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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06209-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06209-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de enero de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró improcedente la presente acción por no superar el requisito de la inmediatez y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara. SEGUNDO: DEJAR sin efectos los autos del 13 y 14 de febrero de 2024, proferidos por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, y ORDENAR al Juzgado 33 Administrativo de Medellín que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06209-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de marzo de 2025

Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06209-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06209-01
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca sentencia de
primera instancia, para en su lugar, conceder el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 24 de enero de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En esta providencia se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por considerar que no satisface el
requisito general de procedibilidad de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Sandra Viviana Alfaro Yara, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia1. Con su solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre,
al patrimonio y a la «tutela judicial efectiva».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de los autos del 13 y 14 de febrero de 2024, proferidos por el Juzgado
33 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, al interior del trámite incidental dentro de la acción de tutela con
radicado 05001-33-33-033-2023-00455-00/01. En las mencionadas providencias
le fue impuesta una sanción por desacato, la cual se confirmó en grado
jurisdiccional de consulta.

1.2. Pretensiones

1 El escrito de tutela fue radicado el 15 de noviembre de 2024.

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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06209-01

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDA: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMIINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN y
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Inaplicar la Sanción
calendada el 13 de febrero de 2024, consistente en multa de uno (1) SMMLV.
Confirmada mediante auto del 14 de febrero de 2024 proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMIINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, proferir una nueva decisión que estudie de
fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción, que fueran oportunamente
presentadas por parte de la Unidad para las Víctimas, considerando los
argumentos expuestos reiteradamente por las accionantes en el trámite de
incidente de desacato, así como las subreglas contenidas en la Sentencia SU-034
de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMIINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de
la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con
ocasión de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMIINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva
del incidente de desacato2.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Silvio de Jesús Foronda Marín presentó acción de tutela contra la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en adelante, UARIV), por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la respuesta
que recibió por parte de la entidad frente a su petición de entrega de la
indemnización administrativa y la priorización en el pago a la que considera que

2 Transcripción literal que puede contener errores.

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tiene derecho, por ser víctima de desplazamiento forzado3.

6. Al proceso se le asignó el radicado 05001-33-33-033-2023-00455-00 y le
fue asignado al Juzgado 33 Administrativo de Medellín. Esa autoridad judicial,
mediante sentencia del 30 de octubre de 2023, amparó los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso del señor Foronda Marín al
concluir que no recibió una respuesta de fondo. En consecuencia, le ordenó a la
UARIV dar respuesta a la petición elevada por el actor en la que informe el
resultado de la priorización y, en caso de que fuera priorizado, definir un plazo
razonable en el que se realizaría el pago de la indemnización4.

7. El 12 de diciembre de 2023, el señor Foronda Marín presentó incidente de
desacato al considerar que la entidad demandada incumplió con la orden
contenida en el fallo de tutela del 30 de octubre de 2023. Por su parte, la UARIV
indicó que la orden de tutela es de imposible cumplimiento, en la medida en que
la entidad no puede señalarle al actor «los plazos aproximados y orden en el que,
de no ser priorizada, la persona accederá a la indemnización administrativa».

8. Además, añadió que fue aplicado el Método Técnico de Priorización de la
parte interesada, pero concluyeron que no era procedente materializar la entrega
de la medida indemnizatoria en vigencia fiscal 2023, debido a que el demandante
no cumplió con el puntaje mínimo requerido para ser priorizado.

9. Por lo anterior, el 13 de febrero de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín, declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de
directora técnica de reparaciones de la UARIV, incurrió en desacato y la sancionó
con multa de 1 salario mínimo mensual legal vigente.

10. Por auto del 14 de febrero de 2024, al resolver en grado jurisdiccional de
consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sanción, debido a
que no existían medios de prueba suficientes que acreditaran el cumplimiento del
fallo de tutela.

