Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03079-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03079-01
Demandante: Betty Vega Vega
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
ejecutivo. Caducidad. Artículo 177 del CCA. Artículo 192 del
CPACA. Defecto sustantivo. Desconocimiento del precedente.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
Sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 21 de mayo de 2025, Betty Vega Vega, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica e igualdad, los cuales, según
indicó, fueron transgredidos por el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá y la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el marco de un proceso ejecutivo laboral.
2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos las Sentencias de 24
de mayo de 2024 del Juzgado 54 Administrativo de Bogotá y 8 de noviembre de
2024 de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del proceso No. 11001-33-42-054-2022-00479-00/01. En
consecuencia, que se ordenara dictar una decisión de remplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
relató que, el 27 de junio de 2012, radicó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, encaminada a obtener la reliquidación pensional con la inclusión de
todos los factores salariales. Dicho asunto correspondió por reparto al Juzgado 12
Administrativo de Bogotá1, bajo el radicado No. 11001-33-31-712-2012-00208-00.
1
Hoy Juzgado 54 Administrativo de Bogotá.
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Demandante: Betty Vega Vega
4. El 26 de abril de 2013, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá accedió a
las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue confirmada mediante Sentencia
de 18 de mayo de 2016 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual ordenó al Instituto de Seguro Social (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES) dar cumplimiento al
fallo dentro de los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), junto con el pago de los intereses
moratorios derivados de la obligación. La providencia quedó en firme y debidamente
ejecutoriada el 1 de junio de 2016.
5. El 30 de noviembre de 2022, la parte actora radicó demanda ejecutiva2 con
el propósito de obtener el pago de los intereses moratorios reconocidos en la
sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
6. El 24 de julio de 2023, el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago a favor de la accionante y en contra de COLPENSIONES.
7. El 24 de mayo de 2024, dicha autoridad judicial declaró probada la
excepción de caducidad de la acción ejecutiva propuesta por la entidad demandada.
Lo anterior, por cuanto la demanda fue radicada el 30 de noviembre de 2022, es
decir, que los 5 años anteriores correspondían al 1 de diciembre de 2017. Sin
embargo, los últimos intereses moratorios se habían causado hasta el 30 de abril
de 2017, es decir, 7 meses antes. Con base en ello, concluyó que la parte
demandante había superado el término con el que contaba para exigir judicialmente
el pago.
8. El 30 de mayo de 2024, la parte actora interpuso recurso de apelación, pues
consideró que contaba hasta el 1 de diciembre de 2022 para presentar la demanda.
Señaló que la autoridad judicial no aplicó la contabilización del término de
exigibilidad de 18 meses prevista en el artículo 177 del CCA, sino el de 10 meses
establecidos en el artículo 192 del CPACA. Asimismo, sostuvo que a dicho plazo
debía adicionarse la suspensión procesal comprendida entre el 16 de marzo y el 30
de junio de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19,
lo cual representaba 3 meses y 15 días adicionales.
9. El 8 de noviembre de 2024, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera
instancia, tras considerar que: (i) las providencias proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho quedaron ejecutoriadas el 1 de junio de 2016;
(ii) los 10 meses previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 para que la
sentencia fuera ejecutable vencieron el 2 de abril de 2017; (iii) los 5 años de
caducidad se cumplían, en principio, el 2 de abril de 2022; y (iv) en virtud de la
suspensión de términos decretada durante la emergencia sanitaria por la pandemia
del COVID-19, el plazo se amplió hasta el 18 de julio de 2022. No obstante, la
demanda ejecutiva solo se presentó el 30 de noviembre de 2022.
2
Proceso No. 11001-33-42-054-2022-00479-00.
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10. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que las
autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, en la medida en que
interpretaron la norma sin que se consideraran otras disposiciones aplicables, pues
se limitaron a emitir sentencia con base únicamente en el artículo 164 y 192 del
CPACA. Sin embargo, señaló que como el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho se había tramitado y resuelto bajo la vigencia del CCA, al proceso
ejecutivo le resultaba procedente que se aplicaran los artículos 136 y 177 de este
último.
