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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04815-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04815-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 26 de junio de 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-04815-00 Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro 2024, proferido por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04815-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

14 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04815-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04815-00
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA
Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial – ampara los derechos
fundamentales de la accionante. Ausencia del elemento
subjetivo - imposibilidad jurídica de cumplir la orden de tutela1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por la parte accionante, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 9 de septiembre de 2024, la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante UARIV), radicó acción de tutela con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio.

Las referidas garantías fundamentales las consideró transgredidas con ocasión de
las siguientes providencias:

• Auto del 3 de mayo de 2024 por medio del cual, el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad confirmó la decisión del 22 de abril de
2024 en la que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín resolvió
sancionarla con multa de un (1) SMLMV.

1 Se reitera postura de la Sección Quinta de la sentencia 11001-03-15-000-2024-02053-00. Ver
casos con similitud fáctica y jurídica del Consejo de Estado:, 11001-03-15-000-2024-01568-00,
11001-03-15-000-2023-07672-01, 11001-03-15-000-2024-01181-01, 11001-03-15-000-2024-
00138-01.

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04815-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro

• Auto del 20 de junio de 2024 por medio del cual, el Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad confirmó la decisión del 13 de junio
de 2024 en la que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín
resolvió sancionarla con multa de dos (2) SMLMV.
• Auto del 26 de junio de 2024, proferidos por el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín en el que negó la solicitud
de inaplicación de la sanción requerida por la accionante.

Lo anterior en el marco de un incidente de desacato que presentó el señor Juan
Alberto Botero Ayala, dentro de la acción de tutela radicado 05001-33-33-037-2024-
00009-00.

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y SIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, inaplicar las siguientes
sanciones:

➢ Sanción calendada en Auto del 22 de abril de 2024 confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA mediante 03 de mayo de la misma anualidad
consistente en multa de uno (1) S.M.M.L.V.
➢ Sanción calendada en Auto del 13 de junio de 2024 confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA mediante 20 de junio de la misma anualidad
consistente en multa de dos (2) S.M.M.L.V.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA Y AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA ANALICE/ ESTUDIE/ MODULÉ la providencia de tutela del 01 de febrero de
2024, dentro del radicado 05001333303720240000900, en cumplimiento de la Sentencia SU-
034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió
con la orden al expedir la Resolución No. 04102019-1527232 del 4 de junio de 2021, que
reconoció el derecho a la entrega de las indemnización administrativa a JUAN ALBERTO
BOTERO AYALA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al particular con
sus respectivos resultados de los años 2022 y 2023.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLIN que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones
pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial
de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLIN, ANTIOQUIA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que
acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de
la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato2.

1.3. Hechos

2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

2
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04815-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

El 26 de febrero de 2024, el señor Juan Alberto Botero Ayala3 radicó incidente de
desacato contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV, con ocasión a que no cumplió la orden que tanto
el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín como
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta dieron en el marco de una
acción de tutela.

La orden fue la siguiente:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición alegado por el señor
JUAN ALBERTO BOTERO AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía N
70.102.096, que fue vulnerado por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS – UARIV-. Conforme a las consideraciones expuestas
en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Directora Técnica de Reparaciones de la UNIDAD PARA
LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS – UARIV, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA y/o quien haga sus veces como tal, que, directamente, o
por medio de quien corresponda, en el improrrogable término de setenta y dos (72)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente decisión, emita una respuesta
clara, de fondo y congruente respecto al estado de la indemnización administrativa
del accionante en garantía de los derechos fundamentales señalados en la parte
motiva de esta providencia, indicándole un plazo aproximado y el orden en el que
accederá a esos recursos, evitando señalar únicamente la inclusión en un nuevo
Método Técnico de Priorización, o que se le informará a finalizar el año.

En providencia de 22 de abril de 2024, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, incurrió en
desacato de la orden de tutela de 1. ° de febrero de 2024.

De manera que, la sancionó con una multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.

En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta, en providencia 3 de mayo de 2024, decidió lo siguiente:

PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia consultada, proferida el 22 de abril de 2024
por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: CONMÍNASE a Sandra Viviana Alfaro Yara en calidad de directora
técnica de reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, para que acate oportunamente las órdenes judiciales y vele porque el
personal a su cargo observe el mismo comportamiento.

3Quien se encuentra incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de
HOMICIDIO Resolución No. 4102019-13055520 del 31 de agosto de 2021.

