Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00992-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00992-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00992-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00992-00
Demandante: Alex Andrés Arteaga Narváez
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial /Nulidad y restablecimiento
del derecho / Retiro del servicio de subteniente de la Policía
Nacional / Desconocimiento del precedente judicial y defecto
fáctico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Alex Andrés Arteaga Narváez, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Alex Andrés Arteaga Narváez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 5 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 15001333300820190012300/01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio
del cual fue retirado del servicio como subteniente, por la causal denominada
«Voluntad del Gobierno Nacional».
1 Ver índice 2 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200. Archivo denominado
«5ED_2ESCRITODETUTELAPDF(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00992-00
Demandante: Alex Andrés Arteaga Narváez
ii) El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en sentencia
del 26 de agosto 2021 negó las súplicas de la demanda al considerar que la
motivación del retiro se fundamentó en el concepto previo que emitió la Junta
Asesora del Comité de Evaluación, que, con base a las anotaciones de su hoja de
vida, tomó tal determinación en pro del mejoramiento del servicio frente a
situaciones que afectaban el desempeño de la función institucional. Contra dicha
decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4 en sentencia del
5 de abril de 2022 confirmó la decisión del a quo, al concluir que la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa, en el acta del 3 de octubre de 2018 No. 10-APROP-
GRURE-3.22, recomendó el retiro del servicio con base en el examen de las
anotaciones del formulario de seguimiento y evaluación desempeño laboral.
iv) En relación con esa decisión, consideró que la corporación judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico al no valorar de
manera objetiva las pruebas que daban cuenta que i) su evaluación de trayectoria
institucional fue realizada por un funcionario que carecía de competencia para ello,
pues, para no era su comandante; ii) de las cuatro investigaciones disciplinarias
adelantadas en su contra, tres fueron archivadas.
Asimismo, alegó la configuración de un desconocimiento de precedente judicial
de la Corte Constitucional2 en cuanto a la motivación requerida al acto por medio
del cual se retiró del servicio activo a miembros de la fuerza pública.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] que se deje sin efectos las sentencias tanto del ad quo como del ad quem
proferidas dentro del proceso de nulidad y restableciendo de derecho, y en
consecuencia se dicte una nueva decisión siguiendo el precedente de la Corte
Constitucional “donde estableció que los actos de retiro fundamentados bajo
razones del servicio deben contar con una motivación adecuada, suficiente y
fundada en razones objetivas y hechos ciertos y se requiera a la Policía Nacional
para que exponga los verdaderos motivos o aspectos fácticos que generaron su retiro
del servicio activo de la institución […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja3, luego
de que realizara un reencuentro sobre las actuaciones jurídico-procesales
2 Al respecto citó: T-720 de 2010, T-824 de 2009, T-665 de 2009, T-456 de 2009, T-296 de 2009,
T-111 de 2009, T-1173 de 2008, T-1168 de 2008, T-432 de 2008, T-816 de 2002, T-638 de 2012,T-
424 de 2014 y en especial las sentencias de unificación SU053, SU-172, SU-053 de 2015 y SU-
288 de 2015
3 Ver índice 8 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200. Archivo
denominado «19_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 8»
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Demandante: Alex Andrés Arteaga Narváez
adelantadas por este despacho, solicitó negar el amparo invocado en atención a
la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, pues, se otorgó el
trámite legal y respetó el debido proceso en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado, con observancia del material probatorio
allegado al expediente, del cual se concluyó que la decisión tomada por el
Ministerio de Defensa al ordenar el retiro del demandante se centró en el
mejoramiento del servicio frente a situaciones que afectaban el desempeño de la
función institucional.
1.2.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá4 solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de tutela o, en su defecto, se desestimen las
pretensiones ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados, al considerar que:
La verdadera intención del demandante es convertir la tutela en una instancia
adicional del proceso ordinario, pues, los argumentos expuestos ahora coinciden
con aquellos contenidos en la demanda contenciosa-administrativa y en el recurso
de apelación, salvo el cargo de falta de competencia.