11. En esa misma fecha, la UARIV le solicitó al Juzgado 33 Administrativo de
Medellín la suspensión de la sanción que le fue impuesta a la señora Alfaro Yara,
hasta que aplicara el Método Técnico de Priorización del 2024, o que se declarara
la imposibilidad jurídica de cumplir la orden. No obstante, el 21 de febrero de
2024, el juzgado negó la solicitud debido a que la entidad incidentada continuaba
vulnerando el derecho fundamental de petición del señor Foronda Marín.

12. Por auto del 18 de marzo de 2024, el referido juzgado negó las solicitudes

3 El 30 de agosto de 2023, la UARIV le informó que, mediante la Resolución No. 4102019-994713

del 17 de marzo de 2021 decidió a su favor: (i) reconocer la medida de indemnización por ser
víctima de desplazamiento forzado, y (ii) aplicar el método técnico de priorización con el fin de
determinar el orden de entrega de los recursos. Además, le comunicó que dicho método será
aplicado en el segundo semestre del 2023 y que se le informaría el respectivo resultado.
4 Esta decisión no fue impugnada.

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presentadas por la UARIV el 23 de febrero y 14 de marzo de 2024, en las que,
con base en los mismos supuestos fácticos y pruebas aportadas de las
solicitudes previas, solicitó la inaplicación de la sanción.

13. Posteriormente, en providencia del 16 de mayo de 2024, el juzgado
nuevamente negó la solicitud de suspender la sanción allegada por la UARIV el
20 de marzo de 2024, en la que refirió que fue aplicado el Método de Técnico
Priorización a favor del señor Foronda Marín, y del resultado se determinó que
no era procedente materializar la entrega de la indemnización administrativa en
la vigencia fiscal 2023.

14. Asimismo, refirió que no se encontró una situación especial para
determinar un plazo probable, ya que el accionante no acreditó una situación de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. No obstante, la autoridad judicial
consideró que dicha circunstancia debía ser informada al actor y no obra en el
expediente ninguna prueba que acredite la remisión de la respuesta.

15. En 24 de septiembre de 2024, mediante el Oficio No. 7860170, la UARIV
solicitó la modulación del fallo de tutela del 30 de octubre de 2023. La petición
fue negada mediante providencia del 8 de noviembre de 2024, debido a que los
hechos expuestos en el requerimiento fueron analizados en el trámite de la acción
de tutela y en la apertura del incidente de desacato.

1.4. Sustento de la vulneración

16. La accionante indicó que las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en un defecto fáctico al valorar de manera «arbitraria, irracional y
caprichosa» los informes allegados al proceso, en los que, a su juicio, se acreditó
el cumplimiento del fallo de tutela. Además, sostuvo que no valoró la Resolución
No. 1049 de 2019, por medio de la cual se estableció el procedimiento que debe
seguirse para la entrega de la indemnización administrativa.

17. Consideró que se presentó un desconocimiento del precedente, debido
a que se no tomaron en consideración lo establecido en la sentencia SU-034 de
2018, proferida por la Corte Constitucional, en el que se determinaron las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo.

18. Refirió que incurrieron en una violación directa de la constitución con
las decisiones proferidas al interior de la acción de tutela, debido a que
transgreden sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la buena fe, en la medida en que
no tomaron en consideración el «Auto 206 de 2017» y el procedimiento para el
pago de indemnización administrativa.

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1.5. Trámite de primera instancia

19. Por medio del auto del 19 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, admitió la tutela. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y al
Juzgado 33 Administrativo de Medellín. Además, vinculó como terceros con
interés a la UARIV y al señor Silvio de Jesús Foronda Marín.

1.6. Intervención

1.6.1. Juzgado 33 Administrativo de Medellín

20. Manifestó que la solicitud de amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad, debido a que la sentencia de tutela no fue objeto de impugnación.
Por otra parte, sostuvo que la accionante pretende reabrir el debate frente al
alcance de la orden que le fue impuesta.

21. Refirió que, además, no se cumple con el requisito de inmediatez debido
a que la sentencia de tutela fue proferida el 30 de octubre de 2023 y el trámite
incidental culminó el 14 de febrero de 2024.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, la UARIV y el señor Silvio de Jesús
Foronda Marín, a pesar de haber sido notificados, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

22. Mediante sentencia del 24 de enero de 2025, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo
constitucional de la referencia, tras considerar que no superó el requisito de
inmediatez.

