Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01226-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
6 de junio de 2024
Demandante: Carlos Euclides Parra Vallejo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01226-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01226-00
Demandante: CARLOS EUCLIDES PARRA VALLEJO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Temas: Tutela de fondo. Mora Judicial injustificada. Se configura la
vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del accionante.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 12 de marzo de 2024, el señor Carlos Euclides Parra
Vallejo, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Cali con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso, la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por la presunta mora
judicial en que se ha incurrido en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 52001-23-33-000-2019-00248-00,
promovido por el accionante contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto.
1.2. Pretensiones
El actor solicita la protección de los derechos invocados, y como consecuencia de
ello, que se ordene a la autoridad judicial demandada «realizar los trámites
necesarios para la admisión de la demanda judicial».
Como sustento fáctico de las pretensiones, el accionante narró los siguientes,
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Demandante: Carlos Euclides Parra Vallejo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
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1.3. Hechos
El 27 de marzo del 2019, radicó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto con el fin de que
se le reconociera la bonificación judicial que devenga en calidad de servidor de la
Rama Judicial, como factor salarial para el pago de todas las prestaciones sociales,
así como su reliquidación, indexación, reconocimiento y pago de intereses
moratorios a los que haya lugar.
Por reparto le correspondió el conocimiento de la demanda al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Mocoa. Este despacho, mediante providencia del 22
de abril del 2019, se declaró impedido para conocer del asunto, de conformidad con
lo dispuesto en los numerales 1° y 5° del artículo 141 del CGP.
El proceso se envió al Tribunal Administrativo de Nariño. La corporación lo tramitó
desde el 10 de mayo del 2019 hasta el 11 de julio de 2023, tiempo durante el cual
solamente aceptó el impedimento realizado por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Mocoa y lo remitió hacia el Juzgado 403 Transitorio de Cali, de
conformidad con el acuerdo PCSJA21-11764 del 11 de marzo de 2021.
El actor presentó solicitud de impulso procesal ante el Juzgado 404 Transitorio
Administrativo del Circuito Judicial de Cali1 el día 11 de diciembre de 2023, sin que
hasta el momento este haya realizado alguna actuación.
El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali se ha
declarado incompetente para conocer de los asuntos que le son remitidos por el
Tribunal Administrativo de Nariño, provenientes del departamento del Putumayo,
como ocurrió en otro proceso2.
Mediante escrito remitido el 4 de abril del presente año, luego de radicada la presente
acción, el tutelante informó que, a través de auto del 22 de marzo del año en curso,
el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali declaró la falta
de competencia y ordenó la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de
Nariño.
1.4. Sustento de la petición
El actor manifestó que las actuaciones exhibidas han generado una mora judicial
notoria que imposibilita el acceso a la administración de justicia y vulnera el debido
proceso, ya que toda persona al poner en funcionamiento el aparato judicial, tiene
derecho a obtener una respuesta oportuna de las pretensiones formuladas, y a que
no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas por parte del administrador de
justicia.
1 El Juzgado Transitorio 403 de Cali fue creado por el Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de enero de
2023, y que funcionó hasta el 15 de diciembre de 2023 posteriormente se creó el Juzgado Transitorio
404 de Cali, a través del Acuerdo No. PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024, el cual tiene la
misma competencia que su antecesor.
2 Bajo radicado No. 52001-23-33-000-2019-00209-00
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Relató, que hasta la fecha ni siquiera hay certeza del juzgado al que le corresponde
el conocimiento de la demanda, pues las únicas providencias emitidas han sido
referentes a la falta de competencia para ordenar la remisión a otro despacho.
Afirmó que, desde la radicación de la demanda han trascurrido casi cinco años, sin
que se haya proferido auto admisorio, mientras que, según adujo el accionante, en
diferentes ciudades ya se han resuelto con prontitud múltiples asuntos similares.
Explicó que, de seguir con la misma postura se generará sin duda alguna una
demora injustificada, dejando en el limbo el proceso, a pesar de que ha realizado
los impulsos procesales necesarios en búsqueda de la agilidad del trámite.
Expuso, que no se explica por qué en diferentes jurisdicciones territoriales los
mismos asuntos ya han sido resueltos, motivo por el cual, las autoridades judiciales
están violando su derecho a la igualdad, además, ello denota de manera clara una
discriminación por parte del aparato judicial, por cuanto, ni siquiera se ha asumido
el conocimiento de la acción.
