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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00600-01

Fecha
29 de julio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00600-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia, la cual quedará de la siguiente manera: 1.- Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital, con base en las consideraciones que anteceden. 2.- Negar las pretensiones de la demanda. 36 Expediente: 250002336000201700600 01 Actor: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado Distrito Capital – Fondo de Desarrollo Local de Usme Referencia: 68115 SEGUNDO: CONDENAR a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a pagar las costas de la segunda instancia. Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo de la parte vencida, en este caso La Previsora S.A. Compañía de Seguros y en favor del Fondo de Desarrollo Local de Usme., la que deberá incluirse en la liquidación de costas. TERCERO: Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-00600-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

29 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 250002336000201700600 01 (68115)
Actor: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado: DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
USME
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES (LEY 1437 DE 2011)

Temas: FALTA DEL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL DISTRITO CAPITAL – el
Fondo de Desarrollo local de Usme es una persona jurídica autónoma / CARGA DE
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN – no basta con reiterar los mismos supuestos
de la causa y la contradicción / DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL – se anuncian las
sanciones que posiblemente se impongan

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, el 5 de marzo de 2020, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso

La presente controversia gira en torno a la nulidad de las resoluciones Nos. 265 del
8 de julio de 2016 y 292 del 2 de agosto de 2016, por las cuales el Fondo de
Desarrollo Local de Usme declaró el incumplimiento del contrato de obra No. 023
FDLU 2014, impuso multa al contratista por el 10% del valor del contrato con cargo
a la garantía única de cumplimiento expedida por La Previsora S.A. Compañía de
Seguros que comparece como demandante y, al resolver el recurso de reposición,
confirmó esas determinaciones, respectivamente.

Se indica que los actos acusados adolecen de nulidad por violación al debido
proceso, infracción de las normas en que debieron fundarse y falsa motivación, todo
ello, en síntesis, porque se varió la sanción anunciada en el oficio citatorio a la

Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

audiencia de descargos y aquella finalmente impuesta como resultado del
procedimiento sancionatorio, no se indicó en el oficio citatorio el nit del consorcio
contratista ni el número de la póliza única de cumplimiento, no se le otorgó a la
aseguradora el mismo término que al contratista para presentar recurso de
reposición en contra de la resolución impositiva de la multa, ni se tuvieron en cuenta
las razones justificativas del incumplimiento aducidas por el contratista, no se
consideró que el incumplimiento declarado también fue imputable a la entidad
estatal, no se atendió al hecho de que, al prorrogar el contrato, se superaron los
incumplimientos que sirvieron de sustento al procedimiento sancionatorio, entre
otras razones.

2. La demanda

El 6 de abril de 2017, La Previsora S.A. Compañía de Seguros promovió demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el Distrito
Capital – Fondo de Desarrollo Local del Distrito Capital, con el fin de que se:

• Declarara la nulidad de la Resolución No. 265 del 8 de julio de 2016, por la
cual el Fondo de Desarrollo Local de Usme: i) determinó que el contratista,
Cilca Ingenieros, tenía un atraso de ejecución del contrato de obra pública
No. 023 FDLU-2014 de 248 días; ii) impuso una multa equivalente al 10% del
valor del contrato que corresponde a $1.138’293.945.10, la cual debía ser
pagada por el contratista o con cargo a la garantía única de cumplimiento No.
3009013, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros; iii) declaró
que ese acto administrativo constituía el siniestro cubierto por la póliza
3009013.
• Declarara la nulidad de la Resolución 292 del 2 de agosto de 2016, por la
cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, la
confirmó.
• Declarara que La Previsora S.A. Compañía de Seguros no está obligada a
pagar la suma impuesta al contratista a título de multa en las resoluciones
anteriores y que, en caso de que esa cantidad se llegara a cobrar
forzosamente, se ordenara su devolución a la aseguradora, más lo intereses
moratorios causados.

3. Hechos

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

3.1. El 4 de junio de 2014, el Fondo de Desarrollo Local de Usme y el consorcio
Cilca Ingenieros celebraron el contrato de obra No. 23 FDLU-2014, cuyo objeto
consistió en la construcción de vías urbanas en la localidad de Usme y la consultoría
para la complementación de estudios, diseños y presupuesto, por un valor de
$11.382’939.451 y un plazo de 18 meses, contados a partir de la suscripción del
acta de inicio -16 de octubre de 2014.

3.2. El 27 de junio de 2014, el consorcio contratista otorgó la póliza única de
cumplimiento No. 3009013, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros
para garantizar el contrato No. 23 FDLU en los siguientes amparos:

Amparo Valor asegurado Vigencia Hasta
desde
Cumplimiento del contrato $1.138’293.945 19/06/2014 19/04/2016
Buen manejo del anticipo $4.553’175.780 19/06/2014 19/04/2016
Pago de salarios y prestaciones $569’146.973 19/06/2014 19/12/2018
sociales
Estabilidad de la obra $2.276’587.590 19/06/2014 19/06/2019

3.3. El contrato No. 23 FDLU-2014 fue objeto de prórrogas y suspensiones debido
al atraso que presentó el cumplimiento del cronograma de obra por causas no
imputables al contratista, tales como factores de inseguridad, condiciones
climáticas, falta de planos y permisos para el PMT.

3.4. Mediante Resolución No. 265 del 8 de julio de 2016, el Fondo de Desarrollo
Local de Usme declaró el incumplimiento del contrato No. 23 FDLU-2014 por los
atrasos frecuentes del contratista y le impuso una multa equivalente al 10% del valor
del contrato que ascendió a $1.138’293.945.

