Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01106-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01106-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01106-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
4 de abril de 2024
Demandante: Rodrigo Caamaño Gonzáles
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01106-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01106-00
Demandante: RODRIGO CAAMAÑO GONZÁLES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Derecho a la igualdad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Rodrigo Caamaño Gonzáles, a través de apoderado judicial, el 6 de marzo de
2024, presentó acción de tutela con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la cosa juzgada e inmutabilidad de
las sentencias.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A al proferir las providencias de 3 de agosto de
2023 y 30 de noviembre de 2023, por medio de las cuales resolvió: (i) rechazar el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora y (ii) negar la solicitud de
aclaración y corrección frente al auto del 3 de agosto de 2023, respectivamente, al
interior del proceso ejecutivo que adelantó contra el Distrito Capital – Secretaría
Distrital de Gobierno - Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá
identificado con el radicado 25000-23-42-000-2020-00996-01.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
Primero: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos
Constitucionales fundamentales, denominados: DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, INMUTABILZDAD DE LAS
SENTENCIAS, principios Constitucionales del artículo 53 de la Carta Política, en
especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores, remuneración mínima vital y
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Demandante: Rodrigo Caamaño Gonzáles
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01106-00
móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo: irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; así como el derecho
al acceso a la administración de justicia conforme al artículo 229 de la Constitución
Política.
Segunda: Que el H. Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la providencia
de segunda instancia proferida por la Subsección "A" de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, de fecha 23 de agosto de 2023 y notificada electrónicamente a las partes el
día 13 de octubre de 2023, dentro del expediente 25000 23 42000 2020 00 996 01 (5368-
2022), Proceso ejecutivo laboral siendo demandante RODRIGO CAAMAÑO
GONZALES demandado DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición,
aclaración y corrección el 17 de octubre de 2023, la cual fue negada mediante
providencia proferida el 30 de noviembre de 2023 y notificada el 18 de diciembre de
2023, por tanto se solicita se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva providencia
donde se resuelva de fondo el recurso de apelación respecto a que la entidad legitimada
por pasiva en el proceso ejecutivo laboral es SECRETARIA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ, ante la reforma administrativa del Distrito
Capital conforme con el Acuerdo Distrital 637 de 2016 y el artículo 32 del Decreto Distrital
de 413 de 2016, donde se determinó que la Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo
de Mujeres de Bogotá fue suprimida como dependencia de la Secretaria de Gobierno
Distrital y adscrita a partir del 1 de octubre de 2016 y el personal de empleados públicos
fueron trasladados a la SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA,
sin solución de continuidad, en el presente caso esta plenamente probado que la
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá profirió dos actos
administrativos de cumplimiento parcial de la sentencias de recaudo favorables al señor
RODRIGO CAAMAÑO GONZALES, en el recurso de apelación contra la providencia del
H. Tribunal donde se profirió el mandamiento de pago contra "Distrito Capital Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres“, se dejó en claro la existencia de la reforma
administrativa y la pérdida de competencia respecto a los procesos de acción de nulidad
y restablecimiento del derecho y los procesos ejecutivos por tiempos laborados hasta el
año 2014 de parte de la Secretaria de Gobierno Distrital y que la única entidad Distrital
legitimada para actuar como demandada es la SECRETARIA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA a partir del 30 de septiembre de 2016, desafortunadamente
el H. Consejero Ponente que conoció por reparto el recurso de apelación NO ANALIZO
LA REALIDAD PROCESAL en relación con la formalidad y dispuso rechazar por
improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el
auto de 29 de abril de 2022, sin tener en cuenta que la DIRECCION CARCEL DISTRITAL
DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ, conforme con el Acuerdo Distrital
637 de 2016 y el Decreto 416 de 2016 es una dependencia de la SECRETARIA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, por ende la SECRETARIA DE GOBIERNO
a partir del 1 de octubre de 2016 NO TIENE COMPETENCIA PARA HACERSE PARTE
EN PROCESOS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA DIRECCION CARCEL
DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES, conllevando ese error que al
momento de ser notificada de este mandamiento de pago excepcione con la falta de
legitimación por pasiva y la indebida representación, que puede llevar a una sentencia
inhibitoria del proceso ejecutivo laboral impetrado por el señor CAAMAÑO GONZALES.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con mayúsculas sostenidas, negrillas y posibles
errores.
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1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
en Descongestión, en sentencia de 21 de agosto de 2012, dictada dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el señor Rodrigo Caamaño
Gonzáles contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Gobierno - Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, declaró de oficio la excepción de inepta
demanda y se inhibió para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones deprecadas.
