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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2010-01374-02

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2010-01374-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 13 de agosto de 2015, proferida por la Sala de Decisión de Descongestión No. 9, Despacho No. 704 Mixto de Descongestión, del Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Reconocer Personería a la abogada YAMITH LIZCANO OSORIO para que represente los intereses del Superintendencia de Subsidio Familiar, en los términos y para los efectos del poder y los anexos que obran en el índice No. 23 del expediente de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado SAMAI Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-31-000-2010-01374-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de noviembre de 2023

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: LILIA CHAPARRO INFANTE
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Tema: La suspensión en el ejercicio de las funciones de la revisora fiscal
de la Caja de Compensación Comfaboy obedece a no informar
oportunamente las situaciones que se estaban presentando en el
funcionamiento del Consejo Directivo de dicha organización y que se
advirtieron en las visitas del ente de control y no a que la revisoría realice
operaciones de recaudo, administración y pago de aportes parafiscales.

Conceder en efecto devolutivo el recurso de reposición en contra de la
medida cautelar que interviene totalmente la caja de compensación y que
suspende en el ejercicio de sus funciones a la revisora fiscal garantiza la
efectividad y eficacia de la actuación administrativa.

No vulnera la norma superior el acto administrativo que como consecuencia
de las visitas practicadas por el órgano de control interviene totalmente la
Caja de Compensación Familiar, como medida cautelar, y suspende en el
ejercicio de sus funciones a la revisora fiscal por no comunicar
oportunamente las situaciones que dieron origen a la intervención.

No hay falta de motivación en el acto administrativo que como medida
cautelar interviene totalmente la Caja de Compensación Familiar y
suspende en el ejercicio de sus funciones a la revisora fiscal, cuando se
explica que las razones que dieron origen a dicha decisión fueron las
irregularidades advertidas en las visitas practicadas por el ente de control,
así como la falta de información de éstas por parte de la revisoría fiscal de
manera oportuna.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia de 13 de agosto de 2015, proferida por la Sala de Decisión de
Descongestión No. 9 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A., Lilia Chaparro Infante a través de apoderado judicial,
demandó a la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el objeto de que se
accediera a las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“1. Declarar nula la resolución 0078 del 29 de enero de 2010 proferida por la
Superintendencia de Subsidio Familiar, “Por medio de la cual se Interviene
Totalmente la Caja de Compensación Familiar de Boyacá “COMFABOY” y se
adoptan otras determinaciones” así como la resolución 0168 del 12 de abril de
2010 “Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por ex
Miembros del Consejo Directivo y Revisora Fiscal de la Caja de Compensación
Familiar de Boyacá COMFABOY, contra la Resolución N. 0078 del 29 de enero
de 2010”.

2. Que a título de reparación del daño se condene a la NACIÓN-MINISTERIO DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL – SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR a
reconocer y pagar a la demandante, o a quien represente sus derechos, todas
las sumas de dinero correspondientes a honorarios dejados de percibir,
inherentes a su cargo de revisora fiscal, desde la fecha en que fue suspendida
en el ejercicio de su cargo hasta que se produzca su reintegro o se venza el
periodo para el cual fue nombrada como Revisora Fiscal de COMFABOY.

3. Que a título de reparación del daño se condene a la NACIÓN – MINISTERIO
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR a
reconocer y pagar a la demandante, o a quien represente sus derechos, los
perjuicios morales sufridos como consecuencia de la suspensión en el ejercicio
de su cargo como Revisora Fiscal de COMFABOY.

4. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la
fecha de la suspensión hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga
fin al proceso.

5. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso, en los
términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

6. Se condene en costas a las entidades demandadas.”

1.1.2. Los actos acusados

En este proceso se pretende la nulidad de las resoluciones número 0078 de
29 de enero de 2010 y 0168 de 12 de abril de 2010, expedidas por la
Superintendente del Subsidio Familiar, por medio de las cuales, en su orden,

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

se interviene totalmente la Caja de Compensación Familiar de Boyacá
“COMFABOY” y se resuelve un recurso de reposición. Específicamente, los
actos demandados en su parte resolutiva dispusieron lo siguiente:

Resolución 0078 de 29 de enero de 2010, “Por medio de la cual se Interviene
Totalmente la Caja de Compensación Familiar de Boyacá “COMFABOY” y se
adoptan otras determinaciones”:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: INTERVENIR TOTALMENTE, como medida
cautelar, la administración y la Revisoría Fiscal de la Caja de Compensación
Familiar de Boyacá “COMFABOY”, en forma indefinida, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO. Suspender en el ejercicio de sus funciones legales y
estatutarias al Consejo Directivo y a la Revisoría Fiscal de la Caja de
Compensación Familiar de Boyacá “COMFABOY” y suspender en el ejercicio del
cargo de Director Administrativo Suplente al doctor […], quien asumirá el cargo
que venía ejerciendo anteriormente.

ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR al doctor […] como Agente Especial de esta
Superintendencia para la intervención de la Caja de Compensación Familiar de
Boyacá “COMFABOY”. El agente cumplirá las funciones propias del Consejo
Directivo, entre otras las siguientes:

[…]

PARÁGRAFO: el Agente Especial de intervención queda obligado a suministrar
informes periódicos acerca de su gestión y los resultados de la misma con una
frecuencia mensual, sin perjuicio de la requerida por este Despacho, y a iniciar
las investigaciones internas que sean del caso, así como comunicar éstas a las
autoridades competentes.

ARTÍCULO CUARTO: Encargar temporalmente al doctor […], como Director
Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá “COMFABOY”
[…].

ARTÍCULO QUINTO: El Director Administrativo Encargado queda obligado a
suministrar informes periódicos al Agente Especial y al Superintendente, acerca
de su gestión y los resultados de la misa con una periodicidad mensual, sin
perjuicio de que los mencionados funcionarios le requieran informes en otras
fechas. […]

ARTÍCULO SEXTO: La revisora Fiscal Suplente […] asumirá las funciones
propias del cargo, para el periodo 2009-2011.

[…]” (Negrita texto original)

Resolución No. 0168 de 12 de abril de 2010, “Por la cual se resuelve el recurso
de Reposición interpuesto por Ex Miembros del Consejo Directivo y Revisora
Fiscal de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY, contra la
Resolución No. 0078 del 29 de enero de 2010”:

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. […]

ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 078
del 29 de enero de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de este
Proveído.

[…]” (Negrita texto original)

1.1.3. Fundamentos de hecho

La señora Lilia Chaparro Infante, revisora fiscal principal de la Caja de
Compensación Familiar de Boyacá – COMFABOY fue reelegida en su cargo el
30 de abril de 2009 por la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para el
periodo 2009-2011, elección aprobada por la Superintendencia del Subsidio
Familiar en Resolución No. 0469 del 9 de septiembre de 2009.

