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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01052-01

Fecha
26 de junio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01052-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada proferida el 25 de abril de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 21 Corte Constitucional. Sentencia SU - 449 de 22 de agosto de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 22 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 23 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-01052-01 Demandante: Municipio de Icononzo - Tolima 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01052-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01052-01
Demandante: Municipio de Icononzo - Tolima

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-01052-01
Demandante MUNICIPIO DE ICONONZO - TOLIMA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo. Medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos. Requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: la
inmediatez.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Municipio de Icononzo - Tolima, a
través de su alcalde municipal, contra la sentencia del 25 de abril de 2024, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Ibagué, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de marzo de 20241, el Municipio de Icononzo - Tolima, a través de su alcalde
municipal el señor Hugo Nelson Jiménez Quinche, interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, con lo decidido en la sentencia de segunda instancia
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Nro. 73001-33-31-010-2022-00071-012. En consecuencia, presentó las siguientes
pretensiones:
“[…] PRIMERO: Se declare que por parte del HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA, se ha vulnerado al Municipio de Icononzo, el derecho fundamental al debido
proceso, desconocido por la providencia del 29 de junio de 2023, la cual es objeto de esta
tutela, siendo necesario la tutela de los derechos invocados.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, SALA DE DECISIÓN, DEJAR SIN EFECTO EL FALLO
PROFERIDO Y EN SU DEFECTO, proferir una nueva decisión en remplazo de la del 29 de

1 Samai, índice 2 y 3. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
2 Para efectos de realizar la consulta de este proceso en Samai, el número de radicación es: 73001-33-33-
010-2022-00071-00/01.
1

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Demandante: Municipio de Icononzo - Tolima

junio de 2023, y contrario a ello, se confirme la sentencia del 7 de diciembre del año 2022,
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué.
O en su defecto se disponga las medidas que el juez de tutela considere necesarias en aras
de proteger los derechos vulnerados.” (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Sergio Augusto Ayala Silva radicó una acción popular contra el
Municipio de Icononzo – Tolima, con la finalidad de que se protegieran los
derechos e intereses colectivos consagrados en el literal L del artículo 4 de la
Ley 472 de 1998, puntualmente la seguridad y la prevención de desastres
previsibles técnicamente, en razón a la falta de evaluación de vulnerabilidad
sísmica de las edificaciones de atención a la comunidad que se encuentran en
zona de amenaza sísmica alta e intermedia del municipio.

2.2. La mencionada demanda fue radicada bajo el Nro. 73001-33-31-010-2022-
00071-00 y repartida en primera instancia al Juzgado Décimo Administrativo
de Ibagué, quien en sentencia del 7 de diciembre de 2022 negó las
pretensiones planteadas. Decisión que fue apelada.

2.3. En segunda instancia le correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal
Administrativo del Tolima el cual, con sentencia del 29 de junio de 2023, revocó
la sentencia de primera instancia y dispuso amparar los derechos colectivos
invocados y ordenó al municipio iniciar las gestiones necesarias para la
evaluación de vulnerabilidad sísmica de dicho municipio en un término de un
año contado a partir de la ejecutoria del fallo. En los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: AMPARESE el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente, consagrado en el literal l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, deprecado por
el señor SERGIO AUGUSTO AYALA SILVA.
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Icononzo -Tolima, iniciar las gestiones necesarias
para la evaluación de vulnerabilidad sísmica de dicho municipio y proceder a la revisión de los
inmuebles donde actualmente funciona el Hospital local Sumapaz nivel 1, Estación de Policía
de Icononzo, Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes sede 2 Lamberto
Muermas, Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes Sede 3 El Santuario,
Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes Sede 5 El Páramo, Institución
Educativa La Fila Sede Principal, Institución Educativa La Fila Sede La Georgina, Institución
Educativa La Fila Sede La Laja, Institución Educativa La Fila Sede Balconcitos, Institución
Educativa La Fila Sede La Esperanza, Institución Educativa La Fila Sede Mundo Nuevo,
Institución Educativa Normal Superior, Institución Educativa Normal Superior Sede Dos
quebradas, Institución educativa Normal superior sede San José de Guatimbol, Institución
educativa Normal superior sede El Mesón, Institución Educativa Normal superior sede El
Chaparro, Institución Educativa Normal Superior sede Basconta, Institución educativa Normal
superior sede Portachuelo, Institución Educativa Normal Superior sede Parroquia Vieja,
Institución Educativa Normal Superior Sede Alto de Icononzo, Escuela urbana de niñas
Gabriela Mistral, Institución educativa Francisco Sáenz sede principal, Institución Educativa
Francisco Sáenz sede Cafería, Institución Educativa Francisco Sáenz sede Yopal, Institución
educativa Francisco Sáenz sede La Maravilla, Institución Educativa Hoya Grande, Institución
educativa El Triunfo sede principal, Institución Educativa El Triunfo sede Guamitos, Institución
Educativa El Triunfo sede Paramito y la Institución Educativa El Triunfo sede Pie de Cuesta,
siguiendo los parámetros y criterios de reforzamiento estructural en condiciones de sismo
resistencia, para llevarlos a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación
nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la Ley 400/97 y decreto 33 de
1998, de acuerdo con sus obligaciones y presupuesto en un plazo máximo de un (1) año
contado a partir de la ejecutoria de este fallo. […]”