3.5. Por medio de la Resolución 292 del 2 de agosto de 2016, la entidad resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior en el sentido de
confirmarla.

4. Normas violadas y concepto de la violación

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

Señaló el demandante que las resoluciones acusadas vulneraron las normas en que
debían fundarse, tales como los artículos 4, 6, 13, 29, 83, 84, 90, 121, 123 y 209 de
la Constitución Política; artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 3, 50, 25-
8, 12, 26-3 de la Ley 80 de 1993; artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; artículos 3,
38, 40, 44, 66, 67, 68, 69, 72 y 76 del CPACA y artículos 1602 y 1609 del Código
Civil.

De manera genérica advirtió que las resoluciones acusadas incurrieron en falsa
motivación, desviación de poder y vulneración al debido proceso.

Como sustento de su argumentación adujo que se violó el principio de legalidad que
regfia el procedimiento sancionatorio al existir una incongruencia entre la citación a
la audiencia y la decisión adoptado como resultado de aquel, ya que en el primer
caso se señaló que su finalidad era la declaratoria caducidad y efectividad de la
cláusula penal por el incumplimiento del contratista, mientras que en las
resoluciones acusadas se decidió imponer multa al consorcio como sanción de
apremio faltando dos días para el vencimiento del plazo contractual.

Bajo el mismo supuesto esgrimió que la entidad impidió ejercer el derecho de
defensa de la aseguradora al no señalar el nit del contratista ni el numero de la
póliza en el oficio citatorio a la audiencia de descargos.

Alegó que la administración desconoció que en la prórroga suscrita se intentaron
superar los incumplimientos presentados al 15 de mayo de 2016, de tal suerte que
si la intención era sancionar al contratista por hechos diferentes ha debido iniciar un
nuevo proceso sancionatorio. A ello sumó que la prórroga de tres meses concedida
no era suficiente para cumplir el objeto contractual que presentaba un atraso
significativo.

Señaló que la entidad transgredió el debido proceso de la aseguradora al no correr
traslado de las pruebas aportadas por el contratista en la audiencia de descargos
practicada el 19 de abril de 2016 y al haber otorgado al contratista diez días para la
interposición de recursos contra el acto impositivo de la multa y a la aseguradora
solo tres días para ese mismo fin.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

Afirmó que los actos demandados incurrieron en falsa motivación, puesto que se
consignaron circunstancias contrarias a la realidad y no se tuvieron en cuenta
situaciones como la fuerte ola invernal que afectó su ejecución y la presencia de
grupos armados al margen de la ley, a lo que agregó que no se tuvieron en
consideración los múltiples incumplimientos atribuibles a la entidad estatal
contratante.

Sostuvo que se violó el principio de autotutela de la administración por cuanto no
adoptó los correctivos requeridos para evitar la paralización de la obra y otorgó una
prórroga de tres meses cuando se habían solicitado seis para poder culminar el
objeto contractual, ni tuvo en cuenta las solicitudes elevadas por el consorcio para
que le informara sobre las medidas adoptadas para garantizar su cumplimiento.

Reprochó que el valor de la multa impuesta hubiera resultado ser el equivalente de
la cláusula penal pecuniaria pactada, lo cual contrariaba la jurisprudencia del
Consejo de Estado en torno a la aplicación de los artículos 1592 y 1596 del Código
Civil.

Esgrimió que se presentó la excepción de contrato no cumplido por cuanto fue la
administración distrital la que desatendió sus obligaciones al no dar respuestas a
los requerimientos efectuados por el contratista y por no adoptar medidas para evitar
la parálisis del contrato.

4.1. Por auto del 17 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera - Subsección A admitió la demanda. En esa oportunidad indicó
que la demanda se había dirigido contra el Distrito Capital – Fondos de Desarrollo
Local, los que se encontraban legitimados en la causa por pasiva, dado que: i) los
alcaldes locales son designados por el alcalde mayor; ii) el alcalde mayor era el
representante legal de los fondos de desarrollo local; iii) el alcalde mayor es quien
delega en los alcaldes locales la facultad para contratar.

Adicionalmente, por petición de la demandante, ordenó la vinculación del consorcio
Cilca Ingenieros como tercero interesado en el proceso.

5. Contestación de la demanda

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

5.1. Distrito Capital – Fondo de Desarrollo Local de Usme

La entidad accionada contestó la demanda dentro del término legal. En esa
oportunidad se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que las
resoluciones 265 y 292 de 2016 fueron expedidas con apego a las normas legales,
fueron debidamente motivadas y con respeto al debido proceso.

Indicó que la prórroga del contrato solicitada por el contratista fue concedida por
tres meses por estimar que era un término suficiente para ejecutar las actividades
faltantes.

Advirtió que no era cierto que la entidad hubiera omitido la adopción de las medidas
necesarias para evitar la paralización del contrato, pues, a través de la supervisión
y de la interventoría exigió la presentación del cronograma de obra y realizó
requerimientos al consorcio para que explicara los motivos de su atraso.

Señaló que, aun cuando era cierto que la prórroga se había suscrito estando en
curso el procedimiento sancionatorio, ello no afectaba la validez de ese trámite, en
tanto en el documento del otrosí se explicaba que su suscripción no implicaba una
novación de las obligaciones pendientes y tampoco que se despojara a la
administración de ejercer su facultad de imponer las multas pactadas.

Afirmó que no existió incongruencia entre la citación a la audiencia de descargos y
la sanción impuesta, toda vez que, en aquella, se informó que la finalidad del
procedimiento era establecer la existencia de un incumplimiento y la pertinencia de
imponer las sanciones a que hubiera lugar, aviso que fue consonante con la decisión
con la que se culminó el procedimiento sancionatorio.

