Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04282-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04282-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04282-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 11 de diciembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04282-01
Demandante: Martha Lilianne del Socorro Montoya Gallego
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda
• Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia por medio de la cual la autoridad
judicial accionada declaró probada la excepción de caducidad de la acción y, en
consecuencia, dio por terminado un proceso ejecutivo en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP).
De conformidad la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 5 de
octubre de 2023, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia del amparo solicitado por falta de relevancia
constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 9 de agosto de 2023, Martha Lilianne del Socorro Montoya Gallego
presentó acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, con
ocasión de la providencia de 27 de enero 2023, dictado por la autoridad a
accionada dentro del proceso ejecutivo No. 11001-33-35-017-2016-00285-03.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04282-01
Demandante: Martha Lilianne del Socorro Montoya Gallego
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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“1. AMPARAR los derechos de, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IGUALDAD y DERECHOS ADQUIRIDOS de la
Señora ANA BOLENA BUITRAGO y el señor JORGE ENRIQUE BUITRAGO GALVIS.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, en amparo a los derechos enunciados, revocar su
providencia de fecha 27 de enero de 2023, notificado el 06 de febrero de 2023
y ejecutoriado el 09 de febrero y, en consecuencia, se confirme la decisión de
seguir adelante con la ejecución.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Mediante Sentencia de 7 de noviembre de 2008, el Juzgado 17
Administrativo de Bogotá condenó a la Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal) a reliquidar y pagar la pensión de jubilación a favor de Martha
Lilianne del Socorro Montoya Gallego y dar cumplimiento a lo previsto en los
artículos 176, 177 y 178 del Decreto 1 de 1984 (CCA).
5. 2) El 26 de febrero de 2009, la parte actora presentó ante Cajanal
solicitud de cumplimiento al fallo de 7 de noviembre de 2008.
6. 3) Mediante el Decreto No. 2196 de 2009, el Gobierno Nacional
ordenó la supresión y liquidación de Cajanal.
7. 4) El 24 de enero de 2011, a través de la Resolución No. PAP 034002, el
Patrimonio Autónomo de Pensiones (PAP) Buen Futuro ordenó dar
cumplimiento a la orden judicial a favor de la señora Montoya Gallego y, en
consecuencia, reliquidó su pensión de jubilación, sin incluir el pago de
intereses moratorios.
8. 5) Mediante el Decreto No. 877 de 2013, se prorrogó la liquidación de
Cajanal hasta el 11 de junio de 2013.
9. 6) El 28 de enero de 2015, la parte actora presentó demanda
ejecutiva, orientada a obtener el cumplimiento parcial de la obligación, por
concepto de intereses moratorios, la cual fue tramitada bajo el radicado
No. 11001-33-35-017-2016-00258-00.
10. 7) Mediante Auto de 3 de octubre de 2016, el Juzgado 17
Administrativo de Bogotá rechazó la demanda bajo la tesis de haber
operado la caducidad de la acción, tras considerar que la misma había sido
presentada de manera extemporánea.
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Demandante: Martha Lilianne del Socorro Montoya Gallego
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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11. 8) Contra esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación3 y, el 3 de octubre de 2016, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión
anterior y ordenó estudiar la solicitud de libar mandamiento de pago.
12. 9) El 14 de agosto de 2018, el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá
libró mandamiento de pago a favor de la accionante, por la suma de
$8.602.442,10. Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante
presentó recurso de reposición en contra de esta decisión, por lo que,
mediante Auto de 14 de agosto de 2018, se libró mandamiento de pago por
la suma de $39.957.336,24.
13. 10) Mediante providencia de 6 de noviembre de 2019, el Juzgado 17
Administrativo de Bogotá ordenó seguir adelante la ejecución. Decisión que
fue apelada por la UGPP.
14. 11) Mediante providencia de 27 de enero de 20234, la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó
la providencia de 6 de noviembre de 2019 del Juzgado 17 Administrativo de
Bogotá, declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción ejecutiva y, como consecuencia, dio por terminado el proceso.