2

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que este asunto cumple los requisitos generales de
procedibilidad establecidos por la jurisprudencia para presentar acción de tutela
contra providencia judicial. Precisó frente al requisito de la inmediatez que:
“[…] Frente a este topico habrá que indicarse que si bien es cierto, la sentencia data del
veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2.023), este gobierno inicio funciones el pasado
01 de Enero de 2024 y fue tan solo en la revisión de cada expediente judicial y del estudio de
cada uno de ello, que se pudo avizorar la presunta vulneración a derechos fundamentales,
como se indicara en el acápite respectivo de la presente acción. […]” (Sic a toda la cita)

Luego, indicó que la providencia del 29 de junio de 2023 incurrió en un defecto
sustantivo, pues el Tribunal desbordó la interpretación de las normas en las que
sustentó la decisión. Afirmó, que se le impuso al municipio la carga de efectuar
estudios de sismo resistencia, evaluando la vulnerabilidad sísmica y para proceder
con la revisión de los inmuebles (que no son de su propiedad), sin tener en cuenta que
esa normatividad señala que el sujeto responsable de esa tarea es el propietario y
que la competencia de los entes territoriales es únicamente de control y vigilancia,
como lo indica el artículo 2 de la Ley 400 de 1997 (antes el Decreto Ley 1400 de 1984).

También manifestó que el Decreto 33 de 1998 fue derogado por el artículo 3 del
decreto 926 de 2010, por lo que el Tribunal erró al utilizar esta normatividad como
sustento jurídico de la sentencia, cuando indicó: “En virtud de lo anterior, es claro que la
entidad demandada no ha dado cumplimiento a la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la
Ley 1229 de 2008, en concordancia con el artículo A.2.5.1.2 del Decreto 33 de 1998 – NSR-98, lo
cual ha vulnerado el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente
consagrado en el literal l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998. […]”.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto del 7 de marzo de 20243, el despacho del magistrado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes admitió la acción de tutela presentada por el
Municipio de Icononzo contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

En la misma providencia se vinculó en calidad de terceros con interés al señor
Sergio Augusto Ayala Silva y al Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué y
se dispuso que este último remitiera copia del expediente ordinario Nro. 73001-
33-33-010-2022-00071-00, y dispuso notificar a las partes.

4.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué4, rindió
informe en el que manifestó que se atiene a lo que resulte probado en esta
acción constitucional, pues en su momento consideró que el demandante no
probó qué edificaciones del Municipio generaban un peligro real para los
derechos colectivos, sin embargo, el Tribunal revocó esta decisión al
considerar que el Municipio se encontraba en una zona de amenaza sísmica
intermedia, ordenándose evaluar la vulnerabilidad. Finalmente, solicitó su
desvinculación de este trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima5 realizó un breve recuento de los
fundamentos dados en la sentencia de primera y segunda instancia en el

3 Samai, índice 6. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
4 Samai, índice 10, 11 y 17. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
5 Samai, índice 12. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
3

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medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Nro.
73001-33-31-010-2022-00071-01.

Frente al requisito de inmediatez mencionó que, la acción de tutela no tiene
término de caducidad, sin embargo, su accionar no es indefinido y debe ser
ejercido en un tiempo razonable. Recordó el fallo del 5 de agosto de 2014,
dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, en virtud del cual se
estableció un término de 6 meses para interponer la acción de tutela contra
providencias judiciales. Respecto de la acción de tutela de la referencia señaló
que la parte accionante no manifestó los motivos de su inactividad, lo que
desvirtuó el posible perjuicio irremediable, concluyendo que no se satisface el
requisito de inmediatez.

Señaló que no es posible cuestionar la sentencia de segunda instancia porque
en este caso no se da una ruptura abierta y grosera del ordenamiento jurídico,
en razón a que la fundamentación de esta decisión no es del mero capricho
del juez, igualmente mencionó la autonomía que se tiene para dictar
providencias y recordó los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial.

