Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01247-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01247-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01247-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01247-00
Demandante: NANCY LUISA CASTILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE DECLARÓ
PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR ACTIVA. SE INVOCA UN DEFECTO
SUSTANTIVO Y SE NIEGA EL AMPARO INVOCADO.
Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el marco del
medio de control de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con
ocasión del fallo que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes,
por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico. Se niega el amparo porque no se configuró
el defecto invocado.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por la señora Nancy
Luisa Castillo en contra del Tribunal Administrativo de Nariño para la protección de su
derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta
Política con ocasión de la providencia de 7 de julio de 2023 proferida por dicha autoridad
judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 13 de marzo de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01247-00
Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
1) El 14 de agosto de 2014, a las 11 de la noche, se perpetuó un atentado terrorista en
contra de la Base militar Infantería de Marina no. 4 de la Armada Nacional, acantonada
dentro del casco urbano del municipio de Tumaco, mediante un “cilindro gas – bomba”,
acto que fue atribuido a grupos al margen de la ley y que causó lesiones personales,
destrucción o semidestrucción de las casas de habitación de los demandantes, y de sus
bienes muebles y enseres.
2) Las señoras Nancy Castillo, Nidia Elisa Angulo, Ingrid Yaneth Palacios, Barbara
Valencia, María Luisa Quiñones, Domitila Castro y Yolanda Estupiñán con sus núcleos
familiares, respectivamente, sufrieron daños en sus viviendas, con ocasión del atentado
terrorista dirigido de manera directa y exclusiva en contra de la Armada Nacional;
además, sufrieron un choque emocional que les causó trastornos de ansiedad, por lo
cual tuvieron que acudir a un profesional de la psicología.
3) La unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, una vez analizados
los elementos encontrados respecto de la verificación de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar del hecho ocurrido el 14 de agosto de 2014 en las 17 instalaciones de la
Infantería de Marina no. 4 de la Armada Nacional, certificó que cada una de las víctimas
fueron afectadas con el hecho victimizante.
4) La señora Nancy Luisa Castillo y otros2 presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Armada Nacional, con el fin de que se les declarara responsables por los perjuicios
morales y materiales que les fueron causados por el atentado terrorista en contra de las
instalaciones de la Armada Nacional en la ciudad de Tumaco, que trajo como
consecuencia la destrucción de las viviendas de su propiedad.
2 Daniel Fernando Palacios Castillo; Nancy Yomaira Palacios Castillo; Fátima Mile Palacios Castillo; Ingrid
Yaneth Palacios Castillo; José Bernardo Palacios Castillo; Didier Javier Palacios Castillo; Mirian Castillo
Cortes; Rosa Herlinda Castillo Cortés; Nidia Elisa Angulo Ramírez; Norman Aníbal Angulo Bolaos, José
Miguel Hurtado Angulo; Jairo Alfredo Angulo y Feliciana del Carmen Ramírez Quiñonez; Sandra Catalina
Angulo Quiñones; Jeiver Alberto Angulo Ramírez; Ingrid Yaneth Palacios; Jimi García Castillo; José Daniel
García Palacios; Nancy Luisa Castillo Cortes; Barbara Patricia Valencia Sinisterra; Sandra Patricia
Montenegro Valencia, Jainiver Montenegro Valencia; Claudia Jacqueline Mancilla Valencia; Carlos
Valencia Vásquez; Henry Jesús Valencia Sinisterra; María Luisa Quiñones; Samuel Eduardo Quiñones;
Jhon Erik Arias Quiñones; Bernardina Quiñones Angulo; Astelia Quiñones Angulo; Domitila Castro Salas;
Oscar Alexander Cortes Castro, María Fernanda Cortes Castro; Luis Antonio García Castro; Luz Dary
Castro Salas; Lucía Castro Salas; Yolanda Estupiñán Pérez; Lex Marcus Betancourt Estupiñán; Paola
Stephania Burbano Estupiñán; Ana Aydee Estupiñán Morales, Eduardo Estupiñán Pérez y Oscar
Estupiñán Pérez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01247-00
Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
5) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto quien, mediante sentencia de 26 de abril de 2021, declaró probada la
excepción de ausencia de legitimación en la causada por pasiva, pues el ataque
delincuencial perpetrado el 14 de agosto de 2014 en el municipio de Tumaco no se dirigió
de manera exclusiva contra la Armada Nacional, sino en contra de la población civil;
además, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se probó que sobre la
Armada Nacional o las viviendas de los demandantes se hubiesen recibido amenazas, o
que en el sector se hubieren evidenciado alteraciones o perturbaciones de forma
reiterada.