Manifestó que no se había vulnerado el debido proceso de la aseguradora, por
cuanto, si bien no se hizo presente en la audiencia del 19 de abril de 2016, sí asistió
en la llevada a cabo el 8 de julio del mismo año, en desarrollo de la cual se dio el
debate probatorio y se escucharon los descargos.

Dijo que, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el recurso de
reposición debía proponerse y sustentarse dentro de la misma audiencia, por lo que
la administración no estaba obligada a conceder ningún término adicional para ese

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

propósito. Sostuvo que fue la aseguradora la que se abstuvo de requerir un tiempo
adicional para la sustentación del recurso.

Añadió que la administración sí tuvo en cuenta todas las razones que expuso el
contratista para excusar su incumplimiento, como la inseguridad y la oleada
invernal. Cuestión distinta fue que no se estuvieran estimado válidas para escudar
su retaso.

Adicionalmente formuló como excepciones las que denominó: “aplicación de
cláusulas contractuales y no del poder exorbitante” y “falta de prueba del cargo de
falsa motivación”.

5.2. Consorcio Cilca Ingenieros

El consorcio Cilca fue notificado como tercero interesado el 22 de mayo de 2017,
según constancia visible a folios 45 del cuaderno principal. Sin embargo, no allegó
escrito de intervención ni se hizo presente durante las etapas del proceso.

5.3. Audiencia Inicial

El 30 de mayo de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en
la cual tuvo lugar la etapa de saneamiento.

En su desarrollo, se advirtió sobre la ausencia de causales de nulidad que viciaran
lo actuado y así quedó expresamente convalidado por los intervinientes.

Señaló que no se formularon excepciones susceptibles de ser resueltas en esa
audiencia.

Al fijar el litigio lo circunscribió a establecer si:

• Se vulneró el debido proceso por cuanto: i) la citación y el pliego de cargos
que se realizó fue para declarar la caducidad, pero se impuso multa lo cual
es contrario al principio de congruencia; ii) no se trasladaron las pruebas del
contratista a la aseguradora; iii) no se identificó ni el nit del contratista ni el
número de la garantía, lo que impidió a la aseguradora asistir a la audiencia

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
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Referencia: 68115

del 16 de abril de 2016; iv) la multa fue impuesta dos días antes de vencerse
el plazo, de ahí que su finalidad no era conminatoria; v) se le concedió al
contratista diez días para sustentar el recurso contra el acto contentivo de la
multa, mientras que a la aseguradora, solo tres días.
• Se transgredió el principio de autotutela, debido a que: i) la entidad debió
adoptar medidas; ii) al contratista se le concedió una prórroga por tres meses,
lo que era inferior a los seis que solicitó; iii) en la resolución acusada se aludió
a 303 de atraso que fueron superados al suscribir la prórroga.
• Se contrarió la proporcionalidad de la multa al haberla hecho efectiva por el
mismo valor de la cláusula penal pecuniaria.
• Se presentó la excepción de contrato no cumplido por no haber dado
respuesta a peticiones del contratista y no se tuvieron en cuenta las
circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito invocadas por el contratista.

Al pronunciarse acerca de las pruebas, decretó como tales los documentos
allegados por las partes y requirió, de oficio, que se aportara el expediente
administrativo correspondiente al procedimiento sancionatorio.

6. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, en
sentencia del 5 de marzo de 2009, resolvió el asunto en los términos transcritos al
inicio de esta providencia.

Luego de referirse a los hechos probados, analizó la congruencia entre los cargos
consignados en la citación a la audiencia de inicio del procedimiento administrativo
y lo considerado en el acto impositivo de la multa, al cabo de lo cual estimó que en
la citación se hizo referencia a la declaratoria de caducidad del contrato y la
efectividad de la cláusula penal, distinto a lo decidido en la resolución acusada.

Advirtió que, a pesar de lo anterior, esa situación no afectaba el principio de
congruencia, porque la norma preveía que se haría alusión a las consecuencias que
eventualmente podrían emanar del procedimiento lo que significaba que podría o
no ocurrir.

Adujo que solo tras el desarrollo de la audiencia en la que las partes podían rendir
sus descargos y debatir las pruebas era posible establecer la verdadera

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Expediente: 250002336000201700600 01
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de Seguros
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Referencia: 68115

consecuencia que la desatención obligacional del contratista acarrearía, al punto de
que en el caso concreto la entidad varió la consecuencia anunciada e impuso una
menos gravosa para los intereses del particular y su garante.

Respecto de la imposición de la multa faltando dos días para el vencimiento del
plazo acordado -15 de mayo de 2016-, el a quo, tras referirse a la naturaleza y
finalidad de la multa, indicó que en el expediente estaba demostrado que el 13 de
mayo de 2016, el contrato fue prorrogado por tres meses. De ahí que el acto
impositivo de la multa, 8 de julio de 2016, contrario a lo sostenido por el demandante,
no se expidió faltando dos días para su terminación, argumento con cuyo
fundamento estimó que no se desvirtuó el propósito conminatorio de la sanción
objeto de reproche.

Seguido de lo anterior, consideró que tampoco constituía una vulneración el debido
proceso hecho de que en la citación de la aseguradora no se indicara el nit del
contratista -cuando no había lugar jurídicamente por tratarse de un consorcio- o el
número de la póliza que podría ser afectada por el incumplimiento, ya que en el
texto de la comunicación se identificó al contratista y el número del contrato. Estimó
que con esos datos la aseguradora bien podría consultar en sus archivos la
información que requería, máxime cuando mediante oficio CL-028 de diciembre de
2015 la interventoría ya le había informado sobre las dificultades que se venían
presentado en su ejecución.

