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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2020-00439-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2020-00439-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así: Segundo. Declarar probada la falta de legitimación en la causa por activa material de la parte demandante para solicitar lo pretendido en el sub lite y en consecuencia inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo, conforme con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas 2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 73001-23-33-000-2020-00439-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

24 de agosto de 2023

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00439-01 (27725)
Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2020-00439-01 (27725)
Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros
Demandado: Municipio de Ibagué

Temas: Devolución pago de lo no debido estampillas pro Universidad del
Tolima, pro anciano y pro cultura. Legitimidad en la causa por activa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 25 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que resolvió
(f. 90):

Primero. Declarar no probada la excepción de caducidad propuesta por el municipio de Ibagué,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar probada la falta de legitimación en la causa por activa material de la parte
demandante para solicitar lo pretendido en el sub lite y en consecuencia negar las pretensiones de la
demanda, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Condenar en costas a la parte demandante reconociéndose como agencias en derecho la
suma del 2% del valor de las pretensiones. por secretaría, tásense. (…).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Los demandantes, cesionarios de los derechos litigiosos de la sociedad Prismacón SAS,
esta a su vez cesionaria de la contribuyente unión temporal Parque Deportivo de Ibagué
2015, demandan la nulidad del Acto nro. 1340-2020-024474, del 02 de julio de 2020, que,
a juicio de la actora, le negó la declaratoria de silencio administrativo positivo, a los efectos
de que se le devolviera la suma de $3.289.247.528 (más intereses), pagados
indebidamente por la contribuyente -unión temporal-, por concepto de las estampillas pro
Universidad del Tolima, pro anciano y pro cultura, respectivamente al suscribirse el
contrato de obra pública nro. 119 de 2015 y el otro sí. Lo anterior, debido a que el municipio
demandado no resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el Oficio nro.
0012, del 17 de diciembre de 2018 (ff. 25 al 32 caa), que había negado la devolución de
dichos tributos; acto que también es demandado.

ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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1

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00439-01 (27725)
Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros.

Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (f.
8):
1. Declare la ilegalidad del Acto Administrativo nro. 2020-21237 del 16 de marzo de 2020 1 (sic) que
resolvió la solicitud de parte de declaratoria del silencio administrativo positivo; y por su parte, solo en
caso de considerarlo susceptible de control jurisdiccional, declare a su vez, la ilegalidad del acto
administrativo nro. 0012 del 17 de diciembre de 2018 por medio del cual se negó en primera
oportunidad la devolución de impuestos deprecada.

2. Revoque los actos administrativos objeto de declaratoria de ilegalidad, referidos en el numeral
anterior.

3. A título de restablecimiento del derecho, declare despachadas favorablemente al contribuyente, las
pretensiones principales contenidas en los numerales (1), (2), (3), (5), (6) y (8) de la solicitud de
devolución de impuestos radicada el 18 de septiembre de 2018 ante la alcaldía de Ibagué y en
consecuencia acceda a las pretensiones que en lo sucesivo se esgrimen.

4. Condene al municipio de Ibagué al pago de las sumas solicitadas en las pretensiones principales
de la solicitud radicada el 18 de septiembre de 2018 ante la entidad demandada, a favor de los
demandantes, en proporción a su porcentaje sobre los derechos económicos en la presenta
reclamación, así:

a. La suma de (…) $411.155.943 a título de devolución de lo cancelado por estampilla pro-Universidad
del Tolima por concepto de capital.

b. La suma de (…) $419.205.000 a título de intereses causados desde el momento del pago de la
estampilla pro-Universidad del Tolima hasta la fecha de presentación de la solicitud de devolución de
impuesto el 18 de septiembre de 2018.

c. La suma de (…) $1.644.623.764 a título de devolución de lo cancelado por la estampilla pro anciano
por concepto de capital.

d. La suma de (…) $1.671.164.000.000 a título de intereses causados desde el momento del pago de
la estampilla pro anciano hasta la fecha de presentación de la solicitud de devolución de impuesto el
18 de septiembre de 2018.

e. La suma de (…) $1.254.522.000,00 a título de devolución de lo cancelado por la estampilla pro
cultura por concepto de capital.

f. La suma de (…) $1.671.164.000 a título de intereses causados desde el momento del pago de la
estampilla pro-cultura hasta la fecha de presentación de la solicitud de devolución de impuesto el 18
de septiembre de 2018.