4.4. El señor Sergio Augusto Ayala Silva6 guardó silencio a pesar de haber sido
notificado en debida forma.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 25 de abril de 2024 7,
declaró improcedente la acción de tutela al no encontrar acreditado el presupuesto
general de la inmediatez.

Señaló que, para poder estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura el
defecto especial, la Sala debía determinar primero si se superaban los requisitos
generales de procedencia. Para ello realizó un análisis sobre el requisito de la
inmediatez, en donde precisó que la Sala Plena del Consejo de Estado mediante
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de 6 meses, contados a partir de
la notificación de la decisión judicial objeto de tutela y añadió que frente a la
aplicación del requisito de la inmediatez la Corte Constitucional ha establecido las
siguientes excepciones:
“La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio
entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”.

Respecto del caso concreto dijo que para verificar si se satisfacía el requisito
general de procedibilidad de la inmediatez se debe tener en cuenta la fecha de
notificación de la providencia cuestionada, esto es el 6 de julio de 2023 y que la

6 Samai, índice 15. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
7 Samai, índice 19. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
4

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presente solicitud de amparo se radicó el 1° de marzo de 2024, a través de la página
web de la Rama Judicial, por lo que se ejerció luego de superados los 6 meses.

A su vez señaló que, si bien la parte actora dijo que esa entidad territorial inició sus
funciones el 1° de enero de 2024, esta justificación no se encuentra señalada entre
las causales mencionadas por la Corte Constitucional para flexibilizar el requisito de
la inmediatez, por lo que declaró improcedente esta acción y negó la solicitud de
desvinculación del Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué.

6. Impugnación

6.1. Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
Municipio de Icononzo impugnó8 el fallo de primera instancia, solicitando que
fuera revocado por las siguientes razones:

Frente al presupuesto de la inmediatez, señaló que la Corte Constitucional ha
establecido que no existe caducidad en la acción de tutela, como se indicó en
la sentencia C-543 de 1992. Dijo que, si bien esta acción no se puede
presentar en cualquier momento, si debe ser interpuesta en un plazo
prudencial o razonable, como ocurre en este caso.

Puntualizó que si bien este amparo “no se presentó dentro del plazo de los seis (6)
meses contados a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia de la
acción popular en comentó”, no había pasado ni siquiera un año desde la adopción
de la decisión, término que a su juicio resulta razonable, teniendo en cuenta
que el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué sólo hasta el 3 de octubre de
2023 emitió el auto de “obedézcase y cúmplase”, fecha que debe tenerse en
cuenta para contar la firmeza y ejecutoria. Por lo que desde el 3 de octubre de
2023 hasta el 1° de marzo del 2024 no transcurrió más de 6 meses.

Insistió en que la acción de la referencia fue radicada en un término prudente
respecto del hecho que causa la vulneración del derecho fundamental
invocado, y que debe analizarse subjetivamente las circunstancias del caso.

Por lo que, no es un hecho menor que el alcalde municipal hubiera asumido el
cargo hasta el 1 de enero del 2024, situación que configura fuerza mayor, pues
antes de esa fecha no tenía capacidad para representar al municipio y luego
de su posesión, no conocía el estado de los procesos judiciales, sino hasta
dos meses después que tuvo claridad de las consecuencias del fallo dictado
por el Tribunal Administrativo del Tolima. Al respecto citó varias providencias
judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para sustentar la
idea de que el término de la inmediatez debe evaluarse en cada caso concreto.

Finalmente, reiteró los argumentos planteados en el escrito de tutela según los
cuales, el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se sustentó en normas
que no se encontraban vigentes y en la desbordada interpretación normativa
que le impuso al municipio efectuar estudios de sismo resistencia, cuando su
única función era de control y vigilancia.

6.2. En auto del 20 de mayo de 2024, el ponente de primera instancia concedió la
impugnación interpuesta por la parte accionante.

8 Samai, índice 23, 25 y 26. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-01052-00.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19919, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional12 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos planteados en el escrito de impugnación y por
tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción por considerar que esta no superaba los requisitos
generales de procedencia, específicamente el de la inmediatez.

9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6

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De superar dicho análisis, la Sala determinará si el Tribunal Administrativo del
Tolima al proferir la sentencia del 29 de junio de 2023, en el trámite de segunda
instancia dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos Nro. 73001-33-31-010-2022-00071-01 incurrió en el defecto sustantivo que
argumentó la parte accionante.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Análisis del caso concreto.

