Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00987-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00987-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00987-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
25 de abril de 2024
Demandante: Héctor Wilson Carvajal Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2024-00987-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00987-00
Demandante: HECTOR WILSON CARVAJAL ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial – Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor Héctor Wilson Carvajal Ortiz contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en ejercicio de la acción de tutela
consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto
2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Héctor Wilson Carvajal Ortiz1, a través de apoderado judicial, instauró
acción constitucional en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, con el fin de reclamar el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, entre otros.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 21 de julio de 2023, que declaró en segunda instancia
probada la excepción de caducidad en el proceso ejecutivo promovido por el
accionante en contra de la UGPP, el cual se identificó con el radicado 11001-33-
35-026-2016-00377-01.
1.2. Pretensiones
1 La acción de tutela el 28 de febrero de 2024.
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Demandante: Héctor Wilson Carvajal Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2024-00987-00
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías
fundamentales y, en consecuencia, pidió:
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, en amparo a los derechos
enunciados, revocar su providencia de fecha 21 de julio de 2023 notificada el
29 de agsoto de 2023 y, en consecuencia, se confirme la liquidación del crédito,
emitida por el el Juzgado Veintisèis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Héctor Alfonso Carvajal Ortiz3 inició el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Caja Nacional de Previsión Social (de ahora en
adelante CAJANAL) con el fin de obtener la reliquidación de su mesada pensional
con la inclusión de todos los factores salariales devengados derivado de su
vinculación laboral.
El asunto fue conocido por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que mediante providencia del 11 de julio del 2008 accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó el pago de los intereses moratorios de
acuerdo con los artículos 176, 177 y 178 del Decreto 01 de 1984.
El recurso de alzada fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Subsección Segunda, Subsección A que por medio de providencia del 24 de
septiembre de 2009 confirmó el fallo del a quo.
El 5 de noviembre de 2009, por medio de petición la parte demandante solicitó el
cumplimiento de la sentencia dictada ante CAJANAL. Por lo cual, la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social4 a través de la Resolución No. UGM 001442 del 21 de julio de 2011 dio
cumplimiento a la sentencia referida.
El 2 de febrero del 2017 el señor Héctor Alfonso Carvajal Ortiz presentó demanda
ejecutiva contra la UGPP (de ahora en adelante UGPP), con el fin de obtener el
pago por concepto de intereses moratorios, por el pago tardío de la condena.
Posteriormente, el 10 de mayo del 2022, por medio de auto se reconoció como
sucesor procesal al señor Héctor Wilson Carvajal Ortiz en condición de heredero
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3 El referido señor falleció y lo sucedió procesalmente por Héctor Wilson Carvajal Ortiz.
4 La referida entidad asumió la administración de CAJANAL al ser liquidada.
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Demandante: Héctor Wilson Carvajal Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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de acuerdo con el certificado de defunción del demandante Héctor Alfonso
Carvajal Ortiz.
El Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá
libró mandamiento de pago contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social5por la suma de
$18.867.937 por concepto de intereses moratorios reclamados en la providencia
del 10 de marzo del 2017.
Así mismo, con auto del 12 de marzo de 2018 el Juzgado Veintiséis Administrativo
de Oralidad de Bogotá declaró improcedente las excepciones propuestas6 por la
parte demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución de los intereses que
generó el capital desde la ejecutoria de la sentencia hasta que se incluyó en nómina
al demandante o se realizó el pago del capital. La parte demandada presentó
recurso de apelación contra el auto que 12 de marzo del 2018 y señaló que se debió
declarar la excepción de caducidad.
Con providencia del 21 de julio de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, resolvió la alzada y declaró
probada la excepción de la caducidad del proceso ejecutivo. Como fundamento
indicó que, el numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, en conjunto con
el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establecieron que el término
para solicitar la ejecución de títulos derivados de las decisiones judiciales proferidas
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será de 5 años, contados a
partir de la exigibilidad de la obligación contenida en la providencia.