A favor de Gloria del Carmen Cervantes Osorio (…) el veintitrés, punto, veinticinco por ciento (23.25%)
del total de la condena contra el Municipio de Ibagué.

A favor de Roxana Cantillo Durán (…) el veintitrés, punto, veinticinco por ciento (23.25%) del total de
la condena contra el Municipio de Ibagué.

A favor de Olga María Rivera Pinzón (…) el cuarenta y seis, punto cincuenta por ciento (46.50%) del
total de la condena contra el Municipio de Ibagué.

A favor de Javier Alfredo Rosales Núñez (…) el siete por ciento (7%) del total de la condena contra el
municipio de Ibagué.

5. Condene al municipio de Ibagué al pago de los intereses moratorios a la máxima tasa legal
permitida, causados desde el 18 de septiembre de 2018 hasta el momento de la presentación de la
demanda, y a los causados con posterioridad a esta y que se generen a lo largo de todo el proceso y
aún con posterioridad a la terminación de éste, hasta el momento del pago absoluto de la obligación,
liquidados de acuerdo a la tasa indicada en el artículo 884 del Código de Comercio con arreglo a la
jurisprudencia en la materia.

1
En el expediente, el acto que aparentemente se refirió a la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo es el identificado
con número 1340-2020-024474, del 02 de julio de 2020 (índice 2 de Samai).

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Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros.

6. Condene en costas al demandado.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 4 de la Constitución; 12 de
la Ley 153 de 1887; 285 de la Ley 223 de 1995; 2.° del CPACA (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011); 734 del ET (Estatuto
Tributario); 415 al 417 del Acuerdo 29 de 2008; 2.° del Acuerdo 23 del 2010, 5.° del
Acuerdo 01 del 2011; y el Acuerdo 03 del 2011, todos los acuerdos del municipio
demandado, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):

A juicio de la actora, los actos acusados infringieron las normas en que debían fundarse,
se expidieron irregularmente e incurrieron en falsa motivación, por cuanto, el acto que
negó la devolución inaplicó los acuerdos 023 de 2010, 0003 de 2011 y 001 de 2011, dado
que la contribuyente, unión temporal, no fue sujeto pasivo de las estampillas pro
Universidad del Tolima, pro anciano y pro cultura, pues el artículo 7.° de la Ley 80 de 1993,
que a los efectos impositivos era el que sometía a los consorcios y uniones temporales al
régimen fiscal aplicable a las sociedades conforme al ET, fue derogado expresamente por
el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, por lo que una interpretación analógica para
extender la sujeción pasiva a este tipo de entidades era rechazada en materia tributaria
por la jurisprudencia, dada la prevalencia de los principios de reserva de ley, seguridad
jurídica y legalidad.

Adicionalmente, también hubo vulneración de la normativa local, porque los artículos 2.°
y 5.° (parágrafo 1°) de los Acuerdos 023 de 2010 y 001 de 2011, respectivamente,
establecieron que procedía la devolución de lo pagado con ocasión de las estampillas allí
reguladas, cuando no se ejecuta en su totalidad el contrato y en proporción a lo no
ejecutado, como sucedió en el caso de la terminación unilateral que le fue declarada a la
contribuyente en la Resolución nro. 182 de 2017 y, de igual forma, se desatendió la
exención que de la estampilla regulada en el Acuerdo 003 de 2011 se hacía sobre
proyectos que ejecutaran programas para la discapacidad, como correspondió a la
remodelación y construcción de los escenarios deportivos desarrollados por la contratista
en el contrato nro. 119 de 2015 y su otro sí para los juegos paralímpicos. Y, seguidamente
expuso que, aunque el Acuerdo 028 de 2016 no autorizaba la devolución del tributo de
estampilla causado, esta disposición era inaplicable por inconstitucional al vulnerar el
debido proceso, ya que el acuerdo no puede restringir el derecho del contribuyente a
obtener la devolución y porque fue proferida con posterioridad a la causación de los
tributos sufragados y no podría aplicarse retroactivamente.

