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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01233-00

Fecha
22 de abril de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01233-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de carga argumentativa mínima y por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01233-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

22 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01233-00
Accionante: Gloria Inés Bueno de Villalba
Se declara la improcedencia de la acción

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01233-00
Accionante: Gloria Inés Bueno de Villalba
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho / Empleo en encargo / Recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia / Se declara la improcedencia de la acción por falta de
carga mínima argumentativa y por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Gloria Inés Bueno de
Villalba contra la sentencia del 11 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. En esa providencia se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-005-2022-00199-01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 13 de marzo de 2024 la señora Bueno de Villalba presentó, a través de
apoderada judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la administración de
justicia. A juicio de la actora, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas
con la sentencia del 11 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01233-00
Accionante: Gloria Inés Bueno de Villalba
Se declara la improcedencia de la acción

Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 68001-33-33-005-2022-00199-01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):

<<PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA DEFENSA
Y CONTRADICCIÓN, AL TRABAJO Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez
que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, en Sentencia de fecha
once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), incurrió en un DEFECTO
SUSTANTIVO, por cuanto realizó una indebida interpretación y aplicación de las
disposiciones que integran el ordenamiento jurídico Decreto 1083 de 2015
Art.2.2.5.3.4 y demás relacionadas con la materia, precedente jurisprudencia, y lo
establecido en el artículo 29 y 53 de la Constitución Política, a su vez, incurrió́ en un
DEFECTO FÁCTICO, se dio una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas
presentadas., puesto que con las pruebas allegadas la Demandante se demostró́ el
incumplimiento del deber de la administración alegado y esta a su vez no logró
desvirtuar tal alegación como se evidencia en el Expediente.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia del once (11) de septiembre
de dos mil veintitrés (2023), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER dentro de la ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, que en
el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del ACCIÓN DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Promovida por GLORIA INÉS
BUENO DE VILLALBA, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley
y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Desde enero de 2001 fue vinculada en propiedad como secretaria 5140-06 en
la Registraduría Nacional del Estado Civil - Delegación Departamental de
Santander.

3.2.- Mediante Resolución 451 del 23 de junio de 2006 se le nombró en encargo en
el puesto de profesional universitario 3020-01 en esa misma entidad. Ese encargo
fue prorrogado a través de la Resolución 35 del 31 de enero de 2017.

3.3.- Mediante Resolución 078 del 5 de enero de 2022 la Registraduría Nacional
del Estado Civil resolvió dar por terminado el encargo de la actora. En ese acto

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01233-00
Accionante: Gloria Inés Bueno de Villalba
Se declara la improcedencia de la acción

administrativo no se explicaron los motivos por los cuales se decidió terminar el
encargo.

3.4.- En julio de 2022 promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
para que: (i) se declarara la nulidad del referido acto administrativo por haber sido
expedido sin motivación; (ii) se le reintegrara al cargo que venía ocupando o a uno
de igual o superior jerarquía; y (iii) le fueran pagados los emolumentos dejados de
percibir desde la fecha de su desvinculación hasta cuando se produjera su reintegro
al servicio.

3.5.- Mediante sentencia del 30 de marzo de 2023 el Juzgado Quinto Administrativo
de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda. Adujo que la Registraduría
Nacional del Estado Civil (nominador de la actora) contaba con la facultad
discrecional de dar por terminado el encargo en cualquier tiempo, por lo que no era
necesario motivar el acto. Además, indicó que, una vez terminado el encargo, la
accionante ocupó el cargo de secretaria 5140-06 que ostenta en propiedad, por lo
que en ningún momento fue desvinculada de la entidad. La accionante interpuso
recurso de apelación contra esa decisión1.

3.6.- En sentencia del 11 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de
Santander2 confirmó la decisión de primera instancia. Sostuvo que el acto no debía
estar necesariamente motivado dada la discrecionalidad del nominador para dar por
terminados los encargos en cualquier tiempo. El 3 de octubre de 2023 la accionante
interpuso recurso de unificación de jurisprudencia contra esa decisión.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que la sentencia objeto de reproche incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico. Al respecto, señala:

<<DEFECTO SUSTANTIVO, por cuanto del examen de la Sentencia acusada se
evidencia que se realizó una indebida interpretación y aplicación de las
disposiciones que integran el ordenamiento jurídico relacionadas con la materia, por
cuanto el Ad Quem, pese a haber elegido la disposición apropiada para solucionar
el conflicto surgido entre las partes, yerra al determinar su verdadero sentido y
alcance, lo cual que tuvo una incidencia directa en la decisión y del que se puede
predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales de la
Accionada, a su vez incurrió el fallador en un DEFECTO FÁCTICO, se dio una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas, puesto que con las

1 Aseguró que el acto administrativo por medio del cual se dio terminado su encargo debió estar motivado, es

decir, que debió haber explicado de manera clara y detallada las razones por cuas cuales cesó el encargo.
2 Con salvamento de voto de la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01233-00
Accionante: Gloria Inés Bueno de Villalba
Se declara la improcedencia de la acción

pruebas allegadas la Demandante se demostró el incumplimiento del deber de la
administración alegado, y esta a su vez no logró desvirtuar tal alegación como se
evidencia en el Expediente>>.

