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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00958-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00958-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00958-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00958-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MELISSA VANESSA TINOCO PINTO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE DEBATIR, A PARTIR DE
ARGUMENTOS DE PURA LEGALIDAD, UNA DIVERGENCIA QUE
RECAE SOBRE UN ASUNTO ECONÓMICO QUE YA FUE OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA. PROCESO EJECUTIVO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

DE BARRANQUILLA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

1
En adelante el JUZGADO.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00958-00
Actora: MELISSA VANESSA TINOCO PINTO

ATLÁNTICO2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MELISSA VANESSA TINOCO PINTO, actuando mediante

apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo

vital y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio,

le fueron vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber

proferido las providencias de 23 de mayo, 9 de junio y 2 de octubre

de 2023, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo identificado

con el número único de radicación 2016-00337-03.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el MUNICIPIO DE SOLEDAD3

2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante el Municipio

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3

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con el fin de que se dejara sin efecto el acto administrativo mediante

el cual se revocó su nombramiento en el cargo de profesional

universitario del área de planeación educativa municipal de la

ALCALDÍA DE SOLEDAD.

Sostuvo que dicho medio de control fue identificado con el número

único de radicación 08001-33-33-005-2016-00337-00 y atribuido

para su trámite al JUZGADO que, mediante sentencia de 28 de

septiembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda.

Alegó que dicha decisión fue objeto de recurso de apelación que fue

desatado por el TRIBUNAL que, a través de providencia de 31 de

agosto de 2018, revocó la sentencia de primera instancia y condenó

al MUNICIPIO, ordenó su reintegro al mismo cargo que

desempeñaba y al pago de los salarios, prestaciones sociales y

demás emolumentos dejados de percibir desde el momento en que

fue retirada del servicio, hasta la fecha en la que fue efectivamente

reintegrada.

Afirmó que con el fin de obtener el pago de $353’577.178, esto es,

el valor al que ascendería la condena impuesta en el ordinal cuarto

de la sentencia de 31 de agosto de 2018, proferida por el

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TRIBUNAL, promovió proceso ejecutivo que fue identificado con el

número único de radicación 2016-00337-03 y atribuido para su

trámite al JUZGADO que, a través de providencia de 23 de mayo de

2023, decidió no librar el mandamiento de pago solicitado, bajo el

argumento de que en el año 2012 el MUNICIPIO suscribió acuerdo

de reestructuración de pasivos, lo cual, implicaba la imposibilidad de

iniciar su ejecución en vigencia de dicho acuerdo.

Adujo que el 4 de abril de 2022 presentó una nueva solicitud de

cumplimiento de sentencia por valor de $99.806.282 más los

intereses que se causaran y que dicho cambio en el valor

correspondió a un abono en el pago de la obligación.

Comentó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

reposición en subsidio de apelación que fue desatado mediante

providencia de 9 de junio de 2023 por el JUZGADO, confirmando la

decisión recurrida, denegando el recurso de reposición y concediendo

en el efecto suspensivo el recurso de apelación.

Explicó que el recurso de apelación fue desatado por el TRIBUNAL

mediante auto de 2 de octubre de 2023, confirmando la providencia

mediante la cual se decidió no librar el mandamiento de pago.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente jurisprudencial referente al

cumplimiento de las sentencias judiciales y la ejecución de las

mismas, en tanto que las acreencias laborales como lo son el pago

de salarios, las prestaciones sociales o las indemnizaciones, gozan

de especial protección del Estado.

Argumentó que las autoridades judiciales desconocieron el

precedente judicial contenido en la sentencia T-560A de 2014, en la

cual se explicó que al juez de tutela le es viable conceder la orden de

cumplimiento de una sentencia que imponga obligaciones de dar,

como ocurre en su caso.

Sostuvo que las sumas reclamadas corresponden a obligaciones

contraídas por el Departamento con posterioridad a la celebración del

acuerdo, razón por la cual es claro que su acreedor no podía haber

participado en el mismo, no estaba obligado a hacerlo cuando se

surtió la publicación para que participaran los acreedores y tampoco

fue incorporado por voluntad de las partes en el mismo con

posterioridad, razón por la cual esta excepción debía rechazarse.

