Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01211-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01211-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01211-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de junio de 2024
Demandante: José David Gómez Vergara
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión No. 2 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01211-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01211-01
Demandante: JOSÉ DAVID GÓMEZ VERGARA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN
No. 2 Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 15 de abril
de 2024, por medio del cual, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, por falta de acreditación del requisito
de procedibilidad de relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor José David Gómez Vergara, por medio de apoderado judicial, radicó acción de
tutela el 12 de marzo de 2024, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales
al trabajo, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de las
sentencias de 13 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Tunja, que negó las pretensiones de la demanda, y de 25 de
octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.
2, que revocó la decisión de primer grado, para en su lugar, declarar probada de oficio la
excepción de cosa juzgada, expedidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que adelantó contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, el cual se identificó con el
radicado 15001-33-33-005-2018-00186-00/01/02.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas son las siguientes:
Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos fundamentales del señor
JOSÉ DAVID GÓMEZ VERGARA, al debido proceso judicial y administrativo, a la igualdad,
buena fe, al derecho de acceso a la justicia (T-411/16), defecto factico, violación directa de
la constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de
la Corte Constitucional y demás que se encuentran regulados en la Constitución Política, y
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Demandante: José David Gómez Vergara
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión No. 2 y otro
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en consecuencia se declare que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de fecha 13 de agosto de 2021, Dte
José David Gómez Vergara, Ddo. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, Radicado
15001333300520180018600 y la sentencia de segunda instancia de fecha 25 de octubre
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, M.P.
Luis Ernesto Arciniegas Triana, Dte. José David Gómez Vergara, Ddo. Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, Radicado 15001333300520180018601, violó los derechos al
debido proceso, denegación de administración de justicia, defecto factico, violación directa
de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio
de la Corte Constitucional del señor José David Gómez Vergara.
Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por el señor José David Gómez Vergara, se DEJE SIN EFECTO las sentencias
citadas, y se ordene al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 2, dentro del término razonable
que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos
jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por la
Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en la sentencia de primera
y segunda instancia sobre el vínculo laboral o relación laboral y que el demandante señor
José David Gómez Vergara presenta un vínculo laboral o relación laboral con el
Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja – Soraca cuyo desconocimiento se invocó.
Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por el señor José David Gómez Vergara, se DEJE SIN EFECTO la Resolución
No 0660 de fecha 17 de junio de 2004 proferida por la Secretaria de Educación del Municipio
de Tunja, indica: “por sus servicios prestados como Docente NACIONAL”, las
certificaciones de tiempo de servicio y salarios devengados expedidas por el Departamento
de Boyacá, Municipio de Tunja que indican que el señor José David Gómez Vergara
“Docente Nacional” y “III. SITUACION LABORAL. 2 REGIMEN DE PENSIONES
NACIONAL”, dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de
reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción
y observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y
Honorable Consejo de Estado en la sentencia de primera y segunda instancia sobre el
vínculo laboral o relación laboral y que el demandante señor José David Gómez Vergara
presenta un vínculo laboral o relación laboral con el Departamento de Boyacá y Municipio
de Tunja - Soraca cuyo desconocimiento se invocó.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes
supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
Mediante la Resolución RDP 14084 de 30 de noviembre de 1999, la extinta Caja Nacional
de Previsión Social negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al señor José
David Gómez Vergara; decisión confirmada con el acto administrativo 000656 del 14 de
febrero de 2001, con el cual se desató el recurso de apelación formulado contra aquella
negativa.
El 6 de julio de 2018, el señor Gómez Vergara presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
1 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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UGPP-, con el fin de desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones antes
referidas.
Del mentado asunto conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Tunja, autoridad judicial que, en sentencia de 13 de agosto de
2021, negó las pretensiones deprecadas, al considerar que el actor no acreditó el tiempo
de servicio requerido como docente territorial para acceder a la prestación reclamada.
Contra la anterior providencia la parte activa interpuso recurso de apelación el cual fue
desatado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, en fallo de 25
de octubre de 2023, en el sentido de revocar la decisión del a quo, para en su lugar
declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, al advertir que el demandante
ya había presentado con anterioridad una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los mismos actos y bajo similares fundamentos jurídicos y fácticos.
El anterior proveído se notificó mediante correo electrónico enviado el 31 de octubre de
2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al trabajo, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
seguridad jurídica y al debido proceso.
