Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04328-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04328-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04328-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Demandante: VLADIMIR MARTÍNEZ ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE SI EXISTE O NO EL DEBER DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE
EXPEDIR UN NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO EN CASO
DE DESVINCULACIÓN DE EMPLEADOS NOMBRADOS EN
PROVISIONALIDAD. SE DECLARA LA FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: el accionante cuestionó la providencia que revocó la medida cautelar de
suspensión del acto administrativo que dispuso su vinculación como registrador municipal por el
término de tres meses. Sin embargo, la Sala declarará improcedente el mecanismo porque no
cumplió el requisito de relevancia constitucional, debido a que fue empleada como una tercera
instancia al proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Vladimir Martínez Rojas en
contra del Tribunal Administrativo del Meta, para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión del auto del 24 de abril de 2025, mediante el cual se revocó la medida cautelar
decretada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, proferido por dicha
autoridad.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
1
Mediante escrito radiado el 14 de julio de 2025 (índice 01 de Samai).
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) Mediante Resolución no. 239 del 5 de octubre de 2017, se vinculó mediante
nombramiento provisional como registrador municipal, frente al cual se realizaron
múltiples prorrogas, la última efectuada mediante Resolución no. 032 del 2 de febrero de
2023, por el término de tres meses, comprendido entre el 3 de febrero y el 3 de mayo de
2023, y que este finalizaría al vencimiento de dicho término sin que se requiriera la
expedición de un acto administrativo adicional que dispusiera su desvinculación.
2) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
demanda en contra de Registraduría Nacional del Estado Civil–Delegatura del
Registrador Nacional del Estado Civil en la Circunscripción Electoral del Meta, en la cual
solicitó la nulidad de la Resolución no. 032 del 2 de febrero de 2023 y, en consecuencia,
se ordenara su reintegro a un cargo igual o superior jerarquía y el pago de prestaciones,
al tiempo que solicitó, como medida cautelar, la suspensión de efectos de dicho acto2
3) La solicitud se fundamentó en que no existió un acto administrativo motivado que
dispusiera su desvinculación para proveer el cargo a otra persona que hubiese accedido
mediante concurso de méritos, el retiro se produjo sin que mediara procedimiento
disciplinario o sancionatorio alguno y tampoco medió un concurso público para proveer
el empleo de carrera que ocupaba en provisionalidad.
4) Además, sostuvo que gozaba de una estabilidad laboral relativa, de la cual dependía
el sostenimiento y la calidad de vida de su hijo menor, titular de derechos prevalentes y
de interés superior, quien se vería afectado de manera indirecta por la desvinculación de
su progenitor.
5) Mediante auto del 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos
del acto tácito o implícito derivado de la Resolución no. 032 del 2 de febrero de 2023 y
ordenó el reintegro del demandante a la entidad demandada.
6) La decisión se sustentó en que se vulneró el derecho al debido proceso, porque no se
profirió un acto administrativo de terminación del nombramiento en provisionalidad, con
2
El proceso se registró con número de radicación 50001-33-33-003-2023-00286-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
una debida motivación y, en todo caso, el término de seis (6) meses previsto en el literal
c del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 para los nombramientos en provisionalidad, no
exceptuó el deber de motivación frente a ese tipo de vinculación.
7) La Registraduría Nacional del Estado Civil apeló con base en que el a quo desconoció
el régimen especial previsto en el artículo 20 literal c) de la Ley 1350 de 2009, según el
cual el nombramiento provisional discrecional en la Registraduría tiene una duración
máxima improrrogable de seis meses, vencido el cual procede el retiro sin necesidad de
acto administrativo motivado3.
8) Mediante proveído del 24 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta revocó
la decisión y, en su lugar, negó el decreto de la medida cautelar, con base en que la
Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un régimen especial de carrera
administrativa previsto en la Ley 1350 de 2009, el cual permite la finalización del
nombramiento en provisionalidad por el vencimiento del plazo, sin necesidad de la
expedición de un nuevo acto administrativo que así lo disponga y dado que su último
nombramiento fue efectuado conforme con esa norma, no existía el deber de expedir un
acto de desvinculación.
Fundamento de la vulneración
El accionante alegó que la providencia del 24 de abril de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en múltiples defectos que vulneran sus derechos
fundamentales.
