Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2006-00407-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2006-00407-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-31-000-2006-00407-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
26 de mayo de 2016
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Caducidad de la acción / OPORTUNIDAD ACCION DE REPARACION DIRECTA - Término de dos años / CONTEO TERMINO EN ACCION DE REPARACION DIRECTA POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - A partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia absolutoria / CADUCIDAD ACCION DE REPARACION DIRECTA - Operó. Se declara de manera oficiosa debido a que la demanda se interpuso por fuera del término legal establecido / CADUCIDAD - Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - contabilización del término de caducidad
A juicio de esta Sala, esta es la fecha que debe tenerse en cuenta para el conteo de la caducidad, habida cuenta de que para ese momento la sociedad ya conocía del presunto daño que alega en la demanda de reparación directa y, además, sabía que el mismo posiblemente era atribuible a la Rama Judicial, tal y como lo plantea ahora. En efecto, la diligencia de secuestro del bien en la que se designó como secuestre al señor Mario de Jesús Rojas, se realizó el 17 de febrero de 1998 y el gerente de la sociedad demandante presentó denuncia penal para exponer los hechos relacionados con la afectación del edificio, el 21 de octubre de 1999. Así las cosas, se tiene entonces que el término de caducidad de la acción de reparación directa inició a correr el 22 de octubre de 1999 y, se venció el 22 de octubre de 2001.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 66001-23-31-000-2006-00407-01(36296)
Actor: CONSTRUCTORA PALERMO LTDA
Demandado: RAMA JUDICIAL
Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACION DIRECTA
Temas: CADUCIDAD – Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - contabilización del término de caducidad.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 4 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que resolvió:
“1. No prosperan las excepciones propuestas por la demandada Rama Judicial de culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, de conformidad con lo expresado en la parte motiva.
“2. Se declara la responsabilidad administrativa de la demandada La Nación – Rama Judicial representada legalmente por el Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial, del daño causado a la demandante sociedad constructora Palermo Ltda. Por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Igualmente se declara la responsabilidad del señor MARIO DE JESÚS ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.789.440 expedida en Cartagena (Bolívar), en su condición de auxiliar de la justicia, dentro del marco de las circunstancias que se dejaron establecidas en la parte motiva.
“3. Como consecuencia de la anterior declaración condénase solidariamente a la demandada La Nación – Rama Judicial y al señor MARIO DE JESÚS ROJAS a pagar a la sociedad constructora Palermo Ltda. la suma de doscientos noventa y dos millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y un pesos con veinte centavos m/tce ($292’631.431,20), debiendo hacer el pago la entidad demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 del C.C.A., quien deberá repetir en la proporción respectiva en contra del llamado en garantía.
“4. Se niegan las demás súplicas de la demanda.
“5. La entidad estatal demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos indicados en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. Para lo anterior se enviará copia de esta sentencia a la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, para los efectos del art. 24 del Decreto 262 de 2000, tal como quedó indicado en el oficio 140 del 5 de marzo de 2001, procedente de esa dependencia. La cantidad liquida reconocida en la sentencia devengará intereses comerciales y moratorios de conformidad con el artículo 177 ibídem”.
“(…)”.
I.- A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda
El 21 de abril de 2006, en ejercicio de la acción de reparación directa, la sociedad constructora Palermo Ltda., por intermedio de agente oficioso, interpuso demanda contra La Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como consecuencia del “… desmantelamiento gradual, total y consecuente deterioro de la edificación ubicada en la Avenida de las Américas No. 30 – 194, que se encontraba bajo medida cautelar (embargo y secuestro) dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado por GLORIA ELENA GÓMEZ GÓMEZ contra la sociedad CONSTRUCTORA PALERMO LTDA, adelantado ante el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad de Pereira, radicado al número 3.303”.
Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó que se condenara a la Rama Judicial a pagar, por concepto de daño moral, la suma equivalente a 1000 gramos oro.
Así mismo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se pidió que se reconociera la suma de $442’000.000.