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El 20 de mayo de 2024, el señor Juan Alberto Botero Ayala presentó nuevamente
incidente de desacato contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad
de directora técnica de reparación de la UARIV, alegando el cumplimiento de la
sentencia en mención.

En providencia de 13 de junio de 2024, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, incurrió en
desacato de la orden de tutela de 1. ° de febrero de 2024, sancionándola con multa
de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta, en providencia del 20 de junio de 2024 confirmó la providencia consultada.

El fundamento de ambas providencias fue que «la incidentada no cumplió con la
orden impuesta en el fallo descrito al inicio de esta providencia, pues no obra
constancia alguna que acredite el cumplimiento de la misma. Incluso, en el informe
presentado durante el trámite del incidente, la entidad aceptó que no ha dado
cumplimiento a la tutela y manifestó que está en imposibilidad para acatar la orden
judicial».

Inconforme con la sanción, la UARIV solicitó ante el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, la inaplicación de la sanción,
con fundamento en que:

La Entidad resulta jurídicamente imposible establecer una fecha cierta y/o
plazo de pago, por cuanto la Unidad DEBE CEÑIRSE A SU
PROCEDIMIENTO LEGAL como lo dispone la Resolución No. 1049 de 2019
la accionante NO SE ENCUENTRAN CON CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
ACREDITADO de conformidad a lo establecido en artículo 4 de la Resolución
No. 01049 del 15 de marzo de 2019, y primero de la Resolución 582 de 2021.
En ese orden de ideas, la Unidad NO desconoce los derechos de la
accionante, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser
indemnizada, sin embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su
imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento, por
lo que a través del procedimiento se adoptó un sistema mixto que permite
tanto la atención inmediata de aquellas víctimas que se encuentran en
extrema vulnerabilidad, como la atención de otras víctimas que no se
encuentran en tales situaciones, pero son titulares del derecho a la reparación
económica. Finalmente, vale la pena indicar que, el sistema de priorización
establecido se alinea con el interés público y social, pues mantiene coherencia
con el alcance de la sostenibilidad fiscal, la cual fue abordada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-753 de 2013 que la reconoce como un
instrumento orientador de la política de víctimas para el reconocimiento
progresivo de la indemnización administrativa.

Por lo anterior, adujo que «la Unidad aplicará durante el transcurso del año 2024 el
método técnico de priorización e informará el resultado de este proceso, de tal
manera que, si el resultado es favorable, la entrega de la indemnización
administrativa será de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.

Si, por el contrario, el resultado es no favorable, al JUAN ALBERTO BOTERO
AYALA se le aplicará nuevamente el «Método Técnico de Priorización», en el año
siguiente».

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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro

Por su parte, en providencias de 26 de junio de 2024, el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín no accedió a la inaplicación
requerida por la parte incidentada.

Ello con base en que «el Despacho advierte que la entidad accionada persiste en la
negativa del cumplimiento, obviando que su argumentación fue refutada en la
sentencia de tutela, impugnación, sanciones por desacato y confirmación de estas
en dos oportunidades por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no siendo
procedente, como lo pretende, debatir aspectos que han sido abordados en otros
escenarios procesales».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV, adujo que, con las providencias reprochadas, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, respectivamente,
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al patrimonio.

Expuso que las providencias incurrieron en los siguientes yerros:

• Desconocimiento del precedente: mencionó la sentencia SU - 034 de
2018, proferida por la Corte Constitucional4, «que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia, module el
cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnización administrativa».

También trajo a colación la sentencia T-351 de 2011, específicamente el siguiente
fragmento:

[…] el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que
se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como
norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la
Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por
razones de igualdad.

• Defecto fáctico: adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, en las providencias reprochadas valoraron defectuosamente los escritos
proferidos por la UARIV, así como la resolución que resolvió el reconocimiento de
la medida indemnizatoria.

Expuso que los medios de convicción se analizaron de forma arbitraria, irracional y
caprichosa, puesto que «sin razón valedera da por no probado el hecho del
incumplimiento de la sentencia, y adicionalmente no tiene en cuenta las
explicaciones manifestadas en distintas oportunidades relacionadas con el debido
proceso administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo

4 Si bien cuando mencionó esta providencia hizo referencia a un defecto sustantivo, lo cierto es que

la sala lo adecúa en un defecto por desconocimiento del precedente.
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es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas
del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las víctimas».