6) La parte demandante presentó recurso de apelación, en el cual manifestó que, si bien
el informe entregado por la Brigada de Infantería de Marina no. 44 no demostraba que el
atentado se dirigió exclusivamente contra la Armada Nacional, a partir del análisis
conjunto de este documento, con las declaraciones de parte, se evidenciaba que el
ataque fue dirigido exclusivamente contra esa autoridad.
7) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Nariño en providencia del 7
de julio de 20233, en la que confirmó la sentencia de primera instancia, pero por no
haberse acreditado la legitimación en la causa por activa de los demandantes, puesto
que no probaron ser los propietarios, poseedores o tenedores de los bienes
presuntamente afectados con el atentado terrorista.
2. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho
fundamental del debido proceso con ocasión del fallo proferido el 7 de julio de 2023, por
cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto sustantivo.
Afirmó que el tribunal hizo una indebida interpretación fáctica, por cuanto no se pronunció
solamente sobre los argumentos expuestos en la apelación, tal como lo exige el artículo
328 del Código General del Proceso, sino que fue más allá y decidió sobre puntos ajenos
al recurso, relacionados con la falta de legitimación en la causa por activa de los
demandantes.
3 Decisión que fue notificada el 27 de septiembre de 2023.
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Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
Los demandantes sí se encontraban legitimados en la causa por activa, por cuanto en la
demanda se señaló que el daño moral derivó del atentado terrorista en contra de la
Armada Nacional y no de los daños sufridos a las viviendas.
Las afectaciones psicológicas y daño a la salud que sufrieron los demandantes se
derivaron del artefacto que explotó cerca de las casas ubicadas en inmediaciones de las
instalaciones militares de la Armada Nacional.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, para rendir sus informes
periciales de la pérdida de la capacidad laboral, se apoyó en dictámenes y/o valoraciones
de un profesional especializado e idóneo en psicología, quien realizó los procedimientos
acordes con las afectaciones que sufrieron los demandantes por estar expuestos a un
atentado terrorista, pruebas que fueron incorporadas al expediente y que no fueron
objetadas ni tachadas de falsas.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de la siguiente
súplica:
“1. Tutelar el Derecho al debido proceso y a la administración de justicia,
vulnerados con la sentencia de segunda instancia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO.
2. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Revoque la
sentencia de segunda instancia y acceda a las pretensiones solicitadas en la
demanda dentro del proceso 2016-229.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- mayúsculas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 15 de marzo de 2024 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Nariño, al titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Pasto, al comandante de la Armada Nacional y a los señores Daniel Fernando
Palacios Castillo; Nancy Yomaira Palacios Castillo; Fátima Mile Palacios Castillo; Ingrid
Yaneth Palacios Castillo; José Bernardo Palacios Castillo; Didier Javier Palacios Castillo;
Mirian Castillo Cortes; Rosa Herlinda Castillo Cortés; Nidia Elisa Angulo Ramírez;
Norman Aníbal Angulo Bolaos, José Miguel Hurtado Angulo; Jairo Alfredo Angulo y
Feliciana del Carmen Ramírez Quiñonez; Sandra Catalina Angulo Quiñones; Jeiver
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01247-00
Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
Alberto Angulo Ramírez; Ingrid Yaneth Palacios; Jimi García Castillo; José Daniel García
Palacios; Nancy Luisa Castillo Cortes; Barbara Patricia Valencia Sinisterra; Sandra
Patricia Montenegro Valencia, Jainiver Montenegro Valencia; Claudia Jacqueline
Mancilla Valencia; Carlos Valencia Vásquez; Henry Jesús Valencia Sinisterra; María
Luisa Quiñones; Samuel Eduardo Quiñones; Jhon Erik Arias Quiñones; Bernardina
Quiñones Angulo; Astelia Quiñones Angulo; Domitila Castro Salas; Oscar Alexander
Cortes Castro, María Fernanda Cortes Castro; Luis Antonio García Castro; Luz Dary
Castro Salas; Lucía Castro Salas; Yolanda Estupiñán Pérez; Lex Marcus Betancourt
Estupiñán; Paola Stephania Burbano Estupiñán; Ana Aydee Estupiñán Morales, Eduardo
Estupiñán Pérez y Oscar Estupiñán Pérez, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, por cuanto la demandante dirigió sus
cuestionamientos en contra de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño en segunda instancia.