1.3.2. La Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de 17
de septiembre de 2015, al desatar el recurso de apelación presentado por la parte
demandante, revocó la providencia de primer grado y en su lugar accedió parcialmente
a las súplicas alegadas.
1.3.3. El 14 de diciembre de 2015, el tutelante radicó ante la Secretaría Distrital de
Gobierno el pago de la condena antes señalada, para lo cual dicha entidad expidió la
Resolución N.° 0877 de 20 de septiembre de 2016, en la cual se ordenó cumplir la
providencia de 17 de septiembre de 2015, de la Subsección B, de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
1.3.4. Inconforme con lo decidido por la secretaría antes mencionada, el señor
Caamaño Gonzáles presentó demanda ejecutiva, para lo cual aportó como título base
de recaudo el proveído condenatorio referido en el párrafo anterior, de la cual conoció
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad judicial que el 29 de abril de 2022, libró el respectivo mandamiento de pago
contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Gobierno.
1.3.5. Contra la anterior decisión el demandante elevó solicitud de aclaración,
corrección y adición, con el propósito que se tuviera como parte ejecutada a la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como sucesora de la
Secretaría Distrital de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos
Distritales 413 y 637 de 2016.
1.3.6. Con auto de 27 de mayo de 2022, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó la anterior petición, para lo cual señaló
que, en la sentencia base de recaudo se condenó al Distrito Capital – Secretaría
Distrital de Gobierno - Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá.
Asimismo, que quien expidió el acto con el cual se acató el referido fallo fue la
secretaria en mención, entidad que además dio respuesta a los requerimientos previos
a librarse el apremió de pago.
De igual forma, advirtió que con claridad se determinó que la entidad obligada a
reconocer y pagar las sumas adeudadas era el Distrito Capital a través de la Secretaría
Distrital de Gobierno, pues, quien ostentaba la personería jurídica era precisamente el
ente territorial no así las secretarías de Gobierno ni de Seguridad, Convivencia y
Justicia, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2016, sumado
a que no se acreditaban los supuestos de la figura jurídica de la sucesión procesal
prevista en el artículo 68 de la Ley 1564 de 2012.
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1.3.7. El actor impetró recurso de alzada contra el mandamiento de pago de 29 de abril
de 2022, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, corporación que mediante providencia de 3 de agosto de 2023, lo rechazó
por improcedente, comoquiera que la situación alegada no se ajustaba a ninguna de
las hipótesis previstas en el artículo 438 del Código General del Proceso que habilitan
su interposición.
1.3.8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en proveído de
30 de noviembre de 2023, denegó la solicitud de aclaración, corrección y adición del
auto de 3 de agosto de 2023, que planteaba que debía tenerse como parte ejecutada
a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y no a la Secretaría
Distrital de Gobierno.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada en el auto de 3 de agosto de
2023, realizó un análisis del caso desde el punto de vista formal, sin hacer un estudio
de fondo sobre la situación planteada en el recurso de apelación contra la decisión de
librar mandamiento de pago, pues, estaba acreditado en el proceso que la Secretaría
Distrital de Gobierno expidió un acto de ejecución o cumplimiento de la sentencia base
de recaudo y, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de
pago contra el «Distrito Capital – Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de
Bogotá», entidad que se encuentra adscrita a la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, luego la entidad que debía conformar la parte ejecutada era
esta última.
Indicó que era claro que en el presente caso la sucesora procesal de la Secretaría
Distrital de Gobierno era la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
ante la transformación administrativa de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de
Mujeres de Bogotá, que fue adscrita a dicha dependencia por el Concejo de Bogotá
mediante el Acuerdo 637 de 2016.
Advirtió que la tutela era procedente, pues, en un caso análogo2, en el que también se
había solicitado la adición, aclaración y corrección de la orden pago, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver la segunda instancia contra
la decisión que libró mandamiento de pago contra el Distrito Capital - Cárcel Distrital
de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, advirtió que la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, era la entidad legitimada por pasiva para concurrir
al proceso.
Reiteró que, en la solicitud de aclaración, corrección y adición que presentó de la
providencia de 3 de agosto de 2023, resaltó la procedencia del recurso de apelación
ante el evidente error del juez a quo de librar mandamiento contra el mencionado
establecimiento carcelario, cuando lo correcto es contra la Secretaría Distrital de
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 17 de noviembre de 2022, expediente
25000-23-42-000-2018-02090-01 (3390-2022), M.P. César Palomino Cortés.
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Seguridad, Convivencia y Justicia, de conformidad con los Acuerdos Distritales 637 de
2016 y 639 de 2006, modificado por los Decretos 413 de 2010 y 2080 de 2011.