23. Indicó que el análisis se realizó frente al auto del 14 de febrero de 2024,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual resolvió el
grado jurisdiccional de consulta, puesto que a través de este se resolvió el litigio.

24. Al respecto, sostuvo que la providencia reprochada se notificó el 19 de
febrero de 2024 y la acción de tutela fue radicada el 15 de noviembre del mismo
año, lo cual evidencia que la accionante acudió ante el juez constitucional
después de haber transcurrido un tiempo mayor a 6 meses, por lo que el plazo
que dejó correr para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales no es
razonable.

25. Finalmente, precisó que la accionante no demostró estar en una situación
de debilidad manifiesta que le impidiera acudir ante el juez de tutela con el fin de
cuestionar la providencia por medio de la cual la cual se confirmó el auto que le
impuso la sanción.

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1.8. Impugnación

26. La parte actora indicó que la última actuación del juzgado accionado fue
el 8 de noviembre de 2024, lo cual, a su juicio, evidencia que la acción de tutela
fue radicada dentro del término.

27. Sostuvo que las solicitudes de inaplicación de la sanción justifican la
tardanza en interponer la presente acción constitucional, en tanto debía esperar
hasta que el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín las
resolviera.

28. Finalmente, refirió que los demás requisitos generales para la
procedibilidad de la tutela están satisfechos, porque: (i) recurrió a otros
mecanismos judiciales de defensa antes de presentar la tutela, como los diversos
memoriales que radicó en los que le solicitó al juzgado levantar la sanción y, (ii)
expuso los hechos por los cuales consideró que la autoridad judicial se equivocó
al sancionarla.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de enero de 2025. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

31. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara está legitimada en la causa por activa, por ser la persona
sancionada por desacato en el auto reprochado en la presente acción
constitucional.

32. De otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia
está legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad judicial
que profirió la providencia que se cuestiona por esta vía y a la que se le adjudica
la transgresión ius fundamental.

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2.3. Problemas jurídicos

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta, el material probatorio
recaudado y el informe presentado, los problemas jurídicos a resolver en el caso
concreto son los siguientes:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al buen nombre, al patrimonio y a la «tutela
judicial efectiva» de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, al proferir el auto del
14 de febrero del 2024?

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

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especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

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40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela
contra los autos que resuelven el incidente de desacato

42. La Corte Constitucional, en la sentencia T - 482 de 2013, sostuvo lo
siguiente:

«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas
en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente,
la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente,
siempre que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por
cuanto es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades
judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos
fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional
la acción de tutela, debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente
no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que
con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento
para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela
interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración
alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto
debatido que hizo tránsito a cosa juzgada»

43. Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de
desacato, lo que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se
pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió como base para promover el
incidente.

44. Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos
por el juez natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va
en contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes
en un Estado de Derecho.

45. Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal
Constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes
términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.

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4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional10.
(Subrayado por fuera del texto)

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1 Relevancia constitucional

46. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

10
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ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
47. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los criterios
jurisprudenciales acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

48. La accionante formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto
de esta acción constitucional: i) defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
ii) desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional y, iii) violación directa de la constitución
porque las decisiones sancionatorias transgreden sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y
a la buena fe.

49. Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito11,
se encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron los
derechos fundamentales referidos en el numeral anterior, debido a que las
providencias sancionatorias y los autos que negaron la solicitud de inaplicación
de la sanción desconocieron que, pese a que en el trámite incidental se demostró
que el señor Jesús Foronda Marín no cumplía con los requisitos para ser
priorizado, existe la imposibilidad jurídica para informar la fecha cierta en que se
entregará la indemnización administrativa, puesto que debe regirse por el
procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019.