En cuanto al traslado de las pruebas aportadas por el contratista en la audiencia,
después de revisar el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley
1474 de 2011, el a quo coligió que toda la actuación administrativa se surtía en
audiencia, lo que llevaba a que las partes debieran asistir para ejercer su derecho
de defensa. En ese sentido afirmó que la aseguradora, al no haber asistido, pese a
ser citada, no podía alegar su propia culpa para beneficiarse de su falta de
asistencia más aún cuando omitió presentar excusa y no solicitó su aplazamiento.

Precisó el Tribunal que, en todo caso, la audiencia fue suspendida para la práctica
de pruebas, con apoyo en las cuales el contratista podría acreditar las razones de
su retraso, a lo que añadió que a la aseguradora le remitieron copia del informe
actualizado de ejecución rendido por la interventoría con base en lo cual se
determinó la imposición de la multa. Señaló que la aseguradora fue citada a la
continuación de la audiencia en la que se produjo el debate probatorio y se adoptó

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

la decisión final, a partir de lo cual el a quo concluyó que la aseguradora tuvo la
oportunidad de conocer y controvertir las pruebas con cuyo sustento se impuso la
multa al contratista.

En relación con el cargo en el que se edificó la violación el debido proceso por
conceder al contratista diez días para sustentar el recurso contra el acto contentivo
de la multa, mientras que a la aseguradora, solo tres días, el fallador de primer grado
observó que tanto a la aseguradora como al contratista se les otorgó el mismo
término para interponer el recurso de reposición contra la decisión censurada y que
distinto era que, dentro de la ampliación de términos concedida al consorcio, la
aseguradora hubiera optado por no hacerlo por haber ya presentado el escrito del
recurso.

Frente a la falsa motivación acerca del incumplimiento endilgado al consorcio, el a
quo, después de referirse a las prórrogas surtidas durante el plazo contractual y al
informe rendido el 17 de diciembre de 2015 por el interventor, concluyó que la
entidad sí adoptó las medidas tendientes a evitar los atrasos de la obra, al punto
que dispuso su prórroga y suspensión, pero que situación diferente fue que
persistieran los motivos de incumplimiento que condujeron a la entidad a iniciar el
procedimiento sancionatorio. Como sustento de su dicho, precisó que la supervisión
del contrato había informado el 7 de abril de 2016 que el contrato presentaba una
ejecución del 54% cuando debía ser del 94%, lo que indicaba que el objeto del
contrato no se cumpliría en el plazo acordado.

Por lo anterior, consideró que las resoluciones estuvieron debidamente soportadas
en la realidad contractual descrita en los informes de la interventoría y, por tanto,
fueron adecuadamente motivadas.

En lo concerniente a la proporcionalidad del valor de la multa ordenada, la primera
instancia analizó la cláusula que la contenía y, con sujeción a su texto, encontró que
la entidad calculó su valor debidamente en su mayor porcentaje atendiendo a que
el atraso de la ejecución fue de 248 días calendario.

7. El recurso de apelación

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
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Demandado Distrito Capital – Fondo de
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Referencia: 68115

La aseguradora demandante apeló la decisión de primera instancia para que fuera
revocada y se accediera a las pretensiones de la demanda.

En cuanto a las consideraciones del a quo con sustento en las cuales estimó que
no se había vulnerado el principio de congruencia por la información plasmada en
el oficio citatorio a la audiencia y la decisión que impuso la multa, alegó que la
sentencia había incurrido en una vía de hecho por falta de coherencia del fallo, pues,
según afirmó, por una parte aceptó que la citación se hizo para la declaratoria de
caducidad del contrato de obra 023 FDLU 2014 y concluyó que las consecuencias
que podrían imponerse por la entidad pueden variarse, sin tener en cuenta que los
cargos formulados en el proceso sancionatorio, su citación y contenido, se erigen
como la columna vertebral del proceso sancionatorio, como expresión del poder
punitivo del Estado, cuyo fundamento constitucional se haya en los Art 29 y 209 de
la C.N.

Con lo anterior, a juicio del apelante, el tribunal olvidó que, como lo señala la
jurisprudencia constitucional, el procedimiento administrativo es reglado y sujeto al
principio de legalidad y que no era lo mismo defenderse de una declaratoria de
incumplimiento parcial y de una caducidad del contrato.

En ese sentido, esgrimió que no podía variarse la sanción enunciada en el pliego
de cargos, según lo establecido en la cláusula décima octava del contrato, más aún
en consideración a que las circunstancias del grave y severo incumplimiento por
más de 248 días no podían ser subsanadas en el término de dos días que faltaba
para vencerse el contrato.

Censuró que el fallador no hubiera tenido en cuenta que al imponer la multa dos
días antes de vencerse el plazo contractual se desconoció su finalidad conminatoria
y de apremio.

Adujo que la sentencia desconoció que, al haberse dispuesto la prórroga del
contrato de obra por tres meses, la entidad estatal, con apego a lo dispuesto en el
literal d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, estaba en la obligación de terminar
el procedimiento sancionatorio por cuanto así se estaba superando el
incumplimiento presentado hasta el 13 de mayo de 2016 y, pese a ello, no procedió
en esa dirección.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

Agregó que resultaba desacertado que la entidad no hubiera accedido a la prórroga
de seis meses solicitada por el contratista, pues, en menos tiempo, era imposible
superar el atraso de 248 días que tenía la obra.