En primer lugar, en cuanto al defecto orgánico, sostuvo que hubo una falta de
competencia funcional en sentido estricto, el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en
un defecto orgánico al desbordar su función jurisdiccional, al invadir el margen de
configuración normativa del legislador y desconocer los límites fijados por la Corte
Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, sustituyendo el precedente
constitucional por una interpretación propia no autorizada.
3
Como respaldó citó la sentencia del 19 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta; la sentencia del 17 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de Bolívar; la sentencia de tutela
del 28 de julio de 2020 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la sentencia
del 23 de octubre de 2024 del Consejo de Estado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
También adujo un defecto procedimental absoluto y exceso ritual manifiesto por haber
revocado la medida cautelar sin cumplir los requisitos del artículo 231 del CPACA ni
realizar un análisis riguroso del fumus boni iuris y el periculum in mora, además de aplicar
de forma mecánica la Ley 1350 de 2009 como si implicara desvinculación automática.
En tercer lugar, señaló un defecto fáctico, por omitir el análisis de pruebas relevantes,
como la antigüedad en el cargo, las prórrogas sucesivas del nombramiento y la situación
de su hijo menor.
En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que hubo una aplicación errónea de la Ley 1350
de 2009 por asumir que el vencimiento del plazo justifica la desvinculación sin motivación,
desconociendo el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional.
Por último, sostuvo que hubo un error inducido, debido a que la entidad demandada con
sus argumentos conllevó al tribunal a incurrir en un error y también estimó que la
providencia adolece de una falta de motivación, en tanto se omitió el estudio de
argumentos esenciales y del precedente constitucional.
Finalmente, alegó que se desconoció el precedente vinculante de la Corte
Constitucional sobre la motivación en la desvinculación de funcionarios provisionales
contenido en las sentencias T-221/14, T-395/19, T-261/22, entre otras y, finalmente,
alegó una violación directa de la Constitución, por desconocerse derechos fundamentales
como el debido proceso, la estabilidad laboral, la protección del menor y el bloque de
constitucionalidad.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado —Sección
Segunda— que, en ejercicio de la jurisdicción constitucional y como juez de
tutela, tutele los derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad
laboral relativa, a la igualdad, a la confianza legítima y al interés superior del
menor, vulnerados por el auto del 24 de abril de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el número 50001333300320230028601, mediante el cual
revocó sin motivación suficiente la medida cautelar de suspensión provisional y
reintegro ordenada por el juez de primera instancia.
En consecuencia, se solicita:
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
1. Dejar sin efectos el auto del 24 de abril de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta, por haber vulnerado los derechos fundamentales
invocados.
2. Ordenar la restitución de los efectos de la medida cautelar decretada
mediante auto del 18 de noviembre de 2024, por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, garantizando así el reintegro
del señor Vladimir Martínez Rojas al cargo que venía desempeñando, mientras
se resuelve de fondo el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Disponer las demás órdenes necesarias para garantizar la protección efectiva
de los derechos fundamentales invocados, particularmente en atención a la
protección reforzada del menor de edad MATHIAS MARTÍNEZ FORERO, hijo
del accionante, en virtud del principio de interés superior del niño consagrado
en el artículo 44 de la Constitución Política”. (Fls. 13 y 14 de la demanda de
tutela).
Actuación procesal
Mediante auto del 16 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Meta y, como terceros con interés, se dispuso la vinculación del registrador Nacional del
Estado Civil – Delegatura Departamental del Meta y al titular Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y la Secretaría
General del Tribunal Administrativo del Meta remitieron el expediente digital contentivo
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (índices 9 y 10 de Samai).
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Meta solicitó que se declare
improcedente la acción por falta de relevancia constitucional por cuanto evidenció que la
parte actora pretende reabrir el debate respecto de una situación particular que
desfavorece sus intereses, pues, de la lectura de la demanda se demuestra la intención
de utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario al proceso ordinario
(índice 12 de Samai).
La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que no tiene legitimación en la causa
por pasiva dentro de la presente acción de tutela, dado que no fungió́ como juez natural
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Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
dentro del proceso de nulidad electoral ni profirió la providencia cuestionada, en
consecuencia, solicitó ser desvinculada (índice 13 de Samai).