• Violación directa de la Constitución: arguyó que con las decisiones del
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, se evidencia arbitrariamente la
afectación de los principios constitucionales, tales como, el debido proceso, la
igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima en el sistema judicial y la buena
fe.

Ello, por desconocer lo previsto en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución 01049 de
2019.

En consecuencia, por cuestiones metodológicas la Sala los estudiará de manera
conjunta.

1.6 Trámite de la acción

1.6.1. Manifestación de impedimento

El 13 de septiembre de 2024, la ponente de esta decisión manifestó su impedimento
para conocer y decidir esta acción de tutela, con fundamento en la causal prevista
en el numeral 5.º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, dado que, sostiene una
amistad íntima y entrañable con el Magistrado Daniel Montero Betancur quien hace
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y suscribió
los autos enjuiciados.

Mediante auto del 26 de septiembre de 2024, la sala conformada por el consejero
Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto Álvarez Parra y Omar Joaquín Barreto
Suárez declaró infundado el impedimento al concluir que no se configuraba la causal
alegada.

1.6.2. Admisión

Mediante auto de 21 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la accionante, al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, y les otorgó el término de tres
días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991.

Asimismo, vinculó como tercero con interés, al señor Juan Alberto Botero Ayala
[quien actuó como incidentante en el trámite de desacato identificado con el
radicado número 05001-33-33-037-2024-00009-00], para que, si lo consideraba del
caso, interviniera en la presente tutela, dentro del término de dos (2) días, contados
a partir de la fecha de recibo de dicha providencia.

De igual forma, negó la solicitud de medida provisional, y ordenó a la Oficina de
Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de

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la corporación con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento
de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales
respectivas la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se
dictaron las providencias censuradas.

1.7. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en los índices
pertinentes del aplicativo Samai, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.7.1. Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad

En intervención de 25 de octubre de 2024, el magistrado ponente rindió informe en
el presente trámite tutelar, e hizo un recuento de los hechos y pretensiones que
suscitaron la presente acción constitucional.

Resaltó que la pretensión del accionante va encaminada a cuestionar fallos de
tutelas, órdenes impartidas y obtener por vía de esta acción constitucional
autorización para incumplir los mandatos dados. De igual forma señaló que las
providencias cuestionadas son válidas, razonadas, ajustadas a derecho y
respetuosas de los precedentes jurisprudenciales, sin que se pueda afirmar que se
vulneraron derechos fundamentales algunos.

Finalmente remitió enlace de acceso al expediente digital.

1.7.2. Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín

En correo electrónico de 25 de octubre de 2024, indicó que la pretensión de la
accionante es que se trámite una acción de tutela contra un fallo de tutela lo que
torna improcedente el amparo constitucional. Resaltó que los mecanismos para
controvertir los fallos de tutelas son únicamente la impugnación del fallo y la revisión
eventual que realiza la Corte Constitucional.

De igual forma señaló la existencia de la cosa juzgada constitucional pues el asunto
fue resuelto en sentencia del 1. ° de febrero de 2024, así como los autos del 22 de
abril y 13 de junio de 2024 «los cuales han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo la
revisión eventual de la Corte Constitucional».

Finalmente, solicitó se declare improcedente el trámite constitucional y remitió copia
del expediente digital.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV contra el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069

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de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV, con ocasión de las providencias reprochadas,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado
Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
respectivamente, en el marco de dos incidentes de desacato.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) evolución jurisprudencial del tema referente a la procedencia
de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato; (iii)
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados; (iv)
las generalidades de los defectos alegados y (v) el estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
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2.4. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra
los autos que resuelven el incidente de desacato

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de la siguiente manera:

«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte
ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que
durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio
decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que
sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de
una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en
todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un
asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada9.

Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en contra
de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo que
está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la decisión
de tutela que sirvió como base para promover el incidente.

Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el juez
natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en contravía de
los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un Estado de
Derecho.

Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal Constitucional fijó
las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas en el
trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue

9 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

9
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producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional10”. (Subrayas
por fuera del texto)

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito 11, se
encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio, ante la posible configuración de los defectos por
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la Constitución.

Esto, con fundamento en que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta
confirmó las decisiones del 3 de mayo y 20 de junio de 2024, en la que el Juzgado
Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín sancionó a la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara, por el incumplimiento de una orden de tutela, a
pesar de que durante el trámite incidental y en las solicitudes de inaplicación de la
sanción ha explicado que existe imposibilidad jurídica para informar la fecha cierta
en que se entregará la indemnización administrativa al señor Juan Alberto Botero
Ayala, dado que, debe regirse por el procedimiento administrativo dispuesto en la
Resolución 1049 de 2019.

