Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01069-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de mayo de 2024
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01069-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01069-00
Demandante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
QUINTA DE ORALIDAD Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – ampara los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por la señora María Patricia Tobón Yagarí y otros contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad y otro en ejercicio de la acción de tutela
consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto
2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 3 de marzo de 2024 en el buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las
señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de
directora general de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las
Víctimas (en de adelante UARIV) y directora técnica del área de reparaciones de
la misma unidad, actuando en nombre propio, instauraron la acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad y el
Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales «al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al patrimonio.»
Tales garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la providencia del 13
de febrero de 2024, mediante la cual el referido tribunal confirmó el auto del 8 de
febrero de 2024 proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, que las sancionó con multa de 1 SMLMV a cada una, por
desacato del fallo del 4 de julio de 2023.
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
se ORDENE al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, inaplicar la Sanción calendada mediante auto del
08 de febrero de 2024 impuesta a las suscritas consistente multa de uno (1)
SMMLV a cada una. Confirmada mediante auto del 13 de febrero de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: Se ORDENE al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín
y al Tribunal Administrativo de Antioquia, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria
de cumplimiento de la providencia de segunda instancia del 04 de julio de
2023, dentro del radicado 05001333301620230019600, en cumplimiento de la
Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional,
en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución No.
04102019-1013553 del 6 de abril de 2021, que reconoció el derecho a la
entrega de las indemnización administrativa a WILMER CÓRDOBA
MARTÍNEZ y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al
particular con sus respectivos resultados de los años 2022 y 2023.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín o
al Tribunal Administrativo de Antioquia, que comunique a la autoridad
encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se
han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín o
al Tribunal Administrativo de Antioquia, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción,
previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
El señor Wilmer Córdoba Martínez se encuentra inscrito en el Registro Único de
Víctimas (en adelante RUV) por el hecho victimizante de secuestro. Mediante
Resolución 4102019-1013553 del 6 de abril de 2021 se le reconoció
indemnización administrativa, misma que aplicada el método técnico de
priorización, no se le entregó durante la vigencia de 2021 ni 2022. Debido a lo
anterior, la unidad le informó que para el 2023 se le aplicaría el método
nuevamente «y que no había lugar a informar una fecha cierta de pago hasta que se
acreditara una situación de extrema urgencia o vulnerabilidad o se alanzara el puntaje
para incluir su pago en la vigencia fiscal respectiva.»
No obstante, el 23 de marzo de 2023 sufrió un accidente de tránsito y fue
intervenido por presentar múltiples fracturas, por esta razón, el 20 de abril de 2023
presentó nueva solicitud ante la UARIV para que se evaluara su historia clínica y
se pronunciara en relación con el pago de la medida de indemnización, sin obtener
respuesta alguna.
El 23 de mayo del 2023 el señor Wilmer Córdoba Martínez presentó acción de
tutela en contra la UARIV, con el fin de que se ampararan sus derechos
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fundamentales de petición, al mínimo vital, a la salud, entre otros. Solicitó que se
le ordenara a dicha unidad valorar y evaluar los soportes médicos que acreditaban
el cumplimiento de los requisitos para ser priorizado para el pago de la
indemnización administrativa y, finalmente, diera un resultado favorable,
informando la fecha en que esta se haría efectiva.
El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín mediante
sentencia del 1° de junio del 2023 declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado debido a que la entidad accionada dio respuesta de fondo a la solicitud
elevada por el señor Córdoba Martínez, por las siguientes razones:
-Explicó que mediante memorial del 26 de mayo de 2023 la UARIV puso en
conocimiento del solicitante que la información adjuntada debía acreditarse
mediante certificado médico que cumpliera con los requisitos establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social, según se trata de una enfermedad
huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo o de una situación de discapacidad,
siendo documentos validos la historia clínica, epicrisis, notas médicas, concepto
médico que cumpla con los 6 requisitos de la Circular 009 de 2017.
-En dicho memorial, la UARIV también explicó que el método técnico de
priorización seria aplicado en el mes de septiembre de 2023 y que, por tanto, la
entidad estaba imposibilitada para dar una fecha cierta o pagar la indemnización
administrativa.
Inconforme con la anterior decisión el actor la impugnó. Correspondió en segunda
instancia el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia1, Sala Quinta de
Oralidad que mediante sentencia del 4 de julio de 20232 revocó el fallo, para, en
su lugar, amparar el derecho fundamental de petición y ordenar a la UARIV que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, le suministrara una
respuesta de fondo, clara y congruente a la petición elevada por el accionante:
-El tribunal consideró la UARIV no respondió de fondo la solicitud presentada por
el actor porque se limitó a indicar de manera general de que forma se acreditaban
las circunstancias que determinaban el acceso priorizado a la medida de
indemnización administrativa, pero nada dijo en relación con la documentación
aportada por el actor, «esto es, no le informa de manera clara y de fondo si ésta
cumple o no con los lineamientos para concluir que existe una condición de
vulnerabilidad».
