Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03191-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03191-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03191-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de julio de 2024
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03191-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03191-00
Accionante: Eliana Farieth Velásquez Rosero
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Temas: Acción de tutela por presunta mora judicial, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se
pretende el reconocimiento y pago de la bonificación judicial
como factor salarial. Falta de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el abogado Michael David
Garzón Santander a nombre de la señora Eliana Farieth Velásquez Rosero, en
contra del Tribunal Administrativo de Nariño.
ANTECEDENTES
El abogado Michael David Garzón Santander a nombre de la señora Eliana
Farieth Velásquez Rosero instauró acción de tutela, para que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideran vulnerados por la autoridad
judicial antes mencionada.
HECHOS
Manifiesta el abogado que el 11 de noviembre de 2021 la señora Velásquez
radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la
Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Pasto, a efectos de que la bonificación judicial se tenga como factor salarial
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para el reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales.
Que por reparto le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Mocoa con radicado 86001-33-33-002-2021-00256-00, quien mediante
providencia del 20 de enero de 2022 se declaró impedido y lo remitió al Tribunal
Administrativo de Nariño, donde le asignaron el radicado 52001-23-33-000-2022-
00066-00.
Que el Tribunal Administrativo de Nariño el 20 de abril de 2022 aceptó el
impedimento y ordenó remitir a la Presidencia de la corporación, donde ingresó
el 13 de junio del mismo año.
Que el entonces apoderado presentó memorial de impulso procesal el 31 de
mayo de 2024; sin embargo, a la fecha han transcurrido más de 3 años desde
que se instauró la demanda y no han proferido auto admisorio de la misma;
mientras que, en los Tribunales Administrativos del Tolima, del Valle del Cauca,
de Cundinamarca y del Cauca han resuelto con prontitud procesos de la misma
índole.
Afirma tener conocimiento que en casos similares se han presentado acciones
constitucionales en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado
Transitorio de Cali, por demora en realizar el nombramiento de los conjueces;
señalando los siguientes procesos 11001-03-15-000-2024-01226-00, 11001-03-
15-000-2024-01327-00, 11001-03-15-000-2024-01172-00 y 11001-03-15-000-
2024-0290-00.
Considera que la demora judicial del Tribunal Administrativo de Nariño transgrede
a la señora Velásquez sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de Justicia, dado el tiempo transcurrido
sin que se haya designado conjuez y admitido la demanda.
PRETENSIONES
Solicitó amparar los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar al Tribunal
Administrativo de Nariño que, dentro de las 48 horas siguientes, realice las
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actuaciones necesarias para la designación de juez ad hoc y la admisión de la
demanda.
De manera subsidiaria pidió que se condene a la parte accionada en costas
procesales y demás gastos que demande la presente acción de tutela.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 21 de junio de 2024 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de la autoridad judicial accionada y se requirió a la parte accionante para que
allegara poder con el lleno de los requisitos legales.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño rindió informe donde
señaló que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo núm.
PCSJA21-11764 del 11 de marzo de 2021 creó los juzgados transitorios en la
jurisdicción contencioso administrativo, para atender de manera exclusiva las
demandas instauradas en contra de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación, donde se busca el reconocimiento
y pago de las pretensiones propias de cada régimen salarial.
Que entre los despachos creados está el juzgado administrativo para el circuito
judicial de Cali, quien conocerá los procesos de los circuitos de Buenaventura,
Buga, Cartago, Pasto, Popayán y Santiago de Cali; el Acuerdo núm. PCSJA22-
11918 del 2 de febrero de 2022 creó un juzgado administrativo en el circuito de
Santiago de Cali, con las mismas atribuciones mencionadas, para atender los
procesos de Buenaventura, Buga y Cartago.
Que por lo anterior suspendió la designación de jueces ad hoc en dichos procesos
“a la espera de la emisión del acuerdo correspondiente que ordene la remisión
de los Procesos (sic) de los Circuitos Judiciales de Pasto y Mocoa” al juzgado
transitorio de Cali; luego el Acuerdo núm. PCSJA23-12034 del 17 de enero de
2023 creó el Juzgado Administrativo 401 del Circuito de Cali; al cual remitió el
proceso; sin embargo mediante auto del 19 de octubre de 2023 el Juzgado
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devolvió el expediente por falta de competencia, expresando que solo puede
atender los asuntos del circuito de Pasto.