En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar
con suficiencia una tensión entre las providencias censuradas y el núcleo
esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer como las
decisiones proferidas por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín se abstuvieron de levantar la sanción impuesta,
quebrantando así el derecho fundamental al debido proceso, dado que, a la

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
10
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señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV, no le es posible cumplir la orden.

Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad, ni tampoco
que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima sobre la
posible vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, este último garantía de raigambre
constitucional, el cual establece el derecho de toda persona a acceder a la
administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la protección o el
restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley.

Además, se debe precisar que el presente caso involucra la discusión sobre la
posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso derivado de los
defectos endilgados a la parte demandada, que conllevó tanto al juzgado como al
tribunal accionado a sancionar a la señora Alfaro Yara, por el presunto
incumplimiento de un fallo de tutela, y por ende, no puede considerarse como una
discusión meramente legal, puesto que, es claro que no se pretende utilizar la
acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el juez contencioso
administrativo.

Se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
en atención a que se está en presencia de una posible trasgresión de las garantías
constitucionales de la actora, cuya controversia no se enfocó en un debate de orden
de contenido legal o económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre
las garantías invocadas y la decisión judicial objeto de reproche.

2.5.2. Inmediatez

El requisito de inmediatez se tiene por satisfecho en el presente asunto, si se
tiene en cuenta que la última providencia dictada al interior del trámite de
desacato corresponde al auto de 26 de junio de 2024, por medio del cual, el
Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín no
accedió a la inaplicación de la sanción que solicitó la parte incidentada. Así, sin
que sea necesario establecer su fecha de de ejecutoria, se advierte que la acción
de tutela se radicó dentro del término razonable de seis (6) meses señalado por
la jurisprudencia12.

2.5.3. Tutela contra tutela

Esta Sala de decisión encuentra que no existe reparo alguno en relación con este
juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión
de la misma naturaleza, pues las providencias judiciales controvertidas se
profirieron en el marco del incidente de desacato dentro de la acción de tutela
radicado 05001-33-33-037-2024-00009-00, el cual promovió el señor Juan Alberto
Botero Ayala contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
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2.5.4. Subsidiariedad

En consideración a dicho requisito, por tratarse de decisiones que negaron la
solicitud de inaplicación de la sanción por desacato, se tiene que no son
susceptibles de recurso alguno, conforme lo dispone el Decreto 2591 de 1991.

Superados los requisitos de procedibilidad se analizarán los defectos alegados y el
fondo del asunto.

2.6. Generalidades de los defectos invocados

2.6.1 Defecto por desconocimiento del precedente

Para esta Sala13, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.

Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen
los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea
para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele
la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos,
siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que
profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas corresponden
más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma cuyos
presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente una
actividad creadora del juez como tal14.

2.6.2. Violación directa de la Constitución

Al respecto, la Corte Constitucional15 ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución en

13 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación

11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
14 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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los dos casos que se señalan a continuación.

El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto»16. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial
por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia versa sobre un derecho
de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se vulnera un derecho
fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución17.

El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»18, y se fundamenta en
el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y, por
tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con aquella,
es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad» 19.

2.6.3. Defecto fáctico

Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201520, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos a colación
en la presente decisión.

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.

Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia cuentan con las
siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó
al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema
jurídico sometido a consideración y ésta fue negada; ello, sin desconocer
la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los
requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
Omisión de decreto y
importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre
práctica de pruebas
la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá
indispensables para
cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
fallar el asunto
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada

16 Ibidem
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
13
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era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se pretenden
probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de
Desconocimiento del
amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
acervo probatorio
desconocidas por el juez.
determinante para
Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre que:
identificar la
1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
veracidad de los
2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
hechos alegados por
oportunamente al proceso
las partes
3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para variar el
sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente equivocada
o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez
Valoración irracional 2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en particular, la
o arbitraria de las consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
pruebas aportadas lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital importancia, pues
es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario,
implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con
base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la
prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
Dictar sentencia con
cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
fundamento en
una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
pruebas obtenidas
Para su configuración corresponde:
con violación del
1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
debido proceso
violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado puede generar confusión al fallador.

