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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01784-00

Fecha
14 de mayo de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01784-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por José Manuel Piamba Zemanate, en relación con la violación directa de la Constitución y el defecto sustantivo, por las razones expuestas. SEGUNDO: NEGAR, en lo restante, la acción de tutela presentada por José Manuel Piamba Zemanate, por las razones expuestas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. 15 Ver, entre otras providencias, la Sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 27 de julio de 2023, con Rad. 25000-23-42-000-2018-01282-01. 16 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00 Accionante: José Manuel Piamba Zemanate Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Referencia: Acción de tutela. Primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01784-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

14 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 14 de mayo de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00
Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución - Declara improcedente | Desconocimiento del precedente -
Niega

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias que rechazaron, por caducidad,
su demanda ejecutiva.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por José Manuel Piamba
Zemanate en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado 4
Administrativo de Pereira.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de abril de 2024, José Manuel Piamba Zemanate presentó, por
intermedio de apoderado, una acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Risaralda y el Juzgado 4 Administrativo de Pereira, por la
presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, con ocasión de los Autos de 13 de
octubre de 2021 y 12 de octubre de 20232, proferidos dentro del proceso
ejecutivo con Rad. 66001-33-31-004-2008-00009-01/02.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Amparar los derechos de, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y derechos adquiridos [de] José Manuel Piamba Zemanate.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Risaralda, en amparo a los derechos
enunciados, revocar su providencia de fecha 12 de octubre de 2023, notificada

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Se notificó mediante un estado fijado el 13 de octubre de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00
Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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el 13 de octubre de 2023 y, en consecuencia, revoque a su vez la decisión del
13 de octubre de 2021, continuando así con el proceso ejecutivo […].

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 30 de septiembre de 2010, el Juzgado 4 Administrativo de Pereira
accedió a las pretensiones formuladas por José Manuel Piamba Zemanate
contra Caja Nacional de Previsión Social EICE (Cajanal), en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho3. Esta decisión fue confirmada por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 30 de noviembre de 20114. El 11 de
abril de 2012, el señor Piamba Zemanate presentó una solicitud para el pago
de la Sentencia de segunda instancia.

5. 2) El 18 de junio de 2018, José Manuel Piamba Zemanate presentó una
demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP, sucesora de Cajanal), para obtener el pago del saldo de la condena
impuesta en la Sentencia de 30 de noviembre de 20115.

6. 3) El proceso ejecutivo correspondió, en primera instancia, al Juzgado
4 Administrativo de Pereira, el cual (1) libró mandamiento de pago
(21/1/2019), (2) resolvió de forma desfavorable un recurso de reposición que
la ejecutada presentó contra el Auto que libró el mandamiento de pago
(23/3/2021), (3) corrió traslado a la parte ejecutante de las excepciones
propuestas (27/5/2021), y (4) fijó fecha para la celebración de la audiencia
de que tratan los artículos 372 y 373 del CGP (28/6/2021).

7. 4) Mediante Auto de 13 de octubre de 2021, el Juzgado 4
Administrativo de Pereira dejó sin efectos las actuaciones surtidas hasta ese
momento en el proceso ejecutivo y rechazó la demanda por caducidad. Lo
último, con fundamento en que (a) la Sentencia de 30 de noviembre de
2011 adquirió ejecutoria el 14 de diciembre de 2011, (b) los 18 meses del
artículo 177 del CCA transcurrieron hasta el 14 de junio de 2013, (c) los 5 años
del artículo 164 (numeral 2, literal k) del CPACA transcurrieron hasta el 14 de
junio de 2018, y (d) la demanda fue presentada el 18 de junio de 2018.

8. 5) La parte ejecutante presentó un recurso de apelación en contra de
la anterior providencia, en el cual indicó que Cajanal se sometió a un

3 La Sentencia de primera instancia: (1) declaró la nulidad de la Resolución No. 22 de 4 de enero de 2005, (se

trascribe) “por medio de la cual desconocieron y negaron los factores salariales [de] la pensión de jubilación del
actor”; (2) reconoció al señor Piamba Zemanate la pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 1995, por el
75% de lo devengado ese año; y (3) ordenó cumplir la Sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
4 La Sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 2011.
5 Las pretensiones fueron que se librara mandamiento de pago por $21.366.687, correspondiente a los intereses

moratorios causados entre el 15 de diciembre de 2011 y el 30 de septiembre de 2013, y que se indexara ese valor.