Aseveró que, en el auto de 30 de noviembre de 2023, la autoridad judicial accionada
negó de plano la petición de aclaración, corrección y adición, con lo cual afectó los
derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y
la favorabilidad laboral, pues, al momento de notificarse a la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres de Bogotá, se presentaría la posible nulidad por indebida
representación.
Asimismo, en un acápite quedenominó «JURISPRUDENCIA HORIZONTAL
DESCONOCIDA DE PLANO POR SALA ACCIONADA», realizó una pequeña
transcripción de dos providencias de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dictadas en un proceso ejecutivo y en un ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho3, pero sin realizar ningún análisis en relación con su caso.
Finalmente, después de transcribir parcialmente la parte resolutiva de varios fallos de
tutela, alegó que se encontraba probada la procedencia del mecanismo de amparo y
el derecho que le asistía ante la situación de indefensión en que se encontraba, ante
el desconocimiento por parte de la autoridad judicial accionada de las normas legales
aplicables al caso «Acuerdo Distrital 637 de 2016 en concordancia con el artículo 120
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, y en especial del artículo 32 del Decreto 413 de
2016».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 11 de marzo de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y a la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de accionada, y le otorgó el
término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E [autoridad judicial que conoció en primera instancia
el proceso ejecutivo] y al Distrito Capital – Secretaría de Gobierno – Dirección Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá [parte demandada en el proceso
ejecutivo], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción,
dentro de la misma oportunidad concedida a la parte demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con
el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió a las
autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictaron las providencias censuradas.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 17 de noviembre de 2022, expediente
25000-23-42-000-2018-02090-01 (3390-2022), M.P. César Palomino Cortes y sentencia de 13 de
febrero de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-05816-01 (2590-2016), M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
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Finalmente, reconoció al abogado Jairo Sarmiento Patarroyo, como apoderado del
tutelante.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en el índice 9 del
expediente electrónico cargado en el aplicativo Samai del Consejo de Estado, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Mediante correo de 14 de marzo de 2024, el magistrado encargado del despacho
ponente de la decisión cuestionada solicitó que se deniegue la tutela, comoquiera que
no se presentó ninguna vulneración a los derechos fundamentales del tutelante, ya
que el rechazó del recurso de apelación que impetró contra el auto que libró el
mandamiento de pago, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 438 del Código General
del Proceso, en concordancia con los artículos 243, parágrafo 2.°, modificado por la
Ley 2080 de 2021 y 306 de la Ley 1437 de 2011.
1.6.2. Distrito Capital – Secretaría Distrital de Gobierno
Con escrito remitido por correo de 18 de marzo de 2024, la referida entidad pidió que
se declare improcedente la solicitud de amparo ante la inexistencia de una trasgresión
a alguna garantía superior de la parte demandante, así como que se le desvincule del
presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene
ninguna injerencia en relación con las decisiones adoptadas por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso respectivo proceso ejecutivo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Rodrigo Caamaño Gonzáles, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En su intervención la Secretaría Distrital de Gobierno solicitó su desvinculación del
presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala negará dicha petición, comoquiera que la presencia de la mentada
entidad en este proceso es en calidad de tercero y, no como accionada, en atención
al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, dado que hizo parte del
proceso ordinario que se discute en esta oportunidad.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la parte demandante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de los autos de
3 de agosto y 30 de noviembre de 2023, por medio de las cuales la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente el recurso de
apelación formulado por la parte actora contra el mandamiento de pago de 29 de abril
de 2022, y se negó la solicitud de aclaración, corrección y adición de la providencia de
3 de agosto de 2023, respectivamente, dictados al interior del proceso ejecutivo que
adelantó el actor.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y,
de encontrase superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia respecto del cargo de un presunto defecto sustantivo, para lo cual resulta
pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en
la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a
este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta sección en sentencia del 29 de septiembre de
20228 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación
arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre9.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
parte tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, el asunto planteado en este escenario
ya fue analizado y zanjado en el proceso ordinario y, en segundo término, porque las
inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé
cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta
sede.