Mediante Resolución No. 639 del 26 de noviembre de 2009 la Superintendente
de Subsidio Familiar ordenó comisión de servicios para practicar visita de
carácter ordinario a COMFABOY a fin de verificar el estado general en los
aspectos legales, administrativos, financieros, contables, servicios sociales,
inversiones y demás aspectos inherentes al funcionamiento de la Corporación,
la cual se llevó a cabo entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 2009,
y de la que se elaboró informes el 17 y 29 de diciembre de 2009.

En cumplimiento de las Resoluciones Nos. 008 y 0011 del 8 y 12 de enero de
2010, se practicó visita especial los días 12 a 17 de enero de 2010 a fin de
ampliar el recaudo probatorio de la visita ordinaria y respecto del que se rindió
informe el 20 de enero de 2010.

Con fundamento en las visitas realizadas y los informes respectivos se expidió
la Resolución No. 0078 del 29 de enero de 2010 por medio de la cual se ordenó
como medida cautelar intervenir totalmente la administración y revisoría fiscal
de Comfaboy.

Contra la anterior decisión los miembros del Consejo Directivo, el Director
Administrativo y la demandante interpusieron recurso de reposición, el cual
fue resuelto mediante la Resolución No. 0168 de 12 de abril de 2010, en el
sentido de confirmar la decisión recurrida.

1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.

En opinión del demandante los actos acusados infringen los artículos 6° y
29 de la Constitución Política; 55, 59 y 62 del Código Contencioso
Administrativo; Leyes 25 de 1981 y 21 de 1982; Decretos 341 de 1988 y
2150 de 1992, con fundamento en los cargos de nulidad por infracción de
norma superior, falta de motivación y desconocimiento del derecho de
defensa.

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

• Cargo de infracción de norma superior

Señaló que la autoridad administrativa quebrantó el artículo 6 constitucional
por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, toda vez que la ley no
permite aplicar a los revisores fiscales la medida cautelar de intervención
administrativa prevista en el literal a) numeral 23 del artículo 7 del Decreto
2150 de 1992, en razón a que no realizan operaciones de recaudo,
administración y pago de aportes. Agregó que el régimen de
responsabilidades administrativas de los revisores fiscales está previsto en
un contrato de trabajo, en las disposiciones que rigen la actividad de la
revisoría fiscal y en las normas sobre el ejercicio de contador y que, de
acuerdo con las disposiciones que rigen la contaduría pública, la Junta
Central de Contadores es la autoridad competente para ejercer las medidas
disciplinarias a que haya lugar cuando se trate de revisores fiscales y no la
Superintendencia de Subsidio Familiar. Para el efecto, citó el concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 10 de diciembre
de 1997 rad. No. 1055.

Afirmó que se desconoció el debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política al conceder en efecto devolutivo el recurso de
reposición contra la Resolución 078 de 2010, en aplicación del artículo 97
del Decreto 341 de 1998, disposición que fue declarada nula por el Consejo
de Estado; pues, en su criterio, se debía conceder en efecto suspensivo
como lo disponen los artículos 55 y 62 del CCA. Resaltó que la anterior
irregularidad llevó a que la suspensión en el ejercicio de las funciones legales
de revisora fiscal se ejecutara antes de que quedara en firme el acto que
impuso la sanción.

Aseveró que los actos demandados vulneran la Ley 25 de 1981 y el Decreto
2150 de 1992, al no existir motivos que dieran origen a la medida cautelar
de intervención total de la Administración y la Revisoría Fiscal de
COMFABOY, ya que la intervención administrativa sólo procede en casos de
graves o reiteradas violaciones de las normas legales o estatutarias por
parte de las directivas de la entidad o por desconocimiento de las
instrucciones del ente de control, circunstancias que en el caso concreto no
se presentaron, pues los actos censurados se limitaron a hacer mención a
hechos ocurridos al interior de COMFABOY sin ningún tipo de análisis que
permita inferir la supuesta violación grave a la normatividad vigente por
parte de las directivas. Específicamente, indicó:

• Respecto de la observación No.1 de la Resolución 0078 de 2010,
relacionada con que los miembros del Consejo Directivo soliciten
información a funcionarios de la Caja de Compensación, no se indica
que norma legal o estatutaria se vulnera, y, por el contrario, dicha
actuación constituye el ejercicio normal de las funciones de ese órgano
colegiado previstas en el artículo 55 de la Ley 21 de 1982, numerales
6 y 8.

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• Frente a la anotación No. 3, dirigida a cuestionar el número de veces
que se han discutido los temas y proyectos en el Consejo, además de
señalar que no se indica que disposición se desconoce, anotó que no
hay norma que establezca que debatir un proyecto más de una
ocasión constituye una irregularidad.

• Sobre la anotación No. 4 que cuestiona que a los miembros del
Consejo Directivo se le paguen honorarios por asistencia a reuniones
de comité, aduce que dicha situación no vulnera ninguna norma,
además de que se justifica por la prestación de un servicio y que ha
sido avalado por la jurisprudencia nacional.

• Con relación a las presuntas inhabilidades en que incurrieron los
miembros del Consejo Directivo de Comfaboy, indica que no están
demostradas ni sustentadas y, por tanto, son sólo conjeturas.

• Respecto de la participación de la organización sindical en algunas
reuniones del Consejo Directivo, señala que ello obedece al desarrollo
del artículo 1° constitucional que consagra la participación y la
democracia como un rasgo esencial del Estado Social del Derecho, y
que dicha intervención no es el resultado de una invitación del órgano
directivo, sino a una solicitud del presidente de la organización
sindical.

• En cuanto a la baja ejecución del monto anual de inversión de la Caja
de Compensación para la vigencia 2009, menciona que no se tuvo en
cuenta de un lado, que ello obedece a la conducta irregular del
Director Administrativo; y de otro, que el presupuesto de inversión
prevé proyectos de largo plazo y de gran dimensión económica que se
ejecutan en varios años.

• Respecto de la Copa Comfaboy alega que, contrario a lo señalado en
el acto censurado, fue la demandante quién informó mediante derecho
de petición a la Jefe de la División Financiera – Contable de la
Superintendencia que no existía presupuesto para dicho evento, y que
se realizaron traslados presupuestales sin autorización del Consejo
para su realización.

Indicó que se quebranta el artículo 49 de la Ley 21 de 1982 que establece
que los revisores fiscales darán aviso de las irregularidades ocurridas al
interior de las cajas de compensación, en la medida que los hechos que
supuestamente se omitió informar, realmente no constituían irregularidades
como lo exige la ley.

• Cargo de falta de motivación

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Alegó que el acto demandado carece de motivación, pues, a su juicio, no se
explicaron cuáles fueron las normas legales o estatutarias que fueron
infringidas por los miembros del Consejo Directivo o qué órdenes de la
Superintendencia se desconocieron por parte de dicho órgano. Resaltó que
no se indica la tipicidad, ni el carácter represible de los hechos que sustentan
la medida cautelar, así como tampoco la relación directa que existe entre
las situaciones descritas en los actos demandados con la responsabilidad de
la revisora fiscal y la sanción que se le impuso.