En lo que respecta al acto que versó sobre su solicitud de declaratoria de silencio
administrativo positivo tras no haberse resuelto el recurso de reconsideración interpuesto
contra el acto que le negó la devolución de las estampillas, expuso que la demandada en
esta decisión lo remitió a protocolizar el silencio en los términos del CPACA; sin embargo
esta regulación es inaplicable, pues, al tenor del artículo 2.° ibidem, dicha normativa es
genérica y supletiva, mientras que los procedimientos de naturaleza tributaria son
específicos en la ley y en las disposiciones administrativas del sector nacional, central y
territorial, este último, mediante actos administrativos locales, ordenanzas y acuerdos.
Que el Acuerdo 029 de 2008 del ente demandado no reguló la figura del silencio
administrativo positivo, no obstante que la norma jerárquica superior del ET sí lo hace en
su artículo 734, a partir del cual era deber de la autoridad declararlo de oficio, o a solicitud
de parte y así lo ha ratificado la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
especialidad del tratamiento de dicha figura en el ordenamiento tributario y no en el
general; precedentes que configuran doctrina probable (entre otras, mencionó la sentencia
del 01 de junio de 2001, exp. 11610, CP: Germán Ayala Mantilla).

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Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros.

En línea con ello, aseguró que incluso el acto que no accedió a la declaratoria del silencio
positivo es extemporáneo e incurre en la causal de nulidad del ordinal 3.° del artículo 730
del ET, en vista de que se produjo luego de vencido el término del año establecido en el
artículo 734 ídem. Y, sobre los intereses procedentes, consideró que debían ser los del
artículo 884 del C de Co, dado el vacío sobre los intereses de mora aplicables a las
obligaciones de entidades administrativas ante peticiones de pago contenidas en actos,
contratos o sentencias judiciales y que tales intereses moratorios se causaron desde el
momento mismo en que se pagaron al ser indebidos a la tasa máxima legal.

Contestación de la demanda2

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 41 a 44 vto.). En primer lugar,
formuló la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la medida en que el acto que resolvió la petición de la declaratoria del silencio
positivo fue notificado el 02 de julio de 2020, por lo que el plazo para demandar inició el
03 de julio siguiente y finalizaba el 03 de noviembre de 2020; sin embargo, la demanda
fue radicada el 26 de noviembre, por fuera del término del artículo 164 del CPACA.

Por otra parte, tras señalar que el silencio administrativo positivo debía enmarcarse en el
ordenamiento jurídico, no pueden infringir derechos e intereses legítimos de terceros ni de
la entidad pública, so pena de tener vicios de nulidad; indicó la normativa que regula la
causación de los tributos de estampilla por la suscripción de contratos, adición u otro sí
con el municipio e instituciones de esta entidad, de ahí que la solicitud de devolución debía
presentarse por el contribuyente, una vez configurada su causación. En línea con ello,
anotó que la devolución fue radicada por la sociedad Prismacón SAS, quien decía ser
cesionaria de la contribuyente unión temporal, sin embargo, en la relación de los hechos
que hace reconoció que extravió documentos de la actuación de devolución emprendida
por Prismacón y que al citársele a la diligencia de reconstrucción no asistió y contestó que
no era su deber aportar las piezas para reconstruir los documentos perdidos. Además
señaló que, dentro de los documentos que reposaban con la demanda y los que allegaba
con la contestación no obraba la cesión que se hizo de los derechos litigiosos a la señalada
sociedad, por lo que presumía que ésta realizó el trámite administrativo sin la debida
representación y sin acreditar calidad alguna de contribuyente de los tributos pretendidos
en devolución. Por ello, señaló que tal sociedad no era acreedora de derechos
patrimoniales, en tanto no era beneficiaria hasta demostrar que era sujeto de derechos y
obligaciones con el municipio, ya que sería ilegal los efectos del acto ficto si quien tramitó
la devolución no era ni contribuyente ni tenía relación directa con este.

Seguidamente, indicó que la unión temporal era sujeto pasivo de las estampillas pro
cultura, pro adulto mayor y pro Universidad del Tolima y que de no ser así esta debió
manifestarlo en su momento, previo al pago de los tributos. Asimismo, que eventualmente
el valor a ser reintegrado debía corresponder al porcentaje que no se ejecutó del contrato,
más no a la totalidad del pago de esas estampillas.

Advirtió que demandó el acto ficto positivo ante el tribunal que tramitó la primera instancia
del juicio, dado que esa decisión contrariaba el artículo 722 del ET y los acuerdos 023 de
2010 y 001 de 2011.

2
En la audiencia inicial celebrada 25 de enero de 2022, el despacho sustanciador del tribunal no decidió las excepciones previas de
caducidad y de falta de legitimidad en la causa por activa, aunque decretó medios de pruebas para corroborar la fecha de presentación
de la demanda (índice 2 de Samai).