2.7. Caso concreto

14
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Es del caso resaltar por razones de transparencia que, en el Consejo de Estado, se
han tramitado acciones de tutela de similar situación fáctica a la presente, y en
varias de ellas se ha accedido al amparo deprecado21, porque se han encontrado
acreditados los defectos alegados, en razón a la imposibilidad jurídica de brindar
una fecha cierta o indicar un plazo razonable para el pago de la indemnización
administrativa, es por esto, que esta Sala de decisión, hará algunas precisiones de
orden metodológico.

2.7.1. Derecho de las víctimas a ser reparadas y el procedimiento para
reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y en relación con la
indemnización administrativa, concluyó que, por regla general, la acción de tutela
no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba procedente para otorgar
protección a la población víctima de desplazamiento en condición de extrema
vulnerabilidad.

Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201322 concluyó que las disposiciones
normativas que establecen plazos y límites en términos del presupuesto nacional
no suponían una extralimitación del principio de responsabilidad fiscal en detrimento
del derecho de las víctimas a la indemnización, por cuanto dicho principio “es un
criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado que
no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales».

Es decir, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley para la
entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto
del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.

En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la sentencia T-
025 de 200423, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces de la
República a que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de
reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el
número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad competente para
atenderla.

Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se estudiaron
las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos de la UARIV
a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa, sentencia que será
analizada por la Sala al abordar el defecto por desconocimiento del precedente
planteado por la actora.

21 La sala indica que acogerá algunas de las consideraciones expuestas en dichas providencias en

el presente fallo por la similitud fáctica y jurídica que presentan.
22 Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las

víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9 de diciembre
de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
23 En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de atención

a la población desplazada.
15
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De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del derecho a
la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de indemnizaciones
administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en consideración las
medidas adoptadas por el ejecutivo con la finalidad de indemnizar al universo de
víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.

Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las víctimas, la
UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 201924, en la cual estableció
las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método
técnico de priorización para su desembolso.

El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago es: «El método tiene como
objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional
a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de
conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector». (Negrillas fuera
del texto original)

Igualmente, en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 25 se establecen las
situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan lugar a la
priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y son las siguientes:

“Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para
los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:

a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa
a este grupo poblacional.

b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico
o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia de Salud.”

2.7.2. Reproches expuestos por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su
calidad de directora técnica de reparación de la UARIV

Como se expuso en el acápite de fundamentos de la vulneración, la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV
consideró que las providencias acusadas incurrieron en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente, y violación directa de la constitución.

24 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y
01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”,
25 modificada por la Resolución 582 de 2021

16
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De manera que, con el objetivo de determinar si se configuran los reparos expuestos
por la tutelante, resulta necesario recordar los fundamentos que condujeron a la
autoridad accionada a imponer la sanción por desacato y negar la solicitud de
inaplicación de estas multas, que se discuten en el presente asunto:

El 26 de febrero y el 20 de mayo de 2024, el señor Juan Alberto Botero Ayala
presentó incidente de desacato contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su
calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, con ocasión a que no
cumplió la orden que tanto el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín como el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta
dieron en la sentencia de tutela del 1. ° de febrero de 2024, respectivamente.

Por consiguiente, en providencias del 22 de abril y 13 de junio de 2024, el Juzgado
Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín declaró que la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación
de la UARIV, incurrió en desacato por no cumplir las mencionadas órdenes, y la
sancionó con una multa de un (1) y dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, respectivamente.

En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta, en providencias del 3 de mayo y 20 de junio, confirmó las sanciones
impuestas.

El fundamento de la decisión fue que «la incidentada no cumplió con la orden
impuesta en el fallo, pues no obra constancia alguna que acredite el cumplimiento
de esta. Incluso, en el informe presentado durante el trámite del incidente, la entidad
aceptó su incumplimiento y manifestó que está en imposibilidad para acatar la orden
judicial».

Inconforme con la sanción, la representante judicial de la UARIV solicitó ante el
Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, la
inaplicación de la sanción, con fundamento en que «resulta jurídicamente imposible
establecer una fecha cierta y/o plazo de pago, por cuanto la unidad DEBE CEÑIRSE
A SU PROCEDIMIENTO LEGAL, como lo dispone la Resolución No. 1049 de 2019
la accionante (sic) NO SE ENCUENTRAN CON CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
ACREDITADO de conformidad a lo establecido en artículo 4 de la Resolución No.
01049 del 15 de marzo de 2019, y primero de la Resolución 582 de 2021».

