Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01052-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01052-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01052-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: MUNICIPIO DE ICONONZO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
procedencia de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el municipio de Icononzo contra
el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. ElMunicipio de Icononzo solicitó el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de junio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, con el número único
de radicación 73001-33-33-010-2022-00071-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Informó que el señor Sergio Augusto Ayala Silva radicó el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos núm. 73001-33-33-010-2022-
00071-00/01 en contra del Municipio de Icononzo para que se ampararan los
derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres, de que trata el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
literal l)1 del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 2, por la falta de
evaluación de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones indispensables de ese
ente territorial y de atención a la comunidad que se ubican en las zonas de
amenaza sísmica alta e intermedia del municipio de Icononzo – Tolima.
2.2. Adujóque el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Ibagué, autoridad judicial que, mediante sentencia de
7 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Señaló que la parte demandante apeló el fallo de primera instancia y que,
mediante sentencia de 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima
revocó la decisión de primera instancia y dispuso amparar el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente, y le ordenó “[…] al Municipio de
Icononzo -Tolima, iniciar las gestiones necesarias para la evaluación de
vulnerabilidad sísmica de dicho municipio y proceder a la revisión de los inmuebles
donde actualmente funciona[n] […]” algunas de las entidades del ente territorial.
2.4. Refirió que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un defecto sustantivo
por imponerle cargas que no le corresponden al ente territorial, en razón a que no se
probó que los inmuebles ubicados en las zonas con amenaza sísmica fueran de su
propiedad.
2.5. Resaltó que la autoridad judicial accionada basó su decisión en la Ley 400 de 19
de agosto de 19973 y el Decreto 33 de 9 de enero de 19984, normas que no se
encuentran vigentes.
2.6. Señaló que se desconoció que la función del ente territorial en estos casos es la
de control y vigilancia, por lo que no tienen la responsabilidad de adelantar las
gestiones para evaluar la vulnerabilidad sísmica en el territorio municipal.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Se declare que por parte del HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, se ha vulnerado al Municipio de Icononzo,
el derecho fundamental al debido proceso, desconocido por la providencia del
29 de junio de 2023, la cual es objeto de esta tutela, siendo necesario la tutela
de los derechos invocados.
1
“[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con:
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; […]”.
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes”.
4
“Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-98”.
3
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Accionante: Municipio de Icononzo
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, SALA DE
DECISIÓN, DEJAR SIN EFECTO EL FALLO PROFERIDO Y EN SU
DEFECTO, proferir una nueva decisión en remplazo de la del 29 de junio de
2023, y contrario a ello, se confirme la sentencia del 7 de diciembre del año
2022, proferida por el Juzgado Séptimo [sic] Administrativo del Circuito de
Ibagué.
Ó en su defecto se disponga [sic] las medidas que el juez de tutela considere
necesarias en aras de proteger los derechos vulnerados […]”. [Negrilla
original del texto y mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 7 de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Tolima. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés en el resultado
del proceso al señor Sergio Augusto Ayala Silva y al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Ibagué.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juez Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué señaló que se atiene
a lo que sea probado y resuelto en el trámite de la presente acción de tutela, pese
a que considera que la parte demandante no probó que las “[…] edificaciones del
Municipio generaban un peligro real para los derechos colectivos que se
demandan […]”.
5.2. Finalmente,solicitó que, por haber seguido las instrucciones dada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, se le desvinculara del presente trámite
constitucional.
5.3. El
Tribunal Administrativo del Tolima mencionó, a través del magistrado
ponente de la decisión objeto de la presente tutela, que el Municipio de Icononzo
afectó el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente, consagrado en el literal l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
5.4. Igualmente,señaló que en el presente caso no se cumplió con el requisito
general de procedibilidad de la inmediatez, “[…] pues la tutela fue presentada tras
un tiempo que no resulta razonable desde la fecha en que se profirió la
providencia judicial que generó la vulneración del derecho fundamental […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
5.5. Por último, resaltó que se respetó el derecho al debido proceso de la parte
accionante, y que se le brindaron todas las garantías formales y materiales del
artículo 29 de la Constitución Política.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20217, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20198.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Ibagué.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20069, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
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Accionante: Municipio de Icononzo
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto]
9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Juez Décimo Administrativo del
Circuito de Ibagué profirió la decisión de primera instancia, dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Sala considera
que a esta autoridad judicial sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a
esta acción constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de
desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo.
11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en
dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. ElMunicipio de Icononzo solicitó el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de junio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, con el número único
de radicación 73001-33-33-010-2022-00071-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de inmediatez.
VI.5.1. De incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
21. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración14. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos
[…]”15.
22. Al respecto, la jurisprudencia constitucional16, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica
generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar
14
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
15
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”17. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del texto]
23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado
como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional
[…]”18. [Negrilla fuera del texto]
24. La jurisprudencia constitucional19 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular20, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
17
Ibidem.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Sentencia T-584 de 2011.
20
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”21.
25. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, esto es, el 10 de julio de 2023.
Ello en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener
que el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la
providencia objeto de la acción de tutela.
26. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente poner de relieve
que: (i) el fallo que motivó la interposición de la presente acción de tutela fue
notificado por correo electrónico enviado el 6 de julio de 202322 y (ii) que la
presente solicitud de amparo se radicó a través de la plataforma habilitada en la
página web de la Rama Judicial “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en
Línea”, el día 1.º de marzo de 202423.
27. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 1.º de
marzo de 2024, para la Sala es claro que la misma se ejerció por fuera de los 6
meses, término fijado tanto por esta Corporación como por la Corte
Constitucional.
28. Por último, y si bien el accionante manifiesta que “[…] este gobierno inicio
funciones el pasado 01 de Enero de 2024 y fue tan solo en la revisión de cada
expediente judicial y del estudio de cada uno de ello, que se pudo avizorar la
presunta vulneración a derechos fundamentales, como se indicara en el acápite
respectivo de la presente acción […]”, lo expuesto no está señalado entre las
causales mencionadas por la Corte Constitucional para flexibilizar la aplicación del
requisito de inmediatez.
29. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
dictada por la Corte Constitucional.
21
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
22
Índice 00012 de SAMAI, correo electrónico, radicado núm. 73001-33-33-010-2022-00071-00/01.
23
Índice 00002 de SAMAI, “DemandaWeb_Demanda”, radicado núm. 73001-33-33-010-2022-00071-00.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01052-00
Accionante: Municipio de Icononzo
30. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de
procedencia de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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