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Sentencia apelada

El tribunal declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa material de la
parte demandante, y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la demandante (ff. 86 a 90 vto.) Aunque negó la excepción de caducidad
porque la demanda fue tempestiva dado que su radicación fue el 30 de octubre de 2020
y el plazo para promoverla finalizaba el 03 de noviembre del mismo año, lo cierto fue que
declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa de la parte actora para
solicitar lo pretendido en el sub lite.

Al respecto, luego de referirse al silencio administrativo positivo según lo estudiado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y los requisitos para su configuración allí señalados,
junto con la normativa del ET que lo desarrolla, comprobó de los hechos y pruebas
valoradas que en coincidencia con lo aseverado por el municipio y el ministerio público
había una falta de legitimidad en la causa material de los demandantes para pretender la
devolución de las estampillas. Al efecto, precisó que la legitimidad en la causa por activa
hacía referencia a la relación sustancial entre las partes del proceso y el interés reclamado
en el litigio, pues quien ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien por la
ley está habilitado procesalmente; al tiempo diferenció entre la legitimidad de hecho y
material, a fin de distinguir entre quien podría procesalmente intervenir en un juicio pero
aun así carece de relación jurídica sustancial cuando no acredita «la titularidad del derecho
cuya indemnización» persigue, por lo que en sentencia era posible declarar la falta de
legitimidad material (auto del 12 de noviembre de 2020, exp. 1837-20, CP: Rafael
Francisco Suárez, Sección Segunda, Subsección A).

Por ello, consideró que, a pesar de que Prismacón SAS cedió unos derechos económicos
a favor de los demandantes para obtener la devolución de lo pagado por concepto de
estampillas, no se demostró que tal sociedad estuviera legitimada para reclamar el
reintegro de esos tributos satisfechos por la unión temporal Parque Deportivo de Ibagué
2015, así que resultaba improcedente declarar el silencio administrativo positivo y atender
las peticiones de la demanda de la parte actora, ya que quien tendría la legitimidad para
requerir el reintegro de lo pagado sería la unión temporal y las actuaciones tramitadas por
Prismacón por sí solas no le conferían automáticamente derechos.

Sumado a lo anterior, expuso que en las resoluciones nros. 182, del 02 de octubre de
2017, y su confirmatoria 229, del 21 de noviembre de 2017, expedidas por el contratante
al liquidar unilateralmente el contrato de obra pública nro. 119 de 2015 celebrado con la
contribuyente, se indicó que había un saldo a favor de la unión temporal por concepto de
estampillas, pero que ese valor se compensaría en el balance final con lo adeudado ante
el incumplimiento de la contratista; actos que se presumían legales de ahí que tampoco la
contribuyente tendría derecho alguno para la devolución de las estampillas pagadas
durante la legalización del mencionado contrato. Condenó en costas a la actora por
haberse resuelto desfavorablemente su petitum y fijó agencias en derecho en el
equivalente al 2% del valor de las pretensiones.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo en lo que respecta a los ordinales segundo a
quinto de la providencia -lo que incluye la condena en costas- (índice 2 de Samai). Al
efecto, precisó que dentro de los problemas jurídicos que planteó el tribunal no hubo
alguno relacionado con la falta de legitimación en causa por activa; el primero atendió
favorablemente la presentación oportuna de la demanda, pero el segundo, relativo a la
ocurrencia de los elementos configurativos del silencio administrativo positivo fue sobre el

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cual coincidieron en la fijación del litigio que contra esto debía contraerse la decisión y que
no fue resuelto. Sobre este, estimó que se excedió el ámbito de la discusión, pues aunque
enunció los requisitos y la normativa que rige la ocurrencia del silencio ficto positivo, el
tribunal se abstuvo de señalar si se cumplían las condiciones de dicha figura, siendo que
se estaban reunidos los requisitos de su ocurrencia y que el demandado reconoció que
no notificó dentro del año a la interposición del recurso el acto que lo resolviera. A cambio
de atender ese problema jurídico examinó la legitimación en causa por activa, siendo que
la audiencia inicial sobre ello no se fijó el litigio y que de forma contradictoria ese estudio
de legitimidad no hacía parte de los elementos del silencio administrativo positivo
indicados por la jurisprudencia invocada por el tribunal, pues es un aspecto formal no
susceptible de resolverse en la sentencia, sino previo a ello.