50. En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de
evidenciar suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer como la
decisión que se abstuvo de levantar la sanción impuesta quebranta su derecho
al debido proceso ya que le es posible incumplir la orden, y en virtud de ello
presentó múltiples solicitudes de inaplicación de la sanción que fueron negadas.
Por tanto, a su juicio, se incurrió en un defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, los cuales se sintetizan en que
la decisión genera un riesgo de sus garantías, ya que, las sanciones de multa
continúan vigentes.

51. Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni

11 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del
23 de mayo de 2024,
radicado núm. 11001-03-15-000-2024-01069-00 y 11001-03-15-000-2024-02053-00.

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tampoco que se limite a cuestiones económicas, pues se trata de una duda
legítima sobre la posible vulneración de principios constitucionales como el
acceso a la administración de justicia, que ampara el derecho de toda persona a
acceder a la administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y
la ley.

52. Además, este caso involucra la discusión sobre la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso derivado de los defectos endilgados a las
autoridades judiciales accionadas, que conllevó al Tribunal Administrativo de
Antioquia a sancionar a la señora Alfaro Yara por el presunto incumplimiento de
un fallo de tutela. En ese orden, se reitera que lo pretendido por la accionante no
puede considerarse como una discusión meramente legal ni tampoco que
pretende utilizar la acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el
juez contencioso administrativo.

53. Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya
controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico,
sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la
decisión judicial objeto de reproche.

2.6.2. Tutela contra tutela

54. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de posibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues las providencias reprochadas fueron proferidas al interior
del trámite incidental dentro de la acción de tutela con radicado 05001-33-33-033-
2023-00455-00/01.

2.6.3 Subsidiariedad

55. La parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir las providencias que cuestiona mediante esta
vía. Esto, debido a que, por tratarse de decisiones que negaron la solicitud de
inaplicación de la sanción por desacato, no son susceptibles de recurso alguno.

2.6.4. Inmediatez

56. También se acredita el requisito de inmediatez, pues pese, a que la
accionante cuestiona los autos del 13 y 14 de febrero de 2024, proferidos por el
Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente, la accionante agotó los mecanismos que tenía a su alcance,
previo a la interposición de la acción de tutela, con fin de que la sanción fuera
inaplicada.

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57. Prueba de lo anterior son las múltiples solicitudes de inaplicación de la
sanción que radicó con el fin de que la medida impuesta fuera reconsiderada. Por
lo tanto, resulta razonable contar el término de inmediatez desde la providencia
proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, mediante la cual negó la solicitud de modulación de la orden
de tutela.

58. En ese orden, debido a que la solicitud de amparo fue radicada el 15 de
noviembre de 2024, se encuentra superado el requisito.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos.

59. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.

60. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió en
un defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución.

61. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes ante la presunta
configuración de los cargos formulados.

2.7. Generalidades de los defectos invocados

2.7.1 Defecto fáctico

62. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201512, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

63. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12
de noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso.

64. Este cargo, procede cuando a la luz de los postulados de la sana crítica la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente equivocada y por
ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado. Para su procedencia, se
requiere entonces que la parte: i) precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez; ii) identifique la razón del por qué en
cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica; y iii) refiera la incidencia de la
prueba en el fallo atacado.

2.7.2. Desconocimiento del precedente

65. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente13.

66. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos14 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.

67. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Sanciones por desacato en las órdenes de reconocimiento de la
indemnización administrativa

68. La Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En
relación con la indemnización administrativa, concluyó que, por regla general, la
acción de tutela no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba
procedente para otorgar protección a la población víctima de desplazamiento en
condición de extrema vulnerabilidad.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

14
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69. Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201315, concluyó que las
disposiciones normativas que establecen plazos y límites en términos del
presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio de
responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas a la
indemnización, por cuanto dicho principio «es un criterio orientador de las ramas
del poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la virtualidad de
socavar derechos fundamentales».

70. Es decir, para la Corte es viable la aplicación de criterios e instrumentos
de priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley
para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el
contexto del conflicto armado, con miras a viabilizar la adecuada reparación
integral de las víctimas, conforme a los principios de igualdad, gradualidad y
progresividad.