4.1. La parte actora planteó que sólo hasta el 3 de octubre de 2023 el Juzgado
Décimo Administrativo de Ibagué emitió el auto de “obedézcase y cúmplase”
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos Nro. 73001-33-31-010-2022-00071-01, fecha que debe tenerse en
cuenta para contar la firmeza y ejecutoria, pues entre el 3 de octubre de 2023
y el 1 de marzo del 2024, fecha en la que se radicó esta tutela, no había
transcurrió más de 6 meses.

De otra parte insistió en que la acción de la referencia fue radicada en un
término prudente, pues no es un hecho menor que el alcalde municipal hubiera
asumido el cargo hasta el 1 de enero del 2024, situación que configura fuerza
mayor, dado que antes de esa fecha no tenía capacidad para representar al
municipio y luego de su posesión, no conocía el estado de los procesos
judiciales, sino hasta dos meses después que tuvo claridad de las
consecuencias del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Tolima y
procedió a presentar la acción de tutela.

Argumentos que expuso, con la finalidad de demostrar que supera el requisito
general de la inmediatez, para que el juez constitucional pudiera pasar a
realizar el estudio del defecto específico que planteó en el escrito de amparo.

4.2. Al respecto, se debe indicar que la inmediatez es un presupuesto procesal
que el juez debe examinar, antes de pasar al estudio de las causales
específicas de tutela contra providencia judicial, con el fin de determinar si la
demanda se ha presentado de manera oportuna. En todo caso, no es un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela. Es más
bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional13 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe
existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la
demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías
constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad
jurídica y de los derechos de los terceros afectados14.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 22 de febrero de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular
en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
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En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado15 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para
que el interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional16.

Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta
el término de seis meses, se debe analizar también: “(…) (i) si existe un motivo válido
para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después
de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.”.

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la
luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término
razonable”17.

Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte
Constitucional brindó cinco criterios: i) la situación personal del peticionario;
ii) si la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii)
la naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y v) los efectos de la tutela.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para
la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho
a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad”18.

4.3. En este sentido, se considera que la acción de tutela no cuenta con un término
de caducidad, sino que se habla de un término razonable entre la ocurrencia
de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor
y la presentación de la demanda. Criterio que como se mencionó ha sido
aceptado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

15 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
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Demandante: Municipio de Icononzo - Tolima

Se debe precisar que, en este caso el amparo solicitado gira en torno a una
acción de tutela contra providencia judicial, específicamente un fallo de
segunda instancia dentro de una acción popular, lo que implica que, tal como
lo ha establecido la jurisprudencia se deba cumplir de forma estricta los
requisitos generales y especiales. En primera medida el accionante debe
acreditar los requisitos generales, pues de no ser así, no se da paso al estudio
del requisito especial que se planteó en el escrito de tutela.
4.4. Ahora bien, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de
tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de la acción por
considerar que esta no superaba los requisitos generales de procedencia,
específicamente el de la inmediatez.
El Municipio de Icononzo (Tolima) cuestiona la sentencia del 29 de junio de
2023, dictada en el trámite de segunda instancia dentro del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos Nro. 73001-33-31-010-
2022-00071-01, en la cual se revocó la sentencia de primera instancia, se
dispuso a amparar los derechos colectivos invocados y se ordenó al municipio
iniciar las gestiones necesarias para la evaluación de vulnerabilidad sísmica
en un término de un año contado a partir de la ejecutoria del fallo.
De la revisión del expediente en Samai del Tribunal Administrativo del
Tolima19, es posible advertir que la sentencia del 29 de junio de 2023 fue
notificada personalmente por la Secretaría del Tribunal, remitiendo a los
correos electrónicos de notificación de las partes la correspondiente decisión
y un mensaje que decía: “DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 203 DEL CPACA Y ARTÍCULO 52 DE LA LEY 2080 DE 2021, ME PERMITO
NOTIFICAR LA SENTENCIA PROFERIDA EL 29 DE JUNIO DE 2023, DENTRO DEL MEDIO
DE CONTROL CITADO EN LA REFERENCIA.-[…]”20.

A su vez, esa Secretaría expidió el 14 de julio de 2023 la constancia de
ejecutoria de la sentencia, en la que precisó que esa providencia judicial fue
notificada mediante correo electrónico el 6 de julio de 2023, notificación que
se entendió surtida el 10 de julio de esa misma anualidad, así:

Esto quiere decir que el plazo razonable para la interposición de esta acción
de tutela, como lo mencionó la Sección Primera del Consejo de Estado, iba
hasta el 11 de enero de 2024 (plazo que no se vio afectado por la vacancia judicial),
teniendo en cuenta que el término de los seis meses debía iniciar a
contabilizarse a partir del 11 de julio de 2023 y finalizaba el 11 de enero de
2024.
19 Para efectos de realizar la consulta de este proceso en Samai, el número de radicación es: 73001-33-33-
010-2022-00071-01.
20 Samai, índice 12. Expediente Nro. 73001-33-33-010-2022-00071-01.
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Como la acción de tutela se radicó hasta el 1° de marzo de 2024, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 7 meses y 20 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.
4.5. En este punto es pertinente resolver el argumento según el cual el término de
los 6 meses debía contabilizarse desde el 3 de octubre de 2023, fecha en la
cual el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué dictó el auto de “Obedézcase
y cúmplase”.