Estimó impertinente la alusión a la relación contractual entre la unión temporal y la entidad
municipal con quien se suscribió el contrato, porque el vínculo jurídico contractual era
diferente e independiente del de naturaleza tributaria, porque eran diferentes: «los
sujetos», la regulación normativa y el objeto y ello se puso de presente desde la audiencia
inicial.

En otro punto, a los efectos de mostrar la falta de técnica y deficiencia del análisis jurídico,
pero no como punto de inconformidad, sostuvo que al admitirse la demanda se tuvo la
procedencia de la demanda en cualquier tiempo al versar sobre la ocurrencia del silencio
administrativo, mientras que en la sentencia se recurrió a la hipótesis de que debía
presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto demandado.

Recabó sobre que la caducidad, y la falta de legitimación, eran aspectos formales que
constituían un presupuesto procesal de demanda en forma, por lo que debió verificarse
en instancias previas a la sentencia, para garantizar la decisión sustancial, por lo que el
tribunal o la demandada pudieron hacer tal señalamiento en la admisión, el recurso contra
esta, en la formulación de excepciones previas y en la etapa de saneamiento del proceso
en la audiencia inicial y no dos años después de tramitado el proceso.

De igual forma, el argumento de la falta de legitimación por activa excede el problema
jurídico planteado por el despacho durante la audiencia inicial, pues en ese momento
procesal se fijó la discusión en la concurrencia de los elementos del silencio administrativo
positivo. Que el tribunal no atendió la resolución si dicha figura se configuró y respecto de
su ocurrencia, precisó que al tenor del artículo 726 del ET pasados los quince días desde
su interposición y habiéndose guardado silencio, se entendió admitido «y por tanto sus
elementos cumplidos, dentro de los cuales destaca el de la legitimación por activa», por
lo que desde la instancia administrativa estuvo zanjado ese asunto. De forma
contradictoria, reconoció que el demandado en su contestación planteó ese medio
exceptivo, pero que ello no fue en la oportunidad de la inadmisión del recurso de
reconsideración, conforme al artículo 726 del ET.

Por último, se opuso al precedente invocado por el tribunal que estaba referido a un auto
del 12 de noviembre de 2020 (exp. 1837-20, CP: Rafael Francisco Suárez Vargas, Sección
Segunda, Subsección A), ya que las sentencias son las fuentes auxiliares secundarias y
no los autos judiciales, además de que la Corte Constitucional (C-666 de 1996) orienta a
tomar decisiones de fondo, por lo que siendo claros los hechos que legitimaban por activa
la demanda no existieron situaciones sobrevinientes que justificaran la inhibición. Sumado
a ello, que el demandado manifestó la existencia de la cesión que justificaba la legitimación
para demandar, pues el contrato de cesión fue anexado con la solicitud de devolución
radicada por Prismacón, pero el municipio extravió esos documentos así que a su
entender siempre hubo tal legitimidad.

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Acompañó con su impugnación copia de los contratos de cesión entre la unión temporal
parque Deportivo de Ibagué y la sociedad Prismacón SAS, junto con el Rut de dicha
cedente; empero, estos medios de pruebas se desestimaron en la admisión del recurso,
dada el incumplimiento de las causales del artículo 212 del CPACA para su decreto en
segunda instancia; decisión que adquirió ejecutoria sin interposición de recursos.

Pronunciamientos finales

Dado que se observa que la demandante presentó memorial refiriéndose a su propio
recurso, se advierte que esta oportunidad es para que la contraparte se pronuncie sobre
la impugnación interpuesta (art. 247.4 CPACA), y para que emita concepto el ministerio
público; sin embargo, ambos guardaron silencio (índice 13 de Samai). En todo caso, la
actora en su memorial reiteró lo expuesto en las anteriores etapas procesales y solicitó
decretar oficiosamente las pruebas que le fueron negadas al admitir su apelación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación
formulados por la demandante contra la sentencia de primera instancia que declaró
probada la excepción de falta de legitimación en causa por activa. Concretamente, debe
establecerse si como lo aduce la apelante, no procedía declararse la falta de legitimidad
en la causa por activa, porque no hizo parte de los planteamientos de la fijación del litigio
en la audiencia inicial, además porque esto quedó validado al ser admitido el recurso de
reconsideración por operancia de la ley, ante el silencio de la Administración, de manera
que debió decidirse el problema jurídico de fondo relativo a la configuración del silencio
administrativo positivo. En el mismo orden, si la legitimidad correspondía a un aspecto
formal y en consecuencia debió resolverse en las etapas previas del juicio, que no en la
sentencia.