Agregó que, subsidiariamente, “… a falta de bases suficientes para la fijación o liquidación matemático-actuarial de los perjuicios que se le debe a la sociedad reclamante, el tribunal se servirá fijarlos, por razones de equidad, en el equivalente en pesos de trece mil ochocientos ochenta y tres gramos de oro (13.636.28), a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con lo reglado en los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887 y, atendiendo especialmente el tema ya planteado para los perjuicios materiales, en relación con su ACTUALIZACIÓN”.
2.- Fundamentos fácticos de la demanda
Se narró que mediante escritura pública número 1248 del 17 de abril de 1995, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, la sociedad Constructora Palermo Ltda. constituyó hipoteca abierta hasta por la suma de $80’000.000 a favor de la señora Gloria Elena Gómez Gómez, sobre el edificio de apartamentos denominado Iguazú, ubicado en la Avenida Sur o Avenida de las Américas No. 30 -194 de la ciudad de Pereira. Esa garantía se amplió por escritura pública del 2 de septiembre de 1996.
Manifestó la parte demandante que debido al no pago oportuno de las obligaciones adquiridas, la señora Gloria Elena Gómez Gómez promovió proceso ejecutivo hipotecario en contra de la sociedad Constructora Palermo Ltda.
Dicho proceso se tramitó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el que, en providencia del 15 de diciembre de 1997, libró mandamiento de pago y ordenó el embargo y secuestro del bien hipotecado.
Sostuvo que el 17 de febrero de 1998, la Inspección Tercera Municipal de Policía de Pereira, comisionada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, realizó la diligencia de secuestro sobre el bien inmueble y, posteriormente, se le entregó la guarda y custodia del bien al señor Mario de Jesús Rojas, en calidad de auxiliar de la justicia, pero sin que prestara la caución correspondiente.
Refirió la sociedad demandante que tuvo conocimiento de que el señor Hugo Barrientos (vigilante del bien) estaba desmantelando y destruyendo el edificio Iguazú, por lo que interpuso denuncia penal en contra del mencionado señor. Agregó que en el proceso penal el señor Hugo Barrientos fue condenado por el delito de hurto calificado y agravado.
Manifestó que esa situación fue puesta en conocimiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, pero ese despacho judicial no se pronunció al respecto ni tomo medidas efectivas para la guarda del patrimonio embargado y secuestrado dentro del proceso ejecutivo que adelantaba en contra de la sociedad Constructora Palermo Ltda.
Por otra parte, indicó la parte actora que el secuestre a cargo del edificio Iguazú, señor Mario de Jesús Rojas, fue excluido de la lista de auxiliares de la justicia y el 10 de noviembre de 1999 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira ordenó su reemplazo. Sin embargo, la medida solo se hizo efectiva el 17 de mayo de 2000, cuando se nombró como secuestre a la señora Martha Lucía Barriga Rodríguez.
El 23 de abril de 2004 se entregó el inmueble a la sociedad Constructora Palermo Ltda., por orden del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.
Alegó la sociedad demandante que se configuró una falla por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por cuanto el despacho judicial que adelantó el proceso ejecutivo hipotecario en el que se ordenó el embargo y secuestro del edificio Iguazú, no adoptó las medidas necesarias para evitar el desmantelamiento y destrucción de dicho bien, pese a que se le informó sobre esa situación.
Señaló que “… ese desmantelamiento gradual y total se traduce en un daño emergente que supera los cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesos ($442’000.000) y en lucro cesante representado lo dejado de percibir por la imposibilidad de venta que los apartamentos que componen el edificio, durante la existencia del proceso y el tiempo que dure la reconstrucción del edificio”.
Agregó que los socios de la empresa demandante “… tuvieron que sufrir toda la angustia y la impotencia de ver cómo la administración pública representada en este caso por la Administración judicial, defraudaba y violentaba esos principios sagrados de la Buena fe y la confianza legítima que tienen los asociados frente a la administración, generando consecuentemente los perjuicios morales para los socios que componen la sociedad y para la sociedad misma al ver que está fallido su proyecto de construcción por el daño antijurídico de que fueron objeto por parte de la administración de justicia”.