11. Sostuvo que se desconoció la normatividad pertinente al caso concreto, ya
que no se le otorgó el alcance correspondiente del artículo 177 del CCA. En esa
misma línea, argumentó que la decisión del tribunal carecía de fundamento jurídico,
en tanto se apoyó en una disposición que, a su juicio, era evidentemente inaplicable,
pues acudió al CPACA en lugar del CCA.
12. Finalmente, afirmó que se incurrió en un desconocimiento del precedente
judicial, ya que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2023-04282-013, conoció de un
caso con similar connotación fáctica y jurídica, en el cual revocó la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había declarado la caducidad de la
acción ejecutiva y, que en consecuencia, había dado por terminado el proceso.
Intervenciones4
13. COLPENSIONES solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela, por cuanto no se cumplían las causales de procedibilidad. Asimismo,
manifestó que no se materializó ningún vicio, defecto o vulneración de derechos
fundamentales atribuible al Juzgado 54 Administrativo de Bogotá ni a la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
14. El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá pidió que se negaran las
pretensiones, pues consideró que no se había vulnerado derecho fundamental
alguno. Explicó que el análisis que realizó se fundó en la situación fáctica, jurídica y
probatoria del caso, lo cual condujo a que se declarara la caducidad de la acción.
15. Agregó que dicha decisión no podía entenderse como una transgresión a
los derechos fundamentales de la accionante y advirtió que lo que realmente se
pretendía era promover una tercera instancia del proceso ordinario, a partir de la
inconformidad con la negativa de sus pretensiones.
16. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se negara el amparo constitucional, ya que consideró
que no se configuraban las causales generales ni específicas de procedencia de la
tutela contra providencia judicial, pues no se presentó un desconocimiento del
3
Sentencia de 11 de diciembre de 2023.
4
Mediante Auto de 23 de mayo de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado 54 Administrativo
de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y vincular a la
Administradora Colombina de Pensiones - Colpensiones, en calidad de terceros con interés legítimo.
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precedente. Sobre este punto, indicó que la decisión cuestionada se sustentó en
pronunciamientos del Consejo de Estado y que las providencias que presuntamente
se desconocían no resolvían una situación fáctica análoga.
17. Añadió que tampoco se incurrió en un defecto sustantivo, ya que la
interpretación otorgada al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 no podía
considerarse defectuosa, insuficiente o inexistente. Finalmente, precisó que el
alegado desconocimiento del precedente no se enmarcaba en ningún defecto, pues
su estudio recaía en una norma jurídica y no en este tipo de pronunciamientos, los
cuales, además, carecen de carácter vinculante.
Sentencia impugnada
18. El 18 de junio de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó la acción de tutela. Consideró que el tribunal, en la providencia
cuestionada, expuso de manera suficiente las razones por las cuales operó la
caducidad en el proceso ejecutivo.
19. Explicó que no era posible contabilizar el término conforme al artículo 177
del Decreto 01 de 1984, es decir, los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, pues precisó que, para el caso concreto, resultaba aplicable el término
de exigibilidad del artículo 192 del CPACA. Indicó que dicha disposición cobijaba
los procesos decididos bajo los lineamientos del CCA, siempre y cuando la
sentencia objeto de recaudo hubiera adquirido firmeza en vigencia de la Ley 1437
de 2011.
20. En ese sentido, sostuvo que la decisión del tribunal no resultaba
injustificada ni arbitraria, ya que su razonamiento era acorde con la norma y con los
pronunciamientos del Consejo de Estado.