-Agregó que la Corte Constitucional3 ha señalado que las víctimas no priorizadas
también tienen derecho a una respuesta concreta y de fondo sobre la fecha
aproximada en la cual accederán de manera efectiva a la indemnización, por lo
que «tiene el deber de informarle un plazo razonable para el acceso a la
medida que se le reconoció». (Negrillas fuera del texto)
1 La sala de decisión se compuso por la Dra. Sandra Liliana Pérez Henao, Adriana Bernal Vélez,
Álvaro Cruz Riaño
2 En la mentada decisión, la magistrada Adriana Bernal Vélez salvó su voto al considerar que el
juez no podía establecer un limite temporal para el reconocimiento de la indemnización
administrativa teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese pago estaban sujetos a la
reglamentación establecida en la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, modificada por la
Resolución 582 de 2021, a los criterios de priorización y a los principios de progresividad y
sostenibilidad.
3 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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El accionante manifestó que la UARIV no había dado cumplimiento el fallo de
tutela, por lo que solicitó la apertura de un incidente de desacato. El 10 de agosto
de 2023, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
declaró que la UARIV, a través de su funcionaria María Patricia Tobón Yagarí
incurrió en desacato al fallo de tutela proferido el 4 de julio de 2023 y le ordenó dar
cumplimiento inmediato. Igualmente, la sancionó con multa de 2 SMMLV4.
En grado jurisdiccional de consulta el 14 de agosto de 2023 Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad revocó el anterior proveído y
en su lugar, declaró que no había lugar a imponer sanción contra dicha funcionaria
porque la primera llamada a acatar la orden era la directora general de la entidad,
la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, «por lo que no encontraba acreditado el
elemento subjetivo». Concluyó que primero se debía verificar la responsabilidad de
la señora Sandra Viviana Alfaro Yara y luego de la señora María Patricia Tobón
Yagarí.
El accionante manifestó que la UARIV seguía incumpliendo el fallo de tutela, por lo
que solicitó la apertura de un nuevo incidente de desacato. El Juzgado Dieciséis
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín mediante providencia del 28
de agosto de 2023 declaró que la unidad, a través de la directora técnica de
reparaciones, Sandra Viviana Alfaro Yara incurrió en desacato y le ordenó cumplir
el fallo de tutela del 4 de julio de 2023. Igualmente la sancionó con multa de 2
SMLMV.
Con memorial del 23 de agosto de 2023 la UARIV informó que se comunicó
telefónicamente con el señor Wilmer Córdoba Martínez el 2 de agosto de 2023 y le
indicó que debía remitir el certificado de discapacidad o enfermedad huérfana,
ruinosa o catastrófica, ante lo cual el señor contestó: «son muchas las citas que tiene
que tramitar para solicitar este soporte, que hay personas que les han cancelado la
indemnización sin necesidad de soportes, con la misma edad que él o menores que él,
que no va a adjuntar más documentación, que se encuentra en cama y no se puede
movilizar»5.
Igualmente, la UARIV adjuntó comunicación LEX 7486683 en la cual le indicó al
accionante que, de no acreditarse ninguna situación de urgencia manifiesta ni de
extrema vulnerabilidad, el orden de otorgamiento del pago de la indemnización
administrativa se determinaría por la aplicación del método técnico de priorización,
de lo cual surgía para la entidad la imposibilidad de darle una fecha cierta o
probable para el pago.
En grado jurisdiccional de consulta el 31 de agosto de 2023 el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad revocó el anterior proveído y
en su lugar, declaró que no había lugar a imponer sanción a la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, toda vez que María Patricia Tobón Yagarí ostentaba el cargo
de directora general y en esa medida era superior jerárquico de la primera.
4 Que deberá consignar de su propio peculio dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de esta
decisión en el Banco Agrario.
5 Indice 2 de expediente, expediente de pruebas, folio 282
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Concluyó que, contrario a lo indicado por el a quo, primero se debían analizar las
actuaciones ejecutadas por la directora general, quien tiene a cargo la verificación
del correcto desempeño de la directora técnica del Área de Reparaciones.
El accionante manifestó que la UARIV seguía incumpliendo el fallo de tutela, por lo
que solicitó la apertura del incidente de desacato. El a quo constitucional mediante
providencia del 8 de septiembre de 2023 declaró que las accionantes incurrieron
en desacato del citado fallo de tutela, por lo que les ordenó su cumplimiento
inmediato y las sancionó con 2 SMMLV a cada una.