3.- Trámite procesal
La demanda se admitió por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto del 14 de septiembre de 2006, decisión que se notificó al Director Ejecutivo de la Administración Judicial en debida forma.
Posteriormente, en providencia del 22 de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de primera instancia admitió el llamamiento en garantía que el Ministerio Público le formuló al señor Mario de Jesús Rojas en calidad de secuestre.
4.- La contestación de la demanda
4.1.- La Rama judicial, por conducto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, oportunamente, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Sostuvo que la parte actora pretende obtener provecho endilgándole a la Rama Judicial una responsabilidad que no tiene y que se debió a su descuido, habida cuenta de que el señor Hugo Barrientos (quien le causó los daños al bien), era empleado de la constructora y, por ende, la que debía adoptar medidas para evitar la destrucción del edificio que era de su propiedad, es decir, de la sociedad constructora Palermo Ltda.
Señaló que en caso de que la parte actora estuviera inconforme con la gestión del secuestre debió iniciar el respectivo incidente en contra del mismo, dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en su contra, u objetar la rendición de cuentas del auxiliar de la justicia, lo que no se hizo. Dicha situación, a su juicio, implica que el proceso ejecutivo se tramitó en legal forma y en cumplimiento de las disposiciones sustanciales y procesales vigentes, pues al no proponerse no era posible resolverlas.
Alegó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, porque “… los presuntos perjuicios causados al inmueble objeto de la medida cautelar al actor, obedecieron a su propia culpa, ya que no interpuso los recursos, ni propuso los incidentes a que eventualmente hubiere lugar y de esta manera evitar el presunto daño endilgado a la Rama Judicial”.
Así mismo, propuso la causal denominada hecho de un tercero, al considerar que “... los perjuicios alegados por la parte actora fueron causados única y exclusivamente por el vigilante del inmueble, prueba de ello es la condena por el delito de hurto en su contra, sin que exista un nexo de causalidad entre el actuar y el de la Rama Judicial” (sic).
5.- Llamado en garantía
El secuestre Mario de Jesús Rojas presentó informe extemporáneamente.
6.- La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 4 de septiembre de 2008, declaró patrimonialmente responsables a la Rama Judicial y al señor Mario de Jesús Rojas, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Como consecuencia, los condenó solidariamente al pago de $292’631.431 por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y negó las demás pretensiones.
Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en primer lugar, señaló que se probó que el secuestre del bien, es decir, el señor Mario de Jesús Rojas, no ejerció sus funciones de administración y custodia y, en segundo lugar, que el funcionario judicial que decretó la medida cautelar de embargo y secuestro del bien no ejerció la vigilancia y el control sobre el auxiliar de la justicia y, por ende, no aseguró el cabal cumplimiento de las funciones de custodia y administración del inmueble, de las cuales era responsable como director del despacho y ordenador de la medida cautelar.
Agregó el A quo que se evidencia una inconsistencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, porque pese a que exigió el pago de una caución no constató que la misma se constituyera y, además, no requirió al secuestre para que presentara un informe mensual sobre el bien embargado, lo que, a su juicio, fue “… causa eficiente para que el secuestre ROJAS ejerciera el cargo totalmente desprovisto del deber de diligencia y responsabilidad, desatendiera sus obligaciones de vigilancia y administración y, diera lugar por omisión del deber de cuidado, a que un tercero Hugo Antonio Barrientos Cardona sustrajera del inmueble algunas partes, desmantelando el edificio…”.
Descartó el tribunal la configuración de la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de un tercero, por cuanto es claro que fue el señor Hugo Barrientos Cardona el que sustrajo los bienes del edificio y, por ello, fue condenado dentro de un proceso penal. Sin embargo, esto no se consideró exclusivo ni determinante porque de haber procedido el secuestre con diligencia a la administración y cuidado del edificio embargado, habría podido evitarse, o por lo menos detectarse, de manera oportuna la acción delictiva para adoptar las medidas correspondientes.