• Cargo de desconocimiento del derecho de defensa

Estimó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por no
aplicar el procedimiento previsto en los Decretos 341 de 1988 y 2150 de
1992 que establecen la formulación de cargos, así como la oportunidad para
presentar descargos y solicitar la práctica de pruebas.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La Superintendencia de Subsidio
Familiar contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, con fundamento
en las siguientes razones de defensa:

Señaló que la actuación procesal administrativa se desarrolló dentro de los
parámetros normativos vigentes para la regulación del subsidio familiar, en
cumplimiento de su función de inspección, control y vigilancia, con el pleno
de las garantías del derecho del debido proceso y derecho de defensa,
conforme los artículos 7° del Decreto 2150 de 1992 y 93 del Decreto 341
de 1988, normas que otorgan las facultades a la superintendencia para
proceder a la intervención administrativa, lo que lleva implícito el suspender
de sus cargos tanto al Consejo Directivo como al Director Administrativo de
la corporación intervenida, motivo por el cual, el Superintendente puede
designar no solo a un nuevo director en encargo, sino al agente especial que
ejercerá las funciones propias del consejo directivo. Enfatizó que, por la
naturaleza de la medida cautelar, esta se produce con anticipación al
conocimiento de quienes pueden verse afectados por la misma.

Indicó que no se vulnera el Decreto 341 de 1988, al considerar que, para
realizar la intervención administrativa como medida cautelar, no se requiere
agotar el procedimiento previsto en dicha norma, ya que, éste sólo debe
cumplirse cuando la medida de intervención se adopte como sanción.

Refirió que la medida de intervención administrativa tiene como
consecuencia la suspensión de funciones del Consejo Directivo, del Director
Administrativo y del revisor fiscal, este último por ser el órgano encargado
de la fiscalización para asegurar la ejecución de operaciones de la
Corporación e informar al ente de control las irregularidades que advierta
conforme el artículo 49 de la Ley 21 de 1982, función que no cumplió.

Afirmó que la entidad demandada no se extralimita en sus funciones, en
razón a que ante la vulneración de las normas que rigen las cajas de

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compensación familiar y las funciones asignadas a los órganos y funcionarios
directivos, la superintendencia utilizó los medios necesarios para que la
entidad vigilada orientara sus acciones a los fines para los cuales fue creada.

Indicó que la intervención administrativa se fundamenta en los informes de
visita tanto de carácter especial como ordinario, que daban cuenta de
falencias al interior de la caja de compensación que no se podían desconocer
y que fueron descritas en las decisiones censuradas.

Alegó que en el acto demandado se informa expresamente que contra la
decisión procedía el recurso de reposición en efecto devolutivo, teniendo en
cuenta el carácter de la medida adoptada, la cual debía cumplirse de forma
inmediata, sin esperar que se resuelvan los recursos en efecto suspensivo,
en tratándose de recursos de la seguridad social de naturaleza parafiscal.
Por último, precisó que la decisión de declarar la nulidad del artículo 97 del
Decreto 341 de 1988, fue con anterioridad a la expedición del Decreto 2150
de 1992 que establece en su artículo 78 la facultad de adoptar medidas
cautelares.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión de Descongestión,
mediante sentencia de 13 de agosto de 20151, negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Indica que los actos acusados se encuentran motivados, pues en ellos se
explican las razones por las cuáles se intervino administrativamente a la caja
de compensación, afirmaciones que fueron respaldadas con los informes de
visita rendidos por el órgano de control. Así mismo, cita los argumentos
expuestos por ese Tribunal en procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho promovidos por personas que ostentaban el cargo de consejeros
directivos de Comfaboy, en los cuales señala se alegaron los mismos
argumentos de hecho y de derecho que se invocan en el presente asunto,
para indicar que en los actos acusados se motiva como el Consejo Directivo
en lugar de ejercer las funciones propias de su cargo, ejecutó funciones que
competen al Director Administrativo o al revisor fiscal, desplegando una
coadministración de la entidad. Agrega que, respecto de la revisoría fiscal
también se motivó los actos censurados al enseñar que dicho órgano de
fiscalización omitió ejercer el control y vigilancia de la Caja de Compensación
Comfaboy, como brazo extendido de la Superintendencia de Subsidio Familiar,
al no dar aviso de las situaciones irregulares que acontecían al interior de la
entidad, generadas por la disputa que se presentó entre el Consejo Directivo
y el Director Administrativo y, por el contrario, guardar total hermetismo ante
lo acontecido, lo que puso en riesgo los recursos del Sistema de Seguridad
Social, incumpliendo las funciones previstas en el artículo 49 de la Ley 21 de
1982.

1
Folios 688 a 712.

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Demandante: Lilia Chaparro Infante

Estima que la entidad demandada no se extralimitó en el ejercicio de sus
funciones al suspender en el ejercicio del cargo al revisor fiscal de la entidad
intervenida, ya que a diferencia de la intervención administrativa total de la
caja como medida sancionatoria, la intervención como medida cautelar,
acarrea la suspensión de funciones no sólo de los representantes legales, sino
de los miembros del consejo directivo y funcionarios de la entidad vigilada de
manera transitoria o provisional hasta tanto se superen las situaciones
consideradas como graves; por lo que, luego de los hechos conocidos y
narrados en el acto demandado, la revisora fiscal no cumplió con las
obligaciones que de manera concreta y específica le fueron fijadas por ley, las
que le resultaban de obligatorio cumplimiento, según las cuales le asiste la
obligación de colaborar con las autoridades, que para el caso es la
Superintendencia de Subsidio, ya que su omisión coadyuvó al caos
administrativo que envolvió a la Caja de Compensación Familiar con tintes de
corrupción a su interior, lo que era evitable, si dichas irregularidades se
hubiesen puesto en conocimiento de manera oportuna ante la entidad de
control y así precaver poner en riesgo los recursos parafiscales.

Por último, señala que los derechos al debido proceso y defensa no se
desconocieron dentro del trámite administrativo, pues, al ser eminentemente
cautelar, no requería agotar el procedimiento administrativo disciplinario
previsto en la ley. Resalta que no era necesario adelantar un proceso
disciplinario que culminara con la formulación de cargos sobre cada uno de
los funcionarios que se suspendieron, por cuanto las medidas de cautela al ser
provisionales pueden decretarse antes de iniciar una investigación
disciplinaria, junto con ella o con posterioridad a su inicio, pero antes de que
se profiera la decisión que le ponga fin a la actuación. Precisa que la
suspensión en el ejercicio de las funciones de la revisora fiscal no constituye
una sanción en su contra, ni una desvinculación definitiva, sino una sanción
en contra de la entidad vigilada directamente, por lo que quien está legitimado
para interponer los recursos pertinentes era el Director Administrativo de
Comfaboy, quien no hizo uso de los mismos.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

La accionante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda. Como motivo de inconformidad manifiesta que el fallo de
primera instancia no analizó los argumentos que se expusieron como
fundamento para alegar la extralimitación de las funciones de la
Superintendencia, esto es, que la medida cautelar de intervención
administrativa no es aplicable a los revisores fiscales de las cajas de
compensación familiar, al no realizar operaciones de recaudo,
administración y pago de aportes. Indica que como lo ha señalado la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la Superintendencia de
Subsidio Familiar puede informar a la Caja de Compensación sobre las
supuestas anomalías que encuentre frente al revisor fiscal, para que dicha

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

Asamblea lo remueva o tome las medidas pertinentes, pero bajo ningún
pretexto puede aplicar la medida cautelar. Alega que la discusión no es si la
revisora fiscal cumplió o no sus obligaciones, las cuales afirma si cumplió;
sino que, la medida cautelar no le es aplicable, por cuanto, reitera, no realiza
operaciones de recaudo, administración y pago de aportes. Señala que, al
imponer la medida cautelar, la superintendencia removió del cargo a la
revisora fiscal, arrogándose funciones que no le corresponden, ya que el
nombramiento y remoción de los revisores corresponde únicamente a la
Asamblea.