Reiteró que los términos en que fue enviado el oficio citatorio vulneraron el debido
proceso de la aseguradora por haber omitido enunciar el número de la póliza y el
nit del consorcio, puesto que no era posible identificar el contrato con la información
remitida y ello llevó a que en momento alguno pudiera formular descargos y
pronunciarse las pruebas aportadas por el contratista, según afirmó.

8. Actuación en segunda instancia

8.1. Mediante providencia del 18 de marzo de 2022, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora.

8.2. En auto del 23 de mayo de 2022, se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su
concepto.

En el término otorgado, las partes presentaron sus escritos de alegaciones, en los
que, en esencia, reiteraron los argumentos que soportaron la causa y la
contradicción.

El Ministerio Público guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes
temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) procedencia y oportunidad para
el ejercicio de la acción contractual; 3) cuestión previa: Falta de legitimación en la
causa del Distrito Capital – Localidad de Engativá; 4) la carga de sustentación del
recurso de apelación; 5) análisis de los cargos de la apelación; 5.1) sobre la
ausencia a la congruencia entre la información del oficio citatorio y la sanción
impuesta y su vulneración del principio de legalidad; 5.2) la violación al debido
proceso por falta de indicación del nit del consorcio contratista y el numero de la
póliza en el oficio citatorio enviado a la aseguradora; 5.3) el deber de terminar el
procedimiento sancionatorio por haber sido superado el incumplimiento a suscribir
la prórroga del contrato por tres meses y 6) costas.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

1. Competencia del Consejo de Estado

A continuación, la Sala verificará la competencia para conocer del recurso de
apelación:

Se tiene presente que el artículo 1041 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), vigente a
partir del 2 de julio de 2012, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se encuentra instituida para conocer, “además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados
en actos, contratos, (…) en los que estén involucradas las entidades públicas”.

En esta oportunidad, se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la
nulidad de la resolución por la cual el Fondo de Desarrollo Local de Usme declaró
el incumplimiento del contrato de obra 023 FDLU-2014 celebrado entre ese ente y
el consorcio Cilca Ingenieros e impuso multa al contratista correspondiente al 10%
del valor del negocio con cargo a la póliza única de cumplimiento No. 3009013.

Concurre al proceso como parte demandada el Fondo de Desarrollo Local de
Usme2, entidad que ostenta naturaleza pública, por lo que, con sujeción a lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción es
competente para conocer del presente asunto.

También le asiste competencia a la Sala para tramitar la causa en segunda
instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se
estimó en la suma de $1.138’293.9453, monto que resulta superior a
la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($368’858.500), exigida en la Ley 1437 de
2011, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.

1 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
“Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
“(…).
“2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad
pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.
2 En virtud del Acuerdo No. 08 de 1987 del Concejo de Bogotá, el Fondo Local de Usme es un

establecimiento público descentralizado del orden distrital con personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa.
3 Folio 32 del cuaderno 1.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

2. Procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual

Observa la Sala que las pretensiones versan sobre la nulidad de la Resolución No.
265 del 8 de julio de 2016, por la cual el Fondo de Desarrollo Local de Usme declaró
el incumplimiento del contrato de obra 023 FDLU-2014 e impuso multa al contratista
y de la Resolución No. 292 del 2 de agosto de 2016 por la que el Fondo, al resolver
un recurso de reposición interpuesto en contra de aquella, la confirmó, aspecto que,
al tenor de los dictados del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, corresponde
ventilarse a través del medio de control de controversias contractuales.

La regla para el cómputo de la caducidad ha de ser aquella consagrada el en primer
inciso del literal j) del numeral 2) del artículo 164 de ese compendio legal, según la
cual “En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años
que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o
de derecho que les sirvan de fundamento”, para la cual se ha de tomar el día
siguiente a la fecha en que cobró firmeza el acto impositivo de la multa que afectó
la póliza expedida por la aseguradora demandante.

La Resolución 292 del 2 de agosto de 2016 que confirmó la decisión contentiva de
la multa fue notificada en audiencia celebrada en esa misma fecha 4. Al haberse
presentado la demanda el 6 de abril de 2017 es claro que el medio de control se
ejerció dentro de los dos años, sin perjuicio de la suspensión de que fue objeto ese
plazo por cuenta de la solicitud del trámite de conciliación extrajudicial5.

3. Cuestión previa: Falta de legitimación en la causa del Distrito Capital –
Localidad de Engativá

De conformidad con el principio de interés para pedir y el de la legitimación en la
causa (legitimatio ad causam), quien formula peticiones en el proceso y quien quiera
rebatirlas debe tener un interés legítimo, serio y actual en la declaración que se
persigue, por cuanto existen solicitudes que solo corresponde hacerlas a ciertas
personas y contra otras determinadas y no por o contra las demás.

4 Folio 92 vuelto del cuaderno No. 2.

5 El 4 de noviembre de 2016 La Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría II para asuntos administrativos, trámite que culminó el
13 de febrero de 2017 por ausencia de ánimo conciliatorio, bajo la precisión de que esa actuación
solo habría de suspender el término de caducidad por tres meses. Folios 229 a 230 del cuaderno 2.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

Así pues, la legitimación en la causa constituye uno de los presupuestos necesarios
para obtener sentencia en la cual se decidan las pretensiones contenidas en la
demanda y, por tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del
interés jurídico que se debate en el proceso.

Esta Corporación, en providencia dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera,
se refirió a los aspectos cuyo análisis requería ser realizado por el juez de manera
oficiosa, sin que ello riñera con el principio de congruencia que debe informar las
decisiones judiciales, entre los cuales se tiene el presupuesto procesal de la
legitimación en la causa6.