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Refirió que en este caso se cumplen las condiciones para concurrir al

cobro ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo cual

deben ampararse sus derechos fundamentales a la igualdad ante la

ley, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, toda

vez que dicho desconocimiento vulnera los derechos que le fueron

reconocidos en la sentencia de 31 de agosto de 2018, proferida en el

proceso ordinario que dio origen al cobro de la sentencia.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Amparar lo derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y móvil, acceso a
la administración de justicia y debido proceso de la accionante
MELISSA TINOCO PINTO.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente
ruego a ustedes, dejar sin efectos los autos de fecha veintitrés
(23) de mayo y nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2.023),
proferidos por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA y auto de fecha dos (2) de octubre
de dos mil veintitrés (2.023), proferido por la sala de decisión
oral de la sección B, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO, por medio de la cual se denegó el trámite de
ejecución adelantado por la señora MELISSA TINOCO PINTO en
contra del MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLANTICO), Radicación.
No. 08-001-33-33-005-2016-00337-00, arguyendo que la
demandada se encuentra inmersa en los tramites de ley 550 de
1.999, cuando esta situación no es oponible a la demandante
[…]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que no hubo trasgresión alguna a

los derechos fundamentales deprecados, por lo cual solicitó que se

declarara improcedente la solicitud de amparo constitucional de la

referencia, habida cuenta que la providencia cuestionada se

encuentra ajustada a derecho.

Anotó que, revisado el escrito introductorio, advertía que lo

pretendido por la actora realmente era constituir una tercera

instancia, con la finalidad de obtener otra decisión más favorable a

sus intereses en la que se emita un juicio jurídico, más no

constitucional del asunto objeto de controversia, lo cual resulta

contrario a la naturaleza propia de la solicitud de amparo.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso

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proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efectos

las providencias de 23 de mayo, 9 de junio y 2 de octubre de

2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 2016-00337-03.

A través del proceso ejecutivo aludido la actora pretendía obtener el

pago de una condena impuesta al MUNICIPIO DE SOLEDAD, en

cumplimiento de una sentencia judicial en la que se le condenó al

pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos

dejados de percibir por la actora, con ocasión de la declaratoria de

nulidad del acto administrativo mediante el cual se revocó su

nombramiento en el cargo de profesional universitario del área de

planeación educativa municipal de la ALCALDÍA DE SOLEDAD.

El disenso de la actora deviene del hecho de que tanto el JUZGADO

como el TRIBUNAL negaron el mandamiento de pago que pretendía,

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bajo el argumento de que en el año 2012 el MUNICIPIO suscribió

acuerdo de reestructuración de pasivos, lo cual implicaba la

imposibilidad de iniciar su ejecución en vigencia de dicho acuerdo.

En sentir de la actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, por cuanto lo

procedente era que libraran el mandamiento de pago, teniendo en

cuenta que las acreencias laborales como lo son el pago de salarios,

las prestaciones sociales o las indemnizaciones, gozan de especial

protección del Estado.

Precisado lo anterior la Sala advierte que, pese a que también fueron

cuestionados los autos proferidos por el JUZGADO, el objeto de

estudio del presente caso recaerá en el auto de 2 de octubre de 2023,

proferido por el TRIBUNAL, en la medida en que fue a través de esa

providencia que el proceso ejecutivo origen de la controversia fue

concluido.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL

vulneró el derecho al debido proceso de la actora, al haber

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confirmado la decisión de no librar el mandamiento de pago solicitado

en el curso del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2016- 00337-03.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas

[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

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validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de

contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de

reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la

actora.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque se deriva del alcance que la actora pretende se dé al numeral

13 del artículo 58 de la Ley 550 de 199914, al que se acogió el ente

territorial ejecutado, conforme al cual, a su juicio, se debía librar el

mandamiento de pago solicitado, teniendo en cuenta que resultaba

aplicable a la deuda cuyo pago se perseguía. Dichos aspectos,

además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la

medida en que su solución derivaría de la simple aplicación de la

norma aludida, fueron resueltos por el TRIBUNAL, así:

“[…] En el sub examine, la sentencia que sirve como título base
de recaudo es la proferida por esta Corporación el 31 de agosto
de 2018, la cual cobró ejecutoria el 28 de enero de 2019, como
consta en la certificación emitida por el Secretario del Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla. El
proceso referido se tramitó bajo el régimen del CPACA, por lo
que se hizo ejecutable diez (10) meses después, es decir, a
partir del 29 de noviembre de 2019, habiéndose presentado el

14
“Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente
con las normas de esta ley.”

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presente medio de control el 22 de julio de 2021, en los términos
del numeral 2° Literal k) del artículo 164 del CPACA previamente
citado.

Aclarado lo anterior se tiene que el Juez A quo, en virtud de lo
previsto en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999
que establece que, en el caso de las entidades territoriales
incursas en acuerdos de reestructuración, no procede la
iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y
recursos de la entidad y de hallarse en curso tales procesos o
embargos, se suspenderán de pleno derecho, consideró que en
el caso bajo estudio lo que correspondía era negar el
mandamiento de pago solicitado por la señora Melissa Tinoco
Pinto, en atención al expreso precepto establecido en dicho
sentido, esto bajo el entendimiento de que el mencionado
Juzgado tenía, (sic) según el cual, no hay lugar a iniciar procesos
ejecutivos contra entidades territoriales que hayan suscrito un
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, independientemente
que la acreencia de la cual se solicita su ejecución haya nacido
con posterioridad a la suscripción del mentado acuerdo.