En efecto, si bien no se planteó de forma expresa la configuración de un defecto, pero
que puede interpretarse en un sustantivo, lo cierto es que no satisfizo la carga desde
la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues, no expuso cómo se
materializó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
Lo anterior, sumado a que, no obstante el actor reprocha en este instancia el auto que
rechazó por improcedente el recurso de apelación que presentó contra el
mandamiento de pago, así como el que negó la solicitud de adición, aclaración y
corrección del primero, no existe ningún argumento que de forma directa cuestione las
referidas decisiones, pues, lo que hace el tutelante es insistir en que el mandamiento
de pago debió dirigirse contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, aspecto que ya fue resulto por el juez ordinario.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que
permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de
un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas
de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01106-00
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte, como se indicó
en precedencia, el reparo a la decisión de no acceder a tener como parte ejecutada a
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a partir de la configuración
de un defecto sustantivo, pero huérfano de una línea conceptual ius fundamental que
permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar la carta política respecto al caso
concreto, sumado a que el asunto en cuestión ya fue zanjado por los jueces ordinarios.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le esta vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos
de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela,
toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo procesal frente a
la interpretación o aplicación de las normas o a la apreciación de las pruebas del
proceso contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste
de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
Sumado a lo anterior, es de resaltar que la parte actora cuestionó las providencias de
segunda instancia dictadas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por lo que, conforme a la sentencia de unificación citada en precedencia,
se debía demostrar un actuación arbitraria que diera lugar a una afectación
desproporcionada de un derecho fundamental, lo cual no sucedió, aunado a que como
se advirtió, no se presentaron en concreto reparos respecto de las decisiones de
rechazar por improcedente el recurso de alzada y de negar la solicitud de adición,
corrección y aclaración de aquella, sino que insistió, como lo hizo en el proceso
ordinario, en que la parte ejecutada debería estar conformada por la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia.
2.5.1.3. Por otro lado, y en relación con la lesión al derecho a la igualdad, la Sala
advierte que dicho cargo reviste relevancia constitucional, por cuanto, la parte actora
adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en un caso análogo
al suyo, en providencia de 17 de noviembre de 2022, mediante la cual se resolvió un
recurso de apelación presentado contra el mandamiento de pago, se precisó que la
parte ejecutada era el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia y no el Distrito Capital – Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres,
luego, se presenta una tensión que puede ver comprometida la referida garantía
superior, por la adopción de decisiones contrarias en casos similares.
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2.5.2. Inmediatez
La Sala advierte que en el sub examine se cumple el presupuesto de la referencia por
cuanto la providencia censurada de segunda instancia que resolvió la petición
aclaración, corrección y adición del auto de 3 de agosto de 2023, fue proferida el 30
de noviembre de 2023, por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, notificada el 15 de diciembre de 2023, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 6 de marzo de 2024, de manera que, sin que sea necesario determinar la
fecha en que cobró ejecutoria, ha transcurrido un término que a juicio de la Sala es
razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.3. Agotamiento de los medios de defensa judicial
Se encuentra superado el referido requisito, por cuanto una de las providencias
atacadas corresponde al auto de segunda instancia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, frente al cual no es admisible ningún recurso
ordinario.
Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera que se cuestionan tanto el auto que rechazó el recurso de
apelación y el que negó la solicitud de aclaración y corrección frente al auto del 3 de
agosto de 2023.
2.5.4. Tutela contra tutela
El requisito se satisface comoquiera que no se trata de tutela contra decisión de la
misma naturaleza, puesto que, las providencias judiciales que censura la parte
accionante, fueron proferidas en el marco de un proceso ejecutivo que adelantó contra
el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Gobierno - Cárcel Distrital de Varones y
Anexo de Mujeres de Bogotá.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
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2.6. Caso concreto
La parte actora alegó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en un caso análogo, mediante auto de 17 de noviembre de 2022, al resolver el
recurso de apelación contra la decisión que libró mandamiento de pago contra el
Distrito Capital - Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá, advirtió
que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, era la entidad
legitimada por pasiva para concurrir al proceso.
Como se advierte, son dos autoridades judiciales diferentes frente a las cuales se
planteó la trasgresión al derecho fundamental a la igualdad, pues, las providencias
censuradas fueron dictadas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mientras que el proveído traído a colación es de la Subsección B de la
misma sección, luego no es posible imponerle la conclusión adoptada por esta última
a la accionada.
Frente al punto, la Corte Constitucional ha indicado que la autonomía e independencia
judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento superior: i) la
posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias tanto internas como
externas; ii) la materialización del principio de separación de poderes, el derecho al
debido proceso y de acceso, a la administración de justicia; y, finalmente, iii) constituye
un principio estructural de la Carta Política de 199112.
2.7. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional respecto del yerro sustantivo, y negará la tutela respecto de
la trasgresión al derecho a la igualdad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Secretaría Distrital
de Gobierno de Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Rodrigo Caamaño Gonzáles contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado respecto del yerro sustantivo, y NEGAR la solicitud de amparo en
relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad.
12 Sentencia T-450/18 de la Corte Constitucional.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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