5.- También menciona que la autoridad judicial accionada desconoció varias
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en las que se ha
precisado que el acto administrativo mediante el cual se da por terminado un
encargo debe ser motivado, ya que la discrecionalidad del nominador no exonera a
la Administración de la necesidad de justificar su actuación3.

D. Oposiciones e intervenciones

6.- El Tribunal Administrativo de Santander (accionado) allegó copia del expediente
ordinario, pero no rindió informe.

7.- El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga (tercero con interés) señaló
que la actora pretende hacer de la acción de tutela una instancia adicional al
proceso ordinario, por no estar de acuerdo con la decisión. Agregó que al juez de
tutela le está vedado entrar a analizar de fondo las decisiones que resolvieron los
jueces naturales de la causa.

8.- La Registraduría Nacional del Estado Civil (tercero con interés) solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción y que se le desvinculara del proceso por
carecer de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que no es la autoridad llamada
a responder sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
actora, pues los reproches formulados por la accionante no guardan relación con
las facultades y funciones que desarrolla la entidad.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo: (i) por falta de
carga argumentativa mínima frente a los defectos sustantivo y fáctico; y (ii) por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al desconocimiento del
precedente judicial. Así mismo, negará la solicitud de desvinculación formulada por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, en tanto esa autoridad fue vinculada al
proceso en calidad de tercero con interés.

3 Si citaron las siguientes sentencias: SU-250 de 1998, SU-917 de 2010, SU-054 de 2015, T-610 de 2003;

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29
de noviembre de 2007, radicado 11001-03-15-000-2007-01218-00 (AC) C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 11 de agosto de 2011, radicado 05001-23-31-000- 2002-03329-01 (0078-10) C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.

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Se declara la improcedencia de la acción

E. No se cumple con la carga argumentativa mínima argumentativa en relación
con los defectos sustantivo y fáctico

10.- En efecto, la Sala observa que la actora no formuló reproches concretos contra
la sentencia cuestionada que justificaran los defectos que invocó como
configurados, sino que se limitó a señalar afirmaciones genéricas sobre la
procedencia de esos defectos.

10.1.- Frente al defecto fáctico, si bien la actora aseguró que hubo una indebida
valoración probatoria, no indicó respecto de cuáles medios de prueba se predicaba
esa supuesta indebida valoración. Por otro lado, en relación con el defecto
sustantivo, la actora adujo que hubo una <<indebida interpretación y aplicación de
las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico relacionadas con la
materia>>; sin embargo, no señaló con claridad cuáles fueron las normas que se
interpretaron o se aplicaron indebidamente.

10.2.- Lo anterior permite establecer que la accionante no agotó la carga mínima
argumentativa para sustentar los defectos que invocó, haciendo imposible el estudio
de los cargos por parte del juez constitucional.

F.- No se cumple con el requisito de subsidiariedad frente al cargo de
desconocimiento del precedente judicial

11.- En primer lugar, se advierte que los reparos de la actora en cuanto a que la
autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta sentencias de la Corte Constitucional
ni del Consejo de Estado sobre la motivación de actos administrativos que dan por
terminado un encargo, se encuadran dentro de un desconocimiento del precedente
judicial. No obstante, la Sala considera que se incumplió con el requisito de
subsidiariedad frente a ese defecto, por las razones que pasan a explicarse:

11.1.- Efectuada la revisión del proceso ordinario con radicado 68001-33-33-005-
2022-00199-01 en el aplicativo SAMAI y en Consulta de Procesos de la página Web
de la Rama Judicial, se constata que la accionante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra la sentencia acusada.

11.2.- Los argumentos del recurso extraordinario son los mismos que se plantean
en el escrito de tutela. Así las cosas, como dicho recurso se encuentra en trámite
y la controversia allí planteada se presentó en los mismos términos que la presente
acción de tutela, la Sala considera que la tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad y los reparos que presenta la

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01233-00
Accionante: Gloria Inés Bueno de Villalba
Se declara la improcedencia de la acción

accionante deben ser resueltos por el juez ordinario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de carga
argumentativa mínima y por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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