En ese orden, al ser la legitimación en la causa un presupuesto procesal de la
sentencia corresponde al juez emprender su análisis de manera oficiosa, con
independencia de que se hubiera o no alegado como excepción por el extremo
pasivo y sin que ello desconozca el principio de congruencia7.

La controversia que ocupa la atención de la Sala gira en torno a la legalidad de un
acto contractual por el cual se impuso una multa y se hizo efectiva la garantía en el
marco del contrato 023 FDLU 2014, celebrado por el extremo contratante Fondo de
Desarrollo Local de Usme, establecimiento público del orden distrital que goza de
personería jurídica, y el consorcio Cilca Ingenieros como contratista, negocio
jurídico del que no fueron parte personas jurídicas diferentes a los mencionados.

Se tiene que, a pesar de que el contrato en torno al cual gravita el litigio fue
celebrado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme, que, como se dijo, es una
persona jurídica autónoma, lo cierto es que la demanda fue presentada en contra
del Distrito Capital – Fondo de Desarrollo Local del Distrito Capital.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, 9 de

febrero de 2012, exp.21.060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Esta tesis fue acogida y reiterada en
sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dictada el 6 de
abril de 2018, exp. 46.005, C.P: Danilo Rojas Betancourth.
7 Sobre el particular, en providencia del 24 de julio de 2013, la Sección Tercera con ponencia del

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado número: 52001-23-31-000-1999-00782-01(27.155),
señaló “… que si bien el principio de la non reformatio in pejus es un derecho individual mediante el
cual la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede
ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se
decidió en su contra[1], el juez, de acuerdo a la posición actual de la Sección Tercera, el juez (sic)
puede analizar el fenómeno de la caducidad, la falta de legitimación en la causa o la ineptitud
sustantiva de la demanda, aun en el evento en que no lo haya advertido el juez de primera
instancia o alguna de las partes de la Litis…” (se destaca). Reiterada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 26 de mayo de 2016, radicación número: 66001-
23-31-000-2006-00407-01 (36296).

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
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Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

El tribunal de primera instancia, al admitir la demanda, advirtió que el Distrito Capital
se encontraba legitimado en la causa por pasiva, dado que: i) los alcaldes locales
son designados por el alcalde mayor; ii) el alcalde mayor era el representante legal
de los fondos de desarrollo local; iii) el alcalde mayor es quien delega en los alcaldes
locales la facultad para contratar.

La anterior situación merece varios comentarios en relación con la representación
judicial del Fondo de Desarrollo Local de Usme:

Se advierte que la demanda fue contestada por el Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme en un solo escrito, por conducto del apoderado
constituido por la directora jurídica de la secretaría distrital de gobierno, de
conformidad con la facultad conferida por el secretario distrital de gobierno.

En esa ocasión se indicó que la representación judicial del Fondo del Desarrollo
Local se encontraba regulada en las siguientes normas:

En el artículo 6 del Decreto 445 de 2015 dictado por la Alcaldía Mayor de Bogotá,
en ejercicio de las facultades conferidas por el ordinal 3° del artículo 315 de la
Constitución Política, los artículos 38, 39, 40 y 53 del Decreto Ley 1421 de 1993; y
en el artículo 18 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, en el cual se estableció:

Representación judicial y extrajudicial en temas de Localidades, Alcaldes
Locales, Alcaldías Locales, JAL y FDL. Asígnese al Secretario Distrital de
Gobierno, con las facultades previstas en el artículo 2° de este decreto, la
representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en
relación con todos aquellos procesos, diligencias y/o actuaciones, judiciales o
administrativas que se adelanten con ocasión de todos los actos, hechos,
omisiones u operaciones que expidan, realicen o en que incurran o participen
las Localidades, las Juntas Administradoras Locales, los Alcaldes y las
Alcaldías Locales y/o los Fondos de Desarrollo Local.

El artículo primero de la Resolución No. 1086 del 3 de octubre de 2016, dictada por
el secretario distrital de gobierno de Bogotá, dispuso:

“Facultar al Director/a Jurídico para otorgar poderes especiales al apoderado o
los apoderados requeridos para la ejecución de los procesos, diligencias y
actuaciones judiciales o extrajudiciales o administrativas que se adelanten con
ocasión de los actos, hechos, omisiones u operaciones que expedida, realice o

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Expediente: 250002336000201700600 01
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Referencia: 68115

que incurra o participe (…) los Alcaldes y las Alcaldías Locales y/o Fondos de
Desarrollo Local…”8.

Del anterior recuento emergen las siguientes conclusiones:

• El Distrito Capital no compareció a la presente causa como parte del contrato
génesis del debate.
• La concurrencia del Distrito Capital a este proceso se produjo en virtud de la
representación judicial que ejerce, a través del secretario distrital de
gobierno, en cabeza del también demandado Fondo de Desarrollo Local de
Usme.
• La representación judicial del Fondo por parte del Distrito Capital no lo
despoja de capacidad para ser parte del proceso, ejercer derechos y contraer
obligaciones, en tanto constituye una persona jurídica autónoma e
independiente con patrimonio propio que, por virtud de esos atributos, es la
llamada a comparecer a la causa como sujeto procesal, pues sobre sus actos
se edifica el litigio.

