Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02862-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02862-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02862-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 27 de julio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02862-00
Accionante: Yolanda Isabel Dueñes Gastelbondo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedibilidad/ Defecto sustantivo
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia que confirmó la decisión de
primera instancia de rechazar la demanda por la caducidad de la acción ejecutiva.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Yolanda Isabel
Dueñes Gastelbondo contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demanda y
terceros.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 25 de mayo de 2022, Yolanda Isabel Dueñes Gastelbondo presentó
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y Acuerdo
No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02862-00
Accionante: Yolanda Isabel Dueñes Gastelbondo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Ampara
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derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, tras considerar que en el Auto de 17 de marzo de 2022, proferido
dentro del proceso de reparación directa No. 11-001-33-35-018-2018-00013-
01, se incurrió en un defecto sustantivo.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Que se TUTELEN los derechos fundamentales de la señora Yolanda
Isabel Dueñes Gastelbondo al debido proceso por vía de hecho al presentarse
el defecto sustantivo y probatorio en el Auto de 17 de marzo de 2022 proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A”, con la consecuente violación del derecho al acceso a la
administración de justicia del accionante.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicito se
ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A”, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
fallo de tutela, revoque la procidencia del 17 de marzo de 2022 y en su lugar, se
ordene librar mandamiento de pago en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a favor de la señora YOLANDA ISABEL DUEÑES
GASTELBONDO, por concepto de intereses moratorios derivados de la
Sentencia proferida por el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Bogotá de
fecha 23 de abril de 2008, confirmada por la Sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A de fecha
4 de marzo de 2009, debidamente ejecutoriada con fecha 18 de marzo de
2009, cumplidas en forma parcial el día 25 de agosto de 2011, fecha en la cual
se pagaron las mesadas atrasadas y la indexación, pero no lo correspondiente
a los intereses moratorios los cuales fueron causados desde esta fecha, hasta
cuando se efectúe el pago total de la misma, de conformidad con lo
establecido en el inciso 5 del artículo 177 del C.C.A (Decreto 01 de 1984), por
cuanto de ninguna manera se configuró el fenómeno de la caducidad, mucho
menos por culpa o responsabilidad del pensionado. ”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 23 de abril de 2008, el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
condenó a Cajanal a reliquidar y pagar la pensión de jubilación a favor de
Yolanda Isabel Dueñes Gastelbondo.
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5. 2) El 4 de marzo de 2009, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera
instancia2.
6. 3) Mediante el Decreto No. 2196 de 2009, se ordenó la supresión y
liquidación de Cajanal. Por tal razón, el 24 de septiembre de 2009, la señora
Dueñes radicó ante la extinta entidad reclamación para presentarse como
acreedora dentro del proceso liquidatorio.
7. 4) El 25 de mayo de 2011, a través de la Resolución No. PAP 054900,
Cajanal ordenó dar cumplimiento a la orden judicial, y en consecuencia,
reluquidó la pensión de jubilación de la accionante, efectuando el pago de
$21.015.742 por concepto de mesadas atrasadas e indexación, sin incluir el
pago de intereses moratorios.
8. 5) Mediante el Decreto No. 877 de 2013, se prorrogó la liquidación de
Cajanal hasta el 11 de junio de 2013.
9. 6) El 13 de diciembre de 2017, la señora Dueñes Gastelbondo presentó
demanda ejecutiva, orientada a obtener el cumplimiento parcial de la
obligación, pues dicha entidad no reconoció el pago de intereses
moratorios.
10. 7) El 8 de marzo de 2018, el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
rechazó la demanda por caducidad, tras considerar que la misma había
sido presentada de manera extemporánea.
11. 8) Contra esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación3 y, el 17 de marzo de 2022, la Subsección A de la Sección
2 Al revisar la consulta de procesos, se evidenció que la mencionada providencia fue notificada por edicto fijado
el 4 de marzo de 2009.
3 La demandante argumentó que la liquidación de Cajanal se prorrogó hasta el 11 de junio de 2013 y debido al
fuero de atracción, no fue posible acudir ante la jurisdicción ordinaria para reclamar sus intereses mientras se
encontraba en curso el proceso liquidatorio. Además, durante tiempo, se suspendió el término de caducidad, por
lo cual, cuando se reanudaron los términos de las acciones en contra de la extinta entidad, se presentó la
demanda de manera oportuna.