Respecto del debido proceso, aduce que el fallo recurrido no analizó el
argumento que sustenta el cargo dirigido a señalar que el recurso de
reposición se concedió en efecto devolutivo con fundamento en una norma
declarada nula, cuando lo correcto era concederlo en el suspensivo de
acuerdo con los artículos 55 y 62 del CCA.

Afirma que se omitió analizar los vicios de nulidad por indebida aplicación
de la Ley 25 de 1981 y los Decretos 341 de 1988 y 2150 de 1992, así como
la falta de motivación de los actos demandados. En este punto, trascribe
partes de los actos acusados, para indicar que se limitan a relatar múltiples
hechos y circunstancias que considera irregulares, sin realizar un análisis
del precepto jurídico o estatutario que se vulnera y sin explicar la razón por
la cual dichas conductas resultan violatorias del ordenamiento jurídico.
Indica que la demandante no incumplió ninguna obligación relativa al deber
de informar sobre presuntas irregularidades, pues no existe certeza de que
se hubiera violado el ordenamiento jurídico.

IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante auto de 1 de febrero de 2016, el despacho sustanciador del
Consejo de Estado admitió el recurso de apelación formulado por la parte
actora y en proveído de 10 de junio de 2016 corrió traslado para alegar de
conclusión.

4.2. La parte actora presentó alegatos de conclusión en los que insiste en
que la sentencia de primera instancia no analizó los cargos de nulidad
presentados en la demanda, para lo cual reitera lo expuesto en el recurso
de apelación.

4.3. La parte demandada presentó alegatos de conclusión por medio de
los cuales se opone la prosperidad del recurso de apelación interpuesto por
la demandante, indicando que el tribunal se pronunció sobre cada uno de
los cargos formulados en la demanda y reiterando los argumentos de
defensa expuestos en el escrito de contestación.

4.4. El Ministerio Público guardó silencio en el proceso de la referencia.

V.- CONSIDERACIONES

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5.1. Vulneración artículo 6 constitucional por extralimitación de
funciones de la entidad demandada

La parte actora estima que el a quo omitió pronunciarse sobre los
argumentos que fundamentan el cargo de vulneración del artículo 6
constitucional por extralimitación de funciones de la entidad demandada, en
razón a que no analizó que la medida de intervención administrativa se
efectúo sobre el revisor fiscal, actuación que no era posible, por no realizar
operaciones de recaudo, administración y pago de aportes. Alega que al
imponer la medida cautelar, la superintendencia removió del cargo a la
revisora fiscal, arrogándose funciones que no le corresponden, ya que el
nombramiento y remoción de los revisores corresponde únicamente a la
Asamblea.

En el anterior contexto, se deberá determinar en primer lugar, si es cierto
que el fallo recurrido omitió pronunciarse sobre el cargo como lo alega la
recurrente. Aclarado lo anterior, teniendo en cuenta que la actora insiste en
la prosperidad del cargo, se deberá establecer si procede la suspensión
temporal del revisor fiscal, como medida preventiva, cuando se resuelve
intervenir totalmente una entidad vigilada, si no realizan operaciones de
recaudo, administración y pago de aportes En caso afirmativo, se deberá
señalar si dicha situación vulnera el artículo 6 constitucional.

Pues bien, de la revisión de la providencia impugnada y contrario a lo alegado
por la recurrente, el a quo sí analizó los argumentos expuestos por la actora
al indicar que la medida de suspensión en el ejercicio del cargo al revisor fiscal
se adoptó en el marco de una intervención administrativa total, como medida
cautelar de la caja de compensación, lo cual conduce a la suspensión de
funciones no sólo del representante legal, sino de los miembros del consejo
directivo y demás funcionarios de la entidad vigilada de manera transitoria o
provisional hasta tanto se superen las situaciones consideradas como graves
por la Supersubsidio. Específicamente, indicó:

[….] Ahora bien, podría pensarse que las facultades sancionatorias de la
Supersubsidio, en eventos en los cuales se adopte como medida cautelar, la
intervención administrativa total de la entidad vigilada, no va más allá de la
suspensión temporal de los órganos que ejercen la administración,
operaciones de recaudo y pago de aportes, como lo son el Consejo Directivo
y por supuesto el Director Administrativo, hasta tanto se supere las anomalías
encontradas; más no de la revisoría fiscal, órgano que ejerce el control fiscal
de manera independiente y cuyas actividades no implican las citadas
anteriormente, pues no administran bienes parafiscales.

Dicha conclusión no resulta acertada, pues si bien, en el primer supuesto, en
los cuales se ejerza la intervención administrativa total de la caja como
medida sancionatoria, actuación que lleva implícita la remoción de los
administradores y directivos por parte de Superintendencia de Subsidio
Familiar, y de llegar a encontrarse otros implicados diferentes a los que

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ejercen la administración, operaciones de recaudo y pago de aportes dentro
de la Caja, lo procedente será solicitar el inicio del proceso disciplinario por el
respectivo nominador para proceder a su destitución, lo que difiere en gran
medida de los eventos en los cuales se declara la intervención administrativa
total, como medida cautelar de la caja de compensación, pues ello acarrea la
suspensión de funciones no solo de los representantes legales, sino de los
miembros del consejo directivo y funcionarios de la entidad vigilada de
manera transitoria o provisional, hasta tanto se superen las situaciones
consideradas como graves por la Subsidio.

Corolario de lo anterior, se tiene que en el presente asunto, la
Superintendencia de Subsidio Familiar no se extralimitó en el ejercicio de sus
funciones al ordenar mediante la Resolución No. 078 de 29 de enero de 2010,
la suspensión en el ejercicio de las funciones de la revisoría fiscal, pues luego
de los hechos conocidos y narrados en dicho acto, la citada área no cumplió
con las obligaciones que de manera concreta y específica le fueron fijadas por
la ley, las cuales le resultaban de obligatorio cumplimiento, según las cuales
le asiste la obligación de colaborar con las autoridades, que para el caso es la
Supersubsidio, ya que su omisión coadyuvo al caos administrativo que
envolvió a la Caja de Compensación Familiar – Comfaboy, con tintes de
corrupción a su interior, lo que se hubiera evitado a tiempo, si dichas
irregularidades hubieran sido puestas en conocimiento de manera oportuna
ante la entidad de control y así precaver poner en riesgo los recursos
parafiscales. [….]”