El Ministerio de Defensa Nacional afirmó que el despacho judicial demandado profirió su
providencia de conformidad con el material probatorio recaudado en el proceso y las
normas legales y constitucionales sobre la materia, dentro del contexto de la autonomía
e independencia de la que gozan los jueces.
Las demás autoridades demandadas y terceros con interés guardaron silencio en esta
oportunidad, a pesar de haberse notificado en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
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Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo de Nariño con el fin de que se proteja su derecho fundamental
del debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión del fallo proferido el 7 de julio
de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto sustantivo.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto solicitó que se le
desvinculara de la acción de tutela, por cuanto la demanda se dirigía a cuestionar el fallo
de segunda instancia y no la decisión que adoptó.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación
en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés, pues,
fue quien profirió la sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa
objeto del presente estudio.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederán a exponerse:
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene
en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación
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Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
de la providencia atacada4; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta
vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia
que declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
de los demandantes, lo cual tiene una estrecha relación con las garantías del debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en un defecto sustantivo.
1) La parte demandante sostuvo que el tribunal hizo una indebida interpretación fáctica,
por cuanto decidió sobre puntos ajenos al recurso de apelación, relacionados con la falta
de legitimación en la causa por activa de los demandantes.
2) Manifestó que los demandantes sí se encontraban legitimados en la causa por activa,
debido a que en la demanda se puso de presente que el daño moral reclamado derivó
del atentado terrorista en contra de la Armada Nacional y no de las afectaciones a las
viviendas.
3) Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la demanda y de la
providencia atacada con el fin de verificar si la autoridad judicial demandada hizo una
indebida interpretación fáctica, lo cual conllevó a que no advirtiera que lo pretendido con
la demanda era la indemnización por las afectaciones psicológicas y el daño a la salud
que se derivaron de la explosión del artefacto, y no directamente de los daños
ocasionados a las viviendas.
4) En primer lugar, se advierte que en la demanda de reparación directa la parte
demandante consignó expresamente como pretensiones, las siguientes:
“[C]on todo respeto me permito a través de este escrito presentar
DEMANDA EN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACION
DIRECTA, en contra de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA -
4 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 27 de septiembre de 2023 y la demanda fue
presentada el 13 de marzo de 2024.
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Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
ARMADA NACIONAL, representados legalmente por el Señor Ministro del
Ramo y el Comandante de La Armada Nacional, tendiente a lograr el
reconocimiento en materia de indemnización de perjuicios de orden
moral, material y demás sufridos por mis poderdantes, a consecuencia de
un atentado terrorista en contra de las instalaciones de la Armada Nacional,
perpetrado en Ia ciudad de Tumaco, por miembros de grupos al margen de la
ley en donde se produjo la destrucción de la vivienda de propiedad de las
personas que se relación a continuación: (…).
(…).
3.1.1. Declárese a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA
NACIONAL, representados legalmente por el Señor Ministro del Ramo, el
Comandante de La Armada Nacional, administrativa y patrimonialmente
responsables de la afectación psicológica sufrida por mis poderdantes y
daño a la salud sufrida por NANCY LUISA CASTILLO, sobreviniente a los
daños sufridos en su vivienda, ubicada al costado derecho de las
Instalaciones de la Brigada de infantería de Marina No. 4 de la ARMADA
NACIONAL en el Municipio de Tumaco y con ocasión de atentando terrorista
con artefactos explosivos dirigido de manera directa y exclusiva contra la
ARMADA NACIONAL, afectación acaecida el día 14 de Agosto de 2014..”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –
negrillas de la Sala).
5) Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de 7 de julio de 2023,
indicó que, de las pretensiones de la demanda, era posible advertir que lo que sustentaba
la solicitud indemnizatoria era la afectación material de los inmuebles y no directamente
el miedo, la zozobra o la angustia producto del atentado terrorista, así:
“Como se destacó al relacionar las pretensiones de la demanda, tanto las
que se expusieron de manera inicial frente a todos los demandantes,
como las que se consignaron frente a cada uno de los grupos, la demanda
tiene por objeto lograr la indemnización de perjuicios inmateriales –
morales y daño a la salud– SOBREVINIENTES a los daños sufridos en las
viviendas de las demandantes, que encabezan cada grupo familiar.
Es decir, los perjuicios morales y los perjuicios por el daño a la salud,
tienen como fuente la afectación de los bienes inmuebles –casas de
habitación– que conforme a la demanda eran de propiedad de las señoras
Nancy Castillo, Nidia Elisa Angulo, Ingrid Yaneth Palacios, Bárbara Valencia,
María Luisa Quiñones, Domitila Castro Salas y Yolanda Estupiñán Pérez.