71. En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la
sentencia T-025 de 200416, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que exhortó a
los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir temporalmente
órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por
desacato, dado el número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad
competente para atenderla.

72. Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se
estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos
de la UARIV a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa,
sentencia que será analizada por la Sala al abordar el defecto por
desconocimiento del precedente planteado por la actora.

73. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar
en consideración las medidas adoptadas por el ejecutivo con la finalidad de
indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al
mismo tiempo.

74. Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019 17, en la
cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y
creó el método técnico de priorización para su desembolso.

15 Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a

las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9 de
diciembre de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
16 En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de

atención a la población desplazada.
17 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía

administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015
y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”,

15
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75. El artículo 17 de la resolución mencionada, indica que el método se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago a saber: «El método tiene
como objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera
proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para
tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector»
(Resaltado por la Sala).

76. Igualmente, en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 201918 se establecen
las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan lugar a
la priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y son las
siguientes:

Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los
efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a
este grupo poblacional.
b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de
alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio
de Salud y Protección Social o la Superintendencia de Salud.

2.9. Caso en concreto

77. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, a juicio de la parte
accionante, los autos del 13 y 14 de febrero de 2024, proferidos las autoridades
judiciales accionadas, mediante los cuales fue sancionada por desacato tras
considerar que no cumplió la orden impartida en el fallo del 30 de octubre de
2023, violó sus derechos fundamentales.

78. En relación con los defectos, la actora alegó los siguientes: i) fáctico por
indebida valoración probatoria y por omitir valorar la Resolución No. 1049 de 2019
que contiene el procedimiento de la indemnización administrativa, ii)
desconocimiento del precedente por no aplicar la sentencia SU-034 de 2018
proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo y, iii) violación directa de la Constitución por vulnerar sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica,
a la confianza legítima y a la buena fe, por no tener en cuenta que la UARIV está

18 Modificada por la Resolución 582 de 2021.

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imposibilitada para dar una fecha exacta de pago.

79. Sin embargo, la Sala no se pronunciará respecto de este último, en tanto
este se construye a partir de una petición de principio. En otras palabras, la
conclusión se funda en la misma premisa que la actora pretende probar con la
acción: la pretendida transgresión de sus derechos y garantías fundamentales.
Por tanto, el análisis se limitará a los defectos fáctico y sustantivo. Estos, a su
vez, serán estudiados de forma conjunta, habida cuenta de que están
íntimamente ligados.

80. Con el fin de determinar si se configuran los anteriores reparos, resulta
necesario poner de presente los fundamentos que condujeron a imponer la
sanción por desacato que se discute en el caso sub examine:

I. Mediante auto proferido el 13 de febrero de 2023, el Juzgado 33
Administrativo de Medellín declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara, en calidad de directora técnica de reparaciones de la UARIV, incurrió
en desacato y la sancionó con multa de 1 salario mínimo mensual legal
vigente. Esto, tras considerar que, pese a que se informó el resultado
negativo del método de priorización, no le señaló al accionante los plazos
aproximados en el que se realizará el pago.

II. Por auto del 14 de febrero de 2024, en grado jurisdiccional de consulta, el
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sanción, debido a que no
existían medios de prueba suficientes que acreditaran el cumplimiento del
fallo de tutela y aun persistía la vulneración del derecho fundamental de
petición del actor.

III. Posteriormente, la UARIV radicó en múltiples solicitudes de inaplicación
de la sanción en las que puso de presente la imposibilidad de cumplir con
la orden. No obstante, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín negó los
requerimientos.

81. Ahora bien, para la imposición de la sanción por desacato, es necesario
que el juez verifique la existencia de dos elementos: i) el objetivo, que hace
referencia al incumplimiento del fallo, y ii) el subjetivo, que, dada la naturaleza
disciplinaria de la sanción por desacato, exige establecer que el responsable fue
negligente respecto de su obligación.

