

2.5.4. Igualmente, en cuanto al presupuesto de la inmediatez, se observa que la
interposición de la acción de tutela se hizo en un término que a juicio de la Sala es
razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6) meses desde la última
providencia dictada por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, en el trámite del mencionado incidente de desacato.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional21 ha explicado
que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”22.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente23 o porque ha sido derogada24, es inexistente25,
inexequible26 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador27.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma28.

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16

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c) La disposición aplicada es regresiva29 o contraria a la Constitución30.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición31.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma32 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.6.2. Sobre el defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201533
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue
negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
Omisión de pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
decreto y práctica que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
de pruebas a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se
indispensables rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
para fallar el oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
asunto
De esta manera, se requiere que la parte:

a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal

29 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
33Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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c) Expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
Desconocimiento específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
del acervo aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
probatorio juez.
determinante para
identificar la Así las cosas, se configura siempre que se:
veracidad de los
hechos alegados a) Identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
por las partes b) Demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.

Requiere entonces que:

Valoración a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
irracional o de indebida valoración por el juez
arbitraria de las b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
pruebas aportadas consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
Dictar sentencia legales para su producción o introducción al proceso. Así las
con fundamento cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
en pruebas apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
obtenidas con el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba
violación del que desconoce el debido proceso de las partes.
debido proceso
Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
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Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino
también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados
de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.

2.6.3. En relación con el defecto de desconocimiento del precedente, resulta
importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se
sinteriza en los siguientes términos:

[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe
pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus
presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye
la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentid.34

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos35 explicó que el concepto
de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al
número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique
una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas
por las altas cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su fundamento
en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía
de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del
ordenamiento jurídico.

2.6.4. Sobre el defecto de violación directa de la Constitución la Sala trae a colación
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 198 del 11 de abril de
2013,36 en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de

febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
35 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
36
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En el
primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales
por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata
y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso,
la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con
base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso
en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con
la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine, la tutelante censura la negativa de las autoridades
accionadas en levantar la sanción que le fue impuesta mediante el auto de 21 de
febrero de 2024 proferido por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín, que fue confirmado en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia mediante auto de 7 de marzo de 2024, en el incidente de
desacato que se adelantó por el incumplimiento del fallo de tutela de 12 de diciembre
de 2023.

Para fundamentar sus argumentos, alegó que las autoridades judiciales desconocieron
el precedente establecido por la sentencia SU-034 de 2018 relacionado con la
procedencia de las solicitudes de revocatoria de una sanción interpuesta en un trámite
incidental, así como en relación con la modulación del cumplimiento del fallo de tutela,
especialmente en lo que tiene que ver con el pago de la indemnización administrativa.

Además, indicó que hubo una valoración defectuosa, arbitraria y caprichosa del
material probatorio, puesto que no se tuvo en cuenta los escritos allegados por la
Unidad para las Víctimas y el resultado del método técnico de priorización, en los que
se dejó plasmada la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de tutela, en atención
al proceso establecido en la Resolución 1049 de 2019.

Así mismo, sostuvo que no se evidencia una adecuada valoración respecto de la
responsabilidad subjetiva de la autoridad incidentada, ya que no se «acentúan todas
las actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento en la medida
de lo posible y bajo al marco legal, de lo ordenado».

Pues bien, con el fin de determinar si se configuraron los defectos invocados por la
parte actora, para la Sala resulta necesario recordar las razones por las cuales el
Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín resolvió no inaplicar
la sanción que fue impuesta a través del auto de 21 de febrero de 2024 y confirmada
en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante providencia de 7 de marzo de 2024.
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2.7.2. Revisadas las pruebas allegadas al plenario, la Sala observa que, mediante
providencia de 12 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión, resolvió revocar la decisión de 20 de noviembre de 2023 del
Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. En su lugar, tuteló el
derecho fundamental de petición de la señora Edilma Esther Correa Molina y dispuso
lo siguiente:

TERCERO. SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, que dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, suministre la
respuesta de fondo a la petición presentada por la señora EDILMA ESTHER CORREA
MOLINA, el 27 de julio de 2023, indicando la fecha probable en la cual tendrá acceso
efectivo a la medida de indemnización administrativa de la cual es beneficiaria.

Luego, la señora Correa Molina interpuso un incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de la orden impartida en la referida acción de tutela.

Mediante auto de 21 de febrero de 2024 el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín sancionó a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, quien funge
como directora técnica de reparaciones de la Unidad para las Víctimas, con multa
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Esta providencia fue
confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en auto de 7 de marzo de 2024.

Ahora bien, el 11 de marzo de 2024, la actora de esta acción constitucional solicitó que
se le inaplicara la mencionada sanción ante la imposibilidad de cumplir el fallo de tutela,
toda vez que a la actora se le aplicó el método técnico de priorización el cual arrojó
como resultado un valor de 24.0579, con lo cual no se cumplía con el puntaje mínimo
de 40.6326 requerido para acceder a la medida indemnizatoria. En consecuencia,
consideró que se debe respetar el procedimiento establecido en la Resolución 1049
de 2019.