Adicionalmente, dijo que a su juicio el Acuerdo núm. PCSJA23- 12034 de 17 de
enero de 2023 “debía admitirse una interpretación extensiva del mismo que
permitiera incluir los procesos del Circuito Judicial de Mocoa, en tanto este Distrito
Judicial en lo Contencioso Administrativo lo componen los Departamentos de
Nariño y Putumayo, tan es así que previo a la devolución de los procesos por
parte del Juzgado 401 Transitorio de Cali se remitió una petición respetuosa al
Consejo Superior de la Judicatura el 30 de junio de 2023, solicitando se pronuncie
frente al alcance del acuerdo o en su defecto, se expida un acuerdo adicional en
el cual se incluya al Circuito Judicial de Mocoa; la cual hasta a la fecha no ha sido
resuelta”.
También, indicó que en febrero de 2023 publicó en el micrositio de la página de
la Rama Judicial convocatoria para conformar la lista de jueces ad hoc; sin
embargo, ningún profesional del derecho manifestó interés para desempeñar
dicho cargo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el abogado Michael David Garzón Santander a
nombre de la señora Eliana Farieth Velásquez Rosero, para lo cual se
abordarán I) legitimación en la causa por activa y II) caso concreto.
I) Legitimación en la causa por activa
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene
toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe
en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: 1. Directamente por la
persona que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales;
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2. A través de su representante legal; 3. Por medio de apoderado judicial; 4. Por
agente oficioso y 5. Mediante el defensor del pueblo y los personeros
municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto. En cuanto a la presentación de la tutela mediante apoderado judicial es
preciso indicar que la Corte Constitucional1 estima que este debe aportar poder
especial que lo faculta para actuar, con las siguientes indicaciones:
“(…) La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento
en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial;
(iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional.
Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de
modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier
proceso para solicitar el amparo constitucional (…)” (negrilla fuera de texto
original).
II) Caso concreto
El abogado Michael David Garzón Santander presentó acción de tutela, diciendo
actuar en calidad de apoderado de la señora Eliana Farieth Velásquez Rosero,
de conformidad con el poder por ella conferido el 14 de agosto de 2019, de la
siguiente manera:
“(…) OTORGO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, al abogado Dr.
MICHAEL DAVID GARZÓN SANTANDER (…) para que en mi nombre y
representación solicite, tramite y lleve hasta su culminación ACCIONES
CONSTITUCIONALES Y AGOTAMIENTO DE VÍA GUBERNATIVA contra
NACIÓN; RAMA JUDICIAL, con el fin de proteger mis derechos constitucionales
y encaminados al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial
(…)”
1 Corte Constitucional. Sentencia T 194 de 2012
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En esa medida, observa la Subsección que si bien en el poder especial antes
citado, la señora Velásquez le confirió al abogado Garzón la facultad de presentar
acciones constitucionales a su nombre, para la protección de los derechos
fundamentales que se pudieran desconocer en el trámite de solicitar el
reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial; dicho poder
no incluye la facultad de accionar contra la autoridad judicial aquí accionada ni
hace relación a los derechos aquí reclamados.
Significa que el referido mandato no cumple con los requisitos establecidos por
la Corte Constitucional, puesto que fue otorgado de manera anticipada y sin la
concreción de los derechos fundamentales cuya protección ha de procurarse (por
ser futura e incierta la presunta transgresión); además, no puede perderse de
vista que los derechos fundamentales son personalísimos.
Así las cosas, es importante resaltar que, aunque el señor Garzón es el
apoderado judicial de la demandante en el proceso antes referenciado, la
personería adjetiva que allí se le reconoció no lo faculta para promover también
la presente solicitud de amparo, toda vez que, para ello requiere un poder
especial conferido en debida forma por la titular del derecho2.
Sobre el particular sea del caso mencionar que mediante providencia del 21 de
junio de 2024 se requirió a la parte accionante para que allegara poder con el
lleno de los requisitos legales; el 27 del mismo mes y año el abogado Garzón
remitió copia del mismo poder que aportó con el escrito de tutela, el cual ya fue
examinado y no lo legitima para actuar en el asunto.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
2 Corte Constitucional, sentencia T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras, Consejo de Estado, Sección
Cuarta, Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad. 20001233300020180030101.
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FALLA:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el abogado
Michael David Garzón Santander a nombre de la señora Eliana Farieth Velásquez
Rosero, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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