Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07568-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07568-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07568-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero en el de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07568-00
Accionante: GLORIA INÉS BUENO DE VILLALBA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Tutela contra la providencia judicial – cosa juzgada
constitucional e improcedencia por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra el Tribunal Administrativo de Santander.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 1 de diciembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Gloria Inés Bueno de Villalba, actuando a través de su
apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Santander. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y a la «estabilidad laboral
relativa».
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 11 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Santander. Asimismo, se vinculó al Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionantes: Gloria Inés Bueno de Villalba
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
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de Santander. Mediante esta providencia se confirmó parcialmente el fallo del 30
de marzo de 2023, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga, en el cual se negaron las pretensiones de la demanda al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-
33-005-2022-00199-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Sírvase Honorables Magistrados del Consejo de Estado, tutelar los
derechos constitucionales AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, IGUALDAD
Y ESTABILIDAD LABORAL RELATIVA, de la Accionante señora GLORIA INES
BUENO DE VILLALBA.
SEGUNDO: Sírvase declarar nulo e ineficaz la Resolución No 078 del 05 de
enero de 2022, mediante el cual se dio por terminado el encargo de la señora
GLORIA INES BUENO DE VILLALBA, como Profesional Universitario 3020-01,
de la Planta Global de la Delegación departamental de Santander de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y ordenó su reintegro al cargo en carrera
administrativa como secretaria 5140-06.
TERCERO: Ordénese a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Reintegro
de la de la funcionaria GLORIA INES BUENO DE VILLALBA al cargo de
Profesional Universitario 3020-01 en la Delegación Departamental de Santander,
y en consecuencia el pago a que tenga derecho de las diferencias salariales y
prestacionales, las diferencias en los aportes a seguridad social y demás
emolumentos dejados de recibir, dentro del lapso del retiro del cargo Profesional
Universitario 3020-01 hasta el reintegro al mismo.3
1.2. Hechos
4. La señora Gloria Inés Bueno de Villalva ha laborado en la Registraduría
Nacional del Estado Civil desde el 1 de noviembre de 1982. Mediante la
Resolución No. 001 del 2 de enero de 2001 fue incorporada en propiedad en el
cargo de «secretaria 5140-06».
5. Mediante la Resolución No. 451 del 23 de junio de 2006, la accionante fue
nombrada, en modalidad de encargo, en el puesto de «profesional universitario
3020-01», el cual finalizó en el 2011.
6. A través de la Resolución No. 035 del 31 de enero de 2017, fue
nuevamente nombrada en encargo en el puesto mencionado en el numeral
anterior. No obstante, mediante la Resolución No. 075 del 5 de enero de 2022, la
entidad le notificó la terminación del encargo.
7. Por considerar que no se efectuó la provisión definitiva del empleo como
causal de finalización del encargo, y debido a que no le fueron impuestas
sanciones disciplinarias y obtuvo una calificación sobresaliente en la «Evaluación
de Desempeño Laboral» de la entidad, interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil,
3 Transcripción literal que puede contener errores.
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con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que le notificó la
finalización del encargo.
8. Al proceso se le asignó el radicado número 68001-33-33-005-2022-00199-
00/01 y le fue repartido al Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga que,
mediante sentencia del 30 de marzo de 2023, negó las pretensiones debido a
que la resolución demandada fue proferida con fundamento en la facultad
discrecional del nominador, quien puede dar por terminado el encargo en
cualquier momento.
9. Por otra parte, resaltó que el derecho a la estabilidad laboral «absoluta»
de la accionante se predica únicamente para el cargo que posee en carrera
administrativa, situación que no le resulta aplicable a empleos que ejerza bajo la
modalidad de encargo.
10. Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación. Manifestó que el acto administrativo demandado carecía de
motivación, ya que no expuso de manera detallada y precisa las razones por las
cuales la entidad demandada finalizó el encargo.
11. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 11 de
septiembre de 20234, confirmó el fallo de primera instancia. Para fundamentar su
decisión, sostuvo que la resolución demandada no requería de motivación,
puesto que la decisión de la finalización del encargo hace parte de las facultades
discrecionales que posee la entidad nominadora.