Esta petición fue resuelta por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín por medio del auto de 18 de febrero de 2025. En dicho proveído, la autoridad
judicial hizo un recuento de las diferentes actuaciones judiciales que se surtieron en el
trámite incidental de desacato desde el 30 de octubre de 2024.

Posteriormente, destacó que no era procedente levantar la sanción que le fue impuesta
a la señora Alfaro Yara, toda vez que a la fecha no le había indicado a la señora Edilma
Esther Correa Molina la fecha probable en la cual tendría acceso a la indemnización
administrativa. Además, puso de presente que las sentencias que citó la incidentada
para fundamentar su requerimiento, esto es, T-421 de 2003 y SU-034 de 2018, no
lograban desvirtuar el incumplimiento del fallo de 12 de diciembre de 2023, el cual
«tiene característica de ser cosa juzgada, y no se puede revocar, ni modificar por esta
jurisdiccionalidad».

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Explicó que pese a los argumentos que ha traído a colación la Unidad para las Víctimas
para justificar la imposibilidad de dar una fecha cierta de pago de la indemnización
administrativa, la incidentada sigue sin aclarar la vigencia en la cual le será entregada
la mencionada medida.

De otro lado, agregó lo que se transcribe a continuación:

De otro lado, en la acción de tutela promovida contra el Despacho y nuestro Superior
Funcional, indica el Consejo de Estado que, la sanción por desacato es de carácter
personal y no institucional, ya que, las solicitudes de inaplicación las han presentado las
jefes de la Oficina Asesora Jurídica, Doctora GINA MARCELA DUARTE FONSECA, y
la Doctora JOHANNA ANDREA CASTRO VILLAMIL, quienes han manifestado actuar
en representación de la “UARIV,” y no de la accionante en dicha acción constitucional,
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, tanto así que, las solicitudes de inaplicación de la
sanción elevadas ante esta judicatura, se han firmado por las antes mencionadas.

Y, señala la Corporación antes mencionada, que la incidentista no ha solicitado
directamente al juzgado la inaplicación de la sanción que le fue impuesta, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente por subsidiariedad, en la medida en que no ha
agotado los mecanismos judiciales pertinentes para que, en su caso, se inaplique la
sanción.

Y son estos argumentos del Consejo de Estado, los que además, sirven de refuerzo a
la decisión del Despacho de no inaplicar la sanción establecida en contra de la Doctora
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, toda vez que la legitimación para efectuar dicha
petición, recae en la sancionada por este Despacho, quien hasta la fecha no ha elevado
solicitud alguna en ese sentido.

Finalmente, manifestó que no se incurrió en la causal de nulidad invocada por la
accionada, dado que se hizo un estudio de responsabilidad en el cual quedó
establecido que la autoridad competente para dar cumplimiento al fallo de tutela era la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara.

Como se advierte, las razones invocadas por el Juzgado 12 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín para negar la solicitud de inaplicación de la sanción, se
resumen en que (i) no se ha informado la fecha cierta en la que se hará el pago de la
indemnización administrativa a la actora, y (ii) que la señora Alfaro Yara no presentó
personalmente las mencionadas peticiones.

Ahora bien, en la sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional revisó la acción
de tutela interpuesta por la señora Paula Gaviria Betancur, en calidad de directora
general de la Unidad para las Víctimas, en contra del Juzgado Civil del Circuito de Los
Patios (Norte de Santander) y de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta, al considerar que sus garantías constitucionales fueron vulneradas con las
decisiones de negar el levantamiento de unas sanciones que se le impusieron durante
el trámite de unos incidentes de desacato.

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En dicha oportunidad, el alto tribunal constitucional tuteló los derechos a la libertad y
al debido proceso de la actora, al considerar que las autoridades accionadas
desconocieron que el fin perseguido con el incidente de desacato es conminar al
obligado a que cumpla y no castigar con una sanción:

Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja
data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una
de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones
por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el
cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada37; de suerte que
no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma38, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta
hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro
que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los
derechos quebrantados39. (Subraya la Sala).

Más adelante, determinó que el juez encargado de conocer el incidente de desacato
no puede negar la inaplicación de una sanción, bajo el argumento de que las
providencias sancionatorias están en firme:

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un
dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de
forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es
conminar al obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado
mediante sentencia, mas no sancionar por sancionar.

Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el Juzgado Civil
del Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su razonamiento la
jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de
prevalencia de lo sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones
positivas orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se justificaba
mantener las medidas coercitivas impuestas. (Resalta la Sala).