Aclarado lo anterior, la parte demandante insiste en el cargo de extralimitación
de funciones de la Superintendencia, lo cual fundamenta en el concepto de 10
de diciembre de 1997 del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil2, en el cual, al resolver una consulta del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social sobre el régimen disciplinario en las cajas de compensación
familiar, señaló que “[…] Los órganos de fiscalización no son objeto de
medidas de intervención administrativa porque el revisor fiscal no realiza
operaciones de recaudo, administración y pago de aportes, las cuales están
bajo la responsabilidad de las cajas de compensación familiar. […]”

Pues bien, de la lectura y alcance del acto demandado se advierte la medida
de suspender temporalmente a la revisoría fiscal es una medida que se ordenó
como consecuencia de la intervención administrativa total de la caja de
compensación, y que se adoptó por el hecho de que la revisora no comunicó
a la Superintendencia situaciones que, en criterio del ente de control, podían
afectar el cumplimiento de las obligaciones de la Caja de Compensación, y
que por tanto requerían adoptar oportunamente correctivos para evitar
poner en riesgo los recursos de naturaleza parafiscal que administra dicha
organización. En efecto, del acto demandado, Resolución 0078 de 2010, se
observa lo siguiente:

“[…] De otra parte cabe señalar que la Revisoría Fiscal no le ofrece
optimas garantías al ente de Control y Vigilancia, pues la Revisoría Fiscal
es el brazo extendido de la Superintendencia en la Caja de

2
C.P. Luis Camilo Osorio Isaza, Rad.1055

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Compensación Familia y su labor no se concreta en ser un espectador
más de las situaciones por las que estaba atravesando la Corporación.

Es así como el Revisor Fiscal debe suministrar a los organismos
de supervisión del Estado, información atinente a las situaciones
de crisis de las entidades vigiladas que afecten materialmente su
capacidad para cumplir con los ordenamientos legales, dado el
peligro que puede representar para el manejo de los recursos del
Sistema del Subsidio Familiar, los cuales son de naturaleza parafiscal,
sin que pueda entenderse que el suministro de dicha información
menoscabe la independencia propia del ejercicio de la revisoría fiscal.

Una abstención u omisión de la revisoría fiscal en comunicar a
las autoridades competentes las situaciones de crisis, puede
producir tanto daño a la respectiva entidad y a sus afiliados, en
la medida en que puede llevar a que el órgano competente deje
de adoptar en forma oportuna las medidas apropiadas para
impedir que el riesgo se concrete o para minimizar el daño que
pueda causarse. […]” Subrayas y negrita fuera del texto original.

En ese sentido, la decisión expedida por la administración no resulta de
considerar que el revisor fiscal realice operaciones de recaudo,
administración y pago de aportes, como lo propone la actora en su cargo,
sino que, es consecuencia, de estimar que dicha figura al no estar
cumpliendo sus funciones constituye un riesgo tanto para la caja de
compensación como para el cumplimiento de las funciones de la entidad de
vigilancia y control.

En este punto, debe recordarse que el numeral 233 del artículo 7 del Decreto
2150 de 1992, señala que es función del Superintendente de Subsidio
Familiar adoptar medidas cautelares, las cuales se imponen con el fin de
lograr la correcta operación de las cajas de compensación, prerrogativa que
se ejerce en ejercicio del poder de policía administrativa.

Respecto de la posibilidad de imponer medidas cautelares la jurisprudencia,
ha señalado que “[…] ese poder de policía administrativa es justamente la
facultad de hacer esa valoración, de modo que la Superintendencia del
Subsidio Familiar es quien en primer orden debe calificar la situación de cada
caso y obrar en consecuencia, pues la omisión o negligencia que en el
ejercicio de esa facultad llegue a incurrir puede acarrearle tanto al titular
como al Estado no sólo juicios de responsabilidad en su contra (disciplinario,
administrativo, patrimonial, etc.), sino graves perjuicios a los bienes e

3
ARTÍCULO 7. El Superintendente del Subsidio Familiar es agente del Presidente de la
República, de su libre nombramiento y remoción, y como jefe del organismo tendrá las
siguientes funciones: “[…] 23. Adoptar las siguientes medidas cautelares: a. Intervención
administrativa total de la entidad vigilada. b. Intervención administrativa parcial, por
servicios o por áreas geográficas o de operación; c. Imposición de multas sucesivas hasta
por cien (100) salarios mínimos legales mensuales hasta que cese la actuación ilegal o no
autorizada; d. Vigilancia especial con el fin de superar, en el menor tiempo posible, con la
situación que ha dado origen a la medida. […]”

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intereses colectivos o sociales que le han sido confiados a las respectivas
cajas de compensación familiar, de modo que tratándose de medidas
cautelares, léase preventivas o remediales, y por ende dirigidas a
evitar perjuicios irreversibles a los beneficiarios de tales entidades,
la oportunidad, conveniencia y necesidad de la medida depende
primordialmente del juicio que la Superintendencia haga de la
respectiva situación, […]4.

En ese sentido, tal como lo indicó el Tribunal de instancia, para la
Superintendencia la medida cautelar de intervenir totalmente la Caja de
Compensación, exigía no solo la suspensión de los órganos que ejercen la
administración de los aportes parafiscales, esto es el Consejo Directivo y el
Director Administrativo, sino además, de la revisoría fiscal, pues, en su
criterio, el no informar oportunamente las irregularidades que ocurrían en
el funcionamiento de la entidad, impidió que el ente de control también
cumpliera de manera adecuada sus obligaciones, poniendo en riesgo los
recursos parafiscales5.

Por último, se debe resaltar que no es correcto afirmar que la autoridad
demandada removió al revisor fiscal asumiendo funciones que no le
correspondían y que en efecto son de la competencia de la Asamblea de la
Caja de Compensación, ya que como se explicó en ejercicio del poder de
policía administrativa y con el fin de evitar un perjuicio mayor se adoptó la
medida cautelar de suspender en sus funciones a la revisora fiscal, actuación
que por ser cautelar tiene una naturaleza preventiva, es decir, atacar una
situación que está afectando el funcionamiento adecuado de la entidad
vigilada y que necesita ser abordada de manera urgente y necesaria.

Por consiguiente, por las razones expuestas en este acápite, no está llamado
a prosperar este motivo de impugnación propuesto por la parte
demandante.

