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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05365-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05365-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 22 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela. SEGUNDO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por la accionante. TERCERO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictada dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-37-039-2019-00266-01 y, en su lugar, ORDÉNASE a la autoridad judicial accionada que en el término de diez (10) días profiera una sentencia de reemplazo en la que se tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05365-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

21 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Se ampara parcialmente

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-
Subsección A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Proceso Ejecutivo / Desconocimiento del
precedente / Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del 22
de noviembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A.- Solicitud de amparo

1.- La señora Marina del Carmen Blanco de Muñoz presentó, por intermedio de

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

apoderado, una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad. A su juicio, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas con la sentencia del 3 de marzo de 2022 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
proferida dentro del proceso ejecutivo con el radicado 11001-33-37-039-2019-00266-01,
que declaró la caducidad de la acción.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<1. AMPARAR los derechos de, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA,
Se ampara parcialmente
PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA, PRECLUSIÓN Y LEALTAD PROCESAL,
INESCINDIBILIDAD DE LA NORMA, DERECHOS ADQUIRIDOS, LEGALIDAD,
IGUALDAD PROCESAL, de la señora MARINA DEL CARMEN BLANCO DE MUÑOZ.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, en amparo a los derechos enunciados, revocar su
providencia de fecha 03 de marzo de 2022, notificada el 04 de abril de 2024 y, en
consecuencia, se confirme la liquidación del crédito, emitida por el Juzgado Treinta y
Nueve (039) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá>>.

B.- Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Mediante sentencia del 20 de julio de 2007 el Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo de Bogotá declaró la nulidad de la Resolución 4580 del 27 de enero de
2005 que negó la reliquidación pensional de la accionante, y ordenó su reliquidación a
partir del 30 de noviembre de 1997, con la inclusión de la bonificación por servicios
prestados, primas y subsidio de alimentación, debidamente indexados.

3.2.- En sentencia del 4 de junio de 2009 la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo del Juzgado Treinta y Nueve
Administrativo de Bogotá. Esta decisión quedó ejecutoriada el 18 de junio de 2009.

3.3.- Mediante el Decreto 2196 de 2009 se ordenó la supresión y liquidación de la Caja
Nacional de Previsión Social (en adelante, CAJANAL) y el 12 de junio de 2009 se dio
apertura al proceso de liquidación de la entidad.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

3.4.- El 29 de abril de 2010 la accionante solicitó el cumplimiento de las sentencias a
Cajanal EICE. Mediante Resolución PAP 051572 del 2 de mayo de 2011, el gerente
liquidador de Cajanal EICE reliquidó la pensión en $855.438,99 desde el 1º de diciembre
de 1997, con efectos fiscales a partir del 15 de diciembre de 2000, por prescripción trienal,
y dispuso el pago de las diferencias salariales.

3.5.- La accionante fue incluida en nómina en el mes de noviembre de 2011. La Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante, UGPP) reportó al FOPEP la inclusión
en nómina de la accionante, y canceló a favor de la actora la suma de $41.968.282,67
por concepto de mesadas pensionales y de $7.950.848,30 por indexación. Sin embargo,
no incluyó los intereses moratorios del artículo 177 del CCA. Se ampara parcialmente

3.6.- Mediante Resolución 4911 del 11 de junio de 2013 se declaró terminado el proceso
de liquidación de Cajanal.

3.7.- El 8 de junio de 2018 la actora presentó demanda ejecutiva por el no pago de los
intereses moratorios generados entre el 19 de junio de 2009 y el 30 de octubre de 2011.
En auto del 9 de octubre de 2019 el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago y en providencia del 26 de octubre de 2020 profirió sentencia
mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución.

3.8.- La UGPP apeló la decisión por considerar que: (i) Cajanal pagó los intereses
moratorios mediante la Resolución PAP 051572 del 2 de mayo de 2011; (ii) durante la
liquidación de Cajanal no se generaron intereses moratorios por fuerza mayor para su
reconocimiento y pago; y (iii) la acción ejecutiva estaba caducada.

