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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00964-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00964-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas. 9 Ibidem, pp. 15 y 16. 10 Ibidem, pp. 20 y 21. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-00964-00 Demandante: Lilia Chaparro Infante 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00964-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

4 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00964-00
Demandante: Lilia Chaparro Infante

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00964-00
Demandante: LILIA CHAPARRO INFANTE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Contra providencia judicial de nulidad y restablecimiento del
derecho, por medida de intervención administrativa que suspendió
funciones de revisora fiscal. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lilia Chaparro Infante contra la
Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de febrero de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, la parte actora pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
confirmó la decisión de negar las pretensiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Subsidio Familiar,
expediente 15001-23-31-000-2010-01374-02, por los actos administrativos que
ordenaron intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá
y suspendieron las funciones de la revisora fiscal.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primera: tutelar el derecho fundamental al debido proceso. Como consecuencia dejar sin efecto
el fallo proferido el 2 de noviembre de 2023 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesto por Lilia Chaparro Infante contra la Superintendencia del Subsidio Familiar,
Rad. 15001233100020100137402.

Segunda: ORDENAR a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado que adopte las medidas necesarias para dictar nueva sentencia, revocando el
fallo de 13 de agosto de 2015 proferido por la Sala de Decisión de Descongestión N.9 del Tribunal
Administrativo de Boyacá y por tanto acogiendo las pretensiones de la demanda.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Sobre el proceso de intervención de la Caja de Compensación Familiar de
Boyacá -COMFABOY-
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00964-00
Demandante: Lilia Chaparro Infante

El 30 de abril de 2009, la Asamblea General Ordinaria de Afiliados COMFABOY reeligió
a Lilia Chaparro Infante como revisora fiscal principal para el periodo 2009-2011.

Mediante Resolución 639 del 26 de noviembre de 2009, la Superintendencia de
Subsidio Familiar ordenó practicar visita a COMFABOY, para verificar el estado general
de los aspectos legales, administrativos, financieros, contables, servicios sociales,
inversiones y demás aspectos inherentes al funcionamiento de la Corporación.

Las visitas se llevaron a cabo entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2009, y
del 12 al 17 de enero de 2010 se practicó visita especial para ampliar el recaudo
probatorio, de lo cual se rindió informes.

Con fundamento en las visitas realizadas y los informes respectivos, la
Superintendencia de Subsidio Familiar expidió la Resolución 0078 del 29 de enero de
2010, por medio de la cual se ordenó como medida cautelar intervenir totalmente la
administración y la revisoría fiscal de COMFABOY en forma definitiva. En
consecuencia, suspendió en el ejercicio de sus funciones legales y estatutarias al
Consejo Directivo y a la revisora fiscal.

Contra la anterior decisión, los exmiembros del Consejo Directivo y la revisora fiscal
interpusieron recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución 0168 del 12 de
abril de 2010, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

3.2. Sobre el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Lilia Chaparro Infante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Superintendencia de Subsidio Familiar, para que se declarara la nulidad de
las Resoluciones 0078 del 29 de enero de 2010 y 168 del 12 de abril de 2010, mediante
las cuales se ordenó intervenir totalmente la administración de COMFABOY y se
suspendió del ejercicio de sus funciones a la revisora fiscal. Como restablecimiento del
derecho, pidió que se condenara al pago de los honorarios dejados de percibir como
revisora fiscal, desde la fecha en que fue suspendida del cargo hasta el reintegro o el
periodo para el cual fue nombrada y los perjuicios morales.

Mediante sentencia del 13 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda, porque los actos administrativos fueron
motivados, la entidad demandada no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al
suspender del cargo a la revisora fiscal de la entidad intervenida, y no se desconocieron
los derechos al debido proceso y defensa en el trámite administrativo.

