Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01042-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01042-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01042-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Augusto Vega Silva
contra el Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección E.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 1 de marzo de 2024, el señor Augusto Vega Silva, a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales2. Pretende que se modifiquen las sentencias de 26 de octubre de
2022 y de 22 de septiembre de 20233, proferidas por el Juzgado 20 administrativo
de Bogotá y el Tribunal administrativo de Cundinamarca, respectivamente, en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4 que promovió en
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó los derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio
de legalidad.
3 Notificada el 5 de octubre de 2023.
4 Radicado 11001-33-35-020-2020-00281-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se
declarara la nulidad de la Resolución 0716 del 26 de agosto de 20195.
2. El Juzgado 20 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia proferida el 26 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión la parte demandante presentó recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través del fallo de
22 de septiembre de 2023, quien confirmó la decisión de primera instancia. Expuso
que los servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil están
sujetos a una norma especial, esto es, lo contemplado en el literal c del artículo 20
de la Ley 1350 de 2009, en donde se estableció como una medida de provisión de
empleos de forma excepcional el nombramiento provisional discrecional de forma
transitoria, el cual se entiende terminado por el cumplimiento del período por el cual
fue vinculado el empleado, por lo que la desvinculación del servicio opera por
disposición legal. Es decir, que las circunstancias legales se convierten en la única
motivación para la desvinculación del empleado, por lo que el acto acusado no debía
tener alguna motivación adicional.
3. Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte actora sostuvo que
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
4. Defecto fáctico: Indicó que existió una omisión y valoración caprichosa de las
pruebas. Por otra parte, sostuvo que le corresponde a la administración cumplir con
la carga legal de justificar la decisión de desvinculación, sin que sea válido alegar
simplemente la terminación del plazo. Esa tesis la sustentó en la sentencia SU-917
de 2010 y a un fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado (sin radicado y
fecha).
5. Defecto sustantivo: Manifestó que el literal c del artículo 20 de la Ley 1350 de
2009 señala 4 requisitos para los nombramientos provisionales discrecionales, que
en su caso no se cumplieron. En el transcurso de los 6 meses de nombramiento la
entidad no realizó el concurso para proveer el cargo, y esa situación se presentó
durante los 5 años en que estuvo vinculado en la Registraduría, y se sigue
presentando. Agregó que ese tipo de nombramientos tienen la característica especial
de su excepcionalidad, pero después de revisar las 14 Resoluciones que fueron
proferidas para nombrarlo en el mismo cargo, se puede evidenciar que la expedición
de dichos actos administrativos no tiene nada de excepcional, por lo que se está
utilizando una figura jurídica como es un nombramiento con calidades excepcionales
para realizar operaciones ordinarias, en un abuso de la norma.
5 Por medio del cual la entidad estableció el término de duración de su nombramiento de provisional en el cargo
de registrador auxiliar 3015-04 por 6 meses, quien al vencimiento del plazo fue retirado del servicio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
6. Desconocimiento del precedente judicial: Adujo que se desconoció la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en la que se ha
venido reiterando la obligatoriedad de motivar el acto administrativo de retiro de los
servidores que ocupan cargos en provisionalidad. Citó extractos de las siguientes
sentencias: (i) SU-917 de 2010; (ii) providencia del Consejo de Estado (sin nombre
de la Subsección) del 2 de abril de 2013, radicado 2013-00195; (iii) T-221 de 2014;
(iv) SU-556 de 2014; (v) SU-054 de 2015; (vi) fallo de tutela de la Sección Quinta
del Consejo de Estado del 29 de abril de 2015, radicado 11001-03-15-000-2014-
04126-00; (vii) fallo de tutela del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre del 25 de
febrero de 2020, radicado 707423189001-2020-00023-00; (viii) fallo de tutela del
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga del 21 de febrero de 2020,
radicado 68001-31-03-005-2020-00037-00; (ix) fallo de tutela del Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito (sin nombre del circuito judicial al que pertenece y fecha),
radicado 2020-00120; y (x) Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá (sin
fecha), radicado 11001-33-42- 053-2017-00292-00.
7. Violación directa de la Constitución: Manifestó que la Ley 1350 de 2009
consagra la reglamentación de la carrera administrativa especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil. La aplicación de la misma debía llevar a concluir que, en
tanto el cargo al cual fue nombrado no es de libre nombramiento y remoción, él está
protegido por una estabilidad laboral relativa, y como a la fecha no se ha dado
apertura al concurso para proveer el cargo, “el articulo 125 es aplicable al caso en
concreto como cargo de carrera”.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
8. Por auto de 5 de marzo de 2024 se admitió la presente acción, se ordenó notificar
a las autoridades judiciales accionadas, y se vinculó a la Registraduría Nacional del
Estado Civil como tercero con interés. Aunado a ello, se ordenó comunicar la
presente decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de
su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
E6
9.