Por lo anterior, a diferencia de lo considerado por el a quo, no resultaba procedente
integrar el extremo de la litis con la entidad territorial que ejercía la representación
judicial del Fondo de Desarrollo Local de Usme, puesto que no se trata de predicar
de aquella algún tipo de responsabilidad solidaria en las resultas del proceso, ni de
que asuma con su cartera el pago de las obligaciones que eventualmente deban ser
atendidas por el patrimonio de la persona jurídica sobre la que recaen las
reclamaciones ventiladas en este juicio, que no es otra que el Fondo.

Así, sin perjuicio de que al secretario distrital de gobierno de Bogotá le hubiera sido
asignada la representación judicial del Fondo de Desarrollo Local de Usme, ello no
se traduce en que el Distrito Capital - Localidad de Usme esté materialmente
legitimado en la causa por pasiva, tras constatarse que no fue parte del contrato en
el que se centra la controversia y, por ende, no hallarse configurado el supuesto
normativo del artículo 141 del CPACA que restringe la legitimación para pretender
las reclamaciones a quien haya sido parte del negocio alrededor del cual gravita la
discrepancia.

8 folios 43 a 44 del cuaderno 1.

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Expediente: 250002336000201700600 01
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Referencia: 68115

Cabe advertir que la contestación de la demanda, no obstante haber sido
presentada por el Distrito Capital, también lo fue en nombre del Fondo de Desarrollo
Local de Usme, circunstancia que torna válido ese acto procesal al ser ejercido por
la persona jurídica legitimada para oponerse a las pretensiones relacionadas con el
contrato 023 FDLU - 2014, del cual el fondo fungió como extremo contratante.

Como consecuencia, se declarará oficiosamente la falta de legitimación material en
la causa por pasiva del Distrito Capital – Localidad de Usme.

4. La carga de sustentación del recurso de apelación

Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental
para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la
simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es
suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión
impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de
fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en
los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada9.

De manera reciente, esta Subsección10 consideró que la carga de sustentación que
le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera
manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la
petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia
en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la
decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad
existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que
conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.

9 Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera

de esta Corporación: (i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 54.675; (ii) sentencia
del 10 de noviembre de 2017, expediente 51.212; (iii) auto del 14 de octubre de 2015, expediente
48.502, C.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del 9 de abril de 2014, expediente 27.550, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 65.962, criterio reiterado por esta Subsección en
sentencias del 4 de marzo de 2022, expediente: 53.376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y
expediente: 66.390.

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Expediente: 250002336000201700600 01
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Referencia: 68115

Sobre el particular, la Sala estima conveniente traer a colación un pronunciamiento
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la
carga procesal de sustentar el recurso de apelación:

(…) cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por
ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso,
cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida
de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones
abstractas tales como, ‘sí hay prueba de los hechos’ u otras semejantes,
puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su
vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las
razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones
lógico-jurídicas a que llegó el Juez en su proveído impugnado11 (se
destaca).

Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las
consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico
confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad
planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente
a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las
cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”12.

Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración casi que automática de los
fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la
demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual
se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera
directa y concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida que le resulta
adversa al apelante.

En el presente asunto, la parte demandante apeló la sentencia con el fin de que sea
revocada con sustento en múltiples argumentos, varios de los cuales no cumplen
con la referida carga de sustentación, como se verá cuando se aborde el análisis de
cada uno de ellos.

11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial

No. 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén. Este pronunciamiento fue citado en la sentencia del 19 de
junio de 2020, expediente 49.572, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, con ponencia de la magistrada María Adriana Marín.
12 Ibidem.

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Referencia: 68115

5. Análisis de los cargos de la apelación

5.1. Sobre la ausencia a la congruencia entre la información del oficio citatorio
y la sanción impuesta y su vulneración del principio de legalidad

Se recuerda que el tribunal de primera instancia estimó que a pesar de que en la
citación a la audiencia del procedimiento sancionatorio se hizo referencia a la
declaratoria de caducidad del contrato y la efectividad de la cláusula penal, distinto
a lo decidido en la resolución acusada en la que se impuso multa al contratista, esa
situación no afectaba el principio de congruencia porque la norma preveía que se
haría alusión a las consecuencias que eventualmente podrían emanar del
procedimiento, lo que significaba que podría o no ocurrir y que solo tras el desarrollo
de la audiencia en la que las partes podía rendir sus descargos y debatir las pruebas
era posible establecer la verdadera consecuencia que la desatención obligacional
del contratista acarrearía.

En desacuerdo con lo anterior, la apelante alegó que la sentencia había incurrido
en una vía de hecho por ausencia de coherencia del fallo; si bien se aceptó que la
citación se hizo para la declaratoria de Caducidad del contrato de obra 023 FDLU
2014 al final concluyó que las consecuencias que podrían imponerse por la entidad
pueden variarse, con lo cual, a juicio del recurrente, desconoció que los cargos
formulados en el proceso sancionatorio, su citación y contenido se erigen como la
columna vertebral del proceso sancionatorio, como expresión del poder punitivo del
Estado, cuyo fundamento constitucional se haya en los Art 29 y 209 de la C.N y
olvidó que, según lo alegado desde la demanda, como lo señala la jurisprudencia
constitucional, es reglado y sujeto al principio de legalidad, por lo que no es lo mismo
defenderse de una declaratoria de incumplimiento parcial y de una caducidad del
contrato, puesto que con esa variación se alteró el derecho de la aseguradora de
asumir la terminación de la obra o convertirse en cesionario del contrato de acuerdo
con lo pactado en la póliza.