Refirió que es fundamental que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera
eficiente y justa, para asegurar que todos los individuos tengan acceso a la justicia
en condiciones de igualdad.
1.5. Actuación procesal
El despacho del magistrado sustanciador admitió la tutela mediante auto del 20 de
marzo de 2024 y dispuso notificar dicha decisión al actor y a las autoridades
judiciales demandadas. Además, ordenó comunicarle a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto, como tercero con interés en las
resultas del proceso.
Posteriormente, mediante auto del 15 de abril siguiente, con el propósito de integrar
debidamente el contradictorio y garantizar el derecho al debido proceso de las partes,
se dispuso la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura.
Los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y Gloria María Gómez Montoya,
manifestaron impedimento para conocer del presente asunto3. Luego de designar
conjuez para completar la sala de decisión, este se declaró infundado mediante auto
de la misma fecha.
1.6. Informes presentados
Remitidas las respectivas comunicaciones, se recibió la siguiente intervención:
1.6.1. Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali
Expuso que, si bien el distrito judicial de Nariño lo conforman los circuitos de Pasto,
Mocoa y Putumayo, el Acuerdo No. PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 que
3 Por considerar que se encontraban incursos en la causal de impedimento prevista en el numeral
1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
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creó dicho despacho, delimitó la competencia para los procesos que se encuentren
en el circuito de Pasto, con todas las municipalidades que lo conforman.
Indicó que la misma situación se presentó en el año 2023, con los procesos
provenientes de los circuitos de Mocoa y Tumaco, para ese momento, dijo, el
Juzgado Transitorio 403 de Cali (creado por el Acuerdo PCSJA23-12034 del 17 de
enero de 2023, y que funcionó hasta el 15 de diciembre de 2023), que tenía la misma
competencia que el actual Juzgado Transitorio 404 de Cali, los devolvió al Tribunal
Administrativo de Nariño y declaró la falta de competencia para conocerlos.
Explicó que, en el proceso del accionante, profirió el auto No. 153 del 22 de marzo
de 2024 en el que se declaró la falta de competencia territorial para asumir el asunto
y ordenó la devolución del expediente al juzgado de origen para lo pertinente, y
precisó que una vez quedara ejecutoriada la providencia en mención, remitiría el
proceso a la mayor brevedad a la autoridad judicial competente.
Resaltó que el despacho transitorio no es transgresor de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados al extremo accionante, pues ocurre claramente el
fenómeno jurídico de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
resulta imposible que, por medio del recurso de amparo constitucional, se le ordene
la realización de una actuación orientada a atender ciertas circunstancias que se
encuentran fuera de la órbita de su competencia.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño
Presentó informe en el que narró los siguientes hechos:
El Tribunal Administrativo de Nariño realizó una convocatoria para conformar la lista
de Jueces Ad Hoc, publicada en febrero de 2023 en el sitio web de la Corporación y
en la página oficial de la Rama Judicial, sin embargo, ningún profesional del derecho
manifestó su interés para desempeñar dicho cargo.
Mediante Acuerdo N° PCSJA23-12034 17 de enero 17 de 2023, el Consejo Superior
de la Judicatura, ordenó la creación del Juzgado 403 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Cali, para el conocimiento de los asuntos relacionados con
prestaciones de los empleados pertenecientes a la Rama Judicial y regímenes
similares, y dispuso la remisión de los procesos del circuito judicial de Pasto a dicho
despacho a partir del 2 de febrero de 2023.
Conforme lo dispuesto en el referido acuerdo, el Tribunal Administrativo de Nariño
remitió 241 procesos de reclamaciones salariales de empleados de la Rama Judicial,
Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, correspondientes
a los circuitos judiciales de Pasto, Mocoa y Tumaco.
Sin embargo, el Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali,
mediante auto del 19 de octubre de 2023, ordenó la devolución de los procesos
correspondientes al Circuito Judicial de Mocoa, por falta de competencia.
Previo a la devolución de los procesos por parte del Juzgado 403 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Cali, el 30 de junio de 2023, remitió una petición
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al Consejo Superior de la Judicatura solicitándole que se pronunciara frente al
alcance del acuerdo, o en su defecto, se expidiera un acuerdo adicional en el cual
se incluyera al circuito judicial de Mocoa; la cual hasta la fecha no ha sido resuelta.