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Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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proceso de liquidación que transcurrió entre el 12 de junio de 2009 y el 12 de
junio de 2013, por lo que los términos de 18 meses y 5 años no debían correr
desde la ejecutoria de la sentencia que se usó como título ejecutivo
(14/12/11), sino desde que terminó el proceso de liquidación (12/6/2013).

9. 6) Por Auto de 12 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Risaralda confirmó la decisión recurrida. Sostuvo, con fundamento en el
artículo 1 del Decreto 4269 de 2011 y en jurisprudencia del Consejo de
Estado que, si bien era cierto que, con el inicio del proceso de liquidación
de Cajanal, se suspendió el plazo de caducidad de la acción ejecutiva, ese
término se había reanudado el 8 de noviembre de 2011, para los casos en
que las peticiones de cumplimiento de sentencias correspondían a la UGPP
y el 12 de junio de 2013, cuando dichas peticiones tenían que ser atendidas
por Cajanal.

10. A partir de eso, resolvió que, como la solicitud de pago de la
Sentencia de 30 de noviembre de 2011 se presentó luego del 8 de
noviembre de 2011, le correspondía a la UGPP. No era, entonces, cierto que
el plazo de caducidad hubiera estado suspendido hasta el 12 de junio de
2013. En ese orden de ideas, concluyó que la demanda fue extemporánea6.

11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
fáctico, pues desconocieron que, mientras duró el proceso de liquidación
de Cajanal, no corrieron los términos de caducidad, circunstancia que, en
su criterio, (se trascribe) “aplica[ba] para los 18 meses de exigibilidad de la
sentencia”. En ese sentido, señaló que el plazo de 18 meses debía comenzar
a contarse desde el 12 de junio de 2013, cuando término dicho proceso.

12. En un defecto sustantivo, habida cuenta de que se computó el plazo
de caducidad sin tener en cuenta el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, según
el cual (se trascribe) “[d]urante la negociación del acuerdo se suspende el
término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto
de los créditos contra el empresario […]”.

13. En un desconocimiento del precedente contenido7 en la Sentencia
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 11 de
diciembre de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2023-04282-01; providencia en la
que, según el actor, se resolvió un caso similar al suyo y se tuvo en cuenta
que la suspensión del término de caducidad se prolongó desde el 12 de
junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013; así como el de los Autos de 25 de
agosto de 2015 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de

6 (1) La Sentencia que se usó como título ejecutivo quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 2011, (2) el plazo de

18 meses del artículo 177 del CCA venció el 14 de junio de 2013, (3) el plazo de 5 años del artículo 164 (numeral 2,
literal k) del CPACA venció el 15 de junio de 2018, y (4) la demanda se presentó el 18 de junio de 2018.
7 Citó apartes de un Auto del Tribunal Administrativo de Magdalena, pero no aportó los datos para identificarlo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00
Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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Estado, Rad. 25000-23-42-000-2015-01327-01, y 29 de marzo de 2016 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 25000-23-
42-000-2015-01601-01; providencias en las que, según el actor, (se trascribe)
“sí se han reconocido los 4 años de suspensión de términos por la liquidación
de Cajanal, como un periodo ‘muerto’, teniendo en cuenta los 18 meses […]
y los 5 años […]”.

14. Sin referirse a un defecto concreto, alegó que el Juzgado, al proferir el
Auto de 13 de octubre de 2021, desconoció una decisión en firme sobre la
oportunidad de la demanda, adoptada en el Auto de 23 de marzo de 2021,
lo cual, según él, vulneró su derecho al debido proceso.

1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados8

15. El Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó, al tiempo, que se negara
y se declarara improcedente la acción de tutela, con fundamento en que
(1) en la Sentencia proferida por esa Corporación se hizo un análisis acucioso
de la normativa y la jurisprudencia que era pertinente, así como de las
pruebas del proceso; (2) no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, pues, además de que se pretendió conseguir una tercera
instancia, la controversia planteada solo tenía connotaciones legales y
económicas; y (3) no se vulneraron derechos fundamentales.