Explicó que si bien es cierto que el edificio Iguazú fue objeto de medida cautelar de embargo y que de su custodia se encargó el auxiliar de la justicia Mario de Jesús Rojas, también lo es que el entonces Gerente y Representante Legal de la sociedad demandante autorizó y permitió que el señor Hugo Antonio Barrientos Cardona, su empleado, habitara el edificio y, además, pese a conocer con anterioridad sobre la situación del edificio no lo informó oportunamente, lo que se consideró una conducta negligente por parte de la sociedad demandada constitutiva de culpa y, por tanto, aunque “… no es exclusiva para la obtención del resultado dañino que se endilga a la rama judicial pero que resulta concurrente para la disminución de la condena consecuencial que habrá de imponerse a la demandada por virtud de la falla establecida por el defectuoso funcionamiento dentro del proceso ejecutivo hipotecario en lo atañido con el desmantelamiento u sustracción de bienes del inmueble objeto de la medida cautelar…” Concluyó que por esa situación debía reducirse el monto de la condena en un 40%.
Por otra parte, indicó que era procedente aceptar el llamamiento en garantía del señor Mario de Jesús Rojas, con fines de repetición, porque el mencionado señor omitió sin excusa alguna cumplir los deberes que se le imponían al ejercer el cargo de secuestre y auxiliar de la justicia y, por tanto, estableció que debía asumir el 50% de la totalidad de la condena.
Finalmente, el Tribunal Administrativo de primera instancia negó los perjuicios morales reclamados al considerar que la demandante es una persona jurídica y que “… dada su naturaleza no es sujeto de la cual pueda entenderse tenga sentimientos y por lo mismo padezca aflicción o el dolor propios del ser humano por el daño que le fue causado y endilgado a la Rama Judicial”.
Respecto de los perjuicios materiales, indicó que los mismos se causaron por el deterioro que sufrió la edificación debido a los factores climáticos. En efecto, la sustracción de las ventanas y puertas del inmueble generó que la humedad, el viento y el sol menoscabaran las paredes, cielorrasos y fachada, sin actividad alguna del administrador del edificio para evitarlo.
Por lo anterior, condenó solidariamente a la Rama Judicial y al señor Mario de Jesús Rojas “…a pagar a la demandante la suma de cuatrocientos ochenta y siete millones setecientos diecinueve mil cincuenta y dos pesos M/tce ($487’719.052) suma de la cual se deducirá el 40% por razón de la concausa que se dejó establecida respecto de la sociedad demandante quien contribuyó eficientemente a la realización del daño, según se dejó dicho. De conformidad con lo dicho, es decir, hecha la deducción, el monto a pagar asciende a doscientos noventa y dos millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y un pesos con veinte centavos M/tce ($292’631.431.20), a cargo de los condenados en forma solidaria”.
7.- El recurso de apelación
7.1.- La sociedad demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. Específicamente, controvirtió lo relativo a la negativa del reconocimiento de perjuicios por daños morales y al monto reconocido por concepto de perjuicios materiales, correspondiente a $292’631.431.
Respecto del primer aspecto, indicó que no comparte el argumento del Tribunal de primera instancia, porque si bien la demandante es una persona jurídica que no tiene sentimientos, lo cierto es que los socios sí y estos sufrieron una aflicción al ver menguadas sus cuotas sociales, al punto de estar la sociedad en estado de disolución y liquidación y, por ende, a su juicio, debe reconocerse este perjuicio en favor de quienes están llamados a participar de las pérdidas o dividendos de la sociedad Constructora Palermo Ltda.
En segundo lugar, manifestó la parte actora su inconformidad con la decisión de reducir la suma reconocida por concepto de daños materiales en un 40% por resultar probada su concurrencia en la configuración del daño.