En ese orden, después de referirse a los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, y de advertir el cumplimiento de estos en su caso, alegó
que en las sentencias censuradas se había incurrido en los defectos fáctico, sustantivo,
por desconocimiento de precedente y de violación directa de la Constitución.
En relación con el primero de los yerros, el tutelante manifestó que los jueces enjuiciados
solo admitieron como prueba la certificación de tiempo de servicios expedida por la
Secretaría de Educación del municipio de Tunja, de la cual dedujeron que se trataba de
un docente con vinculación nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, sin
haber decretado las pruebas necesarias para acreditar los requisitos que se requerían
para desempeñar un empleo público, esto es, la existencia del cargo en la planta de
personal de la entidad, la determinación de las funciones y la provisión de los recursos
para el pago de la remuneración del cargo.
En ese orden, aseveró que no se probó en el proceso su vínculo laboral o relación laboral
con el Ministerio de Educación Nacional, pues, no se demostró la existencia de una
subordinación o dependencia con dicha cartera, ni que esta le hubiere impuesto un
horario de trabajo o cancelado sus salarios.
Por otro lado, indicó que se desconocieron o dejaron de aplicar el Decreto 2277 de 1979
y las Leyes 29 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001.
De otra parte, arguyó que en las decisiones atacadas se desconocieron los artículos 2,
4, 25, 48, 53, 122, 125, 305.7 y 315.7 de la Constitución Política, así como las sentencias
C-335 de 2008, C-614 de 2009, C-679 de 2011, C-621 de 2015, C-185 de 2019 y T-992
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de 2005, de la Corte Constitucional, y las sentencias del 52 y 263 de mayo de 2016,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, referidas, entre otros asuntos,
al ejercicio de la función pública, el régimen de carrera administrativa, a las características
de la vinculación de los empleados públicos y a la prueba del elemento de la
subordinación.
Asimismo, hizo alusión a las sentencias de la Subsecciones A y B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, de 6 de septiembre de 2008 y 3 de julio de 2003, expedientes
2152-06 y 4798-02, respectivamente, mediante las cuales se reconoció la existencia de
un contrato realidad, así como también de la dictada por la misma sección de fecha 21
de agosto de 2003, expediente 0370-2003, que declaró una verdadera relación laboral
de un docente vinculado mediante autorizaciones de prestación de servicios educativos.
De igual forma, citó las providencias de 17 de abril de 2008 y 7 de abril de 2005, de las
mencionadas subsecciones, dictadas en los procesos 22776-05 y 4312, respectivamente,
en las que se analizó la naturaleza de la vinculación a la administración pública.
Por otro lado, el tutelante, en unos acápites extensos hizo referencia a diversos temas
como el desconocimiento del precedente, el delito de prevaricato, las formas de
vinculación laboral con el Estado, la protección constitucional a las diferentes
modalidades de trabajo, la primacía de la realidad sobre las formas y el denominado
contrato realidad.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 14 de marzo de 2024, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2 y
al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, como accionados.
En calidad de tercero con interés vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, y finalmente
reconoció al abogado Andrés Henz Gil Cristancho como apoderado del actor.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo
electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.
1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
El referido despacho judicial se limitó a remitir el canal de acceso al expediente
electrónico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se dictaron las
sentencias que decidieron el asunto objeto de estudio.
2 Radicado 85001-23-31-000-2012-00032-02
3 Radicado 68001-23-31-000-2000-01400-01
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1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
La entidad solicitó que se declare improcedente la tutela, por cuanto, en su sentir, la parte
actora pretende utilizar este mecanismo judicial como una instancia adicional con el fin
de reabrir el debate que ya fue zanjado por los jueces naturales de la causa, sumado a
que considera que este no es el medio para solicitar el reconocimiento de una prestación
económica. Asimismo, pidió que se «niegue» el amparo de los derechos fundamentales
invocados ante la falta de vulneración de estos por parte de las autoridades judiciales
accionadas.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 15 de abril de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, toda vez que no se satisfizo la carga mínima de
argumentación.
Así, en primer lugar, señaló que para el éxito de una tutela contra providencia judicial se
requería que los defectos alegados afectaran el sentido del fallo censurado, esto es,
deben ser determinantes en la decisión, y de no haberse incurrido en estos, el juez de la
causa hubiere tomado otra determinación.