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Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión
de primera instancia4.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que se
configuró un defecto sustantivo por la indebida aplicación del artículo 164
del CPACA, pues, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
tuvo en cuenta que el proceso liquidatorio de Cajanal, que inició el 12 de
junio de 2009 y se prorrogó hasta el 11 de junio de 2013, suspendió los
términos para iniciar procesos ejecutivos en contra de la misma y no tomó
en cosideración que, al estar dentro de un proceso concursal, se generó el
fenómeno jurídico de fuero de atracción, lo cual imposibilitó que acudiera
ante los jueces ordinarios para reclamar el pago de lo debido y por ello se
hizo parte en el proceso como acreedora, sin embargo, Cajanal cumplió
parcialmente la orden judicial.
1.2 Posición de las partes demandas y terceros5
13. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en el que indicó que, en el presente caso no
era procedente la acción de tutela, toda vez que las pretensiones de la
parte actora se dirigieron a atacar el criterio interpretativo del juez y ello
atenta contra los principios constitucionales de autonomía e independencia
de los jueces. Asimismo, indicó que, en la providencia judicial enjuiciada, se
interpretó manera razonable las normas aplicables al caso en concreto.
14. La UGPP rindió informe en el que indicó que, en el presente caso no
era procedente la acción de tutela, toda vez que no se reunió ninguno de
los requisitos que hiciere procedente dicho mecanismo, pues pretende el
cumplimiento de una sentencia que efectivamente fue cumplida de
manera completa por la extinta Cajanal y, así pretendiera su cumplimiento
a través de una acción ejecutiva, esta ya se encuentra caducada.
4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que, cuando el artículo 177 del CCA que estableció un
plazo de 18 meses a la Nación para el pago de obligaciones a su cargo, debía entenderse únicamente para
efectos de la inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto de las entidades, más no se trata
de inejecutabilidad, por lo cual, la accionante no presentó la demanda dentro del término establecido para ello.
5 Mediante Auto de 27 de mayo de 2022, el despacho ponente admitió demanda contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
y a la Unidad de Protección Social (UGPP), como terceros con interés en el proceso.
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15. Adicionalmente, argumentó que, no existió ninguna disposición legal
que impidiera a la accionante presentar una demanda ejecutiva, ya que el
Decreto No. 2196 de 2009 odenó unicamente finalizar los procesos ejecutivos
en curso para acumular sus acreencias en el trámite liquidatorio y advirtió a
los jueces la imposibilidad de continuar con los procesos en contra de la
entidad, sin notificación personal al liquidador.
16. Además, a pesar de que se hubiera ordenado la liquidación de la
entidad, no podía entenderse dicha situación como una autorización para
suspender los términos de caducidad de las acciones que pudieran
instaurarse en su contra, sino por el contrario, lo que buscó el mencionado
decreto fue advertir dicha situación para que los interesados acudieran al
trámite administrativo liquidatorio para el reconocimiento de sus obligación
y así lograr su respectivo cumplimiento.
17. Finalmente, respecto al pago de intereses moratorios, al ser Cajanal la
entidad que debía dar cumplimiento al fallo contencioso, de ordenarse el
pago de aquellos, sería el Ministerio de Salud y Protección Social –
Patrimonios Autónomos de Cajanal en Liquidación, quien debería realizar el
pago de los mismos, ya que para la fecha de la Sentencia, la UGPP no se
encontraba en funcionamiento.
18. El Juzgado 18 Administrativo de Bogotá guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados
2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.4. Verificación de defectos y/o afectaciones a derechos. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados
19. Debe indicarse que, pese a que la parte actora señaló en su solicitud
de amparo como violados varios derechos fundamentales, esta Sala
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detendrá su estudio en el derecho al debido proceso, comoquiera que la
presunta vulneración de garantías constitucionales se produjo en el marco
de una actuación judicial y, en tal sentido, cobra relevancia estudiar si fue, o
no, lesionado este derecho durante el desarrollo del trámite judicial
ordinario. Aunado a ello, la afectación de los demás derechos invocados
fue presentada como consecuencia de la afrenta al derecho al debido
proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado este
derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo solicitado.
2.2. Fijación de la controversia
20. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación de
los artículos 164 del CPACA y 177 del CCA.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6
21. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente porque: (1)
No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de
notificación de la providencia que se enjuicia (18/4/2022) y la de
interposición de la presente acción de tutela (25/5/2022). (3) No se enjuició
un fallo de tutela, pues la controversia lo que busca es que se revoque un
Auto dictado en el marco de un proceso ejecutivo. (4) Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de la garantía
fundamental de debido proceso, con ocasión de una providencia judicial
cuyo debate central gira en torno a la caducidad de la acción ejecutiva,
en el marco del proceso liquidatorio de Cajanal.