Entonces, las demandantes antes mencionadas, que encabezan cada grupo
demandante, se presentan al proceso como propietarias de las viviendas
afectadas y una de ellas como arrendataria y es la afectación material de
los inmuebles la que sustenta las pretensiones indemnizatorias.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –negrillas de la
Sala).
6) En esa medida, estimó que, como los perjuicios reclamados se sustentaron en la
afectación material de las viviendas, era fundamental que los demandantes acreditaran
la propiedad sobre los bienes presuntamente afectados con el atentado terrorista, a
través del certificado de libertad y tradición de los inmuebles, o, por lo menos,
demostraran su calidad de poseedoras o tenedoras. Sobre el particular, señaló:
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Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
“En esta medida, tomando como fundamento las pretensiones de la demanda
y en especial la forma en la que fueron estructuradas, la Sala considera que
era carga de la parte activa de esta contienda acreditar la propiedad sobre
los bienes presuntamente afectados con el atentado terrorista, derecho
que, entre otras cosas, manifiestan tener las antes mencionadas en las
declaraciones de parte ofrecidas, cosa que no hicieron.
En efecto, la solicitud probatoria hecha en la demanda no se ocupó por
acreditar el derecho de propiedad que se manifestó radicaba en cada una de
las demandantes que encabezaban cada grupo familiar y e esfuerzo probatorio
se dirigió a la acreditación de la afectación material de las viviendas y a la
prueba de la disminución de la capacidad laboral.
Reitera la Sala que conforme al material probatorio obrante en el proceso,
especialmente, a las declaraciones de parte ofrecidas por Nancy Castillo, Ingrid
Yaneth Palacios, Bárbara Valencia, María Luisa Quiñones, Domitila Castro
Salas y Yolanda Estupiñán Pérez, la condición en la que éstas acuden al
proceso es la de propietarias de los inmuebles, no otra y, por ende, debían
demostrar dicha condición con la prueba conducente para ello, esto es,
el certificado de libertad y tradición de los inmuebles, cosa que no
hicieron y esta prueba no puede suplirse con ninguna otra, como tampoco
puede este juzgador considerar una condición distinta a la que fuera exhibida
en la demanda y en las declaraciones de parte.
Pero si se pasara por alto esta omisión probatoria de la parte demandante, la
Sala tampoco puede advertir que las demandantes acrediten cualesquier
otra condición frente a los inmuebles afectados, esto es, poseedoras,
tenedoras, etc. porque lo cierto es que la única prueba practicada en el
proceso fue la declaración de cada una de las partes y en ellas, como antes se
advirtió, se insiste en la calidad de la mayoría de las demandantes de
propietarias de los bienes afectados y no de otra, calidad que no se demostró.
Es decir, la Sala no encuentra acreditada ninguna condición de las
demandantes frente a los inmuebles afectados que permita tener por
acreditada su legitimación en la causa por pasiva.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).
7) Así pues, el tribunal, después de hacer una valoración conjunta de las pruebas y de
las pretensiones de la demanda, consideró que como la pretensión indemnizatoria no se
sustentó en los perjuicios sicológicos originados en el miedo, la zozobra o la angustia
producto del atentado terrorista, sino en los perjuicios sobrevinientes a la afectación
material de las viviendas, era necesario que se acreditara la condición de propietario o
poseedor de los inmuebles, lo cual no ocurrió. Al respecto, señaló:
“Es decir, si bien se habría demostrado el presupuesto del daño, porque
las declaraciones de parte junto a otras pruebas darían cuenta de las
afectaciones causadas a los inmuebles por cuenta del atentado terrorista, lo
cierto es que no se demostraron los perjuicios cuya indemnización se
solicita, la cual se restringió a los perjuicios inmateriales –morales y daño
a la salud– SOBREVINIENTES a los daños sufridos en las viviendas de las
demandantes.
En este orden, la parte demandante debía acreditar los perjuicios
inmateriales que sufrió por cuenta de los daños causados a las viviendas,
cosa que no hizo.
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Acción de tutela
Y en este punto valga aclarar que, en la demanda, la pretensión
indemnizatoria no se sustenta en los perjuicios sicológicos originados en
el miedo, la zozobra o la angustia producto del atentado terrorista, sino
en los perjuicios SOBREVINIENTES a la afectación material de las
viviendas, cosa que se aprecia distinta.