Indicó que en la sentencia de segunda instancia se justificó plenamente el porqué
de la decisión de confirmar el fallo del a quo, al considerar que el nombramiento del
señor Augusto Vega Silva se realizó en calidad de provisional discrecional por un
término de hasta 6 meses y que vencido este plazo finalizaba su vinculación con la
entidad. Además, que teniendo en cuenta que en el caso de la carrera administrativa
especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil los nombramientos
provisionales discrecionales están autorizados por el literal c del artículo 20 de la Ley
6 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 3 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
1350 de 2009, la motivación del retiro es implícita, es decir, las circunstancias legales
se convierten en la única motivación de la desvinculación. Por lo anterior, consideró
que en el proceso no se vulneró derecho alguno ni se incurrió en ninguna
irregularidad procesal.
10.
Adujo que la acción de tutela es improcedente, toda vez que la parte accionante
ejerció todos los mecanismos judiciales que tenía a su disposición, por lo que
teniendo en cuenta el carácter residual de esta acción, es claro que no puede
utilizarse como una tercera instancia.
(ii) Juzgado 20 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá7
11.
Manifestó que la sentencia de primera instancia se profirió conforme a derecho en
aplicación de la normativa vigente. Se valoró en debida forma el acervo probatorio
allegado por las partes, acogiendo en su integridad la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Indicó que en los argumentos de la acción de tutela el demandante no refirió
cuál fue la prueba que se omitió valorar, así como la jurisprudencia que
presuntamente no se aplicó al caso.
12.
Arguyó que lo que se extrae del escrito de tutela es que el accionante no comparte
las decisiones de primera y segunda instancia, y esa discrepancia no se puede
tramitar en sede de tutela, puesto que para resolver sus inconformidades tuvo a su
disposición el recurso de apelación, el cual fue decidido por el superior, quien
confirmó la decisión inicial.
(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil8
13.
Solicitó ser desvinculada del presente asunto, por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
(iv) Registraduría Distrital9
14.
Sostuvo que la explicación presentada por el accionante respecto del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela no
es suficiente para considerar que su situación resulte de evidente relevancia
constitucional, sino que debe justificarlo en debida forma, con razones fácticas y
jurídicas. Agregó que el actor mencionó casi todas las causales específicas de
procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales, sin realizar un
análisis suficiente sobre las razones que enmarcan el caso concreto y sus
situaciones de hecho de cara a cada causal.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 3 folios.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 8 folios.
9 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.
Adujo que no se puede entender la acción constitucional como otra instancia de
los procesos judiciales, máxime cuando únicamente se evidencia una inconformidad
por la decisión adversa a los intereses de la parte demandante.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
16. La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, pues es un tercero con interés, y cualquier decisión favorable al
actor podría tener repercusiones en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del cual la entidad funge como demandada.
D. Análisis del caso concreto
17. El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada como uno de los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal de la acción de tutela interpuesta en
contra de una providencia judicial10 es que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario examinar11 que
el actor motive con suficiencia argumentativa las razones por las que la decisión
judicial objetada se presenta o proyecta como una afectación a un derecho o garantía
fundamental, evitando de esta manera abrir paso a una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia.
18. Revisado el escrito de tutela y el expediente contentivo del proceso contencioso
administrativo cuestionado, la Sala no encuentra que los argumentos que presenta
el accionante se proyecten como trasgresión de los derechos fundamentales que
invoca. Por el contrario, la revisión de los mismos permite advertir que a través de
los alegatos propuestos se intenta convertir el mecanismo de amparo constitucional
en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo
tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez
natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E12, en la que
resolvió confirmar la decisión de primera instancia, en el sentido de negar las
pretensiones de la demanda.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
12 Únicamente se hará el análisis frente a la providencia emitida por dicha autoridad judicial, en la medida en que
fue la que resolvió la litis, de manera definitiva.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
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Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19. Si bien la parte actora alegó la configuración de cuatro defectos en el fallo de 22
de septiembre de 2023, tres de aquellos13 van encaminados a lo mismo: cuestionar
el hecho de que la Resolución demandada -0716 del 26 de agosto de 2019- no
tuviese motivación, pues no estima válido tener en cuenta únicamente la terminación
del plazo estipulado en la misma. No obstante, aquello fue lo mismo que alegó en el
recurso de apelación que presentó contra el fallo de 26 de octubre de 2022 proferido
por el Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá.
20. Alegatos que fueron estudiados y resueltos en su integridad por el Tribunal
accionado en la sentencia cuestionada. Dicha autoridad judicial consideró que al
demandante le resultaban aplicables las reglas del régimen especial de carrera
administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Ley 1350 de 2009), en
especial lo previsto en el artículo 20, literal c, por lo que su desvinculación del
servicio operaba por disposición legal. Lo anterior, de conformidad con sentencias
dictadas por el Consejo de Estado - Sección Segunda, específicamente, las del 28
de julio de 202014, 30 de agosto de 202115 y 6 de diciembre de 202116, las cuales en
casos similares han establecido que conforme con lo dispuesto en la Ley 1350 de
2009, el nombramiento provisional discrecional es por 6 meses, al cabo de los cuales
la persona nombrada está en la obligación de retirarse del cargo sin que exista acto
de la administración que así lo disponga y menos que se deban consignar las
motivaciones en ese sentido.