Además, añadió que existe una posición en el Consejo de Estado que estima que
la caducidad del proceso ejecutivo se debe contabilizar en conjunto con el inciso 2
del artículo 192 del Código Contencioso Administrativo y el inciso 2 del artículo 299
de la Ley 1437 del 2011, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A llegó a la siguiente conclusión:
«En conclusión, la oportunidad para formular la demanda cuando se pretende
la ejecución de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, es de 5 años contados a partir de la exigibilidad de
la obligación contenida en la providencia judicial de condena, en los siguientes
términos:
1. 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si fue dictada de
conformidad con el CCA o Decreto 01 de 1984.
2. 10 meses siguientes a la misma ejecutoria, si se trata de sentencia dictada
en procesos regidos por el CPACA o Ley 1437 de 2011, en la cual se
condene al pago de sumas dinerarias.
5 Debido a la liquidación de CAJANAL, la UGPP asumió la carga de los procesos que eran
llevados en contra de la liquidada entidad.
6 Caducidad falta de legitimación en la causa por pasiva inexistencia de una obligación, cobro de lo
no debido e incorrecta liquidación del mandamiento de pago, propuesta por la entidad demandada.
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Demandante: Héctor Wilson Carvajal Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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3. 30 días siguientes a su comunicación, cuando la condena no implique
el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero en procesos regidos
por el CPACA o Ley 1437 de 2011 – art. 192 inciso 1.º ib.1»
De la referida cita, la providencia expuso que, hay criterios jurisprudenciales en que
el demandante cuenta con un plazo de 18 meses, más 5 años para ejercer la acción
ejecutiva en el caso que se encuentra bajo los mandatos del Código Contencioso
Administrativo. Sin embargo, el magistrado ponente no comparte dicha
argumentación debido a que el término de los 18 meses dispuestos por el artículo
177 del Decreto 01 del 1984, debe entenderse para los efectos de inembargabilidad
de los recursos incorporados en el presupuesto de las entidades.
Así, el despacho ponente contabilizó el término de caducidad de 5 años, desde la
fecha de ejecutoria de la sentencia que se postula como título ejecutivo hasta la
presentación de la demanda ejecutiva, sin que, a su juicio, se pudiera adicionar otro
tiempo, pues no hay lugar a interpretaciones sino al sentido natural y obvio de la
ley aplicable al caso. Aunado a lo anterior, para fundamentar el sentido de la
providencia, citó el fallo del 10 de noviembre de 2016 de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
Concretamente, afirmó que el titulo ejecutivo quedó ejecutoriado el 7 de octubre del
2009 mientras que la demanda fue radicada el 24 de noviembre de 2016, de manera
que los 5 años del término para interponer la acción ejecutiva feneció el 7 de octubre
de 2014, siendo extemporánea la demanda presentada.
La providencia fue notificada el 29 de agosto del 2023.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora argumentó que la acción de tutela cumplía con los requisitos
adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela. También, explicó que, la sentencia
objeto de ataque incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y vulneración del derecho a la igualdad.
Respecto del sustantivo, argumentó que, la autoridad judicial desconoció lo
dispuesto en el literal k, del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, así como el artículo
14 de Ley 550 de 1999, y que por remisión normativa se debió aplicar el artículo 1
de la Ley 1104 de 2006, con el cual se tuvo que acceder a librar el mandamiento
de pago y no declarar la caducidad del proceso ejecutivo.
Además, indicó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A desconoció lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 550 de
1999, con la cual se suspendía el término de prescripción y no opera el término de
caducidad. Sostuvo que, en el presente caso, la petición de cumplimiento del fallo
fue radicado el 5 de noviembre del 2009, y CAJANAL profirió la Resolución No.
UGM 001442 el 21 de julio del 2011 por lo que solo se incluyó en nómina hasta el
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1 de marzo del 2012, pero como CAJANAL se encontraba en liquidación
se suspendió el término de prescripción o caducidad para iniciar acciones
ejecutivas.
Frente al desconocimiento del precedente, argumentó que, existen
pronunciamientos del Consejo de Estado7, que guardan identificad fáctica y jurídica
con el caso objeto de estudio, en los cuales se han reconocido los 4 años de
suspensión de término de la liquidación de CAJANAL como un periodo muerto,
situación que no fue reconocida por el tribunal accionado.
Además, arguyó que, la providencia objeto de censura desconoció los precedentes
dictados por la Alta Corte y no argumentó su cambió de postura, la cual no puede
ser entendido como autonomía judicial, pues no argumentó una carga de
transparencia para el cambio de decisión.