16. El Juzgado 4 Administrativo de Pereira solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

17. La UGPP solicitó, al tiempo, que se negara y se declarara
improcedente la acción de tutela, para lo cual planteó argumentos iguales
a los que presentó el Tribunal Administrativo de Risaralda en su informe.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

18. La Sala centrará el análisis en los reparos planteados respecto del Auto
de 12 de octubre de 2023, pues, aunque también se enjuició el Auto de 13
de octubre de 2021, proferido por el Juzgado 4 Administrativo de Pereira, lo
cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda fue la que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante

8 Mediante el Auto de 17 de abril de 2024, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Risaralda y al Juzgado 4 Administrativo
de Pereira, y (3) vincular, en calidad de tercero interesado, a la UGPP.

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una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad
que resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene.

2.2. Identificación de defectos

19. La Sala estima pertinente precisar, en primer lugar, que el reparo que
sustentó el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente que se
alegó respecto de los Autos de 25 de agosto de 2015 y 29 de marzo de 2016,
consistente en que para el conteo de la caducidad no se tuvo en cuenta
(se trascribe) “los 4 años de suspensión de términos por la liquidación de
Cajanal”, es una reiteración de lo dicho en el defecto sustantivo, por lo que
la Sala solo estudiará este último.

20. En segundo lugar y por lo anterior, el desconocimiento del precedente
solo se analizará en relación con la Sentencia de 11 de diciembre de 2023.
Por último, el reparo relativo a que se desconoció una decisión en firme
sobre la oportunidad de la demanda ejecutiva se estudiará en el marco de
una violación directa de la Constitución, en específico, del artículo 29.

2.3. Fijación de la controversia

21. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Risaralda, al
proferir el Auto de 12 de octubre de 2023, incurrió en un defecto sustantivo,
por aplicar de forma indebida las normas para determinar la caducidad
(artículos 14 de la Ley 550 de 1991, 177 del CCA y 164 [numeral 2, literal k] del
CPACA), en un desconocimiento de la Sentencia de 11 de diciembre de
2023 y/o una violación directa de la Constitución en los términos del párrafo
anterior.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, respecto del (1)
defecto sustantivo, por falta de relevancia constitucional9, y de la (2)
violación directa de la Constitución, por subsidiariedad.

9 Respecto de la relevancia constitucional: Según la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, (se

trascribe) “el juez de tutela no puede entrar a estudiar cuestiones que no tengan una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese sentido,
la Sala Plena del Consejo de Estado, en la Sentencia de 5 de agosto de 2014, sostuvo que el requisito en comento
requería la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa del demandante en la que explique la
relevancia de la controversia para el juez de tutela y (2) que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia; y que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de
mera legalidad. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene por
finalidades preservar la competencia e independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional
[Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019].
Respecto del requisito de subsidiariedad, el artículo 65 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 866
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Adicional a

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Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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23. (1) Luego de examinar el expediente, se advirtió que el señor Piamba
Zemanate pretendió someter su pleito a una instancia adicional. Muestra de
ello es que reiteró, en el escrito de tutela10, el argumento consistente en que
la caducidad se computó sin tener en cuenta que los plazos de 18 meses
(artículo 177 del CCA) y 5 años (artículo 164 [numeral 2, literal k] del CPACA)
estuvieron suspendidos entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013
por el proceso de liquidación de Cajanal, el cual ya había sido planteado
en el recurso de apelación11, y resuelto por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, en el Auto de 12 de octubre de 2023, de la siguiente manera (se
trascribe):

“[S]e crearon unas subreglas para determinar cómo operaba la suspensión de
la caducidad en cada caso concreto [lo siguiente es una cita que hizo el
Tribunal del Auto proferido el 16 de febrero de 2017 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, NI. 2154-15]:

«(…) [S]i bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de esta
Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena
contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro
(4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos
casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió
que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación
contra CAJANAL o la UGPP.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos
condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se
radicaron con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que:

a- Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad
hasta el 8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir
ante CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto.

b- A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente
en la UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban
habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP.

lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-567 de 19987, indicó que la acción de tutela es
improcedente cuando con ella se pretenda sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicitó el amparo constitucional, no fueron utilizados en su debido tiempo.
10 “[E]n el presente asunto no ha operado […] la caducidad, toda vez que, al momento de la radicación de la

demanda, es decir, 18 de junio de 2018, no se había cumplido el término de 18 meses de ejecutabilidad […] más
los 5 años para la acción ejecutiva, y 4 años de suspensión del periodo muerte, si se tiene en cuenta lo siguiente:
Las sentencias que se invocan como título ejecutivo quedaron ejecutoriadas el 14 de diciembre de 2011, fecha a
partir de la cual se empezó a contar el término de […] (18) meses para que la entidad procediera con el pago,
dicho término se cumplió el 14 de junio de 2013, sin embargo, CAJANAL estuvo en un proceso liquidatorio […]
desde el 12 de junio de 2009 al 11 de junio de 2013, lo que significa que en dicho periodo no se corre el término de
caducidad como lo ha argumentado [el] Consejo de Estado, lo que significa que el mismo trato aplica para los
18 meses de exigibilidad de la sentencia que se cumplían el 14 de junio de 2013, sin embargo, […] para dicha
fecha seguía en trámite el proceso liquidatorio de CAJANAL, lo que impedía contar dicho término, por lo que se
debe entonces contar desde el día siguiente del día que término el proceso liquidatario, esto es el 12 de junio de
2013, siendo entonces la fecha correcto que se cumple el término de exigibilidad el 12 de diciembre de 2014.
[E]l término se reanudó el 12 de junio de 2013, momento en que debe inicia[r] el término de 18 meses […], que
para el presente caso [finalizó] el 12 de diciembre de 2014 y posteriormente si contar los 5 años […]”.
11 “[E]n el presente asunto no ha operado […] la caducidad, toda vez que, al momento de la radicación de la

demanda, es decir, 18 de junio de 2018, no se había cumplido el termino de 18 meses de exigibilidad y los 5 años
de caducidad que indica la norma, si se tiene en cuenta lo siguiente:
Las sentencias que se invocan como título ejecutivo quedaron ejecutoriadas el 14 de diciembre de 2012, sin
embargo, desde dicha fecha no puede comenzar a contar los […] (18) meses de exigibilidad […], toda vez que
CAJANAL estuvo en un proceso liquidatorio […] desde el 12 de junio de 2009 al 11 de junio de 2013, lo que significa
que dentro de dicho periodo no se corre el término de exigibilidad de la acción de los […] (18) meses que indica
la norma en mención […], ni la caducidad como lo ha argumentado la honorable jurisprudencia del Consejo de
Estado, lo que significa que solo hasta la fecha en que terminó el proceso liquidatorio de CAJANAL, esto es, 12 de
junio de 2013, se inicia el cómputo de los […] (18) meses de exigibilidad y los […] (5) años de caducidad […]”.

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c- [T]ampoco resultaría proporcional […] extender los efectos de suspensión de
la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los casos anteriores.

De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se
hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente
perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en
cuenta que la caducidad del medio de control se suspenderá sólo a partir del
momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE, y se reactivará:

a- El 8 de noviembre de 2011, si la petición de cumplimiento se realizó y
competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011, o

b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía
atender a CAJANAL en liquidación, conforme al mismo decreto, la reactivación
será el 12 de junio de 2013 […]».

[D]escendiendo al caso concreto se tiene que […] la solicitud de cumplimiento
de la sentencia se realizó el día 11 de abril de 2012, situación de la cual se colige
[…] que la competencia para su solución recayera sobre la UGPP, al radicarse
con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1º del Decreto 4269 de 8 de noviembre de 2011 y ello
hace que el término de caducidad se reactive a partir del 8 de noviembre de
2011 y no del 12 de junio de 2013 como lo expone el demandante […].

[L]a sentencia que sustenta el cobro quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de
2011, por lo que el período de 18 meses para que fuera exigible concluyó el 14
de junio de 2013, de allí que sería el día siguiente la fecha desde la cual
comenzaría a contar el término de caducidad […].

De acuerdo con las subreglas jurisprudenciales descritas, el 12 de junio de 2009
comenzó la suspensión del término de caducidad para los procesos ejecutivos
que pudieran llegar a ser promovidos contra CAJANAL en Liquidación, el cual
para el caso concreto, se reactivó el día 8 de noviembre de 2011, pues no
puede tenerse en cuenta la suspensión del término de caducidad a que hace
referencia el demandante porque la petición de cumplimiento fue presentada
el 11 de abril de 2012, es decir, mucho después de haberse reanudado el
término de caducidad sin que sea de recibo entonces aplicar la suspensión de
término alguno.