La UARIV reiteró que se encontraba a la espera de la documentación solicitada
para avanzar en el trámite de la indemnización administrativa, dado que en lo que
se adjuntó no se establece el tipo de discapacidad que presenta y tampoco
cumplía con los parámetros para priorizar por una enfermedad
huérfana/catastrófica/ruidosa. Agregó que, cuando tuviera dicha información,
procedería a aplicar el método técnico de priorización en septiembre de 2023.
En grado jurisdiccional de consulta el 14 de septiembre de 2023 modificó la
anterior providencia, para en su lugar, reducir la sanción a 1 SMLMV, al considerar
que persistía el incumplimiento del fallo de tutela.
Con memorial del 5 de octubre de 2023 la accionada indicó haber cumplido la
orden de tutela porque resolvió de fondo la petición del accionante, la cual fue
enviada a su correo electrónico. Las razones del cumplimiento se sintetizan a
continuación:
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El despacho judicial a través de providencia del 15 de noviembre de 20236 dejó sin
efectos la sanción impuesta a las funcionarias y se abstuvo de continuar con el
tramite del desacato en contra de la UARIV, por las siguientes razones:
-Como fundamento de su decisión, explicó que la UARIV le suministró una
respuesta de fondo, clara y congruente a la petición, pues el 25 de agosto de
2023 procedió a aplicarle el método técnico de priorización, pero se determinó
que no era procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria,
debido a que la ponderación de los componentes arrojó como resultado el valor
de 29.4184 y el puntaje mínimo para acceder a la medida indemnizatoria era de
42.5853:
-Adujo que tampoco se acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad a las que se refieren las resoluciones 1049 de 2019 y 582 de 2021,
ni siquiera con los documentos médicos allegados.
-Igualmente, explicó que la UARIV le informó al actor que durante el transcurso
del año 2024 aplicaría el método y le informaría el resultado de este proceso, de
tal manera que, si el resultado resultaba favorable, la entrega de la indemnización
administrativa sería de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.
Si, por el contrario, el resultado era no favorable, se le debía aplicar nuevamente
el método técnico de priorización en el año siguiente.
El 15 de enero del 2024 el señor Córdoba Martínez solicitó nuevamente la
apertura del incidente de desacato, pues consideró que la orden de tutela no había
sido cumplida por la entidad.
Mediante auto del 8 de febrero del 2024, el a quo declaró que las señoras Sandra
Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí incurrieron en desacato de la
orden de amparo constitucional al no encontrar acreditado que la UARIV le
hubiera proporcionado una respuesta de fondo al accionante. Explicó que, a pesar
de que el señor Córdoba Martínez no superó los criterios de priorización, tenía la
obligación de indicarle el plazo razonable en que tendría acceso a la medida que
se le reconoció. Por lo anterior, impuso a dichas funcionarias una multa por un
valor de 1 SMLMV.
La UARIV reiteró que existía imposibilidad jurídica de dar cumplimento a la orden
judicial frente al punto de indicarle un plazo razonable en el cual tendrá acceso a
la medida de indemnización administrativa, lo anterior ya que el que marco
6 PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS la sanción impuesta a SANDRA VIVIANA ALFARO YARA y
MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ, Directora Técnica del Área de Reparaciones y Directora
General, en ese orden, con ocasión al incidente de desacato promovido dentro de la acción de
tutela incoada a favor de WILMER CÓRDOBA MARTÍNEZ.
SEGUNDO: Abstenerse de continuar con el trámite de desacato en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.
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normativo impedía darle un trato diferencial al actor, «lo cual no comporta una actitud
evasiva ni negligente, de acuerdo al debido proceso desarrollado a través de la
Resolución 1049 de 2019ۜ»
En grado jurisdiccional de consulta, el 13 de febrero de 2024 el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la sanción impuesta debido a que la orden
consistió en indicarle al accionante un plazo razonable en el cual se le pagaría la
medida de indemnización, no obstante, habían transcurrido 7 meses y la autoridad
no le había otorgado una respuesta clara y de fondo, sino que, se había excusado
en la aplicación del método de priorización.