Entonces, en criterio del accionante, el artículo 177 del Decreto 01de 1984, dispuso
la suspensión de términos de prescripción y caducidad de la entidad liquidada, la
cual fue asumida por la UGPP. En esa medida, debió ser suspendido el conteo del
término desde el 12 de junio del 2009 hasta la finalización de la liquidación de la
entidad el 11 de junio de 2013, y concluyó diciendo que, dentro de ese lapso no
opera la caducidad de la acción ejecutiva, pues el Consejo de Estado fijó la posición
respecto a la interrupción de la caducidad.
Así, indicó que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, -
Subsección A desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado al realizar un
canteó erróneo de término de caducidad, pues debió tener en cuenta la suspensión
de las acciones ejecutivas respecto de los créditos contra la empresa CAJANAL.
Sumado a lo anterior, argumentó que, la caducidad en el caso en concreto debe
contarse desde la fecha de ejecutoria y efectuar una suspensión de desde el 12 de
junio de 2009, de manera que se reinicie el 12 de junio de 2013, por lo tanto, la
fecha limite para presentar la demanda ejecutiva sería el 11 de junio del 2018 y
como se presentó el 22 de noviembre de 2016, estaba en el tiempo adecuado para
su trámite.
Al respecto, graficó como debió efectuar el conteo de término la autoridad judicial.
7 En específico citó las providencias identificadas con los radicados 11001-03-15-000- 2023-
04282-01 y 25000-23-42-000-2015-01327-01.
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Subsección A
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Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad, sostuvo
que, existen múltiples casos de identidad fáctica y jurídica8 sobre la suspensión del
término de caducidad de 4 años, lo que significa una arbitrariedad al generar una
inestabilidad jurídica que va en contravía de sus derechos fundamentales.
Por último, dispuso que:
Se concluye entonces que la igualdad es un derecho que supone, como todos
los demás, posiciones jurídicas de derecho de diversa índole, incluido el de
igualdad ante la ley procesal o en su caso el de igualdad de trato, pero también
deberes y responsabilidades, como forma de hacer compatible su ejercicio con
la realización de otros bienes jurídicos relacionados (administración de justicia
con eficiencia, celeridad, imparcialidad, prevalencia del derecho sustancial),
disposiciones que para el presente caso en disputo no se evidenció y por el
contrario pusieron en un estado de desigualdad al accionante, téngase en
cuenta entonces la multiplicidad de casos de igual connotación fáctica y jurídica
donde si han reconocido el periodo muerto de la entidad por su liquidación, y
transformación, y con el desconocimiento el agravio al no tener derecho a
reclamar mediante un proceso ejecutivo la obligación que en su momento se
debió pagar.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 4 de marzo del 2024 se inadmitió la acción de tutela presentada,
debido a que el apoderado judicial no acreditó el poder para actuar en nombre del
señor Héctor Wilson Carvajal Ortiz, por lo que se le requirió para acreditar su calidad
de apoderado.
El 11 de marzo del 2024 la parte actora allegó el poder otorgado por el señor
Carvajal Ortiz. Por tanto, a través de auto del 19 de marzo del 2024 se admitió la
acción de amparo y se ordenó:
i) Notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, como autoridad judicial accionada, con el fin de que
ejerciera su derecho a la defensa;
ii) Vincular como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, quienes conformaron el extremo pasivo y fungió como
juez en primera instancia, respectivamente, en el proceso ejecutivo
identificado con radicado 11001-33-35-026-2016-00377-01;
iii) Requerir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá, para que alleguen copia digital e íntegra del
8 La parte actora no identificó con claridad alguna providencia con la cual argumentara la presunta
igualdad fáctica y jurídica.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
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expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado 11001-33-
35-026-2016-00377-00/01;
1.6. Intervenciones:
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
La autoridad judicial envió el 3 de marzo del 2024 memorial con el cual solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de
inmediatez. Además, indicó que, el amparo va dirigido a atacar el criterio
interpretativo del juez ordinario, que ha sido amparado por la constitución y la Corte
Constitucional bajo el principio de autonomía e independencia de los jueces de la
República, en esa medida, sostuvo que la providencia censurada se encuentran las
razones de derecho que fundamentan su decisión.