Es decir, la parte demandante identifica el daño como la afectación
material causada a las viviendas, en razón de los cual los perjuicios
solicitados se entienden originados en este daño y no en otro.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI – negrillas de la
Sala).
8) Por último, en cuanto a los dictámenes de la Junta de Calificación de Invalidez, que
presuntamente acreditaban la afectación psicológica, señaló que “[l]os mismos hacen
relación a la afectación psicológica presuntamente causada a las demandantes arriba
mencionadas, por el miedo, la zozobra, la angustia, el susto que produjo el ataque
terrorista, lo cual revela otra situación dañina, distinta a la afectación psicológica que
sobrevino a los daños materiales causados a los inmuebles, que es, conforme a la
demanda, la que sustenta las pretensiones indemnizatorias.”.
9) Pues bien, una vez examinado lo anterior, esta Sala encuentra que, contrario a lo
afirmado en la acción de tutela, el tribunal realizó valoración e interpretación fáctica
razonable del asunto, pues, analizó las pretensiones de la demanda, tanto las que se
expusieron de manera inicial frente a todos los demandantes, como las que se
consignaron frente a cada uno de los grupos, lo cual conllevó a que, según el criterio de
la Sala, no se tuviera por acreditada la legitimación en la causa por activa de los
demandantes, en la medida que con la demanda lo que se pretendió fue la indemnización
de los daños inmateriales derivados de la afectación de los bienes inmuebles, de ahí que
considerara era fundamental que se acreditara la condición de propietario o arrendatario,
las cuales no fueron demostradas.
10) Si bien la parte actora afirmó que la autoridad judicial demandada hizo una valoración
inadecuada de las pretensiones para concluir que se encontraba probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa, lo cierto es que tales planteamientos están
dirigidos a controvertir no una omisión en dicha valoración, sino el ejercicio de la
autonomía con que el juez de la causa arribó a la conclusión que la demandante
consideró vulneradora de sus derechos fundamentales, con el único fin de poner de
manifiesto sus desavenencias e inconformidades con la decisión de instancia.
11) Una lectura de las pretensiones del libelo ordinario permite demostrar que
efectivamente, como lo puso de presente el tribunal accionado, el daño puntual y
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expresamente reclamado por la parte actora fue la afectación a las viviendas y los
perjuicios inmateriales “sobrevinientes” de ese daño, en tanto así se consignó de manera
clara en el petitum; así las cosas, contrario a lo afirmado en la tutela, el juez de la
reparación no hizo una valoración ajena o contraria a lo pedido, sino que analizó de
manera razonable las pretensiones de la demanda y las pruebas allegadas al proceso,
con el cual concluyó que no se encontraba acreditada la legitimación de los demandantes
para reclamar los perjuicios causados por la afectación de los bienes inmuebles, sin que
le sea dado al juez de tutela entrar a proponer una mejor solución al caso solamente
porque los demandantes consideran que la decisión les fue desfavorable a sus intereses.
12) Finalmente, en cuanto al argumento relacionado con la presunta extralimitación del
tribunal por haber decidido sobre puntos ajenos al recurso de apelación, relacionados
con la falta de legitimación de los demandantes, para la Sala resulta claro que al ser la
legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva, un presupuesto procesal de la
acción, corresponde al juez emprender su análisis de manera oficiosa con independencia
de que se hubiera o no alegado en la alzada y sin que ello altere el principio de
congruencia5.
13) En consecuencia, para esta Sala no hay lugar a declarar la presencia de un defecto
sustantivo en la providencia atacada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Niégase la acción de tutela presentada por la señora Nancy Luisa Castillo, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
5 Sobre el particular, en providencia del 24 de julio de 2013, la Sección Tercera con ponencia del
magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación no. 52001-23-31-000-1999-00782-01(27.155),
señaló “[q]ue si bien el principio de la non reformatio in pejus es un derecho individual mediante el cual la
parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser
modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en
su contra[1], el juez, de acuerdo a la posición actual de la Sección Tercera, el juez (sic) puede analizar el
fenómeno de la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la ineptitud sustantiva de la
demanda, aun en el evento en que no lo haya advertido el juez de primera instancia o alguna de las
partes de la Litis (…)” (negrillas de la Sala). Reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en sentencia del 26 de mayo de 2016, radicación número: 66001-23-31-000-2006-00407-
01 (36296).
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01247-00
Demandante: Nancy Luisa Castillo
Acción de tutela
2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, por las razones expuestas en la presente
providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
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