Inconforme con la decisión, la demandante apeló y la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de noviembre de 2023, la confirmó porque la
autoridad administrativa (i) no se extralimitó en sus funciones, (ii) no desconoció el
debido proceso, (iii) no incurrió en una indebida interpretación de la Ley 25 de 1981 ni
los Decretos 341 de 1988 y 2150 de 1992 y (iv) no se configuró una falsa motivación.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora adujo que la sentencia del 2 de noviembre de 2023, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en los siguientes vicios de fondo:

Desconocimiento del precedente porque se apartó del concepto del 10 de diciembre
de 1997 de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación1, según el cual los
revisores fiscales de las cajas de compensación no son objeto de medidas de
intervención administrativa por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar,
debido a que no realizan operaciones de recaudo, administración y pago de aportes.
1 CP. Luis Camilo Osorio Isaza, rad. 1055.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00964-00
Demandante: Lilia Chaparro Infante

Violación del artículo 6 de la Constitución Política y de la Ley 2150 de 1991, dado
que la Superintendencia de Subsidio Familiar se extralimitó en sus funciones al
intervenir y suspender a la revisora fiscal de COMFABOY, pues fundamenta la medida
de suspensión en que es consecuencia de la intervención administrativa total de la caja
de compensación, sin importar si era de su competencia o no.

Violación del artículo 29 de la Constitución Política, porque concede el recurso de
reposición en un efecto diferente al que correspondía en derecho. La ley vigente para
el momento de los hechos eran los artículos 55 y 62 del CCA, en virtud de los cuales
el recurso de reposición debía otorgarse en el efecto suspensivo. Sin embargo, el acto
administrativo concedió el recurso de reposición en el efecto devolutivo, sustentando
en el artículo 97 de Decreto 341 de 1988, que fue declarado nulo por el Consejo de
Estado.

5. Trámite procesal

Por auto del 15 de febrero de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y dispuso notificar, en calidad de demandado, a los magistrados de la Sección
Primera del Consejo de Estado. Asimismo, en calidad de terceros con interés, dispuso
vincular al Tribunal Administrativo de Boyacá y a la Superintendencia de Subsidio
Familiar.

La Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes, por
correos electrónicos del 3 de marzo de 2024.

6. Intervenciones

El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado pidió que se
declarara improcedente la solicitud de amparo, porque no se cumple el requisito de
relevancia constitucional. Adujo que, de la comparación de los fundamentos del escrito
de tutela con los argumentos de la providencia censurada, se pretende un nuevo
análisis de fondo del asunto. En esa medida, sostuvo que la acción de tutela se
convierte en una instancia adicional, pues reitera sus inconformidades con las
decisiones de primera y segunda instancia del proceso ordinario.

Que, de analizarse de fondo, debían denegarse las pretensiones, porque no se vulneró
el derecho fundamental invocado, pues en la sentencia acusada sí se analizó el
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, así como la competencia de la
autoridad administrativa para expedir los actos acusados, y también se estudió la
posible vulneración del debido proceso en la actuación administrativa.

La Superintendencia de Subsidio Familiar solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, debido a que no abordó ningún
argumento en torno a los presuntos defectos graves en la decisión judicial y se limitó a
cuestionar la valoración jurídica que realizó el Consejo de Estado que le fue
desfavorable. Que la actora busca ejercer la acción de tutela a modo de instancia
adicional, pues pretende que vuelvan a ser valorados los argumentos de fondo y no se
demostró la afectación de garantías constitucionales.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la parte
actora contra la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de negar las pretensiones de nulidad
3

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y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Subsidio Familiar, en el
proceso 15001-23-31-000-2010-01374-02, contra los actos administrativos que
ordenaron intervenir totalmente la administración de COMFABOY y suspendieron del
ejercicio de sus funciones a la revisora fiscal.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos
en el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de la actora, la Superintendencia de
Subsidio Familiar se extralimitó en sus funciones, desconoció el derecho al debido
proceso e incurrió en ausencia de motivación. Por lo tanto, se declarará improcedente
la solicitud de amparo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y (iii) el análisis del caso
concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

4

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4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Superintendencia de Subsidio Familiar, en el proceso 15001-23-31-
000-2010-01374-02, por los actos administrativos que ordenaron intervenir totalmente
la administración de COMFABOY y suspendieron del ejercicio de sus funciones a la
aquí demandante del cargo de revisora fiscal.

Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la parte actora insiste en
que (i) la Superintendencia de Subsidio Familiar ignoró que la intervención
administrativa no procede porque el revisor fiscal no realiza operaciones de recaudo,
administración y pago de aportes, (ii) por lo que se extralimitó en sus funciones y (iii)
desconoció el derecho al debido proceso.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, se lee lo
siguiente:
3. El cargo por extralimitación de funciones está llamado a prosperar porque indiscutiblemente la
medida cautelar de intervención administrativa no es aplicable a los revisores fiscales de las cajas
de compensación familiar, ya que los mismos no realizan operaciones de recaudo, administración
y pago de aportes. Mediante sentencia de diciembre diez (10) de mil novecientos noventa y siete
(1997), Consejero Ponente LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, radicación N.1055, la Sala de Consulta
y Servicio Civil e Consejo de Estado dejó suficientemente clarificado el tema (…)

4.(…) Pero bajo ningún pretexto puede la Superintendencia del Subsidio Familiar aplicarle a los
revisores fiscales la medida cautelar de intervención administrativa, pues ellos no efectúan
operaciones de recaudo, administración y pago de aportes. (…)

6. (…), la Superintendencia del Subsidio Familiar negó el debido proceso, ya que al proferir la
resolución 078 de 29 de enero de 2010 concedió el recurso de reposición contra la misma en el
efecto devolutivo y no en el efecto suspensivo, como se dispone a través de los artículos 55 y 62
del Código Contencioso Administrativo5. (…)

13. (…) la sentencia de primera instancia omitió analizar los vicios de nulidad que se alegan en la
demanda en relación con la violación o indebida aplicación de la ley 25 de 1981 y los decretos 341
de 1988 y 2150 de 1992, así como con la falta de motivación de los actos administrativos. (…)

15. Los actos impugnados resolvieron intervenir totalmente como medida cautelar la
administración y la revisoría fiscal de COMFABOY de forma indefinida, omitiendo de manera
ostensible el deber de motivación y violando el debido proceso y el derecho de defensa, al aplicar
las leyes 25 de 1981 y los decretos 341 de 988 y 2150 de 1992 sin que mediara un principio de
razón suficiente. A este principio debía llegarse a través de una mínima motivación en la que se
explicaran las razones por las que las situaciones fácticas que se le reprochan a los miembros del
Consejo Directivo y a la revisora fiscal violaban el orden jurídico. Sin embargo, la entidad accionada
se limitó a calificar una serie de sucesos como irregulares e ilegales sin citar el precepto jurídico o
estatutario que se violaba y absteniéndose de exponer cómo la conducta los miembros del Consejo
Directivo, y por ende de la Revisora Fiscal, constituían una prohibición o en un efecto no querido
por el ordenamiento jurídico por acción o por omisión6.

Por su parte, en el escrito de tutela la parte actora expuso lo siguiente:
5. El fallo proferido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado sin justificación alguna se aparta de la línea jurisprudencial sobre el tema objeto de la
demanda. En concreto, desconoce lo manifestado por La (sic) Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado en el sentido de que los revisores fiscales de las cajas de compensación
no son objeto de medidas de intervención administrativa.

6. El fallo transgrede de forma notoria el artículo 6 de la Constitución Política y la ley 2150 de 1992,
donde se establecen las competencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar para la época
de los hechos. La Sección primera de la Sala del Consejo de Estado no analiza si la

5 SAMAI CE, índice 11, certificado 614759CEACA1C14A 9ECA96FACB22FECC 8202EFBB39CD194B
B43B62D559706A39 (zip), archivo 02.CUADERNO2 (pdf), pp. 672 a 673
6 Ibidem, pp. 674 a 676.