1.6.2. Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
El juzgado radicó escrito el 4 de abril del 2024, en el que argumentó que, las
decisiones dentro del proceso objeto de ataque no fueron arbitrarias o contrarias a
derecho, pues estas obedecieron a un razonamiento jurídico distinto que fue
debidamente fundamentadas por las autoridades judiciales. Concluyó, diciendo
que, no advierte vulneración de ningún derecho fundamental del accionante, así
que solicitó que se niegue el amparo pretendido.
1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP
La entidad contestó el 4 de abril del 2024 y realizó un recuento del proceso
administrativo y judicial surtido con el accionante. Además, solicitó la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez. También, explicó
que no existe la concurrencia de los defectos alegados en el escrito tutelar, sino
que, hay una mala interpretación del tema de la caducidad. Ahora bien, argumentó
que el asunto existe cosa juzgada y una carencia argumentativa por la parte para
demostrar un perjuicio irremediable que hiciera procedente el mecanismo
constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Héctor Wilson Carvajal Ortiz, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
7
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
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numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021. Esto, por cuanto la
autoridad judicial contra la cual se dirige la acción de tutela es el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por tanto, debe
aplicarse el numeral 5. ° de la referida norma.
2.2. Problema jurídico
Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
respectivas pretensiones elevadas y el material probatorio recaudado, corresponde
a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta anterior, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora al proferir la providencia del 21 de julio de 2023,
mediante la cual revocó el fallo de primera instancia dictado por el
Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que
declaró improcedente las excepciones propuestas por la parte
demandada, para en su lugar, declarar la caducidad del proceso
ejecutivo identificado con radicado 11001-33-35-026-2016-00377-
01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial y, de superarse, iii) las generalidades de los
defectos alegados y, iv) el caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su
procedencia.11
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez
y, iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo
deprecado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre
el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada
uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no
se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 202212,
la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de
este requisito de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de
seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de
12 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por
esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal13
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”15
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”16 En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
10
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amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales”17
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal19.
2.6. Caso concreto
La sala declarará la improcedencia del amparo solicitado por el señor Héctor
Wilson Carvajal Ortiz, dado que, conforme al análisis de los hechos expuestos y
las pruebas aportadas, el asunto no goza de relevancia constitucional, pues el actor
manifiesta su inconformidad con el criterio del juez ordinario y pretende reabrir la
discusión planteada en el proceso ejecutivo.
El accionante indicó que, en la providencia de segunda instancia proferida el 21 de
julio del 2023, se incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente, y vulneración del derecho a la igualdad. En resumen, el actor propuso
el siguiente reparo: en consideración al proceso de liquidación de CAJANAL, no
debe contabilizarse del término de caducidad comprendido entre el 12 de junio de
2009 al 11 de junio del 2013, por considerarse que se suspendieron términos, de
manera que, la demanda ejecutiva presentada por el accionante se radicó de
manera oportuna.
Esta sala recuerda que el simple alegato de una vulneración a un derecho
fundamental no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.
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Al respecto, la providencia del 21 de julio del 2023 determinó claramente
su posición disímil con respecto al conteo de términos del proceso ejecutivo, la cual
estableció lo siguiente:
Lo anterior, significa que el demandante cuenta con un plazo de dieciocho (18)
meses más cinco (5) años para ejercer la acción ejecutiva en el caso que se
encuentre bajo los mandatos del CCA. Sin embargo, es preciso manifestar que
el magistrado ponente no comparte esa argumentación, por las siguientes
razones:
-El término contenido en el artículo 177 del CCA, de dieciocho (18) meses
debe entenderse para efectos de la inembargabilidad de los recursos
incorporados en el presupuesto de las entidades, no se trata entonces, de
inejecutabilidad. En efecto, de conformidad con las disposiciones que reglan
las obligaciones en el ordenamiento jurídico, estas son ejecutables a partir
del día siguiente a su exigibilidad (ejecutoria o firmeza de la providencia
judicial o acto administrativo o cumplimiento de la condición, según el caso).
• Este término impide que los jueces emitan órdenes de embargo en contra
de los recursos incorporados en el presupuesto de las entidades deudoras,
mientras no hubiere vencido ese término de gracia de los dieciocho (18)
meses previstos en el C.C.A.