12. Por otra parte, refirió que, en todo caso, dicha modalidad de empleo tiene
el límite temporal de 6 meses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
«e)» del artículo 20 de la Ley 1350 del 20095.
13. El 3 de octubre de 2023, la accionante interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, por considerar que el mencionado tribunal se apartó
del precedente fijado en las sentencias de unificación SU-250 de 1998, SU-917
de 2010, SU-556 de 2014 y SU-054 de 2015, todas proferidas por la Corte
Constitucional.
14. A su vez, el 13 de marzo de 2024, interpuso acción de tutela contra el
mencionado tribunal, por considerar que incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 11
de septiembre de 2023. Esto, debido a que, a su juicio, interpretó de manera
indebida las disposiciones que regulan la materia, pues desconoció que el
4 La cual fue notificada el 14 de septiembre de 2023 a través de mensaje de datos.
5 «Artículo 20. Clases de nombramiento. La provisión de los empleos en la Registraduría Nacional
del Estado Civil podrá realizarse mediante las siguientes clases de nombramiento: (…)
e) Nombramiento en encargo: Es aquel que se hace a una persona inscrita en Carrera
Administrativa para proveer de manera transitoria un empleo de Carrera mientras se surte el
concurso respectivo. El encargo no podrá exceder de seis (6) meses. En el transcurso del término
citado se deberá adelantar el concurso respectivo para proveer el empleo definitivamente».
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artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 del 2015 exige que la terminación de los
encargos sea mediante resolución motivada. Además, realizó una valoración
caprichosa de las pruebas y no aplicó los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en la materia.
15. A dicho proceso se asignó el radicado 11001-03-15-000-2024-01233-00 y
le fue repartida a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que, mediante sentencia del 22 de abril de 2024, declaró la improcedencia de la
acción de tutela6.
16. En dicha providencia, dicha Sección sostuvo que frente a los defectos
fáctico y sustantivo no se cumplió con la carga argumentativa mínima requerida
para que proceda un estudio de fondo. Frente al desconocimiento del precedente,
refirió que no superó el requisito de subsidiariedad, dado que el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia que interpuso al interior del
proceso ordinario aún se encontraba en trámite.
17. Finalmente, mediante auto del 25 de agosto de 2025, la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación, dado que las sentencias consideradas como
desconocidas fueron proferidas por la Corte Constitucional y respecto de aquellas
no procede dicho medio de impugnación, de conformidad con los lineamientos
fijados en la sentencia C-634 de 2011 dictada por el máximo tribunal
constitucional.
1.3. Sustento de la vulneración
18. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada, al proferir
la sentencia del 11 de septiembre de 2023, incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.
19. Al respecto, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander «realizó
una interpretación y aplicación contraevidente de las disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico relacionadas con la materia», debido a que si bien aplicó
lo dispuesto en el numeral «e)» del artículo 20 de la Ley 1350 del 2009,
desconoció lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual señala
que el retiro de los empleos de carrera se efectuará mediante acto motivado.
20. A su vez, citó los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015,
en los cuales se reguló la forma de provisión de las vacancias definitivas, así
como la terminación de los encargos y de los nombramientos provisionales. En
dichas disposiciones se estableció que «antes de que se cumpla el término de
duración del encargo, de su prórroga o del nombramiento provisional, el
nominador podrá darlos por terminados mediante resolución debidamente
motivada».
6 Dicha decisión no fue impugnada por las partes.
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21. En ese orden, indicó que, contrario a lo afirmado por el tribunal, la
Resolución No. 075 del 5 de enero de 2022, por medio de la cual la Registraduría
Nacional del Estado Civil dio por terminado el encargo, sí debía estar motivada.
Además, resaltó que, por ser funcionaria de carrera administrativa, la entidad
debió dar cuenta de las razones por las cuales decidió retornarla al cargo que
ostentaba en propiedad.
22. Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, indicó que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2010 unificó su criterio sobre
el retiro de los funcionarios en provisionalidad que ocupan cargos de carrera y
determinó que en dichos casos le es exigible a la administración motivar el acto
administrativo de desvinculación, so pena de vulnerar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de los funcionarios.