2- Si bien la apelante formula reparos en relación con la sustentación de la caducidad, por
considerar que faltó técnica y análisis jurídico, al mismo tiempo manifiesta su conformidad
con la decisión de no declararla probada, razón por la que, se abstendrá la Sala de hacer
referencia a los señalamientos efectuados, en línea con lo previsto en el inciso 2° del
artículo 320 del CGP.

En relación con la solicitud de la apelante, presentada en la oportunidad de las alegaciones
finales, respecto de que oficiosamente se decretara como prueba, los documentos
aportados como apelación, no accederá la Sala a lo solicitado en salvaguarda del derecho
de defensa y contradicción de la contraparte, pues la prueba de la cesión contractual por
la cual reclama la devolución, debió y pudo ser aportada por la parte demandante, en las
etapas procesales pertinentes, como con la demanda, su reforma y el traslado de
excepciones.

Tras lo anterior, procederá la Sala a revisar los cargos de apelación:

3- Reprocha la apelante que el tribunal concluyó falta de legitimación en la causa por
activa, pese a que la controversia en la fijación del litigio se concretó en resolver (i)
caducidad del medio de control y (ii) configuración del silencio administrativo positivo. Si
bien, el primero fue desestimado, no se definió el segundo, pues aunque citó la
jurisprudencia y normativa que regula las condiciones para su ocurrencia, el tribunal obvió
decidir si tal figura se configuró y, a cambio de ello, examinó la legitimidad que no era uno

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de los elementos para que operara el silencio y tampoco hacía parte de la litis. Aseguró
que de haberse definido dicha figura, ineludiblemente se hubiese declarado, porque
incluso la autoridad aceptó que no notificó decisión del recurso dentro del plazo legal.

Así también la apelante, señaló como impertinente la alusión efectuada por el tribunal a
la relación contractual entre la unión temporal y la alcaldía de Ibagué que dio lugar al pago
de las estampillas, puesto que a su juicio, ese vínculo era diferente al del caso debatido,
en cuanto a «los sujetos», la regulación normativa y el objeto.

Reparó en que, la legitimidad era un presupuesto procesal de naturaleza formal, al igual
que la caducidad, por lo que esto debió ser dirimido en instancias anteriores a la sentencia,
para garantizar el estudio sustancial del caso, sobre todo cuando desde la sede
administrativa, este asunto quedó zanjado, pues al guardar silencio la autoridad respecto
de la admisión del recurso de reconsideración, se entendió admitido el recurso, y por tanto
cumplidos los elementos del mismo, dentro de los cuales se encuentra comprendida la
legitimación por activa (letra d. art. 722 ET); esto solo hubiera podido ser cuestionado
inadmitiendo el recurso, conforme con el artículo 726 del ET. Entonces, no era procedente
tal reparo en la instancia judicial.

De la misma forma consideró que el auto del 12 de noviembre de 2020 (exp. 1837-20, CP:
Rafael Francisco Suárez, Sección Segunda, Subsección A), invocado por el tribunal para
afirmar que la falta de legitimidad material podía decretarse en la sentencia, no era
suficiente como fuente auxiliar, pues esto solo era predicable de las sentencias. Así
también señaló que, la sentencia era claramente inhibitoria, pues no resolvió el aspecto
sustancial, sino que negó pretensiones basada en un aspecto formal, y a tales efectos,
anotó que la Corte Constitucional (C-666 de 1996) orientaba el tomar decisiones de fondo,
por lo que siendo claros los hechos que legitimaban por activa la demanda no existieron
situaciones sobrevinientes que justificaran la inhibición.

Finalmente, expuso que siempre manifestó la existencia de la cesión que justificaba la
legitimación de los tres actores para demandar, pues la Unión Temporal cedió a Prismacón
los derechos para la reclamación de las estampillas en cuestión, cuyo contrato fue
anexado a la solicitud de devolución, pero el municipio extravió esos documentos.

4- Partirá Sala de señalar que, el artículo 187 del CPACA relativo al contenido de la
sentencia, establece que el juez podrá decidir «sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada», lo cual habilita a considerar en la
sentencia cualquier defecto procedimental que no haya sido subsanado para el momento
del fallo, y que impida emitir una decisión de fondo.