• Desde las premisas básicas del derecho procesal, las providencias
judiciales se hacen exigibles desde su ejecutoria; por tanto, el acreedor se
encuentra en posibilidad de incoar la acción ejecutiva desde la fecha de la
ejecutoria de las sentencias que le reconocen sus derechos económicos.
En consecuencia, este Despacho encuentra posible y jurídicamente viable
contabilizar el término de caducidad de cinco (05) años, a partir de la ejecutoria
de las sentencias que se allegan con la demanda como título de recaudo
ejecutivo.
En esa medida, la autoridad judicial atacada en virtud del principio de autonomía
judicial estableció que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente
de la ejecutoria de la providencia.
Entonces, la referida providencia judicial estableció una carga de transparencia por
la cual, a pesar de existir diferentes criterios optó por el que aplicó al caso en
concreto, en esa medida, el hecho de controvertir dicha elección es un asunto que
interfiere directamente en la orbita de acción del juez ordinario, ámbito en el que
no puede intervenir el juez constitucional pues no advierte una interpretación
excesiva o irracional que conlleve a entrever una posible vulneración de derechos
fundamentales.
Adicionalmente, la providencia concluyó lo siguiente:
Así pues, la postura del despacho sustanciador es del conteo de término de
caducidad es de cinco años a partir de la fecha de ejecutoria de las sentencias
que se postulan 5 como títulos ejecutivos; toda vez que La Ley 153 de 1887
establece y ordena que cuando una norma legal es clara, no hay que buscar
interpretaciones so pretexto de indagar sobre el espíritu del legislador, por lo
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que debe aplicarse en su sentido natural y obvio. Luego, si el C.C.A.,
establece que el término de caducidad de la acción ejecutiva es de cinco (5)
años, por ende no puede adicionarse a ese conteo seis (6) meses, dieciocho
(18) o, diez (10) meses más.
Ahora bien, los argumentos expuestos en el escrito de tutela no señalan de manera
clara o especifica la norma que consideró como desconocida o indebidamente
aplicada, sino que se hizo referencia a la solución de diferentes casos e
interpretaciones que se han visto en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Así, el accionante tampoco ejerció una carga argumentativa rigurosa para
demostrar que la providencia objeto de censura desconoció un precedente, pues
este se limitó a señalar que existió una vulneración a su derecho a la igualdad por
considerar que existieron casos de igualdad fáctica o jurídica que le eran aplicables
al caso en concreto, sin que se identificaran de manera clara, lo que hubiere
permitido la realización de una comparación entre las decisiones.
En esa medida, es claro para la sala que el actor manifiesta su inconformidad por
el hecho de que existan variedad de criterios que le son aplicables a una situación.
Sin embargo, el suyo no fue resuelto conforme a sus intereses. Esto, no implica
per se una vulneración de algún derecho fundamental del accionante, sino que, en
aras del principio de autonomía judicial en que se amparan los jueces de la
república, el juez del ejecutivo optó por elegir un criterio y sustento mediante una
carga argumentativa su elección de postura jurídica.
Lo anterior significa, en otros términos, que la acción de tutela presentada por el
señor Carvajal Ortiz busca reabrir un debate superado en el proceso ejecutivo, lo
que conlleva la desnaturalización del mecanismo constitucional, pues, pretende que
haga las veces de una tercera instancia.
Entonces, los argumentos expuestos por el tutelante en su escrito de tutela cumplen
con la finalidad de controvertir la caducidad que fue declarada en el proceso
ejecutivo. El referido fenómeno es un asunto que puede ser declarado por el juez
ordinario en cualquier estado del proceso. Lo dicho, no implica que se le pretermita
una instancia al accionante y que desencadene una vulneración de algún derecho
fundamental en razón a que, esto obedece a un control de legalidad que hace el
juez ordinario.
A partir de lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
2.7. Conclusión
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La solicitud de amparo constitucional solicitada por el señor Héctor Wilson
Carvajal Ortiz carece del requisito de relevancia constitucional, debido a que, con
la acción pretende reabrir un debate jurídico del juez ordinario, utilizando así, el
amparo constitucional como una tercera instancia, con el cual desnaturalizaría la
acción constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela formulada por el
señor Héctor Wilson Carvajal Ortiz contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Aclaración de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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