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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01005-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01005-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela elevada por el señor Javier Alfredo Rosales Núñez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01005-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de abril de 2024

Demandante: Javier Alfredo Rosales Núñez
Demandados: Consejo de Estado-Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01005-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01005-00
Demandante: JAVIER ALFREDO ROSALES NÚÑEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Javier Alfredo Rosales Núñez, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin
de que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.

Consideró lesionado tal garantía con ocasión de la providencia del 24 de agosto
de 2023 proferida por el despacho accionado, por medio de la cual se modificó la
sentencia del 25 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del
Tolima y en consecuencia se declaró inhibido para conocer el fondo del asunto,
por cuenta de la falta de legitimación en la causa por pasiva probada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
73001-23-33-000-2020-00439-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

“1. AMPARE el derecho fundamental al debido proceso, igualdad e integridad
personal contemplado en el artículo 29 de la constitución política.
2. ORDENE a la autoridad accionada decretar la apertura del periodo probatorio en
segunda instancia, a fin de que una vez evacuado profiera la sentencia de fondo
que en Derecho corresponda.
3. ORDENE a la autoridad accionada dar cumplimiento a la instrucción impartida

1
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dentro de las 48 horas siguientes a su notificación.1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

El señor Javier Alfredo Rosales Núñez afirmó que radicó demanda2 en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
municipio de Ibagué – Secretaría de Hacienda, con ocasión de la ocurrencia del
silencio administrativo positivo en el trámite de «solicitud de devolución de
impuestos locales»3.

Explicó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Tolima, identificado con el radicado número 73001-23-33-000-
2020-00439-01.

Narró que mediante sentencia de primera instancia declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto no encontró acreditado
el vínculo contractual de cesión entre el contribuyente solicitante y los
demandantes.

Señaló que interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia,
el cual fue estudiado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia
del Magistrado Wilson Ramos Girón.

Refirió que allegó memorial por medio del cual deprecó «aperturar el periodo
probatorio» en sede de segunda instancia; no obstante, mediante auto del 16 de
junio de 2023 el despacho competente negó la solicitud, tras aseverar la
inexistencia de fundamento jurídico para acceder la pretensión.

Indicó que mediante sentencia de segunda instancia del 24 de agosto de 20234, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado modificó el fallo de primera instancia en
sus numerales segundo y tercero, para declarar en su lugar “la falta de
legitimación por pasiva, y en consecuencia, inhibirse de emitir pronunciamiento al
respecto”5.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, la corporación accionada violó su derecho al debido
proceso por cuanto existió una indebida práctica judicial que condujo a tomar una
decisión de segunda instancia «desconectada de la realidad fáctica del caso aún
teniéndose herramientas judiciales suficientes para valorar el caso»6.

1
Trascripción literal del acápite de pretensiones del líbelo. Ver: Archivo No. 002 del índice.
Aplicativo SAMAI.
2
El actor radicó la demanda dentro del proceso ordinario, en nombre propio y en calidad de
apoderado de los señores Gloria del Carmen Cervantes Osorio, Roxana Cantillo Durán y Olga
María Rivera Pinzón.
3
Página 1 de 7. Actuación número 2, cargada en el aplicativo SAMAI. Escrito de tutela.
4
Providencia notificada el 29 de agosto del 2023. Ver: Índice 21 cargado en el aplicativo SAMAI,
dentro del expediente de radicado 73001233300020200043900. Aclaración de sentencia notificada
el 11 de octubre del hogaño, índice 30. ibidem.
5
Página 3 de 7. Actuación número 2, cargada en el aplicativo SAMAI. Escrito de tutela.
6
Página 4 de 7. Actuación número 2, cargada en el aplicativo SAMAI. Escrito de tutela.

2
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A su vez, invocó un desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en
la sentencia del 10 de agosto de 1990 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, por medio del cual se revocó un fallo inhibitorio. Véase:

En este orden de ideas y de acuerdo con la actuación procesal reseñada, considera la sala
que, si bien pudo presentarse imprecisión o deficiencia en el señalamiento de la parte
demandada, tal imperfección ha debido ser advertida en la oportunidad procesal
establecida en la oportunidad procesal establecida (sic) en el artículo 143 del C.C.A. para
efectos de la inadmisión o corrección de la demanda, por lo que resulta improcedente la
declaratoria de inhibición por ineptitud de la misma en el momento de decidir la
controversia máximo cuando la entidad demandada actúo dentro del proceso, ejerciendo la
plenitud de sus derechos, hasta el punto de que en los alegatos planteados en esta
instancia censura también el fallo inhibitorio del Tribunal (…)

Finalmente, el actor sustentó el cumplimiento de las causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 6 de marzo de 2024, el despacho admitió la solicitud de tutela,
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima, al Municipio de Ibagué y a
los señores Gloria del Carmen Cervantes Osorio, Roxana Cantillo Durán y Olga
María Rivera Pinzón como terceros con interés en las resultas del proceso.