23. Finalmente, sostuvo que «en concordancia con lo dispuesto en el artículo
2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, y el criterio expuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010, la terminación del nombramiento
provisional o el de su prórroga, procede por acto motivado, y sólo es admisible
una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la
provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos
respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria
u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar
el funcionario concreto, situación que no ocurrió en el caso bajo estudio».
1.4. Intervenciones
24. El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga indicó que el
escrito de tutela refleja una mera inconformidad con lo decidido por el juez de
segunda instancia que negó las pretensiones de la demanda ordinaria. En ese
sentido, indicó que dicha acción constitucional no puede ser utilizada para
constituir una tercera instancia.
25. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su
desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, dado que no tiene injerencia en las decisiones que toman los jueces.
26. Por último, el Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio y se
limitó a remitir copia del expediente ordinario.
II. CONSIDERACIONES
27. La Sala declarará la cosa juzgada frente al defecto sustantivo y la
improcedencia de la solicitud de amparo respecto del defecto de
desconocimiento del precedente jurisprudencial. En ese sentido, esta Sección
explicará las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio se configuró
la cosa juzgada constitucional y no se supera el requisito general de relevancia
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constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La configuración de la cosa juzgada frente al defecto sustantivo
28. En relación con el defecto sustantivo alegado por la accionante, la Sección
encuentra necesario realizar un estudio de cosa juzgada constitucional, debido a
que el cargo que está siendo estudiado podría coincidir sustancialmente con un
estudio previo realizado sobre este mismo defecto en la sentencia del 22 de abril
de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al interior de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-
01233-007, y en la que se declaró la improcedencia del mecanismo constitucional.
29. La configuración de la cosa juzgada constitucional exige verificar la
concurrencia de una triple identidad: de partes, de objeto y de causa petendi,
entre el asunto sometido a estudio y aquel previamente decidido por el juez de
tutela. En el caso objeto de estudio se configuró la cosa juzgada únicamente
frente al defecto sustantivo alegado por la accionante, como se evidencia a
continuación:
Tutela 11001-03-15-000-2025-07568- Tutela 11001-03-15-000-2024-01233-
00 (sub examine) 00
Identidad de Accionante: Gloria Inés Bueno de Accionante: Gloria Inés Bueno de
partes Villalva Villalva
Accionado: Tribunal Administrativo de Accionado: Tribunal Administrativo de
Santander Santander
Identidad de Por medio de la Resolución No. 075 del Por medio de la Resolución No. 075 del
causa 5 de enero de 2022, la Registraduría 5 de enero de 2022, la Registraduría
petendi Nacional del Estado Civil dio por Nacional del Estado Civil dio por
terminado el encargo, razón por la cual terminado el encargo, razón por la cual
la accionante interpuso demanda de la accionante interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de que declarara la nulidad de con el fin de que declarara la nulidad de
dicho acto administrativo, a la cual se le dicho acto administrativo, a la cual se le
asignó el radicado 68001-33-33-005- asignó el radicado 68001-33-33-005-
2022-00199-00/01. 2022-00199-00/01.
Mediante sentencia del 11 de Mediante sentencia del 11 de
septiembre de 2023, el Tribunal septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó Administrativo de Santander confirmó
el fallo del 30 de marzo de 2023, el fallo del 30 de marzo de 2023,
dictado por el Juzgado Quinto dictado por el Juzgado Quinto
Administrativo de Bucaramanga que Administrativo de Bucaramanga que
negó las pretensiones de la demanda. negó las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, por considerar que, al Lo anterior, por considerar que, al
tratarse de una facultad discrecional del tratarse de una facultad discrecional del
nominador, el acto administrativo nominador, el acto administrativo
demandado no debía estar motivado. demandado no debía estar motivado.
7 A este proceso, le fue asignado el número de expediente T-10.265.902, y mediante auto de 26
de junio de 2024, la Sala de Selección Número 6 de la Corte Constitucional decidió no
seleccionarla para revisión.
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Además, sostuvo que dicha modalidad Además, sostuvo que dicha modalidad
de empleo tiene el límite temporal de 6 de empleo tiene el límite temporal de 6
meses, de conformidad con lo meses, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral «e)» del dispuesto en el numeral «e)» del
artículo 20 de la Ley 1350 del 2009. artículo 20 de la Ley 1350 del 2009.
