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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01392-00

Fecha
26 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01392-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente, por no superar el requisito de la inmediatez, la solicitud de tutela presentada por Andrea Acevedo Arias y María Belén Arias Arias en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01392-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Paula Andrea Acevedo Arias y otro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
muerte de civil durante diligencia de allanamiento

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Andrea Acevedo Arias y María Belén
Arias Arias, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015
y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Andrea Acevedo Arias y María Belén Arias Arias promovieron solicitud de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales como
víctimas, al debido proceso e igualdad material, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2021 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el expediente de reparación directa
identificado con radicado 05001-23-31-000-2005-04635-01(46697).

Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron que:

i) En ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin que se
les declarara responsables administrativa y patrimonialmente por la muerte de
Óscar Peñaranda Ortiz y Rafael Arias Arias en hechos ocurridos el 28 de febrero
de 2004, durante una diligencia de allanamiento decretada por el fiscal del Gaula
Rural, apoyada por integrantes de la institución militar.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_TUTELAPDF(.pdf) NroActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

ii) El Tribunal Administrativo de Antioquia con sentencia del 16 de julio 2012 negó
las pretensiones de la demanda al encontrar configurado el eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Contra dicha decisión la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 19 de
noviembre de 2021 confirmó la decisión del a quo, al concluir que «la acción
desplegada por los tres militares del grupo antiterrorista de la Cuarta Brigada que
participaron en la diligencia de allanamiento en la que murieron Oscar Peñaranda y Rafael
Arias, fue sustentada en la orden expedida por el fiscal del Gaula rural de Medellín el 28
de febrero de 2004», y que no quedó «demostra[do] que los agentes del Estado
hubieran actuado en connivencia con líderes de las AUC o con el grupo delincuencial
denominado oficina de Envigado».

iv) En relación con esa decisión, la corporación judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico por indebida valoración de
las pruebas aportadas al expediente y desconocimiento del precedente que
impone una valoración flexible de estas.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERA: Que se DECLAREN vulnerados los derechos de mis prohijadas al
debido proceso, la igualdad material y los derechos de las víctimas por parte de la
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DEL CONSEJO DE ESTADO con la emisión
de la sentencia del 19 de noviembre de 2021 confirmatoria de la sentencia de primera
instancia expedida en el marco del proceso de reparación directa con radicado N°
05001-23-31-000-2005-04635-00(46697).

SEGUNDA: Que en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia del Consejo
de Estado del 19 de noviembre de 2021 confirmatoria de la sentencia de primera
instancia expedida en el marco del proceso de reparación directa con radicado N°
05001-23-31-000-2005-04635-00(46697), y en su lugar profiera una decisión de
reemplazo que conjure los defectos e irregularidades demostrados durante este
trámite. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C2 solicitó que se
declare la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones
de amparo, de acuerdo con los siguientes argumentos:

El asunto no supera el requisito de la inmediatez, toda vez que se acudió ante el
juez constitucional después de más de 2 años de estar ejecutoriada la decisión
acusada.
Si bien se alegó que las demandantes «no estaban en la posición de comprender que
se encuentran en una situación de injusticia», y más al ser sujetos de especial

2 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«25CONTESTACIONDE_CONTESTACI_RESPUESTATUTELA20240(.pdf) NroActua 12»

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

protección de acuerdo con su condición de víctimas del conflicto armado, lo cierto
es que no se allegaron pruebas que evidenciara su imposibilidad material para
conocer que podían acceder a la solicitud de tutela, o algún obstáculo que solo
les permitiera hacerlo después de 2 años; sin contar con que durante el proceso
contencioso tuvieron la asesoría de un profesional del derecho, como ahora la
tienen.

Si lo que se pretende es traer elementos probatorios nuevos al debate, «para esos
efectos, la tutela no es procedente, pues la vía idónea para cuando aparecen nuevas
pruebas es otra, de la cual está al tanto de conocer la apoderada que regenta su
representación judicial».

El análisis probatorio efectuado se delimitó a las pruebas con que se contaban en
ese momento y en los argumentos del recurso de apelación, por lo que no se
configuró el defecto fáctico endilgado.

Tampoco se configuró el desconocimiento del precedente advertido, pues, «existía
prueba directa a partir de la cual se cimentó la decisión de encontrar configurada una
culpa exclusiva de las víctimas y de esa fue que se sirvió la sentencia, porque, no era del
caso emprender la ruta indiciaria que supone la accionante. Por esto, […] no se ignoró
ninguna regla o precedente vinculante como se sugiere en la tutela y, por contera,
tampoco se violó directamente la constitución.»