El 16 de febrero del 2024, la UARIV remitió correo electrónico con memorial
mediante el cual pidió que se le inaplicara la sanción impuesta por imposibilidad
jurídica para su cumplimiento. A través de auto del 21 de marzo del 2024, el
juzgado no accedió a la solicitado debido a que:
No es de recibo para este Despacho que se pretenda tener como cumplida
una orden de tutela y superados los motivos que dieron inicio al incidente de
desacato, cuando aún persiste la omisión que dio lugar a la imposición de la
orden de tutela, menos aún, cuando no media nuevo pronunciamiento de la
entidad que dé cumplimiento a lo ordenado, por lo que no será atendida
favorablemente, la solicitud de inaplicación allegada por la entidad accionada
El 22 de marzo de 2024 la accionada allega nuevamente solicitud de inaplicación
de sanción en los mismos términos de la anterior solicitud, y mediante auto del 19
de abril de 2024 el despacho decidió lo siguiente: «el despacho no emitirá
pronunciamiento nuevo respecto a ésta, sino que ORDENA CEÑIRSE A LO RESUELTO
EN AUTO DEL 21 DE MARZO PASADO».
El 24 de abril de 2023 el señor Córdoba Martínez solicitó la apertura de un nuevo
incidente de desacato, pues consideró que persistía el incumplimiento de la orden.
Igualmente, la UARIV solicitó al juzgado que se negara la apertura de dicho
mecanismo, pues existía imposibilidad de indicar una fecha cierta o dar a conocer
el tiempo para el pago de la medida indemnizatoria, toda vez que debía ser
respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del
debido proceso administrativo.
El 15 de mayo de 2024 el juzgado sancionó a las señoras Sandra Viviana Alfaro
Yara y María Patricia Tobón Yagarí con multa de 1 SMMLV a cada una. Dicha
decisión fue confirmada el tribunal el 21 de mayo de 2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora expuso que la acción de tutela cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad. Frente a la relevancia constitucional explicó que las
autoridades judiciales accionadas desconocen el auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, el cual estableció el procedimiento para el pago de las
indemnizaciones administrativas, por lo que su desconocimiento generaría
inseguridad jurídica. Sumado a lo anterior, indicó que, la decisión de sancionarlas
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genera un riesgo de los derechos fundamentales invocados, ya que, las multas
continúan vigentes.
Defecto por desconocimiento del precedente judicial7, por desatender la
sentencia SU-034 del 2018, que señaló expresamente las reglas jurisprudenciales
para que los jueces de tutela de primera instancia modularan el cumplimiento del
fallo, en consonancia con lo que se relaciona el pago de la indemnización
administrativa.
Por último, citó en extenso la referida sentencia proferida por la Corte
Constitucional, con la cual fundamentó que el juez constitucional tiene a su cargo
el cumplimiento del fallo, sin embargo, debe sopesar los informes allegados por la
entidad y evaluar que el no pago inmediato de la indemnización no obedece a una
actitud negligente del funcionario público, sino al contexto de un estado de cosas
inconstitucionales por violación masiva de derechos en el marco del conflicto
armado.
Con respecto al defecto fáctico, explicó que existió la indebida valoración de la
resolución que le reconoció la medida de indemnización otorgada por la entidad y
de los informes allegados al tramite que acreditaban la imposibilidad de dar
cumplimiento al fallo judicial.
Adujo que no le puede indicar una fecha de pago cierta de la indemnización al
señor Wilmer Córdoba Martínez, pues existe un marco normativo que la entidad
debe cumplir, el cual responde a los principios de progresividad, gradualidad y
sostenibilidad fiscal, «por los cuales no fue viable jurídicamente, ni materialmente
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo».
En ese sentido, explicó que para eso fue dispuesto el método técnico de
priorización como una herramienta para determinar el orden de pago de las
personas que están en las situaciones establecidas del artículo 4° de la
Resolución 1049 de 20198. Entonces, existe un desconocimiento por parte de la
7 La parte actora lo denominó «defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial»
pero la Sala lo analizará como un defecto por desconocimiento del precedente, pues invoca la
inaplicación de una sentencia.
8 Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los efectos del
presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente considerada, se
encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite:
A. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio
podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las Víctimas, de acuerdo al avance
en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional.
B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo
definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o
la Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización una víctima
advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales B y C del presente artículo,
deberá informarlo a la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas para ser
priorizada en la entrega de la indemnización.
Parágrafo 2. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad, dificultad del
desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas, catastróficas o de alto costo, a través de
cualquier documento suscrito por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país
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entidad de cuantas victimas serán priorizadas para el pago de la medida, lo que
hace imposible determinar una fecha de pago porque es incierta la asignación
financiera para asumir los pagos.
Explicó que, en el caso en concreto, el señor Wilmer Córdoba Martínez, a pesar
de ser una víctima del conflicto interno armado, no presenta ninguna situación
adicional de vulnerabilidad o urgencia manifiesta, razón suficiente para dar
prelación a otras personas que sí probaron las circunstancias de priorización
contenidas en los decretos que regulan la materia.