Las demás autoridades guardaron silencio, pese a que fueron notificadas en debida
forma (paso al despacho, índice 14 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Meta con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 24 de abril de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
9) En el presente caso, si bien el actor fundamentó la solicitud de amparo en la supuesta
configuración de varios defectos en la providencia judicial cuestionada, los cuales, si bien
fueron enunciados como orgánico; procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto;
fáctico; material o sustantivo; por error inducido; decisión sin motivación;
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, los cierto es que
todos estos cuestionamientos confluyen en que la providencia cuestionada fue adoptada
en desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el deber de
motivar la desvinculación de los empleados que ostentan cargos en provisionalidad, por
cuanto gozan de una estabilidad laboral relativa.
10) Asimismo, alegó que el Tribunal Administrativo del Meta revocó la medida cautelar
de suspensión del acto con fundamento en una interpretación legal rígida y
descontextualizada, sin ponderar los elementos fácticos relevantes del expediente, como
la continuidad laboral de más de cinco años, la existencia de prórrogas sucesivas de su
nombramiento, la dependencia económica de su hijo menor de edad y el hecho de que
no medió concurso de méritos ni se acreditó designación definitiva, así como tampoco
hubo una motivación en la desvinculación de mi poderdante.
11) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión de la presentación del
recurso de apelación presentado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra
de la providencia del 18 de noviembre de 2024.
12) En efecto, en aquella oportunidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil
cuestionó , así:
“De conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda, se tiene con
certeza que el problema jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente:
¿ Puede la Registraduría Nacional del Estado Civil, en razón a lo dispuesto en
el literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, desvincular al personal sin
necesidad de un acto administrativo de devinculación en donde justifique como
causal: i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de
méritos, ii) la imposición de sanciones disciplinarias, iii) la calificación
insatisfactoria u, otra razón específica atinente al servicio.?
Para efectos de darle una respuesta a este problema juídico y resolver la
medida cautelar solicitada por el Demandante, el Despacho tomó la postura que
es obligatorio que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en eras de
garantizar los derechos de igualdad y debido proceso de los servidores
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Acción de tutela
normbrados en provisionalidad discrecional, expida un acto administrativo que
motive la desvinculación por cualquiera de las causales mencionadas.
En ese orden de ideas, la Registraduría Nacional del Estado Civil en virtud al
derecho de defensa y contradicción, no comparte la postura tomada al presente
caso porque observa desde ahora una eventual sentencia favorable a las
pretensiones del demandante. De tal manera que, resulta imperativo para la
entidad pedirle al Despacho que reevalúe su postura y reponga la decisión
adopta en providencia del 18 de noviembre de 2023, porque adicionalmente a
los fundamentos expuestos en la contestación de la demanda y el memorial de
traslado a la medida cautelar, es precisamente la reciente jurisprudencia
contencioso administrativa, la que salvaguarda y reconoce el régimen especial
de la entidad de la siguiente manera:
Sentencia del 19 de septiembre de 2024 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META, Radicado 500013333006201600403011, M.P. Dr. HÉCTOR
ENRIQUE REY MORENO.
(…)
En igual sentido, el Consejo de Estado en sentencia de tutela del veintiocho (28)
de julio de dos mil veinte 20203 dirimió un caso con los mismos hechos y
concluyó que las vinculaciones de los empleados de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, mediante nombramiento provisional discrecional, se
encuentran reguladas por el artículo 20, literal c) de la Ley 1350 de 2009; en tal
virtud, no es procedente aplicar otra normativa, puesto que se trata de una
disposición especial para la entidad y, por tanto, no se puede acudir al artículo
41 de la Ley 909 de 2004, reglamentada por el Decreto 1227 de 2005, en donde
se contemplan las causales para el retiro del servicio de quienes desempeñan
empleos de libre nombramiento y remoción, y de carrera administrativa,
únicamente.
(…)
En virtud de lo anterior, resulta evidente que en aras de los principios
constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, así como el de presunción de
legalidad de los actos administrativos.
Al respecto, frente a este último principio, el Consejo de Estado en reciente
sentencia del 23 de octubre de 20244, señaló:
“Copiosa ha sido la jurisprudencia5 de esta Corporación respecto a la
presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos, cuando son
proferidos en ejercicio de la potestad discrecional, se presume que la decisión
ha sido adoptada en beneficio del interés general.