Enseguida, indicó que ninguno de los argumentos alegados en el escrito introductorio
hacía referencia al sustento de la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en estudio, pues estos eran lejanos a las
razones que llevaron al ad quem a declarar probada la excepción de cosa juzgada.
Al respecto, precisó que en la mentada providencia se advirtió que el señor Gómez
Vergara ya había adelantado un proceso de la misma naturaleza, que fue decidido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá y la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
proveídos de 29 de septiembre de 2004 y 17 de abril de 2008, respectivamente, motivo
por el cual se reunían los requisitos para la configuración de la cosa juzgada, pues, estaba
acreditada la identidad de partes, causa y objeto.
No obstante, encontró que los reparos propuestos en la solicitud de amparo hacían
referencia exclusivamente al análisis de la prueba de la subordinación laboral para
efectos de demostrar el carácter territorial de la plaza donde se desempeñó como docente
y con ello acceder a la pensión gracia deprecada, aspectos sobre los cuales, enfatizó
que, no eran susceptibles de pronunciamiento del juez de tutela, comoquiera que no
atacaban el fundamento de la sentencia censurada, esto es, la configuración de la
excepción de cosa juzgada y, no eran determinantes para la decisión allí contenida.
1.8. Impugnación4
Mediante escrito radicado el 7 de mayo de 2024, la parte actora recurrió la decisión de
primera instancia, para lo cual señaló en principio que:
4 La sentencia fue notificada el 3 de mayo de 2024.
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Para el presente caso el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Quinto
Administrativo de Tunja, desconocen, no aplican, no acatan la forma como se adquiere el
empleo público vinculación laboral o relación laboral- vinculación legal y reglamentaria
(empleados públicos), así mismo como los elementos que deben concurrir para que una
persona desempeñe un empleo público de conformidad con el precepto constitucional
Articulo 122 - 125 y pueda obtener los derechos que de ellos se derivan como son la
existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, para el presente caso se debió
verificar si el docente José David Gómez Vergara hizo parte de la planta de personal de
nivel central del Ministerio de Educación Nacional, la determinación de funciones propias
del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de
la labor y se determine que el accionante fue un servidor público NACIONAL – adscrito al
Ministerio de Educación Nacional.
Por acción u omisión se desconoce el principio de legalidad dado a la Constitución Política
(artículo 4) son elementos desconocidos, no acatados, no aplicados por el operador judicial
para determinar el vínculo laboral o relación laboral, para el presente caso nos encontramos
que el señor José David Gómez Vergara fue un servidor público denominado funcionario
de hecho - ejerció el cargo bajo una investidura irregular: requisito esencial para la
configuración del funcionario de hecho: existencia legal del cargo y que el ejercicio de la
función irregular, sea realizada de la misma manera en que se hubiese realizado la función
regular.5
Enseguida señaló que, en su caso se presentó el denominado contrato realidad de que
trata la sentencia C-614 de 2009, con el departamento de Boyacá y el municipio de Tunja,
comoquiera que el hecho de haber laborado en planteles nacionales le hubiere otorgado
algún vínculo o relación laboral con el Ministerio de Educación Nacional.
En el referido memorial el actor iteró los argumentos que expuso en el escrito introductorio
sobre el delito de prevaricato, el empleo público, la primacía de la realidad sobre las
formas, el precedente judicial, entre otros.
1.9. Actuación después del fallo de primera instancia
Mediante escrito radicado por la ventanilla virtual del aplicativo Samai del Consejo de
Estado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- solicitó que se confirme el fallo de primer
grado, toda vez que, en sentir de dicha entidad no se le ha causado un perjuicio
irremediable al actor dado que cuenta con una pensión de jubilación otorgada por el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Asimismo, señaló que lo pretendido por el actor es reabrir un debate que ya fue zanjado
por los jueces naturales de la causa que negaron sus pretensiones, para convertir la tutela
en una instancia adicional, sumado a que no es la vía adecuada para solicitar el
reconocimiento de prestaciones económicas.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 15 de abril de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
5 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de
primera instancia de 15 de abril de 2024, a través de la cual la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo presentada
por el señor José David Gómez Vergara contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión No. 2 y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja,
por falta de acreditación del presupuesto de la relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de la relevancia constitucional y, de superarse, junto con los
demás, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6, unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que, de conformidad con lo señalado por el a quo, en el sub examine no
se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar,
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto
a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como
del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]. (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 10
modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de
una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta
Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión
entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho
fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.