Identidad de A juicio de la parte accionante, la Consideró que el Tribunal
objeto autoridad judicial accionada incurrió en Administrativo de Santander incurrió en
(defecto un defecto sustantivo, dado que no un defecto sustantivo, debido a que
sustantivo) aplicó lo dispuesto en el artículo 41 de realizó una «indebida interpretación y
la Ley 909 de 2004, el cual señala que aplicación de las normas que integran
el retiro de los empleos de carrera se el ordenamiento jurídico Decreto 1083
efectuará mediante acto motivado. de 2015 Art. 2.2.5.3.4 y demás
disposiciones relacionadas con la
Además, señaló que no aplicó los materia».
artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.3.4 del
Decreto 1083 de 2015, en los que se En ese sentido, concluyó que el acto
determinó la forma de proveer las administrativo demandado sí requería
vacancias definitivas y la terminación motivación y su retiro del encargo no
de los encargos y el nombramiento estaba sujeto a la facultad discrecional
provisional. En dichas disposiciones se del nominador.
estableció que antes de cumplirse el
término de duración del encargo, de la
prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por
resolución motivada, podrá darlos por
terminado.
30. De lo anterior, se advierte que ambos procesos fueron promovidos por la
señora Gloria Inés Bueno de Villalba contra el Tribunal Administrativo de
Santander por proferir la sentencia del 11 de septiembre de 2023 en la que se
confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-005-2022-
00199-00/01.
31. Frente al cargo por defecto sustantivo, se evidencia que en ambos
procesos se pretende cuestionar el desconocimiento del artículo 2.2.5.3.4 del
Decreto 1083 de 2015 que consagra el deber de motivación del acto
administrativo que dio por terminado el encargo.
32. Sobre este punto, la Sala resalta que si bien en el caso sub examine la
parte accionante citó los artículos 2.2.5.3.1 ibidem y 41 de la Ley 909 de 2004, lo
cierto es que de aquellas no explicó las razones por las cuales dichas
disposiciones fueron desconocidas. Por el contrario, su único argumento se
centró en exponer que del artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 se
desprende un deber de motivación del acto administrativo, norma que, a juicio de
la accionante, fue desatendida por el juez de segunda instancia, reproche que,
en esta instancia, también carece de carga argumentativa.
33. Lo anterior, debido a que la transcripción de normas no resulta suficiente
para que proceda un estudio de fondo, pues en estos asuntos se requiere una
argumentación con perspectiva constitucional e iusfundamental.
34. En ese orden, también resulta necesario precisar que la transcripción de
normas adicionales en el escrito de la tutela de la presente acción constitucional
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no constituye un hecho nuevo que permita superar la cosa juzgada constitucional.
Ello, debido a que, pese a que la actora incluyó disposiciones adicionales en el
escrito tutelar, sus reproches se centraron, se reitera, en la falta de aplicación del
del artículo 2.2.5.3.4 ibidem, sin que se incluyera argumentos adicionales
tendientes a demostrar la desatención de otras normas. Por tanto, es claro que,
sustancialmente, en lo que respecta al defecto sustantivo alegado, no han
variado las partes, la causa ni el objeto de la petición de amparo, reproche que,
se reitera, también carece de carga argumentativa.
35. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «algunas variaciones
en las partes, los hechos o las pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a
cosa juzgada y la nueva demanda no necesariamente conducen a concluir que
no existe cosa juzgada. Por el contrario, se trata de un examen más profundo, en
el que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la
coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de la posibilidad de
identificar pequeñas diferencias entre una y otra acción». Ver Corte
Constitucional, sentencia SU-397 de 2022.
36. Por lo anterior, la Sala concluye que los reproches de la accionante son
sustancialmente iguales en las dos acciones de tutela interpuestas, los cuales,
además, carecen de la carga argumentativa mínima requerida para que proceda
un estudio de fondo por parte del juez constitucional. En ese sentido, la Sala
declarará la cosa juzgada constitucional respecto del cargo por defecto
sustantivo, comoquiera que se constató la triple identidad entre la presente
acción y la identificada con radicado 11001-03-15-000-2024-01233-00, que no
fue seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional.