3.9.- La Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en providencia del 3 de marzo de 2022, notificada el 5 de abril de 2024, declaró probada
la excepción de la caducidad ejecutiva propuesta por la UGPP y dio por terminado el
proceso. Argumentó que la demanda se presentó fuera de término, ya que: (i) las
sentencias base de ejecución quedaron ejecutoriadas el 18 de junio de 2009; (ii) la
obligación se hizo exigible el 18 de diciembre de 2010 (18 meses después la ejecutoria);
(iii) la demanda ejecutiva se presentó el 18 de junio de 2018; y, (iv) transcurrieron más
de cinco años entre la exigibilidad y la radicación de la demanda.

C.- Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante considera que el auto del tribunal incurrió en los defectos
procedimental absoluto, material o sustantivo, desconocimiento del precedente y

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

violación directa de la Constitución.

4.1.- El tribunal incurrió en el defecto procedimental absoluto ya que omitió el hecho
notorio del proceso liquidatorio de Cajanal que interrumpió el término de caducidad y
privó a la accionante de presentar la acción ejecutiva en ese periodo.

4.2.- Se configuró el defecto material o sustantivo, pues el tribunal desconoció el artículo
14 de la Ley 550 de 1999, que por remisión normativa del artículo 1º de la Ley 1105 de
2006 se debió tener en cuenta para librar mandamiento de pago.

4.3.- Se desconoció el precedente en tutela de la Sección Segunda y Se
de la Subsección
ampara parcialmente
1
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que en casos similares revocaron las
decisiones por las cuales se decretó la caducidad de la acción ejecutiva y se dio por
terminado el proceso, dada la suspensión de los términos de prescripción y caducidad
de las obligaciones a cargo de Cajanal. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta la
jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 29
de marzo de 20162 que también aplicó la suspensión de términos en el proceso
liquidatorio de la entidad.

4.4.- Indica que en este caso que la acción no está caducada porque la sentencia
declarativa cobró fuerza ejecutoria durante el periodo de suspensión del término de
caducidad por causa de la liquidación de Cajanal. Al reiniciarse el cómputo, el 12 de
junio de 2013, la actora tenía cinco años para presentar la acción. Este término venció
el 12 de junio de 2018, y la demanda se radicó el 8 de junio de 2018, es decir, dentro
del término legal.

D.- Oposiciones e intervenciones

5.- La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (accionada) solicita negar el amparo. Sostiene que la sentencia se ajustó
a la jurisprudencia vigente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que indicó que la liquidación de Cajanal no suspendió los términos de
prescripción y caducidad.

1 Sentencia del 11 de diciembre de 2023. Radicado No. 11001-03-15-000- 2023-04282-01. M.P. Alberto Montaña Plata
2 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del 29 de marzo de

2016, radicado 25000 23 42 000 2015 01601 01(5042-2015)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

6.- El Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá (tercero con
interés) solicita que se declare la improcedencia de la acción, e insiste en que los
argumentos de la tutela están dirigidos a cuestionar la decisión del tribunal y no la
proferida por ese despacho.

7.- La UGPP (tercera con interés) solicita que se declare la improcedencia de la acción
porque lo que pretende la accionante es someter el caso a una instancia adicional y
cuestionar la caducidad de la acción ejecutiva que fue declarada por el tribunal
accionado, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.

E. Fallo impugnado Se ampara parcialmente

8.- El 22 de noviembre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.
Explicó que la solicitante no acreditó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados y que en sus alegatos reiteró la controversia decidida por el juez natural.
Agregó que la decisión del tribunal se basó en una interpretación razonable de las
pruebas y del marco jurídico aplicable. Además, afirmó que el asunto carece de
relevancia porque lo que se pretende es un derecho de naturaleza económica, lo que
excede la competencia del juez de tutela.

F. Impugnación

9.- La accionante impugna la sentencia de primera instancia por considerar que la
decisión del tribunal vulnera sus derechos fundamentales, en la medida en que le impide
exigir el cobro de los intereses de moratorios por la demora en el pago de la sentencia.
En su caso no podía declararse la caducidad porque los términos estuvieron
suspendidos por el proceso liquidatorio de Cajanal, entidad que debía cumplir con la
condena.