Violación directa de la Constitución, pues, con las decisiones enjuiciadas se
afectaron abiertamente los principios constitucionales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y a la
buena fe, por desconocer el procedimiento de reconocimiento de indemnización
administrativa previsto en la Resolución 1049 de 2019.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 15 de marzo de 20249, el magistrado ponente encargado10
admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada por la parte
accionante y ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín como
autoridades judiciales accionadas, con el fin de se refirieran a los fundamentos
allegaran pruebas y rindieran los informes que consideraran pertinentes.
También, requirió a las autoridades judiciales accionadas para que allegaran el
expediente de la acción de tutela e incidente de desacato con radicado 05001-33-
33-016-2023-00196-00.
1.6. Actuaciones procesales posteriores
Mediante auto del 10 de abril del 202311 se ordenó la notificación al señor Wilmer
Córdoba Martínez, en su calidad de tercero con interés, con el fin otorgarle 2 días
hábiles para que se pronunciara al respecto de la acción constitucional.
En respuesta, allegó un escrito el 30 de abril de 202412 mediante el cual puso de
presente que tiene un fallo constitucional que le ordena a la UARIV a pagar la
indemnización, debido a que ya se le expidió un acto administrativo de
reconocimiento. Adujo que la Corte Constitucional dispuso que todas las víctimas
no priorizadas tienen derecho a saber una fecha de cuando se les va a pagar el
reconocimiento, sin indicar puntualmente la sentencia.
extranjero. La documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines descritos
en el presente parágrafo, deberá traducirse por el aportante en el idioma español o inglés.
9 Índice 5 del expediente digital Samai.
10 En el momento se encontraba el Dr. Luis Alberto Álvarez en encargo del despacho que se
encuentra ahora la Magistrada Ponente.
11 Índice 17 del expediente digital Samai.
12 Índice 25 del expediente digital Samai.
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Concluyó que la entidad accionada ha venido entregando la indemnización a
personas jóvenes entre los 18 y 40 años, sin aportar ningún tipo de certificado
médico y sin tener los 68 años.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia13
Mediante memorial recibido el 21 de marzo del 2023, la autoridad judicial solicitó
negar las pretensiones de la demanda porque no se ha dado cabal cumplimiento
al fallo de tutela. Efectuó un recuento de los hechos que dieron lugar a la acción
constitucional, así como también los múltiples incidentes de desacato que se han
tramitado en el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín.
Concluyó que, de acuerdo con las respuestas otorgadas, estas no constituyen
respuesta de fondo, ya que, se limitan a indicarle que su resultado no le permitió
acceder a la medida de reparación en el 2023, la cual se realizará nuevamente en
el 2024, a pesar de lo anterior, la entidad solo se limitó a manifestarle la
imposibilidad jurídica de la orden dictada por la autoridad judicial.
1.6.1. Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín14
El 21 de marzo de 2024 allegó respuesta y expresó que no emitiría
pronunciamiento alguno respecto de las providencias judiciales, «pues su
motivación obra en las mismas que considera que son acordes con el ordenamiento
jurídico. No obstante, acataría la decisión que se profiera por la Corporación.» Por último,
anexó el expediente de tutela con sus respectivos incidentes de desacato.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por tanto, debe aplicarse el numeral 5º de la última
norma referida.
13 Índice 9 del expediente digital Samai.
14 Índice 10 del expediente digital Samai.
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Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otra
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia
judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Dieciséis
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín vulneraron los
derechos fundamentales «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio», con ocasión de la providencia del 13 de
febrero de 2024, mediante la cual confirmó el auto que sancionó a las
señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora técnica del
Área de Reparaciones de la Unidad Administrativa para La Reparación
Integral a las Víctimas y a la señora María Patricia Tobón Yagarí, en
calidad de directora general de la misma unidad, con multa de 1
SMLMV a cada una, por desacato del fallo del 4 de julio de 2023?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial;(ii) evolución jurisprudencial del tema referente a la
procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de
desacato;(iii) generalidades de los defectos alegados; (iv) de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados y (v) el estudio del caso
concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 15,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema16. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales17. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
17 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 20 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de
no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra
los autos que resuelven el incidente de desacato
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de la siguiente manera:
«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en
el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la
Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
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claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman
decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las
partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela,
debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán
ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta
se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el
incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra
un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del
fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que
hizo tránsito a cosa juzgada21.
Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en contra
de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo
que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la
decisión de tutela que sirvió como base para promover el incidente.
Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el
juez natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en
contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un
Estado de Derecho.
Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal Constitucional
fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas
en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional22”. (Subrayas por fuera del texto)
2.5. Generalidades de los defectos invocados
-Defecto por desconocimiento del precedente
Para esta Sala23, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho
Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen
los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea
para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele
la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos,
siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que
profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
23 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal24.