82. En la sentencia SU-034 de 2018, la cual la actora considera desconocida
se señaló lo siguiente:

El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar el conminado a
cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza
mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su
proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela.
Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía
cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna

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conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha
dado la oportunidad de hacerlo. (Énfasis de la Sala)

83. Para la Sala es dable concluir que, aun cuando el juzgado y el tribunal
afirmaron encontrar acreditados los elementos para la imposición de la sanción,
revisadas las providencias acusadas, se advierte que en ellas únicamente se hizo
un estudio respecto del elemento objetivo, pero no del subjetivo.

84. Lo anterior, toda vez que a lo largo del trámite incidental la UARIV explicó
detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a la sentencia
de tutela y el método que dispuso esa entidad. No obstante, en relación con la
fecha exacta de pago, situación que las autoridades judiciales accionadas le
reprocharon a lo largo del trámite incidental, la UARIV expuso que la misma se
obtendría a partir de la aplicación del Método Técnico de Priorización, el cual
corresponde a un proceso en el que se estudian diversos criterios para proceder
al desembolso, trámite que se aplica de manera global y anualmente a todas las
víctimas.

85. Al respecto, la UARIV puso de presente en que el 14 de diciembre de 2023
aplicó dicho sistema para determinar si el señor Foronda Marín cumplía con los
requisitos para ser priorizado. No obstante, concluyó que no obtuvo el puntaje
mínimo para acceder a la medida indemnizatoria. Asimismo, le indicó que el pago
depende de la disponibilidad presupuestal de la entidad, motivo por el cual, es
posible que existan solicitudes que obtuvieron el puntaje requerido, pero por
motivos presupuestales no sea posible la entrega efectiva de los recursos.

86. Adicionalmente, refirió que dicho documento fue remitido a las siguientes
direcciones electrónicas:

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87. En ese orden, para la Sala, se configuraron los defectos alegados, toda
vez, que las autoridades judiciales no podían dejar de analizar dichos informes y
solicitudes de inaplicación de la sanción, pues estos estaban encaminados a
demostrar que, si bien, no se podía señalar una fecha exacta para el desembolso
de la indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar la
orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste al señor
Foronda Marín, sino a la capacidad financiera con la que cuenta la entidad, así
como la complejidad del trámite que aquí se ha expuesto.

88. Así las cosas, para la Sala, las autoridades judiciales accionadas
desconocieron lo dispuesto en la sentencia SU-034 de 2018, por medio de la cual
se establecieron los elementos que debe considerar el juez al resolver el
incidente de desacato en tutela, pues omitió valorar desde la óptica de la
responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento y las solicitudes de
inaplicación presentadas, que demostraban que el juez no podía establecer un
límite temporal para el reconocimiento de dicha reparación. Lo anterior, teniendo
en cuenta que los plazos previstos para ese pago están sujetos a la
reglamentación citada, a los criterios de priorización adoptados por la UARIV, y
a los principios de progresividad y sostenibilidad.

2.10. Conclusión

89. Con fundamento en las consideraciones expuestas con antelación, se
concederá la solicitud de amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por encontrarse configurados
los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

90. Por lo tanto, se dejará sin efectos los autos del 13 y 14 de febrero de 2024,
proferidos por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, y se ordenará al Juzgado 33
Administrativo de Medellín que, en el término de (10) días, contados a partir de
la notificación de esta sentencia, profiera providencia de reemplazo, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

91. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con
la reglamentación citada, debe continuar aplicando anualmente el método técnico

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de priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo
desembolso de la indemnización administrativa reconocida al señor Silvio de
Jesús Foronda Marín mediante la sentencia del 30 de octubre de 2023 proferida
por el juzgado accionado y en la Resolución No. 04102019-994713 del 17 de
marzo de 2021 emitida por la UARIV, con el objeto de dar cumplimiento a la orden
de tutela, y se logre la reparación integral de la víctima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de enero de 2025 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró improcedente la
presente acción por no superar el requisito de la inmediatez y, en su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos los autos del 13 y 14 de febrero de 2024,
proferidos por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, y ORDENAR al Juzgado 33
Administrativo de Medellín que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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