1.2.2. El Ministerio de Defensa Nacional3 solicitó declarar improcedente la tutela
o, en su defecto, negar las pretensiones de amparo en tanto lo realmente
pretendido es «obtener la revisión de la actividad de evaluación probatoria del juzgador»,
además, de que, tal como se señaló en la decisión acusada:

«[…] Lo que sí demuestran los medios de prueba allegados al expediente es que la
acción desplegada por los tres militares del grupo antiterrorista de la Cuarta Brigada
que participaron en la diligencia de allanamiento en la que murieron Oscar Peñaranda
y Rafael Arias, fue sustentada en la orden expedida por el fiscal del Gaula rural de
Medellín el 28 de febrero de 2004, con fundamento en la información expuesta por el
comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y en la orden de operaciones Falange,
que tenía como finalidad realizar el registro del apartamento 916 ubicado en el conjunto
residencial Parques del Estadio, aledaño al comando militar para ubicar caletas con
armas y capturar integrantes de grupos subversivos, a la que asistió el fiscal que la
decretó.

A su vez, los dictámenes de espectrometría de masas, balística forense y necropsia
acreditan que Oscar Peñaranda tenía en sus manos restos de sustancias compatibles
con residuos de disparo, que las granadas encontradas cerca de su cadáver y el de
Rafael Arias estaban en condiciones óptimas para uso y la trayectoria de los
proyectiles de arma de fuego que impactaron sus cuerpos no mostró que se
encontraran en posición de indefensión.

Adicionalmente, se encuentra probado que meses antes del allanamiento en el que
murieron los familiares de los demandantes, el fiscal seccional 158 destacado ante la
Cuarta Brigada realizó una diligencia similar en el apartamento 706 de la unidad

3 Ver índice 12 de SAMAI del expediente 11001031500020240099200. Archivo denominado «

10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 9»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

residencial Parques del Estadio, en la que Fredy Berrío fue encontrado con un arma,
cajas con cartuchos 9 y 38 mm, y varios celulares. Estos elementos fueron reclamados
con posterioridad por Oscar Peñaranda, tal como consta en el acta de devolución de
material incautado, hecho que permite inferir que los dos hombres se conocían y,
además, compartían vivienda, pues la administración del edificio los reportó como
residentes. […]»

1.2.3. Los demás terceros con interés vinculados al trámite constitucional guardaron
silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la
Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,4 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas
posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.6 Al respecto
señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).

4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-

2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo7 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que
esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes
que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,9 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales.10

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Andrea Acevedo
Arias y María Belén Arias Arias satisface el requisito de procedencia general de la
inmediatez?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como
uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario,
«se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»11.

En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición
de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el
lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al
que está por resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían
resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un
término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que
todo dependerá de las particularidades del caso»12

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 2014,13 respecto al término razonable para
presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:

«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y
la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]»

2.4.2. Caso concreto

11 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
13 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P.

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

Andrea Acevedo Arias y María Belén Arias Arias acudieron al juez de tutela con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
dejara sin efectos la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2021 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al expediente, la Sala
observa que la sentencia acusada fue notificada mediante edicto electrónico del
17 de febrero de 202214, respecto del cual se remitió correo electrónico en la
misma fecha15, y la solicitud de tutela fue radicada el 19 de marzo de 202416 lo
cual permite concluir que la demandante acudió ante el juez constitucional
después de haber transcurrido más de dos (2) años de encontrarse ejecutoriada
la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales.

De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el
asunto bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la
tardanza acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que
permita desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de
manera excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos
invocados»17.

Si bien, las demandantes pretendieron soportar la tardanza en acudir al juez de
tutela por su condición de víctimas del conflicto armado, quienes «generalmente
desconocen los procedimientos existentes para la defensa de sus derechos», lo cierto
es que durante el proceso contencioso-administrativo cuestionado siempre
estuvieron bajo la asesoría de un profesional del derecho.

Por otra parte, llama la atención de la Sala el hecho que en el escrito de tutela se
refiere que, para concretarse la asesoría profesional otorgada, solo fue posible en
el mes de enero de 2023, una vez se obtuvo el expediente contencioso-
administrativo, dicho ello y sin perjuicio de la ejecutoria de la decisión acusada, tal
situación permite concluir que bien pudieron acudir ante el juez constitucional un
año atrás, y tampoco lo hicieron.

14 Visible en el índice 131 de Samai en el expediente de reparación directa

05001233100020050463501
15 Visible en el índice 132 de Samai en el expediente de reparación directa
05001233100020050463501
16 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «3ED_CORREOJUANSEBASTIANC(.pdf) NroActua

2»
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01392-00
Demandante: Andrea Acevedo Arias y otro

Finalmente, respecto al argumento de que «[s]olo ahora, con el trabajo del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es que mis representadas han
podido, con la información puesta en dominio público, identificar patrones reprochados
por este sistema que se presentan en su propio caso, como lo es el Macrocaso 03-
Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes
del Estado […]», se advierte que pronunciarse al respecto escapa de la órbita de
competencia del juez de tutela en tanto ello conllevaría el desconocimiento del
derecho al debido proceso de las partes, pues, se traduce en argumentos y
pruebas nuevas que se pretenden hacer valer en un proceso ya concluido.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el requisito
de la inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Andrea Acevedo Arias y
María Belén Arias Arias en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente, por no superar el requisito de la inmediatez, la
solicitud de tutela presentada por Andrea Acevedo Arias y María Belén Arias Arias
en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

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