• Violación directa de la Constitución
Al respecto, la Corte Constitucional25 ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución
en los dos casos que se señalan a continuación.
El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental a
un caso concreto»26. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial por
el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia versa sobre un
derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se vulnera un
derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a
la Constitución27.
El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»28, y se fundamenta en el
artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y, por
tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con
aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia
a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»29.
-Defecto fáctico
Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201530, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos
a colación en la presente decisión.
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia cuentan con las
siguientes características:
24 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
26 Ibidem
27 Ibidem
28 Ibidem
29 Ibidem
30 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
el problema jurídico sometido a consideración y ésta fue negada;
ello, sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar
pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
Omisión de decreto De esta manera, se requiere:
y práctica de
pruebas 1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
indispensables 2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
para fallar el asunto legal
3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el
fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
Desconocimiento aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
del acervo juez.
probatorio Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre
determinante para que:
identificar la
1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
veracidad de los
el juez.
hechos alegados
por las partes 2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
Valoración 2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en
irracional o particular, la consideración del operador judicial se aleja
arbitraria de las de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
pruebas aportadas
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional
por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado
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Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
legales para su producción o introducción al proceso. Así las
Dictar sentencia
cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
con fundamento en
apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
pruebas obtenidas
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba
con violación del
que desconoce el debido proceso de las partes.
debido proceso
Para su configuración corresponde:
1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues además de ser desacertado puede generar confusión al
fallador.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito 31, se
encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al «al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen
nombre y patrimonio» ante la posible configuración de una serie de yerros , ya que
el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sanción por desacato, pese a
que durante el trámite incidental se demostró que ya se cumplió con el fallo de
tutela, pero que existe imposibilidad jurídica para informar la fecha cierta en que se
31 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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entregará la indemnización administrativa, puesto que debe regirse por el
procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019.
En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar
suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de
las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer como la decisión que se
abstuvo de levantar la sanción impuesta quebrantan su derecho al debido proceso
ya que le es posible incumplir la orden y por tanto se incurrió en un defecto fáctico,
en desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, los
cuales se sintetizan en que la decisión genera un riesgo de sus garantías, ya que,
las sanciones de multa continúan vigentes para las accionantes.
Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni tampoco
que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima sobre la
posible vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, este último garantía de raigambre
constitucional (artículo 229), que establece el derecho de toda persona a acceder
a la administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la protección
o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley.
Además de que este caso involucra la discusión sobre la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso derivado de los defectos endilgados a la
accionada, que conllevó al Tribunal Administrativo de Antioquia a sancionarlas en
repetidas ocasiones por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela, y por
ende, no puede considerarse como una discusión meramente legal ni tampoco se
pretende utilizar la acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el
juez contencioso administrativo.
Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche.
2.6.2. Inmediatez
También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior,
por cuanto la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que se acusa
como vulneradora, fue proferida el 13 de febrero de 2024, mientras que la tutela se
presentó el 3 de marzo de 2024. Así, sin que sea necesario establecer su fecha de
de ejecutoria, se advierte que la acción de tutela se radicó dentro del término
razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia32.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad y otro
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2.6.3. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del incidente de desacato identificado con radicado 05001-33-33-016-2023-00196-
00.
2.6.4. Subsidiariedad
En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió en
grado jurisdiccional de consulta, es evidente el agotamiento de los recursos
ordinarios. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia.
Por otro lado, debe indicarse que, con posterioridad a la decisión acusada, el 24
de abril de 2024 el señor Córdoba Martínez solicitó nuevamente la apertura del
incidente de desacato, al persistir el incumplimiento de la orden. La UARIV solicitó
al juzgado que se negara la apertura de dicho mecanismo, pues existía
imposibilidad jurídica de cumplir.
No obstante, si bien se encuentra en curso el trámite previsto sobre el incidente de
desacato no es dicho escenario el medio idóneo para defender los intereses de la
accionadas ya que la sanción impuesta es independiente a dicho trámite y se
encuentra vigente en contra de las actoras.
2.7. Análisis del caso concreto
Es del caso resaltar por razones de transparencia que, en el Consejo de Estado,
se han tramitado 2233 tutelas de similar situación fáctica a la presente, y en 5 de
ellas34 se accedió al amparado los derechos fundamentales de las señoras María
Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara al encontrarse acreditados los
defectos alegados, en razón a la imposibilidad jurídica de brindar una fecha cierta
o indicar un plazo razonable para el pago de la indemnización administrativa
reconocida.35 En razón a ello la Sala realizará algunas precisiones de orden
metodológico.