Consistente con lo anterior, cabe destacar que la legitimidad en la causa tiene una
connotación exceptiva mixta, en tanto nace de la relación sustancial establecida en la ley,
y de la situación jurídica definida en los actos administrativos demandados, por lo que su
declaratoria puede darse al momento de admitirse la demanda o inclusive al momento del
fallo como se señaló en el auto del 12 de noviembre de 2020 (exp. 1837-20, CP; Rafael
Francisco Suárez Vargas), invocado por el tribunal, referencia que contrariamente a lo
reprochado por la apelante, resultaba pertinente, con prescindencia de que no se tratara
de una sentencia, pues en todo caso, correspondía a una providencia judicial.

5- En consonancia con ello, es lo cierto que al determinarse la falta de legitimidad en la
causa, no procedía el estudio de fondo del petitum relativo a la configuración del silencio
administrativo positivo, y desde luego tampoco su reconocimiento, con prescindencia de
que la condición de procedibilidad no se hubiese incluido en la fijación del litigio, conforme

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Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros.

lo definió el tribunal.

Ahora bien para determinar la legitimación de los accionantes, era indispensable que el
tribunal verificara la situación contractual entre la unión temporal y el municipio, en tanto
fue el origen del pago de las estampillas – pretendido en devolución- en orden a establecer
la titularidad del derecho litigioso, de manera que la impertinencia que reprocha la parte
actora carece de todo fundamento.

6- Respecto de que la legitimación en causa no hacía parte de la fijación del litigio, se
precisa reiterar no solo la previsión del mencionado artículo 187 del CPACA, sino el criterio
de la corporación en el sentido de que «[e]l juez de lo contencioso está facultado para
pronunciarse sobre temas que, si bien expresamente no quedaron enunciados en la
diligencia de fijación del litigio, se desprenden de forma clara y razonable, de los cargos
expuestos en la demanda y en la contestación de la misma» (sentencias del 30 de junio
de 2022, exp. 24693, C.P: Milton Chaves García y sentencia del 15 de octubre de 2015,
exp. 2014-00139, CP: Alberto Yepes Barreiro [E], Sección Quinta).

7- En lo atinente a que la legitimidad quedó zanjada por el silencio de la Administración
frente a la admisión del recurso de reconsideración, es lo cierto que tal situación acaecida
en sede administrativa, no subsana la falta de acreditación del interés jurídico y de la
relación sustancial de los demandantes con la pretensión de devolución de las estampillas,
y en el caso bajo análisis, la parte actora no probó, en las oportunidades procedentes, la
cesión efectuada por la unión temporal “Parque Deportivo de Ibagué 2015” a Prismacón,
quien fungía como cedente del derecho litigioso a las personas naturales demandantes,
esto pese a que, la entidad demandada en la contestación de la demanda había puesto
de presente la falta de legitimidad de la parte actora, lo cual pudo subsanar al corrérsele
el traslado de las excepciones por parte del tribunal, pero no lo hizo (ordinal 1.° del artículo
101 del CGP).

Si bien, pretendió la parte actora aportar el contrato de cesión con ocasión de la apelación,
se advierte que la prueba le fue negada, mediante el auto del 16 de junio de 2023 por no
enmarcarse en los supuestos del artículo 212 del CPACA.

Así las cosas, aunque el deber de las sentencias es asegurar el estudio de fondo, ello no
resulta posible cuando se advierten defectos de procedibilidad al momento de la
sentencia, que pudieron y debieron ser subsanadas en las etapas pertinentes, como
ocurre en el caso bajo análisis.

8- Por último, como la actora manifestó apelar la decisión del a quo respecto de los
ordinales segundo a quinto de la providencia, lo que incluye la condena en costas, se
advierte que por tratarse de una decisión inhibitoria la proferida por el Tribunal, no resulta
procedente su imposición, por tanto, se levantarán las costas.

Por la misma razón, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, en los ordinales 2º. Y
3º, para eliminar la referencia a que se niegan pretensiones, por no ser lo procedente por
cuanto se trata de un fallo inhibitorio, y para levantar las costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Roxana Cantillo Durán y otros.

FALLA

1. Modificar los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 25 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales quedarán así:

Segundo. Declarar probada la falta de legitimación en la causa por activa material de la parte
demandante para solicitar lo pretendido en el sub lite y en consecuencia inhibirse de emitir
pronunciamiento de fondo, conforme con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. Sin condena en costas

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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