[I]niciando el conteo de los 5 años con que contaba el actor para incoar su
demanda ejecutiva, el 15 de junio del mismo año, según el artículo 164 (numeral
2, letra k) del CPACA, de manera que la presentación de sus pretensiones ante
la jurisdicción sería oportuna hasta el día 15 de junio de 2018, por lo que su
formulación el 18 de junio del mismo año se dio por fuera del término […]”.

24. De esta forma, se advierte que la parte actora alegó, vía
constitucional, aspectos que ya habían sido expuestos en el proceso
ejecutivo y analizados, en su momento, por el juez natural de la causa, lo
cual impide al juez de tutela pronunciarse sobre los mismos.

25. En todo caso, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00
Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional12.

26. (2) El reparo que sustentó la violación directa de la Constitución,
relativo a que el Juzgado vulneró el debido proceso del actor al desconocer
la decisión que había adoptado en el Auto de 23 de marzo de 2021 sobre
la oportunidad de la demanda ejecutiva, pudo haber sido planteado por la
parte actora en el recurso de apelación que presentó contra el Auto de 13
de octubre de 2021, pero decidió no hacerlo. En ese orden de ideas, por no
haberse usado los mecanismos ordinarios de defensa con los que se
contaba, la solicitud de amparo resulta improcedente.

27. En lo restante, esto es, el desconocimiento del precedente alegado
respecto de la Sentencia de 11 de diciembre de 2023, la Sala advierte que
la acción de tutela es procedente13 porque: (1) No existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
(2) Hubo un plazo razonable entre la fecha en que José Manuel Piamba
Zemanate conoció la providencia enjuiciada (17/10/2023)14 y la
interposición de la presente tutela (12/4/2024). (3) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relaciona con un auto proferido en un proceso
ejecutivo. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene
relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de los
derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, con ocasión de una providencia judicial en la que, según el
accionante, al rechazarse su demanda por caducidad, se desatendió un
precedente que resultaba aplicable.

2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

28. La Sala negará, en lo restante, la solicitud de amparo, por no
encontrar configurado el desconocimiento del precedente. En la Sentencia
de tutela de 11 de diciembre de 2023, Rad. 2023-04282-01, la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo resolvió que la autoridad allí enjuiciada,
al realizar el análisis de la caducidad en un proceso ejecutivo, no tuvo en
cuenta que el proceso de liquidación de Cajanal suspendió los términos
para iniciar las acciones ejecutivas contra esa entidad, desde el 12 de junio
de 2009 hasta el 11 de junio de 2013.

12 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
13 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-066 de 2019.
14 Se notificó mediante un estado fijado el 13 de octubre de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00
Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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29. A diferencia de lo que señaló el actor en el escrito de tutela, la Sala
considera que dicha providencia no constituye un precedente para este
caso, ya que los supuestos fácticos no son semejantes. Muestra de ello es
que, en ese caso, la solicitud de cumplimiento de la sentencia objeto de
ejecución se presentó el 26 de febrero de 2009; mientras que, en este caso,
el señor Piamba Zemanate lo hizo el 11 de abril de 2012.

30. Lo anterior es una diferencia sustancial, habida cuenta de que, según
jurisprudencia consolidada de la Sección Segunda del Consejo de Estado15,
si la petición para el cumplimiento de una sentencia condenatoria fue
presentada antes del 8 de noviembre de 2011, le correspondía atenderla a
Cajanal, y en esos eventos el plazo de caducidad para ejercer acciones
ejecutivas se suspendía desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de
2013; en cambio, si la petición fue posterior al 8 de noviembre de 2011, era
responsabilidad de la UGPP, y en esos casos el plazo de caducidad se
suspendía entre el 12 de junio de 2009 y el 8 de noviembre de 2011.

2.6. Conclusión

31. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
respecto de la violación directa de la Constitución y del defecto sustantivo,
y la negará en relación con el desconocimiento del precedente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
José Manuel Piamba Zemanate, en relación con la violación directa de la
Constitución y el defecto sustantivo, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR, en lo restante, la acción de tutela presentada por José
Manuel Piamba Zemanate, por las razones expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

15 Ver, entre otras providencias, la Sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

de 27 de julio de 2023, con Rad. 25000-23-42-000-2018-01282-01.
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01784-00
Accionante: José Manuel Piamba Zemanate
Accionados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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