Derecho de las víctimas a ser reparadas y el procedimiento para reconocer y
otorgar la indemnización por vía administrativa
3311001031500020230750200/111001031500020240205200/11001031500020240205300,110010
31500020240201400,11001031500020240156800,11001031500020240118100,11001031500020
240113700,11001031500020230686001,11001031500020240095600,1100103150002024001380
0,11001031500020230767200,11001031500020230750200,11001031500020230391801,1100103
1500020230686000,11001031500020230681900,11001031500020230312101,110010315000202
30312100.
34 Todas proferidas por el Consejo de Estado, Sección Primera radicados:
11001031500020240058600, 11001031500020230681901, 11001031500020230386801,
11001031500020230391800, 11001031500020230387000.
35 La Sala indica que acogerá algunas de las consideraciones expuestas en dichas providencias en
el presente fallo por la similitud fáctica y jurídica que presentan.
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La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los derechos
de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral y en relación con la
indemnización administrativa, concluyó que, por regla general, la acción de tutela
no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba procedente para otorgar
protección a la población víctima de desplazamiento en condición de extrema
vulnerabilidad.
Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201336 concluyó que las
disposiciones normativas que establecen plazos y límites en términos del
presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio de
responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas a la
indemnización, por cuanto dicho principio “es un criterio orientador de las ramas del
poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la virtualidad de socavar derechos
fundamentales».
Es decir, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley para la
entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto
del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.
En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la sentencia
T-025 de 200437, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces
de la República a que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de
reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el
número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad competente para
atenderla.
Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se estudiaron
las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos de la
UARIV a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa, sentencia
que será analizada por la Sala al abordar el defecto por desconocimiento del
precedente planteado por la actora.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del derecho a
la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de indemnizaciones
administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en consideración
las medidas adoptadas por el ejecutivo con la finalidad de indemnizar al universo
de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.
Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las víctimas,
la UARIV víctimas expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 201938, en la
36 Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9 de
diciembre de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
37 En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de atención
a la población desplazada.
38 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015
y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”,
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cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó
el método técnico de priorización para su desembolso.
El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago a saber: «El método tiene
como objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará anualmente
para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos
apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco
de Gasto de Mediano Plazo del Sector» (Resaltado por la Sala).
Igualmente, en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 39 se establecen las
situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan lugar a la
priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y son las siguientes:
“Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para
los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa
a este grupo poblacional.
b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico
o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia de Salud.”
Reparos de la parte actora:
Consideró que la providencia acusada incurrió en los siguientes defectos: i)
desconocimiento del precedente40, al pasar por alto la sentencia SU-034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo; ii) fáctico, por valoración indebida del material probatorio
que establecía cuál era el procedimiento para la entrega de la indemnización
administrativa a las víctimas del conflicto armado y iii) violación directa de la
Constitución, al desconocer abiertamente los principios constitucionales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema
judicial y la buena fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está imposibilitada
para dar una fecha exacta de pago.
Teniendo en cuenta que los yerros están íntimamente ligados, ya que conducen a
demostrar que con los autos del 8 de febrero de 2024 y del 13 de febrero de 2024
39 modificada por la Resolución 582 de 2021
40 Este defecto se analizará como un defecto por desconocimiento del precedente, pues se esta
alegando el desconocimiento de una sentencia.
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se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados debido a
que la UARIV adujo que era imposible dar una fecha cierta de desembolso de la
indemnización administrativa, por cuestiones metodológicas la Sala los estudiará
de manera conjunta.
Con el fin de determinar si se configuran los anteriores reparos, resulta necesario
recordar los fundamentos que condujeron a imponer la sanción por desacato que
se discute en el caso sub examine:
-El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, mediante auto de 8 de
febrero de 2024 declaró que las funcionarias incurrieron en desacato de la orden
de amparo constitucional al no encontrar acreditado que la UARIV le había
proporcionado una respuesta de fondo al accionante. Adujo que, a pesar de que
el señor Córdoba Martínez no hubiera superado los criterios de priorización, tenía
la obligación de indicarle el plazo razonable en que tendría acceso a la
medida que se le reconoció.
-El Tribunal Administrativo de Antioquia al resolver el grado jurisdiccional de
consulta 13 de febrero de 2024 confirmó la sanción impuesta debido a que la
orden consistió en indicar al accionante un plazo razonable en el cual se le
pagaría la medida de indemnización, no obstante, habían transcurrido 7 meses
y la autoridad no le había otorgado una respuesta clara y de fondo, sino que, se
había excusado en la aplicación del método de priorización.41
«tiene el deber de informarle un plazo razonable para el acceso a la medida
que se le reconoció
Como se advierte, la tesis sostenida tanto por el juzgado como por el tribunal
consiste en que la orden de tutela no fue cumplida, ya que no se le ha informado
al señor Córdoba Martínez la fecha exacta en la que se efectuará el pago de la
indemnización reconocida.