5.2. Vulneración artículo 29 constitucional por desconocimiento del
debido proceso

Estima la recurrente que el fallo apelado no analizó el cargo de vulneración
al debido proceso, según el cual el recurso de reposición en contra del acto
demandado se concedió en un efecto diferente al que correspondía por ley.
Específicamente, alega el actor que la entidad demandada al señalar que el
recurso de reposición se tramitaría en efecto devolutivo aplicó de manera
indebida el artículo 97 del Decreto 341 de 1988, que establecía que “La
interposición del recurso de reposición contra el acto que decrete una
intervención administrativa de la Superintendencia del Subsidio Familiar, no

4
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 10 de marzo de 2005, rad. 11001-03-
24-000-2000-06430-02, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
5
Sobre la naturaleza parafiscal de los recursos que manejan las Cajas de Compensación
familiar se puede consultar las sentencias C-1173 de 2001 C-393 de 2007, y C-429 de
2019.

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suspende la ejecución de dicha medida cautelar”, disposición que fue
declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 13 de agosto de
19926 y que, por tanto, dejó de aplicar los artículos 55 y 62 del CCA que
establecen que se debe conceder en efecto suspensivo.

Sobre el particular, es preciso indicar que le asiste razón al recurrente
respecto de que el juez de primera instancia omitió decidir sobre este
argumento del cargo de vulneración del debido proceso; razón por la cual
con fundamento en el artículo 287 del CGP7 la Sala se pronunciará sobre
este asunto.

Pues bien, el artículo 96 del Decreto 341 de 1988 establece que “toda
decisión que adopte la Superintendencia del Subsidio Familiar en relación
con las entidades sometidas a su vigilancia deberá efectuarla mediante
resolución debidamente motivada, de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo”. Por su parte, el artículo 55 del CCA prevé que
los recursos en vía gubernativa se concederán en el efecto suspensivo.

Revisado el acto demandado, Resolución No. 0078 de 2010, se observa que
en éste se indicó que contra dicha decisión procedía el recurso de reposición
en efecto devolutivo.

Alega la entidad demandada que la concesión del recurso en efecto
devolutivo obedece a la naturaleza de la decisión que se expidió, esto es, a
ser una medida cautelar, la cual tiene como objeto adoptar medidas
inmediatas y provisionales que eviten que la situación que dio origen a la
cautela continúe o que se agrave en perjuicio de aquellos que están afiliados
a la caja de compensación y de los recursos que allí se manejan.

Pues bien, la Sala comparte el anterior alegato, pues evidentemente
conceder el recurso en efecto devolutivo permite la efectividad y eficacia de
la actuación administrativa, esto es, que los efectos de la medida cautelar
se materialicen y, por tanto, que se ataquen de manera inmediata las causas
que llevaron a la intervención administrativa total y así superar las
irregularidades que fueron encontradas o por lo menos evitar que se sigan
presentando, con el fin de garantizar la materialización del derecho
6
Sección Primera, Rad: 2019, C.P. Miguel Gonzalez Rodríguez.
7
Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación
podrá recurrirse también la providencia principal.

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protegido, en este caso, la protección de los recursos del sistema de subsidio
familiar administrados por la Caja de Compensación familiar Comfaboy.

Por el contrario, adoptar una medida cautelar y esperar para su ejecución
que se decidan los recursos interpuestos, hace nugatoria la cautela, ya que,
intervenir totalmente la entidad vigilada con la adopción de medidas que no
se puedan ejecutar de manera inmediata, desconoce la necesidad y la
urgencia de la medida, en otras palabras, la desnaturaliza.

Así las cosas, por las razones expuestas en este acápite, no está llamado a
prosperar este motivo de impugnación propuesto por la parte demandante.

5.3. Vulneración de la Ley 25 de 1981 y los Decretos 341 de 1988 y
2150 de 1992 y falta de motivación.

Alega la parte actora que el Tribunal de primera instancia omitió analizar los
cargos de nulidad por indebida aplicación de la Ley 25 de 1981 y los Decretos
341 de 1988 y 2150 de 1992, así como la falta de motivación de los actos
demandados. Al respecto, es preciso señalar que no le asiste razón al
recurrente, toda vez que el a quo abordó los cargos invocados en los
numerales 4.2.1 y 4.2.3 de la sentencia recurrida.

En efecto, estimó el juez de primera instancia que los actos demandados
estaban motivados, al contener las razones por las cuáles se intervino
administrativamente a la caja de compensación, afirmaciones soportadas con
los informes de visita de la Superintendencia. Así mismo, reiteró y acogió los
argumentos expuestos por ese Tribunal en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos aquí acusados y que fueran
promovidos por quienes ostentaban la calidad de consejeros directivos de
Comfaboy, en los cuales se afirmó que los actos demandados explican como
el Consejo Directivo en lugar de ejercer las funciones propias de su cargo,
coadministró la entidad. Respecto de la revisoría fiscal aseguró que también
se motivó los actos censurados al indicar que se omitió ejercer el control y
vigilancia de Comfaboy, como brazo extendido de la Supersubsidio, al guardar
silencio y no dar aviso de las irregularidades que se presentaban, como la
disputa entre el Consejo Directivo y el Director Administrativo, lo que puso en
riesgo los recursos del Sistema de Seguridad Social.

De igual forma, al estudiar los cargos por vulneración al debido proceso y
defensa se abordaron los argumentos relacionados con el desconocimiento de
la Ley 25 de 1981 y los Decretos 341 de 1988 y 2150 de 1992.
Específicamente, indicó que el trámite administrativo al ser eminentemente
cautelar, no requería agotar el procedimiento administrativo disciplinario en
el que se requiere formulación de cargos sobre cada uno de los funcionarios,
previsto en las normas citadas como vulneradas. Resalta que es una medida
preventiva a fin de asegurar los resultados de una decisión futura mientras se
adelanta la actuación respectiva y se garantiza el adecuado ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia. Precisa que la suspensión en el ejercicio

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de las funciones de la revisora fiscal no constituye una sanción en su contra,
ni una desvinculación definitiva.

5.3.1. Vulneración de la Ley 25 de 1981 y los Decretos 341 de 1988 y
2150 de 1992

Insiste el recurrente que hay una indebida aplicación de la Ley 25 de 1981 y
los Decretos 341 de 1988 y 2150 de 1992, ya que la intervención
administrativa sólo procede por la grave violación de normas legales o
estatutarias; sin embargo, los actos acusados se limitan a relatar múltiples
hechos y circunstancias que considera irregulares, sin realizar un análisis
del precepto jurídico o estatutario que se vulnera y sin explicar la razón por
la cual dichas conductas resultan violatorias del ordenamiento jurídico.

Pues bien, para decidir lo pertinente es preciso citar el artículo 15 de la Ley
25 de 19818 que reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 15. El Superintendente del Subsidio Familiar está facultado para
imponer multas desde quinientos pesos ($500) hasta treinta mil pesos
($30.000) a los funcionarios de las entidades sometidas a su control, por
violación de las normas legales o estatutarias, graduados de conformidad con
la gravedad de la infracción. Además en los casos de grave o reiterada
violación de las normas legales o estatutarias, podrá decretar la
suspensión o cancelación de la personería jurídica de la respectiva
entidad o la intervención administrativa de la misma.” (Negrita y
subrayas de la Sala)

Por su parte, el artículo 7° del Decreto 2150 de 19929, establece:

“ARTICULO 7o. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE. El Superintendente
del Subsidio Familiar es agente del Presidente de la República, de su libre
nombramiento y remoción, y como jefe del organismo tendrá las siguientes
funciones.