21. Así, el tribunal demandado concluyó que no era necesario que la Registraduría
Nacional del Estado Civil expidiera un acto administrativo por medio del cual
motivara el retiro del servicio, pues en virtud de lo dispuesto en el literal c del artículo
20 de la Ley 1350 de 2009, el nombramiento en provisionalidad se tiene finalizado
por el cumplimiento del término por el cual se hizo la vinculación, es decir, que la
motivación para la terminación de la relación laboral, corresponde exclusivamente a
esa circunstancia legal.
22. En ese sentido, se observa que en sede de tutela la parte accionante pretende
que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el asunto ordinario,
los cuales fueron resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia
censurada, con el objetivo de discutir una vez más si era menester motivar el acto
administrativo a través del cual la entidad estableció el término de duración de su
nombramiento de provisional en el cargo de registrador auxiliar 3015-04 por 6
meses, y una vez vencido dicho plazo se le retiró del servicio.
23. La parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una
tercera instancia, pues, como se vio, las críticas contenidas en el escrito tuitivo
13 Salvo la violación directa a la Constitución.
14 Radicado 11001-03-15-000-2019-05310-01.
15 No especificó el radicado.
16 Radicado 11001-03-15-000-2021-04265-01.
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Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; situación que a todas luces escapa de la competencia del juez
constitucional, pues implicaría invadir la órbita jurisdiccional del juez natural de la
causa y convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso ordinario,
cuando de por medio no se advierte transgresión alguna de los derechos
fundamentales deprecados. En esa medida, se advierte con claridad que el asunto
carece de relevancia constitucional.
24. Aunado a lo anterior, respecto de las sentencias presuntamente desconocidas,
se advierte que las mismas no constituyen precedente judicial alguno. Primero,
frente a las sentencias de tutela referenciadas por el actor, se tiene que aquellas
tienen efectos inter partes, en ese sentido, no cobija a los sujetos procesales que no
intervinieron en el trámite de las acciones constitucionales. Además, en algunos
casos el actor no identificó con precisión la Sección y/o Subsección y la fecha de
algunas providencias, es decir no cumplió con la carga mínima requerida para su
análisis, por lo que es imposible hacer pronunciamiento alguno al respecto, sumado
a que algunas provienen de Juzgados Administrativos que claramente son de una
jerarquía inferior al Tribunal.
25. Ahora, frente a las sentencias SU-917 de 2010 y SU-556 de 2014, la Sala advierte
que en las mismas se estudiaron acciones de tutela dirigidas a cuestionar
providencias judiciales dictadas en procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho en los que se negó el reintegro de empleados de la Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, nombrados en provisionalidad. De modo que esas
decisiones fueron adoptadas, respectivamente, en aplicación de los regímenes de
carrera diferentes al de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por lo tanto, no
guardan identidad fáctica ni jurídica.
26. En la sentencia SU-054 de 2015, la Corte Constitucional se ocupó de una tutela
contra providencia judicial dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que se negó el reintegro de una empleada de la Fiscalía General de
la Nación que había sido nombrada en propiedad en un cargo de libre y remoción
cuando debió ser nombrada en provisionalidad en un empleo de carrera. Por lo
tanto, los presupuestos fácticos y jurídicos tampoco son análogos a los del
demandante.
27. Bajo ese contexto, la Sala considera que, contrario a lo expuesto por el señor
Vega Silva ninguna de las sentencias invocadas puede considerarse como
precedente aplicable al caso concreto, pues, como se vio, no comparten supuestos
de hecho ni de derecho, ya que no se refieran a funcionarios de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entidad que se somete a una Ley especial. En este punto,
conviene precisar que cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
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Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como
referente para decidir otros conflictos semejantes, esto es, los conflictos en los que
exista identidad jurídica y fundamentalmente identidad fáctica, y debe ser
considerado por el juez al momento de decidir un nuevo caso. Sin embargo, cuando
no existe esa identidad no es posible alegar el desconocimiento del precedente
judicial.
28.
Así las cosas, se puede concluir que las presuntas deficiencias alegadas respecto
de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, responden en realidad a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.
29.
Finalmente, en relación con la violación directa de la Constitución, esta Sala de
Subsección observa que carece de carga argumentativa, en la medida en que la
parte actora únicamente indicó que como no fue nombrado en un cargo de libre
nombramiento y remoción por lo que está protegido por una estabilidad laboral
relativa y “el articulo 125 es aplicable al caso en concreto como cargo de carrera”,
argumentos que en forma alguna explican la configuración del mentado defecto,
pues no se expuso por qué no se aplicó esa norma fundamental al caso en estudio
o, si la aplicación normativa se hizo al margen de los preceptos consagrados en la
Constitución. Es decir, no esgrimió ningún tipo de argumento tendiente a explicar al
defecto endilgado a la sentencia cuestionada.
30. En los términos expuestos, la Sala declarará improcedente la presente solicitud
de amparo.
31. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01042-00
Accionante: Augusto Vega Silva
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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