Explicó que el Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024 «Por el cual se adoptan unas
medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional», el
cual creó el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali,
tampoco incluyó los procesos del circuito judicial de Mocoa, lo que deja en absoluta
indeterminación la suerte de dichos procesos dado que esa Corporación no cuenta
con lista de Jueces Ad Hoc para que continúen con el trámite de aquellos.
Mediante Acuerdo No. PCSJA23- 12125 del 19 de diciembre de 2023, se dispuso la
creación con carácter permanente del Tribunal Administrativo de Putumayo a partir
del 11 de enero de 2024, el cual a la fecha aún no ha iniciado funciones dado que el
Consejo de Estado se encuentra adelantando el concurso para la provisión de los 3
cargos de magistrados para dicha corporación; según el cronograma, los
nombramientos se realizarán a partir del 19 de marzo ogaño; una vez dicho Tribunal
comience a operar, este será el responsable de las designaciones de conjueces y
jueces Ad Hoc según las reglas de competencia.
Finalmente solicitó que se vinculara a la presente acción constitucional al Consejo
Superior de la Judicatura, a fin de lograr una solución definitiva que permita
materializar la garantía fundamental de acceso a la administración de justicia de los
empleados de la Rama Judicial y demás entidades con regímenes salariales
similares, que demandan por sus derechos laborales.
1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pasto
Manifestó que esa dirección no ha transgredido los derechos fundamentales del
actor, bien sea por acción u omisión, pues como se ha señalado con antelación, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial no ostenta función
jurisdiccional alguna en el proceso, configurándose, en consecuencia, una clara falta
de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura
Relató que conforme al Acuerdo PSAA12-9482 de 20124, la sala plena de las
corporaciones debe conformar la lista de conjueces, de manera que, le correspondía
al Tribunal Administrativo de Nariño propender para que al asunto le fuera asignado
a un juez ad hoc o a un conjuez.
Afirmó que, mediante el Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023, el Consejo Superior de
la Judicatura dispuso la creación del distrito judicial administrativo de Putumayo con
cabecera en la ciudad de Mocoa con compresión territorial en todos los municipios
del departamento del Putumayo, a partir del 11 de enero de 2024 y, mediante el
artículo 2 del Acuerdo PCSJA20-11653 de 20205, modificó el mapa judicial de la
4 Por el cual se adiciona el artículo 5º y se modifica el artículo 30 del Acuerdo 209 de 1997, en lo
relacionado con la lista de conjueces de los tribunales administrativos.
5 Por el cual se crean unos circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional y se ajusta el
mapa judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el sentido de incluir el distrito judicial
administrativo de Putumayo.
Explicó que, mediante el Acuerdo PCSJA22-11918 de 2022, el Consejo Superior de
la Judicatura creó con carácter transitorio el Juzgado 404 Administrativo Transitorio
del Circuito Judicial de Cali prorrogado por el Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024. Al
mencionado despacho se asignó la competencia para conocer los asuntos
provenientes de los circuitos administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago,
Pasto, Popayán y Cali, y excluyó los asuntos que correspondían al circuito judicial
de Mocoa, por lo que extraña que el Tribunal Administrativo de Nariño, haya
suspendido la designación de jueces ad hoc, para los asuntos provenientes de ese
circuito judicial.
Aseguró que, el sorteo de conjueces es necesario para garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia y está a cargo de los tribunales administrativos. En
este caso, dicha carga estaba en cabeza del Tribunal Administrativo de Nariño y,
actualmente, le compete al Tribunal Administrativo de Putumayo.
Señaló que, una vez conformada la lista de conjueces del distrito judicial
administrativo, el tribunal debe proceder con el respectivo sorteo para dar trámite al
proceso radicado con el número 520012333000-2019-00248-00 y de esta manera
garantizar los derechos del señor Carlos Euclides Parra Vallejo.
Agregó que, en consideración a las cargas laborales asignadas a cada despacho
transitorio creado mediante el Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, no es viable
ampliar la competencia territorial del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Cali, despacho cuyo titular tomó posesión el pasado 9 de febrero
de 2024 y a quien le fueron asignados 1.569 asuntos relacionados con las
reclamaciones salariales y prestacionales de los empleados de la Rama Judicial y
entidades con régimen salarial similar, de los cuales actualmente se encuentran en
trámite 1.488, según la información reportada en el Sistema de Información
Estadística de la Rama Judicial- SIRJU.