10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por
ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre11.
2.4.2. En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el señor José
David Gómez Vergara, como lo señaló el a quo, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no existe congruencia entre los yerros alegados y el
fundamento de la decisión de segundo grado que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 2.
En efecto, la referida autoridad en la sentencia de 25 de octubre de 2023, estableció
como problema jurídico a resolver, si se debía confirmar la providencia del a quo que
había negado las pretensiones de reconocimiento y pago de la pensión gracia, al advertir
que como la vinculación del demandante fue de docente nacional no le asistía derecho a
dicha prestación, según lo probado en el proceso, o, si por el contrario debía revocarse
por cuanto se desempeñó como maestro del orden territorial, pues, en virtud del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas, debía tenerse en cuenta que laboró para
el departamento de Boyacá y el municipio de Tunja, según el origen del nombramiento,
el servicio prestado, la fuente de la remuneración y el acto de aceptación de renuncia.
No obstante, después de citar el marco legal y jurisprudencia de la pensión gracia, al
descender al caso concreto el tribunal censurado advirtió la existencia de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho decidido mediante sentencias de 29 de septiembre
de 2004 y 17 de abril de 2008, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No. 2 y la Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, en el sentido de
negar las súplicas de reconocimiento de la pensión gracia al señor Gómez Vergara.
En ese orden, previo a referirse a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre
la cosa juzgada y sus elementos constitutivos, señaló que se presentaba la identidad de
partes, pues, era el mismo demandante y, que si bien en el primer proceso se demandó
a la Caja Nacional de Previsión Social y en este a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, ello
obedeció a la liquidación de la primera entidad en virtud de los artículos 155 y 156 de la
Ley 1151 de 2007.
Asimismo, al trascribir las pretensiones de nulidad encontró que se acusaban los mismos
actos administrativos, esto es, las Resoluciones Nos. 014084 de 30 de noviembre de
1999 y 000656 de 14 de febrero de 2001, mediante los cuales la extinta Caja Nacional
de Previsión Social le había negado al actor la prestación en comento, luego, se
configuraba la identidad de objeto.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Demandante: José David Gómez Vergara
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión No. 2 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01211-01
Finalmente, al hacer un cuadro comparativo entre los sustentos fácticos de cada
demanda, concluyó que se presentaba la identidad causa, comoquiera que en ambas el
accionante alegaba el hecho de haber cumplido el tiempo establecido por la ley como
docente del orden territorial para ser beneficiario de la pensión gracia, al desempeñarse
como maestro del Instituto de Educación Media Diversificada INEM Carlos Arturo Torres
de Tunja y en otros centros educativos de la misma naturaleza.
Conforme a lo anterior, la corporación declaró probada de oficio la excepción de cosa
juzgada y dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia de 29 de septiembre de 2004,
confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia de 17 de abril
de 2008.
Ahora, en el escrito tutelar el actor le endilga a la providencia censurada de segunda
instancia los defectos fáctico, sustantivo, de desconocimiento de precedente y por
violación directa de la Constitución, para lo cual alega, en síntesis, que conforme al
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, ostentó una vinculación
como docente territorial, lo cual le daba derecho a la pensión gracia reclamada.
Para la Sala, tal como lo advirtió el a quo, es claro que no existe ningún cargo contra los
fundamentos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.
2, esto es, la declaratoria de la cosa juzgada, situación que hace improcedente la
intervención del juez de tutela, toda vez que el actor no expuso argumentos en concreto
contra la providencia de segunda instancia que finiquitó el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Así, para la prosperidad del estudio de la presente solicitud de amparo, se requería,
además de contar con la carga mínima argumentativa de los defectos alegados y del
enfoque ius fundamental, que ellos controvirtieran la decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, lo cual se itera, no sucedió, pues el accionante insistió
en el debate sobre el reconocimiento de la pensión gracia, tema que no fue analizado de
fondo por dicha corporación, pues, encontró configurada la excepción de la cosa juzgada.
2.5. Conclusión
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de abril de 2024, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01211-01
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»
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