Alegó que no es de recibo el argumento según el cual su proceder concurrió en el daño ocasionado a los bienes de su propiedad, habida cuenta de que desde el 17 de febrero de 1998 (fecha en que se practicó la diligencia de secuestro del Edificio Iguazú), el inmueble y sus anexidades quedaron bajo el cuidado y administración exclusivos del secuestre Mario de Jesús Rojas, lo que implicaba que la sociedad propietaria de la edificación dejó de tener el cuidado del bien, pese a que hubiera quedado encargada de la vigilancia una persona que se desempeñó como empleado de la misma y, en ese entender, era el auxiliar de la justicia el que debía ejercer un control sobre el señor Hugo Barrientos (vigilante de la edificación).
Explicó que, contrario a lo expuesto por el tribunal, el comportamiento de la sociedad demandante no contribuyó a la causación del daño, sino que desplegó la diligencia y el cuidado que debían adoptar quienes tenían la custodia del bien, evitando que la cuantía del daño fuera mayor.
Agregó que el A quo “… lejos de rendir tributo a los imperativos de justicia, al aplicar la teoría de la concausa carente de fuerza argumentativa y deducción lógica se convierte en fuente de inequidad, pues para que se pueda predicar una causalidad concurrente en la producción del daño, debe advertirse si por la acción independeinte de las personas a quienes se les imputa el hecho, sin mediar la intervención de una de ellas, el resultado se habría producido igualmente, comportamiento que no viene al caso, pues si el secuestre depositario de los bienes hubiera sido diligente y cuidadoso de los bienes puestos bajo su custodia, seguramente, y a pesar de la negligencia del señor Rubén Darío Grisales, representante legal de la sociedad demandante, no se habría presentado el daño”.
Finalmente, indicó que en caso de que se considerase que hubo culpa del demandante en la producción del daño, “… se deberá volver sobre el tema y hacer un cálculo más sensible y aproximado a la realidad, cuyo resultado no será precisamente una reducción del 40% sino menor”.
8.- Los alegatos de conclusión en segunda instancia
Los sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 4 de septiembre de 2008, que declaró patrimonialmente responsable a la Rama Judicial y al secuestre Mario de Jesús Rojas por los daños causados en el edificio “Iguazú” y los condenó al pago de $292’631.431 por concepto de perjuicios materiales y negó el reconocimiento de perjuicios morales.
Para lo anterior, se verificará la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa relativos a la competencia, el ejercicio oportuno de la acción y la legitimación en la causa por activa.
Y, en caso de que los mencionados presupuestos se encuentren cumplidos, procederá al análisis de la cuestión de fondo.
1. Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine
1.1- Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
1.2.- El ejercicio oportuno de la acción
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a las partes les corresponde asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
Es de precisar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al presente asunto), en su artículo 136, numeral 8°, consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
Ahora bien, respecto de la caducidad, cuando el daño alegado es consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, producto del deterioro de bienes incautados, la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia del 27 de enero de 2012, estableció:
“Interpretando el contenido de la demanda, puede dilucidarse que los actores pretenden, en este caso, que se declare la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de las medidas implementadas por dicha entidad, las cuales se materializaron a través de una providencia judicial que ordenó la ocupación del inmueble que habitaban los demandantes en calidad de arrendatarios y la incautación de varios vehículos y dinero en efectivo que allí se encontraban, supuestamente porque éstos provenían de actividades derivadas del narcotráfico, lo cual se demostró que no era cierto, al punto que la Fiscalía Regional de Bogotá, mediante Resolución de 23 de diciembre de 1996, ordenó la entrega definitiva de los bienes incautados a los demandantes, por estimar que no existía vínculo alguno entre éstos y el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, decisión que fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el 27 de febrero de 1997.
“Asimismo, los demandantes hicieron consistir la falla de la administración de justicia en el avanzado estado de deterioro que presentaban los vehículos particulares de su propiedad, al momento de serles restituidos por la Fiscalía General de la Nación.