5

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Superintendencia a la luz de la citada ley tenía o no competencia legal para intervenir y suspender
la revisoría fiscal de COMFABOY. El fallo avala la medida de suspensión de la revisora fiscal de
COMFABOY impuesta por la Superintendencia de Subsidio Familiar pese a que la entidad, según
la ley 2150 de 1992, no tenía competencia legal para ello. Para avalar la medida de suspensión
provisional de la revisora fiscal el fallo no se sustenta en ninguna fuente del derecho (ni la ley, ni
la jurisprudencia, ni la doctrina); el fallo se sustenta en la misma razón subjetiva que había
esgrimido el tribunal de primera instancia al decir que la intervención de la revisoría fiscal era una
consecuencia de la intervención total de la caja de compensación. De esta forma el Consejo de
Estado violó el artículo 6 de la C.P. y la ley 2150 de 1992.

7. El fallo también desconoce de forma evidente el artículo 29 de la Constitución Política, ya que
avala jurídicamente la violación del debido proceso ocurrido en el trámite de la resolución 0078 de
2010 de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Este acto administrativo trasgredió el debido
proceso porque concede el recurso de reposición en un efecto diferente al que contemplaba la ley.
La ley vigente para el momento de los hechos eran los artículos 55 y 62 del CCA, en virtud de los
cuales el recurso de reposición debía otorgarse en el efecto suspensivo. Sin embargo, el acto
administrativo concedió el recurso de reposición en el efecto devolutivo, sustentando tal decisión
en el artículo 97 de Decreto 341 de 1988 norma que había sido declarada nula por el Consejo de
Estado mediante sentencia del 13 de agosto de 1992, Sección Primera, Rad:2019, C.P. Miguel
González Rodríguez. (…)7.

No obstante, las anteriores discusiones ya fueron resueltas por la Sección Primera del
Consejo de Estado en sentencia del 2 de noviembre de 2023, como pasa a explicarse.

Frente a la extralimitación de funciones, por ordenar una intervención administrativa a
pesar de que los revisores fiscales no realizan operaciones de recaudo, administración
y pago de aportes, que, según la actora, llevó a desconocer el concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil, la autoridad judicial demandada consideró:

Pues bien, de la lectura y alcance del acto demandado se advierte que la medida de suspender
temporalmente a la revisoría fiscal es una medida que se ordenó como consecuencia de la
intervención administrativa total de la caja de compensación, y que se adoptó por el hecho de que
la revisora no comunicó a la Superintendencia situaciones que, en criterio del ente de control,
podían afectar el cumplimiento de las obligaciones de la Caja de Compensación, y que por tanto
requerían adoptar oportunamente correctivos para evitar poner en riesgo los recursos de
naturaleza parafiscal que administra dicha organización.
(…)
En ese sentido, la decisión expedida por la administración no resulta de considerar que el revisor
fiscal realice operaciones de recaudo, administración y pago de aportes, como lo propone la actora
en su cargo, sino que, es consecuencia, de estimar que dicha figura al no estar cumpliendo sus
funciones constituye un riesgo tanto para la caja de compensación como para el cumplimiento de
las funciones de la entidad de vigilancia y control.
En este punto, debe recordarse que el numeral 23 del artículo 7 del Decreto 2150 de 1992, señala
que es función del Superintendente de Subsidio Familiar adoptar medidas cautelares, las cuales
se imponen con el fin de lograr la correcta operación de las cajas de compensación, prerrogativa
que se ejerce en ejercicio del poder de policía administrativa.8

Ahora bien, en relación con la presunta vulneración del derecho al debido proceso por
conceder el recurso de reposición contra la Resolución 078 de 2010 en el devolutivo y
no en el suspensivo, el Consejo de Estado consideró:

Alega la entidad demandada que la concesión del recurso en efecto devolutivo obedece a la
naturaleza de la decisión que se expidió, esto es, a ser una medida cautelar, la cual tiene como
objeto adoptar medidas inmediatas y provisionales que eviten que la situación que dio origen a la
cautela continúe o que se agrave en perjuicio de aquellos que están afiliados a la caja de
compensación y de los recursos que allí se manejan.