De tal suerte que en la parte actora recaía la obligación de aportar las pruebas
que llevaran a la certeza de que los fines que tuvo la administración al
despojarla de su cargo fueron ajenos al buen servicio público (carga procesal)
y, si no lo hace, como sucedió en este caso, debe soportar la consecuencia de
su desidia, que no es otra, que la negación de las pretensiones. Corolario de lo
cual, además, no son de recibo las afirmaciones de la apelante, conforme las
cuales era a la administración a la que correspondía demostrar que las razones
de la declaratoria de insubsistencia si respondían a los fines previstos por el
legislador
Ahora, en cuanto a que la persona que remplazó al demandante no tenía mas
méritos que él, recuerda la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación ha
indicado que la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador la plena
convicción de que la intención de quien profirió el acto, se alejó de la finalidad
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
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del buen servicio, es decir, se usó con fines distintos a los previstos por la
norma”.
13) Para resolver esos planteamientos, en auto del 18 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cauca se pronunció de manera expresa en cuanto a la alegada
vulneración del derecho de acceso a la justicia con las siguientes consideraciones al
respecto:
“Precisamente, esta Corporación no advierte transgresión alguna del acto
demandado, contenido en la Resolución nro. 032, del 2 de febrero de 2023, con
las disposiciones enunciadas en la solicitud de MEDIDA CAUTELAR: artículo
29, de la Constitución y Leyes 909 de 2004 y 1350 de 2009.
Con las pruebas aportadas en la demanda, se evidencia que, con Resolución
nro. 239, del 29 de septiembre de 2017, se nombró EN PROVISIONALIDAD, al
demandante, en el cargo de REGISTRADOR MUNICIPAL 4035-05. Se tiene
que, dicho nombramiento se prorrogó por sendos actos administrativos hasta
que culminó con la expedición del acto demandado: Resolución nro.032, del 2
de febrero de 2023. En esta Resolución se indica que se efectúa un
nombramiento provisional en el referido cargo con fundamento en el literal c, del
artículo 20, de la Ley 1350 de 2009, por un término de 3 meses. Esta norma
establece:
(…)
Respecto de dicha disposición, este TRIBUNAL en sentencia del 19 de
diciembre de 2024, proferida dentro del proceso distinguido con el radicado nro.
50001333300620160040301, M.P. HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO,
expresó:
(...)
Corolario de lo expuesto, la Ley 1350 de 2009 de manera expresa señala
que el nombramiento provisional discrecional debe efectuarse por un
término máximo de 6 meses, al cabo de los cuales la persona nombrada
se encuentra obligada a retirarse del cargo, sin que sea necesaria la
expedición de un acto posterior que así lo disponga y mucho menos que
en el mismo deba consignarse motivaciones en ese sentido.
Esa tesis también ha sido avalada, en sede de tutela, por el CONSEJO DE
ESTADO. La Sección SEGUNDA, Subsección B, en sentencia del 6 de
diciembre de 2021, radicado nro.11001-03-15-000-2021-04265-01, C.P.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS, que, por su explicación detallada del tema en
cuestión, se transcribe in extenso:
(…)
Según el criterio expuesto en la sentencia transcrita, en el caso de los
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES efectuados por la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, el literal c, del artículo 20, de la Ley 1350 de
2009, dispone que no se requiere la expedición de un nuevo acto administrativo
con su debida motivación, en tanto que, en el mismo acto de nombramiento se
fijan los extremos temporales que regirá ese tipo de nombramiento; es decir;
que con apego a la mencionada norma, el NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD se finaliza por el cumplimiento del término por el cual se
hizo la vinculación. En ese sentido, la motivación para la terminación de la
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Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
relación laboral, corresponde exclusivamente a la circunstancia legal dispuesta
en dicha norma.
Es de resaltar que, la postura referida en la sentencia citada ha sido reiterada,
igualmente, en sede de tutela, por el CONSEJO DE ESTADO, en sentencias
posteriores: 1. Sentencia del 8 de septiembre de 2022, Sección QUINTA,
radicado nro. 11001-03-15-000-2022-04412-00, C.P. LUIS ALBERTO
ÁLVAREZ PARRA. 2. Y, sentencia del 19 de abril de 2024, radicado nro. 11001-
03-15-000-2024-01042-00, C.P.JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ.