15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que se
configuró un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 164 del
CPACA, pues, a su juicio, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para el cómputo de la caducidad, no
tuvo en cuenta que el proceso de liquidación de Cajanal, que inició el 12
de junio de 2009 y se prorrogó hasta el 11 de junio de 2013, suspendió los
términos para iniciar procesos ejecutivos en contra dicha entidad. Ello, en
total desconocimiento del derecho a reclamar a la entidad el pago de los
intereses moratorios adeudados, originados de la Sentencia de 7 de
noviembre de 2008, así como del principio constitucional de responsabilidad
patrimonial del Estado.
16. Aunado a ello, adujo que la autoridad judicial accionada desconoció
el precedente establecido en la Sentencia de 30 de junio de 2016 proferida
dentro del proceso No. 2013-06595, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al no tener en cuenta que el
término de caducidad se suspendió desde el momento en que inició el
período liquidatario de Cajanal y se reanudó el 8 de noviembre de 2011,
siempre que la petición de cumplimiento se hubiera realizado y fuera
3 La demandante argumentó que el periodo de liquidación de Cajanal debía ser tenido en cuenta para
contabilizar los términos, toda vez que, durante este período de tiempo, se suspendió el término de caducidad.
4 Es preciso aclarar que esta decisión se dio después de que, con ocasión de un recurso de queja, se declarara
mal denegado el recurso de apelación de la UGPP (Auto de 13 de julio de 2022).
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Demandante: Martha Lilianne del Socorro Montoya Gallego
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – ampara
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competencia de la UGPP atenderla, de acuerdo con el Decreto 4269 de
2011.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
17. Mediante Sentencia de 5 de octubre de 2023, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
Advirtió que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, para lo cual indicó que la controversia planteada por la
parte actora giraba en torno a una simple inconformidad con la decisión
que adoptó la autoridad accionada como juez natural.
18. Aunado a lo anterior, indicó que la accionante no desplegó la carga
argumentativa suficiente y necesaria, respecto de la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, pues no fueron claras las razones por las cuales
consideró que se afectaron dichas garantías constitucionales.
19. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó
que se revocara en su totalidad la sentencia de primera instancia. Anotó
que la conducta que desplegó la vulneración de sus derechos
fundamentales fue haber declarado la caducidad de la acción, toda vez
que los términos de prescripción y de caducidad para iniciar el proceso
ejecutivo en contra de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio de 2009
hasta el 11 de junio de 2013.
20. Explicó que (1) la sentencia que sirvió de título quedó ejecutoriada el
21 de noviembre de 2008, (2) la interrupción del conteo de términos inició
por el proceso de liquidación de Cajanal, entre el 12 de junio de 2009 y el 11
de junio de 2013, periodo durante el cual no transcurrieron los términos de
caducidad, (3) solo desde el 12 de junio de 2013 se debían reanudar los
términos de caducidad e iniciar a contabilizar los 5 años de que trata la
norma. Por tal razón, presentó la demanda en término, pues los 5 años se
cumplían el 11 de junio de 2018 y la demanda fue instaurada el 20 de enero
de 2015.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
21. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
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Decisión: Revoca – ampara
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Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por no tener en cuenta que
la suspensión de términos derivada del proceso de liquidación de Cajanal,
al momento de estudiar la caducidad de la acción ejecutiva presentada
por la parte actora. En consecuencia, se procederá a revocar, modificar o
confirmar la decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
22. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque: (1) No existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos que considera vulnerados.
(2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
enjuiciada (8/2/23)6 y la de interposición de la presente acción de tutela
(9/8/23). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia lo que
busca es que se revoque una providencia dictada en el marco de un
proceso ejecutivo. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
23. (5) Contrario a lo sostenido por el juez de tutela de primer grado, la
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación de las garantías fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, con ocasión de una providencia
judicial cuyo debate central gira en torno a la caducidad de la acción
ejecutiva, en el marco del proceso de liquidación de Cajanal. Aunado a
ello, no se advierte que se trate de una reiteración de lo planteado en el
proceso ejecutivo.
24. En ese orden, existen motivos suficientes para revocar la decisión de
primer grado y, en consecuencia, estudiar de fondo el caso para establecer
si se configuraron, o no, los reparos planteados y, con ellos, la veneración de
derechos alegada.