“De lo expuesto, se infiere que los daños perseguidos por los demandantes se habrían originado, por un lado, debido a un error judicial, pues fue a través de una decisión de la administración de justicia, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, que se ordenó la ocupación del inmueble en el que residían los demandantes, como arrendatarios, y la incautación de dinero en efectivo y de los vehículos que allí se encontraban; por el otro, debido a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en la medida en que los vehículos particulares, de propiedad de los demandantes, que permanecieron en los patios oficiales por disposición de la Fiscalía General de la Nación, fueron restituidos a los actores en avanzado estado de deterioro.
“En el primer evento, esto es, por el error judicial, el término de dos años que contemplaba el ordenamiento legal para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de reparación directa, aplicable para la época de los hechos, debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la Resolución de 27 de febrero de 1997, proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, a través de la cual se confirmó la Resolución de 23 de diciembre de 1996, proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, mediante la cual se ordenó la entrega definitiva de los bienes de propiedad de los demandantes, por estimar que su procedencia era lícita; es decir, con la expedición de la citada resolución de febrero de 1997 se concretó el daño sufrido por los demandantes.
“Así, si se contabiliza el término de caducidad desde la expedición de la Resolución de 27 de febrero de 1997, toda vez que no obra prueba en el plenario de la fecha de su ejecutoria, no hay duda que para la época de presentación de la demanda, esto es, 21 de noviembre de 1997, la acción no estaba caducada.
“En el segundo evento, esto es, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la entrega material de los vehículos averiados, ya que sólo hasta ese momento los propietarios se pudieron percatar de los daños que presentaban, hecho que se materializó, en el caso de la volqueta de placas ALA-261, el 9 de mayo de 1997 y, en el caso del campero de placas BAY-582, el 22 de agosto de 1997, según certificación suscrita por el propietario del parqueadero donde permanecieron inmovilizados los vehículos, documento que obra en original (folios 42, 43, cuaderno 1). En ese orden de ideas, es claro que la demanda instaurada por los actores el 21 de noviembre de 1997, se presentó dentro del término de ley.
“(…)” (Negrilla fuera del texto).
De conformidad con lo expuesto, es claro que cuando el daño alegado es por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido al deterioro injustificado que pueda sufrir un bien incautado (entendiendo que puede asimilarse al bien secuestrado), el término de caducidad debe contarse a partir del momento en que se conoce la afectación del bien, la que, en principio, solo se evidencia cuando se hace la entrega material del mismo.
Sin embargo, en algunos eventos puede conocerse de la existencia del deterioro de un bien mucho antes de que se realice la entrega material y, por tanto, a juicio de la Sala, esa es la fecha en que debe iniciar el conteo del término de la caducidad, pues no resulta viable que los presuntos afectados cuenten el término de dos años que establece la norma para interponer la acción de reparación directa a partir de la entrega del bien, cuando el conocimiento del daño alegado es anterior a la misma, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica de los sujetos procesales, fin principal de esta figura procesal.
1.3.1.- Caducidad de la acción de reparación directa en el caso concreto
En el presente asunto, se tiene que la sociedad Constructora Palermo Ltda. solicitó que se declarara a la Rama Judicial patrimonialmente responsable por el desmantelamiento y destrucción de que fue objeto el edificio Iguazú (propiedad de la constructora), durante el tiempo que dicho bien estuvo secuestrado, es decir, a disposición de un auxiliar de la justicia, para garantizar el cumplimiento de una obligación adquirida por la sociedad constructora.
Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente se tiene que el 17 de febrero de 1998, la Inspección Tercera de Policía realizó la diligencia de secuestro del bien inmueble identificado como edificio Iguazú, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira dentro del proceso ejecutivo promovido por la señora Gloria Gómez Gómez en contra de la sociedad Constructora Palermo Ltda.