No se configuró ninguno de los requisitos generales ni específicos endilgados, en
la medida que la decisión proferida obedeció a la aplicación del ordenamiento
vigente, así como en el acervo probatorio recaudado, donde se explicó la razón
por la cual el acto administrativo que lo retiró del servicio goza de legalidad.
1.2.3. El Ministerio de Defensa Nacional5 solicitó declarar improcedente la tutela
o, en su defecto, negar las pretensiones de amparo en tanto, no cumple con los
requisitos generales de procedencia, específicamente el de subsidiariedad, ante
la existencia de más mecanismos judiciales, pues, no es apropiado que pretenda
saltarse los procedimientos que ya fueron debatidos en sede contenciosa-
administrativa; además de que no se evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable que la haga procedente siquiera de forma transitoria.
1.2.4. La Policía Nacional6 solicitó denegar las súplicas del demandante ante la
improcedencia de la tutela, toda vez que no se configuró vulneración alguna a sus
derechos fundamentales, pues, el acto administrativo por medio del cual se retiró
del servicio se expidió conforme a los preceptos jurisprudenciales fijados por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado fijado en cuanto a la aplicación de la
causal de retiro por «el mejoramiento del servicio» y «la pérdida de confianza»,
razón por la cual la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la
Policía Nacional recomendó el retiro del servicio ante el actuar irresponsable y
negligente frente al cumplimiento de la actividad policial.
4 Ver índice 11 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200. Archivo denominado
«27RECIBEMEMORIAL_ANEXO20240099200PDF(.pdf) NroActua 11»
5 Ver índice 12 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200. Archivo denominado
«35RECIBEMEMORIAL_MEMORIALES_RESPUESTAACCIONDETUT(.pdf) NroActua 12»
6
Ver índice 13 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200. Archivo denominado
«37RECIBEMEMORIAL_MEMORIALES_GS2024008063SEGENPDF(.pdf) NroActua 13»
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Asimismo, tampoco se satisface el requisito general de la inmediatez, pues, la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá fue notificada el 18
de abril de 2022, y la tutela fue interpuesta después de un año, diez meses y once
días, razón por la cual no se interpuso en un término razonable como se exige y
tampoco se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la
Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,7 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá y otro.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas
posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al respecto
señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que
esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes
que desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 12 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales.13
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Alex Andrés
Arteaga Narváez satisface el requisito de procedencia general de la inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como
uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario,
«se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»14.
En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición
de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el
lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al
que está por resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían
resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un
término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que
todo dependerá de las particularidades del caso»15
Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 2014,16 respecto al término razonable para
presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y
la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]»
14 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
16 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P.
Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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Demandante: Alex Andrés Arteaga Narváez
2.4.2. Caso concreto
Alex Andrés Arteaga Narváez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 5 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá.
A juicio de la Sala, una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al
expediente, la Sala observa que la sentencia acusada fue notificada mediante
correo electrónico enviado el 18 de abril de 202217 y la solicitud de tutela fue
radicada el 29 de febrero de 202418 lo cual permite concluir, que la demandante
acudió ante el juez constitucional después de haber transcurrido más de un (1)
año de encontrarse ejecutoriada la providencia que considera vulneradora de sus
derechos fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.
Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el
asunto bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la
tardanza acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que
permita desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de
manera excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos
invocados»19.
Cuestiones adicionales
Si bien es cierto el demandante aduce que la sentencia de segunda instancia no
se le notificó en debida forma, la Sala considera que contó con los mecanismos
judiciales idóneos para sanear la supuesta irregularidad procesal y no puede
pretender ahora venir a hacerlo mediante la solicitud de tutela.
Además, según la información contenida en Samai en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 15001333300820190012301, en cuanto a la aludida
notificación se observa:
17 Visible en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 15001333300820190012301
18 Ver índice 1 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00992-00
Demandante: Alex Andrés Arteaga Narváez
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el requisito
de la inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Alex Andrés Arteaga
Narváez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente, por no superar el requisito de la inmediatez, la
solicitud de tutela presentada por Alex Andrés Arteaga Narváez en contra del
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y del Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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