Finalmente solicitó que se le desvincule de la presente acción dado que no ha
incurrido en alguna violación de los derechos fundamentales alegados por el
accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.
2.2. Solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior de la
Judicatura
6 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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El Consejo Superior de la Judicatura manifestó que no está legitimado en la causa
por pasiva para actuar en la presente acción, pues sus funciones «son netamente
administrativas y se encuentran sujetas al marco normativo señalado principalmente
en la Constitución Política, la Ley 270 de 1996 y las demás que regulen sobre la
materia. Por lo tanto, no le corresponde realizar seguimiento a las diferentes
solicitudes que se presenten ante los jueces de la República ni emitir decisiones
jurisdiccionales frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por el accionante».
Pese a lo manifestado por la corporación, se evidencia su intervención en la
creación de despachos administrativos que conocen asuntos similares al que motiva
la interposición de la presente acción. En consecuencia, es necesario analizar sus
actuaciones, en aras de determinar las causas de la alegada vulneración de los
derechos invocados por el actor y las ordenes que, de encontrarse demostrada,
deben impartirse para lograr su protección.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si el Tribunal Administrativo de Nariño, el Juzgado
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali y el Consejo Superior de la
Judicatura, han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad y de acceso a la administración de justicia del demandante, con ocasión
de la dilación en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 52001-23-33-000-2019-00248-00, promovido por el
accionante contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Pasto.
Para resolver este problema, se desarrollarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) la mora en el trámite de las actuaciones
judiciales y; iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.5. La mora en el trámite de las actuaciones judiciales
Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló que el fenómeno de la mora
judicial puede llegar a desconocer el derecho fundamental de acceso a la
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administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de
una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de
problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la
falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos7.
De modo que, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra justificado
cuando8: a) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o, c) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra justificado
cuando9: a) se presente un incumplimiento en los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; b) se desborda el
concepto de plazo razonable que involucra el análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y el análisis global del procedimiento; y, c) exista falta de motivo o justificación
razonable en aquel retraso.
2.6. Caso concreto
En el asunto en estudio, el actor considera que las autoridades judiciales
accionadas han vulnerado sus derechos al debido proceso, la igualdad y de acceso
a la administración de justicia, al no dar un trámite oportuno y eficiente al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto,
radicado con el número 52001-23-33-000-2019-00248-00, con el fin de que se
reconociera la bonificación judicial que devenga en calidad de servidor de la Rama
Judicial, como factor salarial para el pago de todas las prestaciones sociales.
De los hechos narrados en la demanda se extrae, que el accionante radicó la
demanda el 27 de marzo del 2019. Mediante providencia del 22 de abril del 2019,
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa se declaró impedido para
conocer el asunto en razón del interés que le asiste y envió el expediente al Tribunal
Administrativo de Nariño.
La corporación aceptó el impedimento el 21 de mayo del 2019, el 28 del mismo mes
lo envió a presidencia para realizar sorteo de juez ad hoc. Luego, el 11 de julio de
2023, lo remitió al Juzgado 403 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Cali, de conformidad con el acuerdo PCSJA21-11764 del 11 de marzo de 2021
expedido por el CSJ.
A través de auto del 22 de marzo del presente año, el Juzgado 404 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Cali declaró la falta de competencia para conocer
del asunto y ordenó su devolución al Tribunal Administrativo de Nariño:
7 Sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
8 Sentencia T-803 de 2012.
9 Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.
8
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La anterior información fue corroborada con el registro de actuaciones de dicha
corporación consultado en Samai10, en el que se advierte lo siguiente:
Como se puede observar, desde la radicación de la demanda en marzo de 2019
han transcurrido 5 años, sin que se haya realizado un primer pronunciamiento frente
a la admisibilidad de la demanda.
Además, el proceso permaneció en el Tribunal Administrativo de Nariño sin ningún
impulso entre el mes de mayo de 2019, momento en que se aceptó el impedimento
y se envió a sorteo de juez ad hoc, hasta julio de 2023, cuando se remitió al juzgado
transitorio de Cali.