[…]

22. Intervenir administrativamente, en forma total o parcial, las entidades
sometidas a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos, o por
inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia; “

A su vez, el artículo 92 del Decreto 341 de 198810, prevé:

“ARTÍCULO 92. Son casos de grave violación los siguientes:

8
“Por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras
disposiciones.”
9
“Por el cual se reestructura la superintendencia del subsidio familiar”.
10
“Por el cual se reglamentan la ley 25 de 1981 "por la cual se crea la superintendencia del
subsidio familiar y se dictan otras disposiciones", y la ley 21 de 1982 "por la cual se modifica
el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”.

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1. Cuando se presente incumplimiento grave de las obligaciones legales.

2. Cuando se haya rehusado a la exigencia hecha en debida forma, de someter
sus actos a la inspección de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

3. Cuando se rehusé el cumplimiento de una orden debidamente expedida y
notificada de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

4. Cuando se persista en la violación de disposiciones legales o reglamentarias
después de haberse advertido por la Superintendencia del Subsidio Familiar
tal situación.”

Ahora bien, el acto demandado, Resolución 0078 de 2010, después de
describir los hallazgos encontrados en las visitas ordinaria y especial
practicadas en la caja de compensación en los meses de noviembre -
diciembre de 2009 y enero de 2010, señaló lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta que en materia administrativa y financiera
de la Cajas de Compensación, así como de la organización de los
servicios sociales, el legislador le encomendó a los consejos directivos,
para que adopten las políticas que a su juicio corresponden
llevarse a cabo al interior de la respectiva Corporación, la actitud
asumida por los miembros de este órgano directivo se aparta de esta
función que le ha sido asignada.

El Consejo Directivo en lugar de constituirse en un órgano asesor,
consultor, orientador, en la columna vertebral de la Caja de
Compensación ha tomado decisiones contradictorias aprobando
proyectos en algunas sesiones y en las siguientes objetando lo
aprobado por ellos mismos.

En lugar de confluir la información crítica, donde se toman las decisiones
más comprometedoras, citan a órganos ajenos a la dirección de la Caja,
para contradecir sus mismos acuerdos.

Invitan al Sindicato de trabajadores de la Caja de Compensación para que
expongan temas no laborales, sino administrativos y con base en esos
conceptos se tomen decisiones al interior del Consejo Directivo, dejando
de lado la función que por ley le corresponde a cada una de las instancias
de COMFABOY.

De acuerdo con el informe de la visita ordinaria ordenada mediante
Resolución No. 639 del 26 de noviembre de 2009, durante la vigencia
de 2009, la Corporación presentó una ejecución al límite máximo
del monto anual de la inversión del 13% porcentaje bajo, teniendo
en cuenta los montos que habían proyectado, aspecto que resulta de la
falta de claridad de la toma oportuna de decisiones sobre la aprobación de
los proyectos de inversión para su ejecución.

De todas estas situaciones, la Revisoría Fiscal de la Corporación
no dio oportuna cuenta al ente de control y vigilancia, sobre las
situaciones que se estaban presentando al interior de la

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Corporación, tal como lo señala el numeral 2° del artículo 49 de la
Ley 21 de 1982. […]”. (Subrayas y negrita fuera del texto original)

Acto seguido, se lee que el Comité de Dirección del ente de control una vez
analizados los informes de las visitas, efectúa la siguiente recomendación:

“El Comité de Dirección en reunión celebrada el 25 de enero de 2010,
tal como consta el Acta 001, a modo de conclusión señala:

“Por lo anterior y analizado el cuerpo de los informes, las conclusiones
y recomendaciones, así como las quejas presentadas, correspondientes
a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY”, los
Miembros del Comité de Dirección, recomiendan a la señora
Superintendente del Subsidio Familiar doctora Flor Gnecco Arregocés,
adoptar la medida cautelar de Intervenir al Director Administrativo, al
Consejo Directivo y a la Revisoría Fiscalía”.

La Superintendencia del Subsidio Familiar se ve avocada a decretar
dicha medida con la finalidad de proteger el patrimonio de la
Corporación, que hace parte de los recursos de la seguridad social, que
está obligado a proteger el Estado, según se desprende de lo dispuesto
en el artículo 48 de la Constitución Política, y lograr el pago de la
prestación social a quienes por ley tienen derecho, en la protección legal
justa, de manera eficiente y bajo los principios de solidaridad y
universalidad.

En efecto, el análisis realizado alrededor de las situaciones ocurridas al
interior de la Corporación, sin duda alguna demuestran el grave riesgo
a que está siendo expuesta COMFABOY, dado que el órgano de
dirección no se ha concientizado que su gestión se centra en
ocuparse de las decisiones estratégicas que habrán de adoptarse
al interior de la Caja de Compensación y en el cuidado de los
recursos que ésta maneja que son de naturaleza parafiscal y de
seguridad social.

El cargo implica una responsabilidad y compromiso con la Corporación,
que debe ser de interés general y no particular, teniendo en cuenta las
gestiones propias que se van a desarrollar, fijando como derrotero el
marco normativo de su competencia y respetando los estatutos y
procedimientos internos de la Caja de Compensación Familiar.

De otra parte cabe señalar que la Revisoría Fiscal no le ofrece óptimas
garantías al ente de Control y Vigilancia, pues la Revisoría Fiscal es el
brazo extendido de la Superintendencia en la Caja de Compensación
Familia y su labor no se concreta en ser un espectador más de las
situaciones por las que estaba atravesando la Corporación.

Es así como el Revisor Fiscal debe suministrar a los organismos de
supervisión del Estado, información atinente a las situaciones de crisis
de las entidades vigiladas que afecten materialmente su capacidad para
cumplir con los ordenamientos legales, dado el peligro que puede
representar para el manejo de los recursos del Sistema del Subsidio

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Familiar, los cuales son de naturaleza parafiscal, sin que pueda
entenderse que el suministro de dicha información menoscabe la
independencia propia del ejercicio de la revisoría fiscal.

Una abstención u omisión de la revisoría fiscal en comunicar a las
autoridades competentes las situaciones de crisis, puede producir tanto
daño a la respectiva entidad y a sus afiliados, en la medida en que puede
llevar a que el órgano competente deje de adoptar en forma oportuna
las medidas apropiadas para impedir que el riesgo se concrete o para
minimizar el daño que pueda causarse.

[…]” (Subrayas y negrita fuera del texto original)

De la lectura y alcance del acto demandado, se advierte que, contrario a lo
alegado por la parte actora, éste no se limita a mencionar las irregularidades
que se advirtieron en las visitas practicadas por la Superintendencia, sino que,
adicionalmente, indica que tales situaciones, en criterio del ente de control,
desconocen las funciones que por ley corresponden al órgano colegiado,
especialmente, la de adoptar la política administrativa y financiera de la caja
de compensación, la de aprobar los planes y programas de inversión, así como
la de vigilar su ejecución.