21. Señaló que si bien el actor había mencionado un concepto de la Sala de
Consulta como precedente desconocido dentro del alegado defecto sustantivo, lo
cierto era que dichos conceptos carecían de fuerza vinculante. Precisó que su
naturaleza no era obligatoria para los jueces o autoridades administrativas, sino que
operaban como guías argumentativas para fundamentar decisiones posteriores, en
calidad de criterios auxiliares en los términos del artículo 230 de la Constitución. Del
mismo modo, advirtió que los salvamentos de voto constituían posiciones
derrotadas en el debate judicial colegiado, por lo que no podían erigirse en
parámetros de aplicación normativa.
Impugnación
22. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia ya que no compartía
los argumentos expuestos por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Indicó que la decisión estaba viciada, pues contenía una interpretación
sesgada de la ley.
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23. Sostuvo que aunque el fallo justificó en debida forma su postura en la
autonomía judicial, debía tenerse presente que dicha autonomía no era absoluta.
En su criterio, existía una normatividad específica que era la única y correcta para
aplicar dentro del caso concreto. En esa medida, afirmó que debían aplicarse de
manera taxativa los términos del artículo 177 del CCA y no los del artículo 192 del
CPACA.
24. Afirmó, además, que no bastaba con que la autoridad judicial expusiera
unos motivos para fundamentar su sentencia, para que estos fueran aceptados
como válidos y acordes con la normatividad y la Constitución, sin que revisara
previamente el trasfondo de la decisión.
25. Por último, señaló que no se tuvo en cuenta que las sentencias de primera
y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho habían
fijado de manera expresa los parámetros bajo los cuales debía cumplirse lo
ordenado, lo cual se hizo con base en la aplicación del artículo 177 del CCA. Por
esa razón, consideró que no era dable que los despachos, dentro del proceso
ejecutivo, pretendieran cambiar o modificar dicha orden, ya que debían ceñirse
estrictamente a lo dispuesto en el título base de ejecución.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar, si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos de procedencia para controvertir la Sentencia de 8 de noviembre
de 2024 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En caso afirmativo, se analizará si con la
adopción de la referida providencia, se incurrió en un defecto sustantivo y/o
desconoció el precedente, específicamente en lo relativo a la contabilización del
término de caducidad de la acción ejecutiva, ya sea conforme al artículo 177 del
CCA5 o el artículo 192 del CPACA6.
Procedibilidad de la acción de tutela
28. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
5
[…] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las
apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante
la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. […]
6
[…] Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal
efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. […]
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procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica e igualdad, no se trata de una
discusión de raigambre eminentemente legal y, en todo caso, los reparos (defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente) fueron dirigidos concretamente
contra la decisión del juez de segunda instancia; (2) se encuentra satisfecha la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte
actora tenía la calidad de demandante en el proceso ejecutivo y, por el otro, la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de
subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que
tenía para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó
el 21 de mayo de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación
de la Sentencia de 8 de noviembre de 2024 (21 de noviembre de 2024); (5) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.
29. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo
de la controversia.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de defecto
30. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó la solicitud
de amparo, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación:
31. En el presente caso quedaron acreditados los siguientes puntos: (i) la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se radicó el 27 de junio de
2012, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011; (ii) el 18 de
mayo de 2016 la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera instancia que concedió las
pretensiones de la demanda, la cual quedó ejecutoriada el 1 de junio de 2016, en
vigencia de la Ley 1437 de 2011; (iii) COLPENSIONES dio cumplimiento a dicha
providencia mediante la Resolución SUB 47643 de 27 de abril de 2017, aclarada
posteriormente en Acto Administrativo de 5 de mayo de 2017; y (iv) el 30 de
noviembre de 2022 la accionante presentó demanda ejecutiva.
32. Frente a este escenario, la señora Vega Vega sostuvo que, dado que la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se había radicado antes de la
entrada en vigencia del CPACA, los términos de caducidad de la demanda ejecutiva
debían contabilizarse conforme a las reglas previstas en el Decreto 1 de 1984
(CCA). Argumentó que esta normatividad resultaba aplicable en aquellos eventos
en los que la sentencia constitutiva del título ejecutivo hubiera sido expedida bajo
su amparo, en tanto que el CPACA solo debía regir situaciones enteramente
nuevas, nacidas con posterioridad a su vigencia.