Sostiene que el tribunal desconoció el precedente del Consejo de Estado3, el cual
determinó que sí hubo interrupción del término de caducidad por el proceso liquidatorio
de Cajanal.

3 Consejo de Estado, entre ellos, en las acciones de tutela que se citan a continuación: i) del 23 de agosto de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-2018-01733-00; ii) del 15 de noviembre de 2018, radicación: 11001-03-15-000- 2018-
00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

10.- La sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de
la acción de tutela y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad de la accionante.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

11.- Los requisitos se cumplen así: i) la accionante indicó de manera clara los hechos y
las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
Se ampara parcialmente
constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, y es posible identificar el vicio o defecto en el que habría incurrido
la providencia acusada. Además, porque en la sentencia acusada se declaró la
caducidad de la acción ejecutiva sin valorar el precedente jurisprudencial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance
para obtener la protección de sus derechos fundamentales porque la sentencia
impugnada fue proferida en segunda instancia; iv) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez), puesto que la decisión acusada se notificó el 5 de abril de 2024,
y la acción se interpuso el 4 de octubre de 2024, es decir, dentro del término de los seis
meses precisado tanto por esta Corporación4 como por la Corte Constitucional5; y v) no
se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

H. El término de caducidad de la acción ejecutiva se suspendió por causa del
proceso liquidatorio de Cajanal

12.- Los defectos procedimental absoluto, material o sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución alegados por la accionante se sustentan
en la falta de aplicación por parte del tribunal de la suspensión del término de caducidad
de la acción ejecutiva por causa de la liquidación de Cajanal conforme lo prevé la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Por tanto, la sala analizará estos defectos de
manera conjunta en el análisis del desconocimiento del precedente judicial.

13.- Las sentencias de tutela que la accionante invoca como sustento de la violación del
precedente jurisprudencial son concordantes con la jurisprudencia consolidada de la

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01(IJ), C.P.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

Sección Segunda del Consejo de Estado6:

<<43. Tanto la providencia judicial en cita como a las que se hace alusión en la cita de pie
de página, advirtieron que durante el lapso en el que se llevó a cabo la liquidación de la
extinta Caja de Previsión Social se vio restringida la posibilidad de quienes obtuvieron la
declaratoria judicial de sus derechos mediante sentencia ejecutoriada y que al momento de
hacerla efectiva se encontraban con un panorama incierto debido a la desorganización de
la administración y a la ausencia de reglas uniformes sobre la forma de exigir la efectividad
de la condena.

44. En ese contexto dados los diferentes escenarios y períodos en que opera la referida
suspensión, se ha concluido que no es posible suspender con uniformidad el curso de la
caducidad, debido a que, en torno al desordenado proceso de liquidación de Cajanal,
Se ampara se
parcialmente
suscitaron diversas hipótesis y situaciones fácticas, merecedoras de trato diferenciado, por
lo que corresponde al juez identificar a partir de qué momento se hizo exigible la obligación
judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento
ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se
suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL
EICE y se reactivará:

a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla
a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011.

b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a
CAJANAL en liquidación, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha
en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía
perseguirse en cabeza de la UGPP>>.

13.1.- Esta postura jurisprudencial se soporta en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo
14 de la Ley 550 de 19997, aplicable por remisión del inciso 2º del artículo 1º del Decreto
Ley 254 de 2000 (modificado por la ley 1105 de 2006)8 y del artículo 2º del Decreto 2196
de 20099, según el cual los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones
a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL estuvieron
suspendidos durante el periodo de su liquidación administrativa. Incluso, en los procesos
ejecutivos que fueron interpuestos en este periodo, los jueces declararon la terminación

6 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 27 de julio de 2023, Radicación: 25000-23-42-

000-2018-01282-01 (3600-2021). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Esta sentencia fue citada por la sala en el fallo.
de tutela del 11 de diciembre de 2023, radicado 11001-03-15-000-2024-01784-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
7 Ley 550 de 1999. Artículo 14. (…) Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no

opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario.
8
Decreto 254 de 2000. Artículo 1º: (…) Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan.
9 Decreto 2196 de 2009. Artículo 2º: Régimen de liquidación. Por tratarse de una Empresa Industrial y Comercial del

Estado del sector descentralizado del orden nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 489 de
1998, la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se someterá a las disposiciones del Decreto
ley 254 de 2000 y a la Ley 1105 de 2006 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten y a las especiales
del presente decreto.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

y los remitieron al agente liquidador.