Se precisa que la inmediatez no puede contarse desde la notificación del
mencionado auto, porque el plazo razonable de interposición de la acción de
tutela contra providencias judiciales se computa desde el momento en que se
notifica la providencia acusada, ya que es cuando se adquiere conocimiento
del escenario de vulneración iusfundamental.
De manera que el auto de obedézcase y cúmplase y demás actuaciones que
puedan materializarse con posterioridad a la providencia acusada, en principio,
no constituyen parámetro para establecer la razonabilidad del plazo, conforme
con la jurisprudencia constitucional referida en acápite anterior.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción. Lo que no aconteció en el presente asunto.
4.6. Ahora bien, esta Sala está de acuerdo con el análisis realizado por la Sección
Primera al verificar si existía alguna condición especial que pudiera flexibilizar
el requisito de la inmediatez, pues si bien el actual alcalde municipal de
Icononzo (Tolima), el señor Hugo Nelson Jiménez Quinche, manifestó que esta
acción de tutela se radicó en un término prudencial al ser inferior a un año y
debía tenerse en cuenta que él asumió el cargo el 1° de enero del 2024,
situación que en su concepto configura fuerza mayor, ya que para ese
momento no conocía el estado actual de los procesos.
Lo cierto es que, no se justificó la razón por la cual quien se desempeñó como
alcalde del Municipio de Icononzo (Tolima) para el año 2023 (junto con sus
correspondientes asesores entre ellos los jurídicos) no interpusieron la acción de
tutela contra providencia judicial si consideraron que la sentencia de segunda
instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima incurría en algún
defecto especial, pues tuvieron más de cuatro meses para haberla
cuestionado.
A su vez, tampoco se justificó que sucedió con el empalme de quien asumía
la defensa jurídica del municipio, pues se tuvieron 11 días, que coincidieron
con la vacancia judicial, para realizar el estudio de los procesos en los cuales
es parte el municipio, más aún cuando ya se dictaron sentencias de segunda
instancia, procesos dentro de los cuales se encontraba el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos Nro. 73001-33-31-010-2022-
00071-01.

Asimismo, no se configura fuerza mayor, pues si bien el artículo 64 del Código
Civil establece como fuerza mayor o caso fortuito el “imprevisto o que no es posible
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resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”, y la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo ha diferenciado ambos términos definiendo la
fuerza mayor como “[...] una causa extraña y externa al hecho demandado, es un hecho
irresistible e imprevisible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el
daño [...]”21, lo cierto es que, en el caso en cuestión las situaciones sí eran
previsibles, pues al advertir la existencia de un defecto especial en la sentencia
de segunda instancia se debía tener en cuenta que el término de inmediatez
para presentar la acción de tutela era de 6 meses22, así como para el momento
en el cual el actual alcalde se posesionó debía conocer las atribuciones
establecidas en el artículo 315 de la Constitución Política, especialmente el
numeral tercero que consagra el deber de representar judicial y
extrajudicialmente al municipio.
Ahora bien, esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito
suficiente para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado
que pueden existir situaciones que justifican la inacción de la parte
demandante. Sin embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena
del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional23 no se encuentra
acreditada en este caso una situación que justifique la interposición de la
acción de tutela luego de la pauta de los seis meses.
De manera que, el Municipio de Icononzo debió acudir a la acción de tutela
dentro de un plazo razonable contabilizado desde la notificación del fallo de
segunda instancia del 29 de junio de 2023, de considerar que le ocasionaba
un perjuicio y que vulneraba derechos de rango fundamental.
5. Conclusión
Por lo anterior, esta Sala confirmará la decisión impugnada, proferida el 25 de abril
de 2024, por la Sección Primera del Consejo de Estado, que dispuso declarar
improcedente la acción de tutela interpuesta por el Municipio de Icononzo, al
considerar que no cumplió a cabalidad con los requisitos generales de procedencia
de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, concretamente el
de la inmediatez.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada proferida el 25 de abril de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

21 Corte Constitucional. Sentencia SU - 449 de 22 de agosto de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
23 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Demandante: Municipio de Icononzo - Tolima

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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