37. Ahora bien, para la Sala resulta pertinente precisar que de lo anterior no
se desprende la temeridad en el ejercicio de la acción de tutela, por cuanto no se
advierte la mala fe en la interposición de la acción. Esto, no solo porque la
accionante informó acerca de la existencia del fallo de tutela del 22 de abril de
2024 dictado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
sino también porque se evidenció que la accionante superó la causal de
improcedencia de la acción de tutela en lo que respecta al defecto por
desconocimiento del precedente.
38. Lo anterior, debido a que en la mencionada providencia la Subsección B
declaró la improcedencia de la acción por no haberse superado el requisito de
subsidiariedad, dado que se encontraba en trámite el recurso extraordinario de
unificación jurisprudencial, razón por la cual, luego de haberse proferido el auto
del 25 de agosto de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que rechazó de plano el recurso, la accionante radicó la presente
acción constitucional.
39. En ese sentido, resulta evidente que la accionante superó el requisito de
subsidiaridad que fue declarado previamente y, en consecuencia, la Sala
procederá a estudiar únicamente el cargo por desconocimiento del precedente
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judicial.
2.1.2. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
40. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
41. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
42. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
43. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
44. La Sala advierte que la señora Gloria Inés Bueno de Villalba está
legitimada en la causa por activa, dado que fue la parte demandante al interior
del medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante
esta vía.
45. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión objeto de estudio
el presente trámite constitucional.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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Accionantes: Gloria Inés Bueno de Villalba
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07568-00
46. Por otra parte, la Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, dado que fue vinculada a la presente
acción constitucional por ser un tercero con posible interés en las resultas del
proceso, pues fue la parte demandada en el proceso ordinario en el que se dictó
la sentencia de segunda instancia se reprocha mediante esta vía.
47. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
48. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la sentencia
proferida el 11 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander. Mediante esta providencia se confirmó parcialmente el fallo del 30 de
marzo de 2023, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga,
en el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
49. A su juicio, el tribunal accionado incurrió en un desconocimiento del
precedente judicial al no aplicar el contenido de la sentencia SU-917 de 2010
dictada por la Corte Constitucional, en la que se unificó el criterio respecto del
retiro de los funcionarios en provisionalidad que ocupan cargos de carrera. En
dicha providencia, el máximo órgano constitucional determinó que en dichos
casos le es exigible a la administración motivar el acto administrativo de
desvinculación, so pena de vulnerar los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa de los funcionarios.
50. Precisado lo anterior, la Sala advierte que el escrito de tutela no cuenta
con la carga argumentativa mínima requerida para que proceda un estudio de
fondo por parte del juez constitucional. De la lectura integral de la demanda se
advierte que la sociedad accionante simplemente se limitó a citar extractos de la
providencia que consideró desconocida, sin siquiera indicar por qué dicha
providencia le resulta aplicable a su caso.
51. Lo anterior, debido a que solo hizo referencia al presunto tema sobre el
cual versa la decisión, sin evidenciar la regla de derecho que considera aplicable
ni explicitar por qué la situación fáctica es igual a la suya y, en esa medida, por
12 Sentencia SU-215 de 2022.
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qué dicha decisión constituye, en efecto, un precedente que debió ser tenido en
cuenta al momento de resolver su caso.
52. Además, sus reproches son una reiteración de los argumentos expuestos
al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues tanto en el
recurso de apelación como en la presente acción de tutela la accionante insiste
en que la sentencia SU-917 de 2010, dictada por la Corte Constitucional,
consagra el deber de motivación de los actos administrativos, discusión que ya
fue zanjada por los jueces naturales de la causa13.
53. En ese sentido, se advierte que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en
el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental.
54. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada frente al cargo por defecto sustantivo y
la improcedencia de todo lo demás en la acción de tutela presentada por la
señora Gloria Inés Bueno de Villalba contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
13
Al respecto, la Sala precisa que en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho la accionante también puso de pretense el desconocimiento de la sentencia SU-
917 de 2010 dictada por la Corte Constitucional. Sobre este punto, el Tribunal
Administrativo de Santander le indicó que la resolución demandada no requería de
motivación, puesto que la decisión de la finalización del encargo hace parte de las
facultades discrecionales que posee la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salvamento parcial de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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