El Consejo Superior de la Judicatura informó que, mediante el Acuerdo PCSJA22-
11918 de 2022, creó con carácter transitorio el Juzgado 403 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Cali, el cual estuvo vigente hasta diciembre de
2023 al cual asignó competencia para conocer los asuntos laborales elevados contra
10 Disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=52001233300020190
0248005200123
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la Rama Judicial y entidades con régimen salarial similar, provenientes de los
circuitos administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto, Popayán y
Cali, de manera que, quedaron excluidos los asuntos que correspondían al circuito
judicial de Mocoa. Luego creó el Juzgado Transitorio 404 de Cali, mediante el
Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, con la misma competencia, de manera que a
dicho despacho se remitieron nuevamente los procesos que tuvieran dicha
naturaleza y provinieran de los mismos circuitos judiciales.
El Tribunal Administrativo de Nariño informó que para dar trámite al asunto realizó
las siguientes actuaciones: i) una convocatoria para conformar la lista de jueces Ad
Hoc, publicada en febrero de 2023 en el sitio web de la Corporación y en la página
oficial de la Rama Judicial, a la que no se inscribió ningún abogado; ii) el 30 de junio
de 2023, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se pronunciara frente al
alcance del acuerdo de creación del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Cali o, en su defecto, expidiera un acuerdo adicional en el cual
se incluyera al Circuito Judicial de Mocoa.
Como se puede observar, ambas actuaciones tuvieron lugar después de 3 años de
recibir el proceso y aceptar el impedimento manifestado por el juzgado al que fue
asignado por competencia territorial en primer lugar. Este término es, a todas luces,
irrazonable, además que trascurrió sin intentar otra actuación encaminada a lograr
la designación del proceso a un conjuez.
El comportamiento del tribunal no encuentra justificación en los problemas
estructurales de congestión judicial que presentaba, o al menos, no se indicó así en
la contestación rendida en la presente acción, pues no se tiene conocimiento de otra
acción realizada con anterioridad a febrero de 2023 cuando realizó la convocatoria
de conjueces.
Tampoco se puede entender el hecho de que, aun después de conocer la posición
esgrimida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali,
pues en 2023 ya había devuelto varios procesos provenientes de Mocoa, por falta
de competencia- insistiera en el envío del expediente al referido juzgado, con la
intención de que realizara una excepción a la competencia determinada en el
acuerdo que lo creó.
Es importante precisar que era a dicha corporación a la que correspondía conformar
la lista de jueces ad hoc para asignar el conocimiento del presente asunto, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA12-9482 de 201211.
Por consiguiente, se encuentra acreditado que el tribunal no actuó de manera
diligente y omitió durante un término excesivamente prolongado, el cumplimiento de
sus funciones legales.
En este orden, se encuentra configurada la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
actor por parte de dicha colegiatura, pues está demostrado que: “(i) se presenta un
incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
11 «Por el cual se adiciona el artículo 5º y se modifica el artículo 30 del Acuerdo 209 de 1997, en lo
relacionado con la lista de conjueces de los tribunales administrativos».
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Demandante: Carlos Euclides Parra Vallejo
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
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judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial”12.
Ahora bien, pese a evidenciarse la transgresión de los derechos fundamentales del
actor por parte del tribunal, el Consejo Superior de la Judicatura informó que
mediante el Acuerdo PCSJA23-12125 de 2023 dispuso la creación del distrito
judicial administrativo de Putumayo, con un tribunal administrativo, a quien le
corresponderá asumir la designación de jueces ad hoc en los circuitos que lo
conforman, ente ellos Mocoa.
En consecuencia, para lograr que cese la vulneración de los derechos del actor,
teniendo en consideración el tiempo que ha tenido que esperar para obtener un
pronunciamiento por parte de esta jurisdicción a su demanda de orden laboral, se
ordenará al Tribunal Administrativo de Nariño, que remita de forma inmediata al
Tribunal Administrativo de Putumayo13el proceso del accionante identificado con el
radicado 52001-23-33-000-2019-00248-00, en orden a que dicha colegiatura
advierta la necesidad urgente de designar jueces ad hoc en su distrito.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Niegase la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: Ampárense los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del señor Carlos Euclides Parra Vallejo.
TERCERO: Ordénase al Tribunal Administrativo de Nariño que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, remita
al Tribunal Administrativo de Putumayo, el proceso del accionante, indicando la
situación expuesta, en orden a que esa colegiatura advierta la necesidad urgente
de designar jueces ad hoc en su distrito.
CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
12 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
13 Los magistrados de dicho tribunal se posesionaron el martes 7 de mayo de 2024.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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