6 Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005; Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
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2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
22. La Sala amparará los derechos de Yolanda Isabel Dueñes
Gastelbondo, por las razones que pasarán a explicarse.
23. Para la parte actora, en el Auto de 17 de marzo de 2022 se estructuró
un defecto sustantivo por la indebida aplicación de los artículos 164 del
CPACA y 177 del CCA, pues, a su juicio, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta
que el proceso liquidatorio de Cajanal suspendió los términos para iniciar
procesos ejecutivos en su contra, desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de
junio de 2013
24. Por otro lado, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca indicó que, cuando el artículo 177 del
CCA estableció un plazo de 18 meses a favor de la Nación para el pago de
obligaciones a su cargo, debe entenderse unicamente para efectos de la
inembargabilidad de los recursos públicos de las entidades, lo cual no es
óbice para reclamar el pago de lo debido a través de acciones ejecutivas.
25. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no comparte la postura del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca7, pues la providencia cuya
ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 13 de marzo de 2009, es decir,
en vigencia del CCA, por lo tanto, para contabilizar el término de
caducidad del proceso ejecutivo, contrario a la tesis del juez del ejecutivo,
era necesario recurrir al inciso 4 del artículo 177 ibidem, por tal razón Cajanal
si contaba con el plazo de 18 meses para cumplir con la providencia,
término que se cumplió el 13 de septiembre de 2010.
26. Sin embargo, la entidad entró en liquidación desde el 12 de junio de
2009 hasta el 11 de junio de 2013, por lo cual, y reiterando la posición del
7 Al respecto, ver las siguiente providencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado: Sentencia de10
de marzo de 2022, radicación 25000-23-42-000-2016-05723-01.
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Consejo de Estado8, se debe precisar que, uno de los sustentos normativos
del Decreto 2196 de 2009, por medio del cual se ordenó la liquidación de
Cajanal, fue el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006,
en el cual se consagró que en lo no previsto en el Decreto, deberían
aplicarse las disposiciones del Estatuto Orgánico Financiero y el Código de
Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza
de la entidad.
27. Para tales efectos, la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades
de carácter público, privado o de economía mixta que ejerzan actividades
financieras, de ahorro o crédito, dispuso en su artículo 14 que “(…) durante
la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no
opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el
empresario.”
28. Con base en lo anterior, se concluye que los términos de prescripción
y caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el
12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, es decir, durante 4 años.
29. Así las cosas, para contabilizar el término de caducidad de 5 años de
la acción ejecutiva, debe tenerse en cuenta que, el 24 de septiembre de
2009, la señora Dueñes Gastelbondo presentó reclamación ante Cajanal y
que fue esa entidad la que expidió la Resolución No. PAP 054900 de 25 de
mayo de 2011. Asimismo que, cuando inició la liquidación de Cajanal había
transcurrido 2 meses y 29 días del término de 18 meses que tenía la entidad
para cumplir, pero al entrar en liquidación, los términos quedaron
suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, por lo
cual, los 18 meses para acudir a sede judicial se verificaron el 11 de
septiembre de 2014, de forma que los 5 años de caducidad empezaron a
contabilizarse desde el 12 de septiembre de 2014 y culminaron hasta el 12
de septiembre de 2019. El 13 de diciembre de 2017, la demandante presentó
la demanda ejecutiva, es decir, dentro del término para comparecer
8 Al respecto, ver las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las acciones de
tutela i) providencia de 28 de marzo de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-03532-00; y ii) providencia de 23 de
agosto de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-01733-00.
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oportunamente ante la jurisdicción, y por lo tanto, contrario a lo señalado
por la autoridad accionada, no operó la caducidad de la acción.
30. Así las cosas, dadas las características fácticas propias del caso, para
la Sala existió la vulneración alegada y el defecto invocado, pues la
autoridad judicial accionada no interpretó ni aplicó debidamente las
normas procesales del caso, lo cual amerita la intervención del juez de
tutela.
2.5. Conclusión
31. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala amparará el
derecho al debido proceso de la parte actora y, en consecuencia,
ordenará a la autoridad accionada que, dentro de los 10 días siguientes a
la notificación de esta providencia, se pronuncie sobre el mandamiento de
pago del proceso ejecutivo que interesa a la parte actora.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Yolanda Isabel
Dueñes Gastelbondo, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el Auto de 17 de marzo de 2022 proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En consecuencia, ORDENAR a la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera
providencia de remplazo dentro del proceso ejecutivo No. 11-001-33-35-018-
2018-00013-01, en la que se atiendan las consideraciones aquí consignadas.
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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin9.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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