Remitidas las respectivas notificaciones, se allegaron al proceso la siguiente
intervención:

1.5.1. Consejo de Estado – Sección Cuarta

El consejero ponente de la providencia cuestionada se opuso al amparo
solicitado, en tanto que la decisión de fecha 24 de agosto de 2023 estuvo
sustentada en criterios vinculantes mediante los cuales se advirtió que la
legitimidad en la causa era un presupuesto insubsanable desde el silencio de la
administración.

Aseveró que solo hasta el momento de la interposición del recurso de apelación,
el demandante y hoy accionante pretendió subsanar la demostración de su
legitimación activa en el proceso, en aras de controvertir la ruptura de la relación
jurídico-sustancial que previamente planteó la entidad demandada.

Finalmente, advirtió que la parte actora pretende resucitar un debate jurídico ya
resuelto en la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, de modo que solicitó al juez de tutela que
el amparo tutelar invocado sea negado por improcedente, por falta de relevancia
constitucional.

1.5.2. Las demás partes vinculadas guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, la acción de tutela de

3
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la referencia, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 7, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si el fallo del 24 de agosto de 2023, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en segunda instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-23-33-
000-2020-00439-01, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del
accionante.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
y ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad con relación al caso
en estudio.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”9

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
9
Ibídem.

4
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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.10

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.”

En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

10
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.

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“...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”11

Según se tiene, el señor Javier Alfredo Rosales Núñez atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió con el propósito de obtener la
devolución de un tributo; de modo que afirmó que dicha autoridad judicial incurrió
en desconocimiento del precedente jurisprudencial y en un yerro respecto de la
valoración de los fundamentos fácticos.

Bajo este contexto, la Sala advierte que los cargos planteados adolecen de
relevancia constitucional debido a que, en primer lugar, el accionante pretende
resucitar un debate argumentativo que fue zanjado por el juez ordinario en las dos
instancias del proceso ordinario; máxime, cuando la sala que estudió la segunda
instancia afirmó que en el recurso de apelación se acreditó legitimación en la
causa por activa, toda vez que dicha carga no se cumplió en sede de la primera
instancia; destacando que el recurso de alzada no es el estadio procesal para
subsanar la omisión del actor de allegar con la demanda un acervo probatorio
completo.

En segundo lugar, se identificó que el actor se limitó a mencionar que la autoridad
judicial tenía otros medios para valorar las pruebas allegadas al proceso; sin referir
y desarrollar de forma clara y suficiente cuál fue el yerro judicial que afectó su
derecho fundamental al debido proceso, o cual fue la regla de decisión que los
togados desatendieron, respecto de la sentencia del 10 de agosto de 1990 en
tanto ésta -a diferencia de la obiter dicta- es la que ostenta un carácter vinculante.

No debe olvidarse que la acción de tutela contra providencia judicial debe
presentar una carga argumentativa que demuestre incisivamente que la cuestión
advertida es producto de un capricho personal y que no fue dictada en ejercicio de
la autonomía de la cual gozan los funcionarios de la Rama Judicial. En similar
sentido, la presente sección ha señalado:12

[I]ndica la Sala que la parte actora no identificó, individualizó ni precisó, cuáles fueron las
pruebas del proceso penal que supuestamente fueron indebidamente valoradas por el juez
contencioso administrativo, toda vez que se limitó a hacer un reproche genérico y señaló
simplemente la vulneración a los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de
inocencia. (…) Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa
razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela
contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el
ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la
seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.

De esta forma, se entiende que la carga argumentativa en la acción de tutela

11
Destacado por la Sala.
12
Sentencia del 16 de septiembre del 2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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contra providencias judiciales constituye una arista del requisito general de
relevancia constitucional, el cual fue incumplido por el actor en el escrito en
estudio.

En el sentido señalado, la sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
dado que la parte actora no propuso un cuestionamiento que permita determinar
una trasgresión fehaciente de sus derechos fundamentales en la cual se requiera
la intervención del juez constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela elevada por el señor Javier
Alfredo Rosales Núñez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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