Por su parte, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, en providencia del 26 de junio de 2024, no accedió a la inaplicación que
requirió la parte incidentada, con base en que «el Despacho advierte que la entidad
accionada persiste en la negativa del cumplimiento, obviando que su argumentación
fue refutada en la sentencia de tutela, impugnación, sanciones por desacato y
confirmación de estas en dos oportunidades por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, no siendo procedente, como lo pretende, debatir aspectos que han sido
abordados en otros escenarios procesales».

Considerado lo anterior, esta Sección debe indicar que para la imposición de la
sanción por desacato, es necesario que el juez verifique la existencia de dos
elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo, y el

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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
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subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por desacato, exige
establecer que el responsable fue negligente respecto de su obligación.

En la sentencia SU-034 de 2018, que la señora Sandra Viviana Alfaro Yara,
mencionó en su escrito tutela, se señaló lo siguiente:

• El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar si el conminado
a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional
de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para
conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela.

• Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los
casos en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó
quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado
ha adoptado alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de
buena fe, pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. (Negritas
fuera del texto original)

Cabe señalar que para la Sala es dable concluir que, aun cuando el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín afirmaron que los elementos
para la imposición de la sanción estaban acreditados, lo cierto es que, revisadas las
providencias acusadas, se advierte que en ellas únicamente se hizo un estudio
respecto del elemento objetivo, pero no del subjetivo.

Toda vez que, a lo largo del trámite incidental, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara,
en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, explicó en reiteradas
oportunidades y detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a
las sentencias de tutela y el método que dispuso esa entidad.

Sin embargo, en relación con la fecha cierta en la que se entregará la indemnización
administrativa al señor Juan Alberto Botero Ayala, la UARIV expuso que la misma
se obtendría a partir de la aplicación del método de priorización, el cual corresponde
a un proceso técnico que determina los criterios para proceder al desembolso,
trámite que se aplica de manera global y anualmente a todas las víctimas.

En este punto, es importante precisar que lo mencionado en el párrafo
inmediatamente anterior, y al interior del trámite incidental le fue comunicado en
diferentes oportunidades a las autoridades que conocieron el desacato y también al
señor Juan Alberto Bedoya Ayala, a saber:

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En ese orden, para la Sala, es evidente que se configuraron los defectos alegados
por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV, toda vez que, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín no podían pasar por alto y dejar de analizar los informes, soportes y la
inaplicación de la sanción, puesto que, estos estaban encaminados a demostrar
que, si bien, no se podía señalar una fecha exacta para el desembolso de la
indemnización reconocida al señor Juan Alberto Botero Ayala, ello no se debió a un
desinterés en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho
que le asiste al señor Botero Ayala, sino a la (i) la imposibilidad jurídica en aplicación
de la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, (ii) la capacidad financiera con la
que cuenta la UARIV, así como (iii) la complejidad del trámite que se mencionó en
líneas precedentes.
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Así las cosas, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y
el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
desconocieron lo establecido en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional, por medio de la cual se establecieron los elementos que debe
considerar el juez al resolver el incidente de desacato en tutela, pues como se
evidenció, omitió valorar desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes
de cumplimiento y la solicitud de inaplicación presentada, que demostraban que el
juez no podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de dicha
reparación.

Ello, teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese pago están sujetos a la
reglamentación citada, a los criterios de priorización adoptados por la UARIV, y a
los principios de progresividad y sostenibilidad.

2.8. Conclusión

En la presente sentencia, esta Sala de Decisión concederá el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, quien fue
sancionada en el trámite incidental de desacato dentro de la acción de tutela bajo
radicado 05001-33-33-037-2024-00009-00, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV, de manera que:

Se dejarán sin efectos la providencia del 26 de junio de 2024, en la que el Juzgado
Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín negó la
inaplicación de la sanción impuesta a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su
calidad de directora técnica de reparación de la UARIV.

Se ordenará al Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta sentencia profiera la providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

Sin perjuicio de esto, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el método técnico de
priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso
de la indemnización administrativa reconocida al señor Juan Alberto Botero Ayala,
con el objeto de dar cumplimiento a las sentencias de tutela proferidas por las
autoridades demandadas, y se logre la reparación integral a las víctimas.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 26 de junio de

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2024, proferido por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Siete Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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