13.2.- En ese orden de ideas, la caducidad estuvo suspendida solo a partir del momento
en el que se inició el periodo liquidatario de Cajanal EICE (12 de junio de 2009) y se
reactivaba: (i) el 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y
competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 201110; y, (ii) el 12 de
junio de 2013 si Cajanal en liquidación debía atender la petición, o sea, al día siguiente a
la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y, por ende, la obligación
podía perseguirse en cabeza de la UGPP.

13.3.- En este caso, la sentencia del tribunal accionado que confirmó elSefallo proferido
ampara por
parcialmente
el juzgado de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y por el cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la
accionante quedó ejecutoriada el 18 de junio de 2009. Adicionalmente, el 29 de abril de
2010 la accionante solicitó a Cajanal en liquidación el cumplimiento de dicha sentencia.

13.4.- Así, para la fecha de la solicitud de cumplimiento el competente para resolverla era
Cajanal (ya que se presentó antes del 18 de noviembre de 2011), por lo que los términos
de caducidad de las acciones frente a las obligaciones a cargo de la entidad liquidada,
conforme al precedente jurisprudencial, fueron suspendidos entre el 12 de junio de 2009
y el 11 de junio de 2013.

13.5.- De otra parte, al 12 de junio de 2009 no había iniciado el término de 18 meses
previsto en el artículo 177 del CCA11. Según el precedente jurisprudencial citado, este
periodo debe sumarse luego de la suspensión12, por lo que este término transcurrió del
12 de junio de 2013 al 12 de diciembre de 2014.

10
Decreto 4269 de 2011.
Artículo 1°. Distribución de competencias. (…) 1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de
derechos pensionales y prestaciones económicas.
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011.
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento
de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.
11 CCA. Artículo 177. (…) Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos

públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas,
además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 27 de julio de 2023, Radicación: 25000-23-42-

000-2018-01282-01 (3600-2021). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. La sala consideró: “51. De acuerdo con lo anterior,
al 12 de junio de 2009, para los 18 meses faltaba un mes y 24 días. A partir del 12 de junio de 2013 este mes y 24 días
debe sumarse y por tanto el término de caducidad corrió hasta el 5 de agosto de 2018 toda vez que en el caso concreto
aplicamos el parámetro de 18 meses los cuales se suman a los 5 de caducidad”.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

13.6.- El término de caducidad de cinco años de la acción ejecutiva transcurrió entre el
13 de diciembre de 2014 y el 13 de diciembre de 2019. La demanda se presentó el 8 de
junio de 2018, dentro del término legal. Por tanto, el tribunal accionado desconoció el
precedente jurisprudencial con la decisión de revocar la sentencia de primera instancia
proferida en el proceso ejecutivo y, en su lugar, rechazar la demanda.

14.- En consecuencia, se ordenará al tribunal accionado que profiera una sentencia de
reemplazo en la que tenga en cuenta la suspensión del término de caducidad de la
acción ejecutiva derivada del proceso liquidatorio de Cajanal y en aplicación del
precedente jurisprudencial.
Se ampara parcialmente
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 22 de noviembre de 2024 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

SEGUNDO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad invocados por la accionante.

TERCERO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dictada dentro del proceso ejecutivo con radicado 11001-33-37-039-2019-00266-01 y,
en su lugar, ORDÉNASE a la autoridad judicial accionada que en el término de diez (10)
días profiera una sentencia de reemplazo en la que se tenga en cuenta lo expuesto en
esta providencia.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

QUINTO: ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05365-01
Accionante: Marina del Carmen Blanco de Muñoz
Se revoca la sentencia de primera instancia

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Se ampara parcialmente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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