En este punto, se debe señalar que, aunque el acto censurado no indica
expresamente qué norma se vulnera por cada una de las situaciones
encontradas en las visitas practicadas por el ente de control, lo cierto es que
sí menciona que todas estas circunstancias en su conjunto desconocen las
funciones del órgano de administración, las cuales están previstas en el
artículo 54 de la Ley 21 de 198211.

De igual forma, se observa que para el ente de control las irregularidades
encontradas en las visitas constituyen un grave riesgo para la caja de
compensación, en razón a éstas se presentan en el funcionamiento de uno
de los órganos más importantes de COMFABOY, esto es, del Consejo
Directivo, órgano de dirección que debe adoptar las decisiones estratégicas
de la organización, y que debe constituir el órgano consultor, asesor y
orientador del adecuado funcionamiento de la entidad.

11
“ARTÍCULO 54. Son funciones de los Consejos Directivos:
1. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta el
régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno
Nacional.
2. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente ley,
los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de
los servicios sociales.
Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la
Superintendencia del subsidio Familiar.
3. […]
6. Visitar y controlar la ejecución de los programas, la presentación de los
servicios y el manejo administrativo y financiero de la Caja. […].” (Negrita fuera del
texto original)

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21

Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

En el anterior contexto, para la Sala no se trasgreden las disposiciones
invocadas por la parte actora, ya que como se explicó el acto demandado
además de describir las situaciones fácticas que se encontraron en las visitas
de control e inspección, expuso las razones por las cuales se debía adoptar
la medida cautelar, específicamente, la medida de intervención
administrativa total.

Ahora bien, respecto a la afirmación de la actora de que como revisora fiscal
no incumplió su obligación de informar presuntas irregularidades, en la
medida en que no existe certeza de que las situaciones descritas en los
informes de visita vulneren el ordenamiento jurídico, estima la Sala que no
le asiste razón a la recurrente, ya que su deber como revisora fiscal
consiste en “dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, al Consejo
Directivo, al Director Administrativo y a la Superintendencia del Subsidio
Familiar según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus actividades”12.

Así las cosas, es obligación de la revisoría informar oportunamente aquellas
situaciones que no son normales en el funcionamiento de la entidad sobre
la que ejerce sus funciones, y no esperar a tener certeza de que dichas
situaciones trasgreden el ordenamiento jurídico, ya que en principio una sola
de esas circunstancias de manera aislada puede que no afecten la labor de
la caja de compensación, pero si se analizan en conjunto y se tiene en
cuenta que se presentan en el máximo órgano de administración, si pueden
llegar a alterar su adecuado funcionamiento, situación que por estar de por
medio recursos parafiscales demanda mayor rigurosidad.

En este punto, vale la pena reiterar que es la Superintendencia como
autoridad de control y vigilancia de las cajas de compensación, quien en
ejercicio del poder de policía administrativa valora la situación en caso
concreto y dependiendo de dicha valoración adopta las medidas que estime
necesarias para evitar perjuicios en el funcionamiento de la caja de
compensación y, por tanto, de sus beneficiarios.

Por lo anterior, estima la Sala que este motivo de impugnación tampoco
tiene vocación de prosperidad, ya que como se expuso, no se vulneran las
normas invocadas por la recurrente, en razón a que la entidad demandada
resaltó que las situaciones advertidas en las visitas practicadas en la caja
de compensación justificaron la medida preventiva, pues se advirtió un
incumplimiento en las funciones de los órganos de administración y de la
revisora fiscal, que dieron lugar a la intervención.

5.3.2. Falta de motivación

12
Numeral 2° del artículo 49 de la Ley 21 de 1982.

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

Por último, la parte actora insistió en la falta de motivación con fundamento
en los mismos argumentos en que sustenta el desconocimiento de la Ley 25
de 1981 y los Decretos 341 de 1988 y 2150 de 1992, esto es, que el acto
acusado no indicó cuáles eran las normas legales o estatutarias que fueron
infringidas por los miembros del Consejo Directivo; y que no señaló la
relación directa entre las situaciones descritas en los actos demandados con
la responsabilidad de la revisora fiscal y la decisión adoptada.

5.3.2.1. Sobre el particular, se reitera que el acto demandado no se limitó a
mencionar las irregularidades que se advirtieron en las visitas practicadas por
la Superintendencia, sino que, además, indicó que dichas situaciones
desconocen las funciones que por ley corresponden al órgano colegiado,
específicamente, las de adoptar la política administrativa y financiera de la
caja de compensación, aprobar los planes y programas de inversión y vigilar
su ejecución.

De igual forma, en los actos censurados se señaló expresamente que, de las
situaciones advertidas al interior de la Corporación, la Revisoría Fiscal no
informó oportunamente al ente de control y vigilancia, tal como lo prevé el
numeral 2° del artículo 49 de la Ley 21 de 1982, circunstancia que impidió
que el ente de control cumpliera de manera adecuada sus obligaciones,
poniendo en riesgo los recursos del sistema de subsidio familiar que
administra la Caja de Compensación Familiar Comfaboy.

Ahora bien, si lo que la recurrente pretendía era alegar una falsa motivación
porque la motivación del acto administrativo no es suficiente ni adecuada
para el fin que se pretende alcanzar con su expedición, esto es la medida
cautelar de intervención administrativa, estima la Sala que tampoco
prospera dicho argumento, toda vez que, las razones aducidas por la
Administración para intervenir, esto es, las anomalías encontradas en el
funcionamiento del máximo órgano de dirección y la falta de información de
éstas por parte de la revisoría fiscal al ente de control, resultan suficientes
para la adopción de una medida preventiva y provisional para salvaguardar
el adecuado funcionamiento de la caja de compensación y por tanto de los
recursos que ésta administra.

En el anterior contexto, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad
de los actos acusados, se confirmará la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

5.4. Otros pronunciamientos

Nada se dispone sobre la renuncia presentada por la abogada KAREN
DANIELA ROSERO NARVAEZ y que obra en el índice número 20 del
expediente electrónico, teniendo en cuenta que en el proceso no obra poder
a su favor.

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Radicado: 15001 2331 000 2010 01374 02
Demandante: Lilia Chaparro Infante

De otro lado, se reconocerá personería a la abogada YAMITH LIZCANO
OSORIO, para que represente los intereses de la Superintendencia de
Subsidio Familiar, en los términos y para los efectos del poder y los anexos
que obran en el índice No. 23 del expediente de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado SAMAI.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 13 de agosto de 2015, proferida por
la Sala de Decisión de Descongestión No. 9, Despacho No. 704 Mixto de
Descongestión, del Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Reconocer Personería a la abogada YAMITH LIZCANO
OSORIO para que represente los intereses del Superintendencia de Subsidio
Familiar, en los términos y para los efectos del poder y los anexos que obran
en el índice No. 23 del expediente de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del Consejo de Estado SAMAI

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Con aclaración de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ
GARZON SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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