33. Contrario a lo anterior, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
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Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia que
declaró probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva, propuesta por la
parte demandada, comoquiera que, si bien el proceso ordinario se promovió bajo
el CCA, la sentencia objeto de recaudo fue proferida y quedó ejecutoriada bajo la
vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). En consecuencia, el término aplicable
era el de 10 meses conforme al artículo 192 del CPACA, y no el de 18 meses
contemplado en el artículo 177 del CCA. Este entendimiento, además, fue
respaldado por el Consejo de Estado en providencia del 14 de marzo de 2024, en
la que se precisó que el término del artículo 192 del CPACA resulta aplicable a
procesos iniciados bajo el CCA, siempre que la sentencia haya quedado
ejecutoriada en vigencia de la Ley 1437 de 20117.
34. Así las cosas, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial,
no le corresponde al juez constitucional cuestionar la interpretación normativa
adoptada por el juez natural en ejercicio de su competencia, salvo que esta hubiera
sido arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al ordenamiento. En este
caso, se advierte que la decisión fue adoptada con fundamento en la normatividad
vigente y en los hechos del caso, sin que exista un criterio unificado en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.
35. En otras palabras, la Sala advierte que el tribunal realizó un estudio
razonable de los hechos, del marco normativo y de la jurisprudencia aplicable al
caso concreto. Se reitera, además, que no existe a la fecha una posición
jurisprudencial uniforme que imponga un único entendimiento sobre la
interpretación en la aplicación de dicha normatividad, por lo que la decisión
cuestionada responde al ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, dentro del
marco de la autonomía judicial y la valoración probatoria. En ese sentido, que la
decisión no haya resultado plenamente satisfactoria para la parte accionante no
permite concluir, por sí sola, que la misma haya sido contraria a derecho.
36. De esta manera, esta Sala advierte que el juez natural de la causa concluyó
que la acción ejecutiva debía interponerse dentro de los 5 años siguientes a la
finalización del plazo de 10 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia. Tal
conclusión se basó en lo dispuesto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 y
en el inciso 2 del artículo 192 de la Ley 1437 de 20118. Interpretación que no puede
considerarse desproporcionada ni arbitraria, pues resulta razonable entender que
la acción ejecutiva constituye un proceso distinto al declarativo y que, en esa
medida, la normativa vigente imponía contar el término de esa manera, asegurando
tanto la congruencia normativa como la razonabilidad de la decisión.
37. Ahora bien, en relación con el presunto desconocimiento de la Sentencia
de 11 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado9, se advierte que dicho reproche tampoco tiene vocación de
7
Auto de 14 de marzo de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2021-00787-01.
8
Sobre el particular, la autoridad accionada señaló: «Así las cosas y para resolver, considera esta Corporación pertinente
recordar en primer lugar, que como se vio en el marco normativo, el término de exigibilidad de la sentencia es el contenido en
el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 -esto es, de 10 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia-, como quiera
que la sentencia que constituye el título ejecutivo de recaudo fue expedida y quedó ejecutoriada durante su vigencia».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03079-01
Demandante: Betty Vega Vega
prosperar. Ello obedece a que los supuestos de hecho y de derecho en dicho caso
resultaban sustancialmente distintos, en la medida en que involucraban procesos
relacionados con la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL, respecto de los
cuales los términos de caducidad y prescripción se encontraban suspendidos desde
el inicio del período liquidatorio de esa entidad. En consecuencia, al no presentarse
tal circunstancia en el caso objeto de estudio, no era posible aplicar las mismas
reglas, ni podía predicarse un desconocimiento del precedente.
Conclusión
38. Con los anteriores argumentos, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 18 de junio de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo Estado, conforme a la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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