En este punto, resulta relevante precisar que la Corte
Constitucional, a través de sentencia C-493 de 2002, declaró
exequible el referido numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de
1999; para el efecto, sostuvo que las reglas establecidas en esta
norma, relacionadas con: 1) suspender el término de
prescripción y no operancia de la caducidad de las acciones
respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial; 2) que
no haya lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni
embargos de los activos y recursos de la entidad, y 3) de hallarse
en curso tales procesos o embargos, se suspenden de pleno
derecho-, no configuran una vulneración del derecho a la
igualdad, ni desprotegen a quienes tienen créditos pendientes
con estos entes, ni desconocen los derechos adquiridos de los
extrabajadores, puesto que, consideró, son “medidas razonables
y proporcionadas, coherentes con la finalidad de la Ley 550 y
con la necesidad de recuperación institucional de las entidades
territoriales, encargadas de garantizar la atención de las
necesidades básicas de la población”; además, no extinguen las
obligaciones a su cargo, sino que establecen un orden de
prelación para realizar los pagos.

Así mismo, el Consejo de Estado consideró que ningún tipo de
acreencia puede hacerse valer mediante un proceso ejecutivo
mientras se esté realizando la reestructuración de pasivos de la

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entidad ejecutada.

Conforme a lo expuesto, a la fecha es imposible iniciar y/o
tramitar procesos ejecutivos en contra de las entidades
territoriales, que se encuentren sujetos a un acuerdo de
reestructuración de pasivos, sin que en nada influya el hecho de
que la acreencia cuyo recaudo forzado se persiga, haya nacido
con posterioridad a la firma o celebración del acuerdo de pago
de pasivos, ello en atención a las reglas especiales que
gobiernan las relaciones negóciales y de pago de los créditos que
contraigan los entes públicos establecidas en la Ley 550 de 1990,
bajo la interpretación adoptada por la Corte Constitucional, en
el entendido claro, que la inejecutabilidad cobija los créditos
anteriores a la promoción y celebración del acuerdo, así como
los nacidos con posterioridad la firma del mismo.

Así las cosas, se advierte que el municipio referido se encuentra
sujeto a un acuerdo de reestructuración de pasivos, situación
que conlleva a señalar, conforme a lo expuesto que es imposible
tramitar procesos ejecutivos en contra de dicho ente territorial,
sin que en nada influya el hecho de que la acreencia haya nacido
con posterioridad al inicio de la negociación y ejecución del
respectivo acuerdo.

En ese orden de ideas, como quiera que en el presente asunto
el ejecutado es el municipio de Soledad – Atlántico, ente
territorial a quien le cobijan los efectos de las disposiciones
legales citadas, en virtud de la aceptación por parte de la
Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, de la solicitud de promoción de un acuerdo de
reestructuración de pasivos presentada por ese ente territorial,
es del caso abstenerse de dar trámite al proceso de ejecución de
la referencia.

En consecuencia, se impone confirmar el auto interlocutorio de
23 de mayo de 2023, mediante el cual el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del circuito de Barranquilla decidió no librar
el mandamiento de pago solicitado por ministerio de la Ley 550
de 1999 […]”.

De la trascripción en cita, la Sala advierte que en la providencia

cuestionada, al resolver cada uno de los cargos formulados por la

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actora, el TRIBUNAL se refirió a la aplicación del numeral 13 del

artículo 58 de la Ley 550 de 1999 para explicar que en el caso de las

entidades territoriales incursas en acuerdos de reestructuración, no

procede la iniciación de procesos de ejecución, ni embargos de los

activos y recursos de la entidad y, de hallarse en curso tales procesos

o embargos, se suspenderán de pleno derecho, por lo cual en el caso

objeto de estudio lo que correspondía era negar el mandamiento de

pago solicitado por la actora.

Además, la autoridad judicial accionada explicó de forma precisa que

no hay lugar a iniciar procesos ejecutivos contra entidades

territoriales que hayan suscrito un Acuerdo de Reestructuración de

Pasivos, independientemente que la acreencia de la cual se solicita

su ejecución haya nacido con posterioridad a la suscripción de dicho

acuerdo.

Lo anterior evidencia que, en efecto, la presente acción de tutela es

improcedente por falta del requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que el asunto deriva de una

controversia legal y de contenido económico que ya fue resuelta por

el juez natural del asunto.

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Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente

económico, en la medida en que la inconformidad de la actora tiene

origen en un proceso ejecutivo en el cual pretendía un pago de una

obligación dineraria, sin que se advierta, ni se acredite que dicha

situación pueda llegar a comprometer su mínimo vital o cualquier

otro derecho fundamental, de forma que el juez de tutela esté

llamado a ordenar el pago de la condena origen de la controversia.

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En relación con este aspecto, esta Sala17 ha indicado:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.

47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]” (Destacado
fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00

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sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y

de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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