Hasta por lo aquí visto, se tiene que, la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL cuenta con un régimen especial de carrera administrativa
previsto en la Ley 1350 de 2009, la cual permite la finalización del nombramiento
en provisionalidad por el vencimiento del plazo, sin necesidad de la expedición
de un nuevo acto administrativo que así lo disponga.
Desde que el demandante inició a laborar en el Ente demandado, conoció que
cada nombramiento en provisionalidad era por 3 o 6 meses (en el acto
demandado se dispuso un término de 3 meses), cuyo vencimiento podía
implicar la finalización de la relación laboral, sin que se tuviera que expedir otro
acto administrativo para tal efecto. En estos casos la motivación del retiro, se
debe entender como implícita en el acto de vinculación.
Por tener la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL un régimen
especial de carrera no se rige por la Ley 909 de 2004. Esto lo precisó la Sección
SEGUNDA, Subsección B, en sentencia de tutela del 28 de julio de 2020,
radicado nro. 1100103315000-2019-05310-01, C.P. SANDRA LISSET IBARRA
VÉLEZ:
Por lo mismo, en este momento, no es claro si resulta procedente la aplicación
de las sentencias que ha proferido la CORTE CONSTITUCIONAL sobre el
deber de motivación del acto de terminación del NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD, como es, la SU -917 del 2010, por cuanto su estudió
abarcó un régimen de carrera administrativa diferente al de la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
Por su parte, el CONSEJO DE ESTADO, Sección TERCERA, Subsección A, en
sentencia de tutela del 19 de abril de 2024, radicado nro. 11001-03- 15-000-
2024-01042-00, C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, expresó:
(…)
Si bien, el auto impugnado se basa en la sentencia T- 221 de 2014 de la
CORTE CONSTITUCIONAL, donde se refiere al deber de motivación del acto
de terminación del NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD de una
empleada de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, también
es que, dicha sentencia no tiene la connotación de un precedente judicial, pues
no corresponde a una sentencia de unificación de ese Alto Tribunal, en la que
se hubiera establecido una regla jurisprudencial de obligatorio acatamiento para
todos los casos de similares contornos fácticos.
No se advierte en este asunto, la posibilidad de aplicar lo esgrimido por este
Tribunal en la sentencia de SALA PLENA, de fecha 2 de septiembre de 2021,
proferida dentro del radicado nro. 50001-33-33-004-2014-00296-01, como
quiera que no comparte supuestos de hecho ni de derecho, en tanto que no se
refirió al retiro de empleados de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, cobijados por una Ley especial.
En suma, en esta etapa primigenia del proceso, no se encuentra que el acto
demandado, Resolución nro. 032, del 2 de febrero de 2023, pugne con una
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
norma de orden superior; tampoco que haya desconocido el derecho al DEBIDO
PROCESO del demandante, como quiera que su retiro se dio con ocasión del
plazo establecido en el referido acto que lo nombró EN PROVISIONALIDAD,
por un término de 3 meses, de acuerdo con el régimen especial que lo
gobernaba, contemplado en el literal c, del artículo 20, de la Ley 1350 de 2009.
Para este Juez colegiado, no están dadas las condiciones que prevé el artículo
231 del C.P.A.C.A. para el decreto de la MEDIDA CAUTELAR de
SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la Resolución nro. 032, del 2 de febrero de
2023.
Para terminar, no sobre aclarar que las conclusiones plasmadas en la presente
providencia obedecen a un estudio preliminar que no implica prejuzgamiento;
porque, una vez se agoten las diferentes etapas del proceso y los sujetos
procesales plasmen sus respectivos argumentos de defensa en la etapa
correspondiente, puede llegarse a una conclusión diferente, al momento de
proferir la sentencia que decida, de forma definitiva, el fondo del asunto”.
(subrayado y resaltado de la Sala)
14) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos a
dicha situación, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación por la Registraduría y que fueron resueltos de manera suficiente y
exhaustiva en la providencia de segunda instancia que puso fin al proceso.
15) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
16) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en
esta providencia.
12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04328-00
Actor: Vladimir Martínez Rojas
Acción de tutela
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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