2.3. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales
25. La Sala amparará los derechos de la señora Montoya Gallego, por las
razones que se presentan a continuación:
26. Para la parte actora, en la providencia de 27 de enero de 2023, se
estructuró un defecto sustantivo por la indebida aplicación de los artículos
164 del CPACA y 177 del CCA, pues, a su juicio, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
6 Mediante mensaje de datos de 6 de febrero de 2023.
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Decisión: Revoca – ampara
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que el proceso de liquidación de Cajanal suspendió los términos para iniciar
las acciones ejecutivas contra la entidad, desde el 12 de junio de 2009 hasta
el 11 de junio de 2013.
27. Sobre este punto en particular, la autoridad enjuiciada expresamente
sostuvo (se trascribe):
“Previo a resolver el problema jurídico planteado con ocasión del recurso de
apelación interpuesto por la parte ejecutada, procede la sala a estudiar si la
obligación cuya ejecución pretende la ejecutante no es exigible por haber
superado el término establecido en la normatividad para adelantar el cobro,
dado que de la respuesta que se obtenga dependerá que se aborde o no el
problema jurídico formulado.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 177 del CCA, norma vigente para
la época de los hechos, las entidades públicas tienen un término de 18 meses
para dar cumplimiento a las sentencias en firme que les imponen el pago de
cantidades liquidas de dinero; una vez vencido este plazo sin que se hubiera
acatado la orden judicial, la condena puede ser exigida mediante juicio
ejecutivo. En tal entendido, las sentencias judiciales que condenen a una
entidad pública, en vigencia del CCA, solo eran exigibles transcurrido el
término de 18 meses contados a partir de la ejecutoria del fallo.
En atención a los anteriores preceptos, verifica la corporación que en el
presente asunto se superó el término de caducidad, toda vez que la sentencia
base de recaudo quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2008, por lo tanto,
fue exigible hasta el 22 de mayo de 2010. Desde esta última calenda se
contabiliza el término de caducidad, el cual feneció el 22 de mayo de 2015, en
tanto que la demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2016, es decir,
por fuera del término de ley, sin que la ejecutante justifique alguna
circunstancia excepcional que le hubiese impedido incoar la acción ejecutiva,
razón por la cual, de oficio se declarará la excepción de caducidad y, como
consecuencia, se dará por terminado el proceso.
En este punto, es menester recordar que de conformidad con la posición
recientemente expuesta por el Consejo de Estado y que en el presente caso se
acoge, los términos de caducidad y prescripción de las obligaciones a cargo
de Cajanal no se suspendieron con ocasión del proceso de liquidación, toda
vez que por ley el liquidador de dicha entidad tenía a su cargo la atención de
los procesos administrativos y judiciales que se adelantaran durante ese lapso,
garantizando de esta forma no solo la adecuada defensa del Estado, sino
también el derecho de los acreedores.
Lo anterior, en el entendido de que a través del presente asunto no se reclaman
obligaciones que no estén sometidas al fenómeno de la caducidad, por
cuanto no se libró mandamiento de pago por concepto de capital indexado,
sino exclusivamente por los intereses moratorios.
De ahí que, como quiera que se declarará de oficio probada la excepción de
caducidad, no hay lugar a resolver las cuestiones planteadas en el recurso de
apelación.
En este punto, es preciso recordar que esta posición ya ha sido evaluada en
sede de tutela, en la que se indicó que no se incurre en violación de los
derechos fundamentales al acoger la posición que predica que el proceso de
liquidación de Cajanal no suspendió los términos de caducidad y prescripción
(…)”
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Decisión: Revoca – ampara
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28. En ese orden, se advierte que no existe controversia alguna sobre la
aplicación del artículo 177 del CCA al caso concreto, esto es, el término de
18 meses posteriores a la ejecutoria de la providencia para ejecutar la
condena. No obstante, en lo que respecta a la suspensión de términos, esta
Sala, en casos de similares contornos fácticos y jurídicos7, ha sostenido que
no es de recibo la tesis según la cual las obligaciones de Cajanal no se vieron
suspendidas ante el inicio del proceso liquidatorio.