En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que en múltiples ocasiones la UARIV
manifestó a las autoridades judiciales que le era imposible el día específico para el
pago toda vez que:
-El 25 de agosto de 2023 le aplicó al señor Córdoba Martínez el referido método
técnico de priorización, resultado del cual no fue posible realizar el desembolso de
la medida de indemnización, porque no cumplía con los criterios para ser
priorizado.
-Tampoco se acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad y;
-Le informó al actor que durante el transcurso del año 2024 volvería aplicar el
método y le informaría el resultado de este proceso, de tal manera que, si el
resultado resultaba favorable, la entrega de la indemnización administrativa sería
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.
41 En la orden de tutela se estableció de manera concreta lo siguiente: «tiene el deber de informarle
un plazo razonable para el acceso a la medida que se le reconoció»
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Para la imposición de la sanción por desacato, es necesario que el juez verifique
la existencia de dos elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al
incumplimiento del fallo, y el subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la
sanción por desacato, exige establecer que el responsable fue negligente respecto
de su obligación.
En la sentencia SU-034 de 2018, la cual la actora considera desconocida se
señaló lo siguiente:
-El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su
proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela.
-Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los
casos en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó
quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha
adoptado alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe,
pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. (Negritas propias)
Igualmente, en la referida sentencia se estableció que la autoridad que adelante el
incidente de desacato se debe limitar a verificar los siguientes aspectos: «(i) a
quién se dirigió la orden, (ii) en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma,
(iv) si efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la
sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no
obedeció lo ordenado dentro del proceso». (Negritas propias)
Ahora bien, para la Sala es dable concluir que, aun cuando el juzgado y el tribunal
afirmaron encontrar acreditados los elementos para la imposición de la sanción,
revisadas las providencias acusadas, se advierte que en ellas únicamente se hizo
un estudio respecto del elemento objetivo, pero no del subjetivo.
Lo anterior, toda vez que a lo largo del trámite incidental la UARIV explicó
detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a la sentencia de
tutela y el método que dispuso esa entidad. No obstante, en relación con la fecha
exacta de pago, situación que las autoridades judiciales accionadas le reprocharon
a lo largo del trámite incidental, la UARIV expuso que la misma se obtendría a
partir de la aplicación del método de priorización, el cual corresponde a un
proceso técnico que determina los criterios para proceder al desembolso, trámite
que se aplica de manera global y anualmente a todas las víctimas.
En ese orden, para la Sala, se configuraron los defectos alegados toda vez que las
autoridades judiciales no podían dejar de analizar dichos informes y solicitudes de
inaplicación de la sanción, pues estos estaban encaminados a demostrar que, si
bien, no se podía señalar una fecha exacta para el desembolso de la
indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar la orden
judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste al señor Córdoba
Martínez, sino a la capacidad financiera con la que cuenta la entidad, así como la
complejidad del trámite que aquí se ha expuesto.
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Así las cosas, para la Sala las autoridades desconocieron lo establecido en la
sentencia SU-034 de 2018, por medio de la cual se establecieron los elementos
que debe considerar el juez al resolver el incidente de desacato en tutela, pues
omitió valorar desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes de
cumplimiento y las solicitudes de inaplicación presentadas, que demostraban que
el juez no podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de
dicha reparación. Lo anterior, teniendo en cuenta que los plazos previstos
para ese pago están sujetos a la reglamentación citada, a los criterios de
priorización adoptados por la unidad, y a los principios de progresividad y
sostenibilidad.
2.8. Conclusión
Por lo expuesto, esta Sala:
-Concederá el amparo de los derechos fundamentales de la actora al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por encontrarse configurados
los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
-Dejará sin efectos la providencia del 13 de febrero de 2024 y 8 de febrero del
2024 proferidas por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del incidente de
desacato, identificado con el número único de radicación radicado 05001-33-33-
016-2023-00196-00.
-Se ordenará a dichas autoridades que, en el término de diez (10) días, contados a
partir de la notificación de esta sentencia profieran la providencia de reemplazo,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el método técnico de
priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso
de la indemnización administrativa reconocida al señor Wilmer Córdoba Martínez
por el hecho victimizante de secuestro mediante la Resolución 4102019-1013553
del 6 de abril de 2021, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela
de 4 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y se
logre la reparación integral a las víctimas.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, invocados por las señoras María Patricia
Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, en consecuencia, DEJAR SIN
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EFECTOS la providencia del 13 de febrero de 2024 y 8 de febrero del 2024
proferidas por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad dentro
del incidente de desacato, identificado con el número de radicación radicado
05001-33-33-016-2023-00196-00.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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