Estos argumentos han sido reiterados por esta Sección al resolver solicitudes de
inaplicación de sanciones impuestas por desacato a órdenes de tutela. Así, por
ejemplo, en auto de 18 de agosto de 2022, dictado en el proceso identificado con el
radicado número 11001-03-15-000-2021-00414-0140, la Sección Quinta del Consejo
de Estado reiteró lo dispuesto en la sentencia de 25 de febrero de 2021, proferida en
el marco de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-00212-00, y consideró
lo siguiente:

37 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González

Cuervo
38 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés

Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo,
39 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia

C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
40
M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Del citado texto, se colige que la autoridad judicial accionada no aplicó el criterio fijado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, incluso tampoco la
postura de esta Corporación transcrita anteriormente, al momento de resolver las
solicitudes de inaplicación de las sanciones del 18 de junio, 6 de septiembre y 18 de
noviembre de 2019 impuestas a la señora Adriana María Velásquez Arango, en
condición de representante legal suplente, correspondientes al arresto de tres (3) días
y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que en los informes allegados por Savia Salud EPS se
pusieron de presentes las actuaciones que desplegó esa entidad en aras de garantizar
la prestación de los servicios de salud que requiere el joven Betancur Cardona, así fuera
de manera tardía y, con base en ello, reconsiderar si se justificaba mantener tales
medidas coercitivas.

De ahí, la importancia de que el juzgado cuestionado se detenga a revisar los hechos
expuestos en los memoriales que se presentaron luego del auto de 20 de enero de 2020,
pues puede evidenciar circunstancias nuevas que le permitan analizar el caso desde
una óptica diferente y que evidencien un cumplimiento parcial de la orden de tutela.
(Negrillas del texto original)

En aplicación de las anteriores consideraciones, la Sala estima que el Juzgado 12
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín vulneró el derecho al debido
proceso de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, al no aplicar el criterio fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018 cuando resolvió las solicitudes
de inaplicación de la sanción, según el cual la finalidad que se persigue con la figura
del incidente de desacato no es sancionar a la autoridad respectiva, sino el
cumplimiento de lo dispuesto por el juez de tutela para alcanzar el goce efectivo de los
derechos de la actora.

En ese sentido, se abstuvo de estudiar el elemento subjetivo de la responsabilidad en
incidente de desacato, comoquiera que las razones para justificar la negativa para
levantar la sanción se centraron en la omisión en dar una fecha cierta de pago de la
indemnización administrativa, pero no analizó los informes que daban cuenta de las
medidas que adoptó para dar cumplimiento al fallo de tutela, como lo era la aplicación
del método técnico de priorización y el puntaje obtenido por la señora Edilma Esther
Correa Molina que no le permitía ser priorizada para el pago.

Es decir que desconoció que la imposibilidad de aclarar la vigencia en la cual será
entregada la mencionada medida no obedeció a un actuar negligente por parte de la
autoridad incidentada, sino a la aplicación del procedimiento establecido en la
Resolución 1049 de 2019, así como a la capacidad financiera con la que cuenta la
entidad accionada que solo permite indemnizar por año a algunas de las personas que
superan el puntaje obtenido a través del método técnico de priorización.

De igual manera, justificó su decisión en la firmeza del fallo de 12 de diciembre de
2023, y la imposibilidad para revocarlo o modificarlo, lo cual desconoce a todas luces
lo dispuesto en la sentencia SU-034 de 2018, según lo cual «el juzgado mal podía
negar el levantamiento de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme».
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Ahora bien, en cuanto a la argumentación realizada por el juzgado accionado
relacionada con que la señora Sandra Viviana Alfaro Yara no presentó de manera
personal las solicitudes de inaplicación de la sanción que le fue impuesta, se recuerda
que esta fue una consideración realizada por el a quo constitucional para declarar la
improcedencia de la presente acción por no acreditarse con el requisito de
subsidiariedad, pero no puede ser puesta de presente por el juez que conoce del
incidente de desacato para prescindir de la facultad con la que cuenta para requerir a
las partes para que demuestren el poder de acción y la legitimación en la causa por
activa.

Por lo tanto, esta Sala revocará la sentencia de 31 de enero de 2025 y, en su lugar, se
amparará el derecho fundamental al debido proceso de la actora.

En consecuencia, se dejará sin efectos el auto de 18 de febrero de 2025 y se ordenará
al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín proferir una nueva
decisión mediante la cual resuelva las solicitudes de inaplicación presentadas por la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara en el marco del incidente de desacato 05001-33-
33-012-2023-00474-00, en atención al precedente contenido en la sentencia SU-034
de 2018 y a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Finalmente, también resulta pertinente recordarle al Juzgado 12 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín que, aunque no existe un término establecido para
resolver las solicitudes relacionadas con la inaplicación de una sanción, lo cierto es
que en el presente asunto transcurrieron casi 4 meses desde la última petición (29 de
octubre de 2024) hasta el momento en el que se dictó el auto de 18 de febrero de 2025,
lo cual, como se dijo, desconoce el principio de celeridad que rige el trámite de la
acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 31 de enero de 2025, por medio de la cual la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia
de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara para, en su
lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la accionante.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos el auto de 18 de febrero de 2025, proferido por el
Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en el marco del
incidente de desacato identificado con el radicado 05001-33-33-012-2023-00474-00.

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TERCERO: ORDENAR al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión mediante la cual resuelva las solicitudes de
inaplicación de la sanción presentadas por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en
atención al precedente contenido en la sentencia SU-034 de 2018 y a las
consideraciones expuestas en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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