Así mismo, se observa que el 21 de octubre de 1999, la sociedad demandante interpuso denuncia penal en contra del señor Hugo Barrientos, por el delito de hurto. En los siguientes términos:
“… en el día de ayer 20 de octubre del presente año, aproximadamente a las cuatro de la tarde, volví y visité a HUGO BARRIENTOS y me dijo que había vendido una de las vibrocompactadoras por 200 mil pesos. Hace quince días pasé por dicha obra a las dos de la tarde y vi un jeep willys de color verde el cual iba cargado con una cocina en la parte superior del carro y el señor HUGO estaba al pie del jeep amarrando esta cocina, inmediatamente di la vuelta ya que transitaba por la vía contraria y cuando llegue al sitio ya se había ido el jeep y le manifesté al señor que qué hacía un jeep cargado con una cocina ahí y me dijo que era de una amigo, procedí a subir al edificio y me pude percatar que la totalidad de las puertas, closet y cocinas de dichos apartamentos que están en el edificio Iguazú habían desaparecido y al preguntarle a él por esta anomalía me dijo que esos apartamentos no tenían cocinas ni puertas y yo inmediatamente le demostré que en las paredes quedaron las huellas de la madera que había sido instalada entonces me expresó que un señor había ido por ellas y se las había llevado…” (Negrilla fuera del texto).
Mediante oficio del 4 de noviembre de 1999, el Gerente de la sociedad Constructora Palermo Ltda. le solicitó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que:
“… requiera al secuestre MARIO DE JESÚS ROJAS a fin de que rinda informe del inmueble Unidad Residencial ‘Iguazú’, propiedad de la mencionada constructora, ubicada en la Avenida Sur No. 30-194 de esta ciudad, ya que esta edificación está siendo saqueada por el señor HUGO BARRIENTOS, individuo este que vive actualmente allí, para tal efecto y fines pertinentes, anexo al presente le remito fotocopia dela denuncia penal que le formulé a este último”.
De las anteriores pruebas se desprende, con claridad meridiana, que desde el 21 de octubre de 1999, la sociedad Constructora Palermo Ltda. conoció del desmantelamiento del que fue objeto el edificio Iguazú por parte del señor Hugo Barrientos y que el mismo ocurrió cuando el bien estaba a disposición del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, esto es, bajo la custodia y administración de un auxiliar de la justicia (secuestre).
A juicio de esta Sala, esta es la fecha que debe tenerse en cuenta para el conteo de la caducidad, habida cuenta de que para ese momento la sociedad ya conocía del presunto daño que alega en la demanda de reparación directa y, además, sabía que el mismo posiblemente era atribuible a la Rama Judicial, tal y como lo plantea ahora.
En efecto, la diligencia de secuestro del bien en la que se designó como secuestre al señor Mario de Jesús Rojas, se realizó el 17 de febrero de 1998 y el gerente de la sociedad demandante presentó denuncia penal para exponer los hechos relacionados con la afectación del edificio, el 21 de octubre de 1999.
Así las cosas, se tiene entonces que el término de caducidad de la acción de reparación directa inició a correr el 22 de octubre de 1999 y, se venció el 22 de octubre de 2001.
Ahora bien, comoquiera que la sociedad Constructora Palermo Ltda, presentó la demanda de reparación directa el 21 de abril de 2006, debe concluirse que se hizo por fuera del término de dos años que consagra la norma para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.
Finalmente, es de precisar que esta Corporación ha establecido que el principio de la non reformatio in pejus no puede aplicarse en forma absoluta, pues existen excepciones que permiten que el juez ad quem estudie algunos aspectos aun cuando no fueron propuestos en el recurso de alzada. Estos aspectos obedecen, entre otros, a la verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción referentes al ejercicio oportuno de la acción, la legitimación en la causa por activa y la inepta demanda.
Específicamente, en providencia del 24 de julio de 2013, la Sección Tercera señaló:
“Conviene precisar que con fundamento en la posición actual de la Sala Plena de Sección Tercera, en relación con la regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
“Y es así como la posición mayoritaria de la Sala concluyó que
“(…) la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo (…)”.