Pues bien, la Sala comparte el anterior alegato, pues evidentemente conceder el recurso en efecto
devolutivo permite la efectividad y eficacia de la actuación administrativa, esto es, que los efectos
de la medida cautelar se materialicen y, por tanto, que se ataquen de manera inmediata las causas
que llevaron a la intervención administrativa total y así superar las irregularidades que fueron
encontradas o por lo menos evitar que se sigan presentando, con el fin de garantizar la

7 SAMAI CE, índice 11, certificado 9DA266B8B0B8D20F 2888663A202F5E6A 9EA59F58CEDCB52F
760A33C04C049E14, pp. 4 a 6.
8 SAMAI CE, Expediente de Nulidad y Restablecimiento del derecho, índice 33, pp. 12 y 13.

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materialización del derecho protegido, en este caso, la protección de los recursos del sistema de
subsidio familiar administrados por la Caja de Compensación familiar Comfaboy.

Por el contrario, adoptar una medida cautelar y esperar para su ejecución que se decidan los
recursos interpuestos, hace nugatoria la cautela, ya que, intervenir totalmente la entidad vigilada
con la adopción de medidas que no se puedan ejecutar de manera inmediata, desconoce la
necesidad y la urgencia de la medida, en otras palabras, la desnaturaliza 9.

Por último, en relación con la indebida valoración de la Ley 25 de 1981 y los Decretos
341 de 1998 y 2150 de 1992, que conllevó presuntamente a incurrir en falsa motivación,
porque los actos administrativos no se sustentaron en ninguna ley, jurisprudencia ni
doctrina, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró:

De la lectura y alcance del acto demandado, se advierte que, contrario a lo alegado por la parte
actora, éste no se limita a mencionar las irregularidades que se advirtieron en las visitas
practicadas por la Superintendencia, sino que, adicionalmente, indica que tales situaciones, en
criterio del ente de control, desconocen las funciones que por ley corresponden al órgano
colegiado, especialmente, la de adoptar la política administrativa y financiera de la caja de
compensación, la de aprobar los planes y programas de inversión, así como la de vigilar su
ejecución.

En este punto, se debe señalar que, aunque el acto censurado no indica expresamente qué norma
se vulnera por cada una de las situaciones encontradas en las visitas practicadas por el ente de
control, lo cierto es que sí menciona que todas estas circunstancias en su conjunto desconocen
las
funciones del órgano de administración, las cuales están previstas en el artículo 54 de la Ley 21
de 1982.

(…)

En el anterior contexto, para la Sala no se trasgreden las disposiciones invocadas por la parte
actora, ya que como se explicó el acto demandado además de describir las situaciones fácticas
que se encontraron en las visitas de control e inspección, expuso las razones por las cuales se
debía adoptar
la medida cautelar, específicamente, la medida de intervención administrativa total10.

Como se ve, se trata de argumentos con los que la parte actora pretende continuar el
debate jurídico que planteó en el proceso ordinario sobre la extralimitación de
funciones, el desconocimiento del Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, la
vulneración del debido proceso, la indebida valoración de Ley 25 de 1981 y los
Decretos 341 de 1998 y 2150 de 1992 y la falsa motivación.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, en el cual se sostuvo que los actos administrativos proferidos por la
Superintendencia de Subsidio Familiar para ordenar la intervención administrativa total
son acordes a derecho. Por ende, se buscaría una finalidad para la que no está previsto
este mecanismo constitucional.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia
porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las
razones expuestas.

9 Ibidem, pp. 15 y 16.
10 Ibidem, pp. 20 y 21.

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Demandante: Lilia Chaparro Infante

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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