29. En dichas oportunidades, se ha sostenido que, comoquiera la
providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 24 de
noviembre de 2008, es decir, en vigencia del CCA, para contabilizar el
término de caducidad del proceso ejecutivo, era necesario recurrir al inciso
4 del artículo 177 ídem y, bajo esa lógica, Cajanal contaba con el plazo de
18 meses para cumplir con la providencia, término que se cumplió el 24 de
mayo de 2010.
30. Ahora bien, como la entidad entró en liquidación desde el 12 de junio
de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, acorde con la postura reiterada de la
Sección Segunda de Consejo de Estado8, se debe precisar que, uno de los
sustentos normativos del Decreto 2196 de 2009, por medio del cual se ordenó
la liquidación de Cajanal, fue el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la
Ley 1105 de 2006, en el cual se consagró que en lo no previsto en el Decreto,
deberían aplicarse las disposiciones del Estatuto Orgánico Financiero y el
Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la
naturaleza de la entidad.
31. Para tales efectos, la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades
de carácter público, privado o de economía mixta que ejerzan actividades
financieras, de ahorro o crédito, dispuso en su artículo 14 que “(…) durante
la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no
opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el
empresario”.
32. Con base en lo anterior, se concluye que los términos de prescripción
y caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el
12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, es decir, durante 4 años.
33. Así las cosas, para contabilizar el término de caducidad de 5 años de
la acción ejecutiva, debe tenerse en cuenta que, el 26 de febrero de 2009,
la señora Montoya Gallego presentó reclamación ante Cajanal y el PAP
7 Sentencia de 27 de julio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02862-00 (confirmada mediante Sentencia de 20 de
octubre de 2022 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 2022-02862-01; y que hizo
tránsito a cosa juzgada al no haber sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional – Exp. T9127219);
Sentencia de 28 de septiembre de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2023-04809-00 (decisión que no fue objeto de
impugnación).
8 Puede consultarse, ente otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 24 de agosto
de 2023. Rad. 25000-23-42-000-2014-01444-02 (4244-2019)
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Decisión: Revoca – ampara
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Buen Futuro fue el que expidió la Resolución No. PAP 034002 de 24 de enero
de 2011. Asimismo, cuando inició la liquidación de Cajanal, habían
transcurrido 6 meses y 19 días del término de 18 meses que tenía la entidad
para cumplir, pero al entrar en liquidación, los términos quedaron
suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013. Por lo
cual, los 18 meses para acudir a sede judicial se verificaron el 11 de junio de
2014, de forma que los 5 años de caducidad empezaron a contabilizarse
desde el 12 de junio de 2014 y culminaron hasta el 12 de junio de 2019. El 28
de enero de 2015, la demandante presentó la demanda ejecutiva, es decir,
dentro del término para comparecer oportunamente ante la jurisdicción y,
por lo tanto, contrario a lo señalado por la autoridad accionada, no operó
la caducidad de la acción.
34. Así las cosas, dadas las características fácticas propias del caso, para
la Sala existió la vulneración alegada y el defecto invocado, pues la
autoridad judicial accionada no interpretó ni aplicó debidamente las
normas procesales del caso, lo cual amerita la intervención del juez de
tutela.
2.4. Conclusión
35. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de
tutela de primera instancia que negó el amparo y, en su lugar, amparará el
derecho al debido proceso de Martha Lilianne del Socorro Montoya Gallego
por encontrar configurado el defecto sustantivo. En consecuencia, se dejará
sin efectos la providencia enjuiciada y ordenará a la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera
una decisión de reemplazo, de conformidad con las consideraciones aquí
expuestas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la 1ey,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 5 de octubre de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que negó la presente acción de
tutela y, en su lugar, AMPARAR los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad de Martha Lilianne del Socorro
Montoya Gallego, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Decisión: Revoca – ampara
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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 27 de enero de 2023
proferida por la Sección Segunda Subsección E del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el proceso de ejecutivo, Rad. 11001-33-35-017-2016-
00258-01, y ORDENAR a dicha autoridad que, dentro de los 10 días siguientes
a la notificación de esta providencia, profiera la decisión de remplazo, de
conformidad con las razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello9.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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