Conviene precisar que si bien el principio de la non reformatio in pejus es un derecho individual mediante el cual la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, el juez, de acuerdo a la posición actual de la Sección Tercera, el juez puede analizar el fenómeno de la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la ineptitud sustantiva de la demanda, aun en el evento en que no lo haya advertido el juez de primera instancia o alguna de las partes de la Litis…” (Negrilla fuera del texto)
Así las cosas, si bien en el caso bajo estudio la parte actora es la única apelante y nada dijo sobre la caducidad de la acción en el recurso de apelación, lo cierto es que el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juez de segunda instancia, sin que ello implique la vulneración del principio de la non reformatio in pejus, pues tal y como lo consagra el artículo 164 del C.C.A “… en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada” y, además, que “… el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus” (Negrilla fuera del texto).
Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará probada la caducidad de la acción.
2.- Condena en costas
Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO: Revocar la sentencia del 4 de septiembre de 2008, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HERNÁN ANDRADE RINCÓN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
El 16 de agosto de 2006, el representante legal de la sociedad le dio poder al agente oficioso para que lo representara como apoderado (Fls. 60 a 66 c1) y, por ende, se le reconoció personería como tal (fls. 79 -80 c1). Fls. 1 a 21 c 1. Fls. 81 c 1. Fls. 96 a 99 c 1. Fls.83 a 87 c 1. Fls. 104 a 106 y 108 c 1. Fls. 127 a 165 c 3. Fls. 168 a 172 c3. La cuantía del proceso supera la exigida por la Ley 954 de 2005 para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa (500 S.M.L.M.V), pues por perjuicios morales se solicitó el equivalente a 1000 gramos oro. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
(…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente 22205. Cita del original: “Según el artículo 136 C.C.A., aplicable para la época de los hechos –Decreto 2304 de 1989-, el término de caducidad de la acción de reparación directa era de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, norma que modificó el artículo 136 del Decreto 2304 de 1989, se estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (se subraya)”. Fl. 169 anexo1. Fls. 1 – 2 anexo 1. Fls. 194 anexo 1. Fl. 21 reverso c1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación número: 52001-23-31-000-1999-00782-01(27155). Cita del original: “En relación con la caducidad de la acción ejercida, la Sala ha sostenido: ‘Esta Sección del Consejo de Estado ha señalado que el Juez está facultado para declarar de oficio la caducidad de la acción cuando quiera que, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, encuentre probados los supuestos que la configuran; al respecto la Sala ha considerado:
‘La caducidad de la acción puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción ‘de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’.
Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga’. [Sentencias de 24 de abril de 2008, exp. 16.699. M.P. Myriam Guerrero de Escobar y de 30 de agosto de 2006, exp. 15.323, entre muchas otras]. Ahora, en punto a la legitimación en la causa de las partes, se ha sostenido: ‘Cabe recordar que constituye una postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado’. (Se destaca). [Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Consejera Ponente. María Elena Giraldo Gómez, exp. 13.356., sentencia reiterada en muchas oportunidades por la Sala]. Y frente al tema de la inepta demanda, se ha determinado:
‘En consecuencia, la Sala encuentra demostrada la indebida escogencia de la acción, lo cual torna improcedente un pronunciamiento de fondo comoquiera que la adecuada escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado: “Al efecto cabe tener en cuenta que esta Corporación ha precisado que persisten algunos requisitos indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción contencioso administrativa se ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley para su procedencia, sin perjuicio de que, como lo explica la doctrina, el juez cumpla con la obligación ‘de declarar la razón por la cual no puede proveer’”. [sentencias de 28 de abril de 2010, exp. 17.811 y de 27 de abril de 2011, exp. 19.392]. Cita del original: “Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 9 de febrero de 2012, expediente: 21060”. Cita del original: “Sentencia de la Subsección C de 31 de enero de 2011, expediente: 15800”.
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