Así pues, el reparo del recurrente se sintetiza en que no es posible variar la sanción
anunciada en la citación y la sanción impuesta como resultado del procedimiento
sancionatorio por cuanto ello vulnera el debido proceso, que es una actuación
reglada y, por tanto, subordinada al principio de legalidad que no puede ser alterada
al arbitrio de la entidad estatal, pues esto trae consecuencias en el ejercicio del
derecho de contradicción del afectado.

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Para resolver este cargo, la Sala parte de precisar que no obstante haberse aludido
a la vulneración al debido proceso por contrariar el principio de legalidad en la
rigurosidad reglada con que debía diligenciarse el oficio citatorio, la sentencia de
primera instancia no hizo referencia a este último. Bajo esta precisión será
examinado el argumento de la impugnación.

Mediante oficio del 11 de abril de 2016, la entidad demandada envió a La Previsora
S.A. Compañía de Seguros “Citación a audiencia de procedimiento administrativo
de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra pública No. 023 FDLU –
2014”.

En ese documento se pusieron de presente los hechos en que se fundaba el inicio
del procedimiento sancionatorio, el cual grosso modo se basó en que:

La obra presentaba un atraso del 56.07% -303 días- debiendo haber alcanzado para
esa fecha un avance de ejecución del 94%. No existía justificación para que el
contratista pretextara la falta de recursos, dado que, para la época, ya se le había
desembolsado la totalidad del anticipo, equivalente al 40% del valor del contrato; no
se prestaron ajustes a los cronogramas de obra; se presentaba constantemente
falta de personal y materiales en la obra; solo se estaban ejecutando 8 frentes de
obra de los 14 que integraban el objeto del contrato.

Así mismo, el Fondo puso de relieve que la inejecución de actividades relacionadas
podía constituirse como una situación de incumplimiento de la ley y del contrato y,
especialmente, de las siguientes obligaciones legales y contractuales: artículo 1602
del Código Civil, artículos 5 -numeral 2-, 26 -numerales 8 y 52- de la Ley 80 de 1993;
cláusula segunda, numerales 1, 2, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 25 del contrato de obra No.
023 FDLU.

Sobre las consecuencias que se podrían derivar del incumplimiento de las
obligaciones contractuales se registró (se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores de forma):

De llegarse establecer dentro de la audiencia que el consorcio Cilca Ingeniero
incurrió en un incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales

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Expediente: 250002336000201700600 01
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durante el plazo de ejecución del contrato 023 de 2014, la administración
considerará procedente declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula
penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y
en la cláusula Décima Octava del Contrato 023 de 2014.

Se precisa que la cláusula décima octava del contrato de obra No. 023 FDLU,
anteriormente reseñada en el oficio citatorio, señala (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores de forma):

CADUCIDAD: El FONDO podrá declarar la caducidad cuando se presenten
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralización.

Posteriormente, en la Resolución 265 de 8 de julio de 2016, el Fondo de Desarrollo
Local de Usme resolvió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores
de forma):

ARTÍCULO PRIMERO Declarar que el contratista CONSORCIO CILCA
INGENIEROS cuenta con un atraso de ejecución del contrato de obra No.
0232FDLU-2014 de 248 días conforme las razones expuestas en la parte
considerativa de este proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer una multa
del 10% del valor del contrato que corresponde a $1.138’293.945,10, suma que
deberá ser cancelada por el contratista o podrá ser cobrada por la entidad a
través de la garantía de cumplimiento expedida por el contratista para la
salvaguarda y cumplimiento de las obligaciones del contrato.

La anterior decisión fue confirmada en su integridad a través de la Resolución 292
del 2 de agosto de 2016.

Como se aprecia, en efecto, al citar al garante y al contratista a la audiencia del
procedimiento sancionatorio se anunció que las consecuencias que podrían surgir
como resultado de esa actuación serían la declaratoria de incumplimiento,
efectividad de cláusula penal y la declaratoria de caducidad, mientras que la
resolución que se acusa de nulidad contuvo la imposición de la multa por el
incumplimiento del contratista, circunstancia que acredita la ocurrencia del supuesto
fáctico en el que el demandante edifica su reparo.

Con todo, su acaecimiento no equivale a afirmar que se vulneró el debido proceso
por haber obrado en contra del principio de legalidad con cuyo apego debían darse

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Referencia: 68115

todos los pasos previstos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, particularmente,
en lo concerniente al contenido del oficio citatorio frente a las consecuencias del
procedimiento sancionatorio, según pasa a explicarse:

El principio de legalidad encuentra su cimiento constitucional en los artículos 4, 6,
121 y 122 de la Constitución Política, al tenor de los cuales toda actuación de los
órganos del Estado se encuentra sometida al imperio del derecho, de tal suerte que
la actividad de las autoridades públicas está restringida a aquello que la Constitución
y la ley les permite, de manera que son responsables por omisión y por
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En secuencia con lo anterior, la Sala reitera la jurisprudencia de la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, acerca del principio de legalidad que
constituye un presupuesto para el ejercicio de la potestad sancionatoria en materia
de contratación estatal, de la siguiente manera:

“La potestad sancionadora se halla sometida al principio de legalidad en los
siguientes aspectos: 1. Su atribución; 2. El carácter discrecional o reglado de su
ejercicio; 3. El espacio temporal en que puede utilizarse, y 4. Las formalidades
procedimentales exigidas para imponer una sanción (…) El sancionar en el
ámbito contractual es posible porque está expresamente establecido en el
ordenamiento jurídico. Ello significa que aun cuando se reconozca en la
actualidad que a la Administración se le confía parte del ius puniendi del Estado,
la posibilidad de su ejercicio se supedita a una habilitación legal expresa, pues
como ya tuvo oportunidad de decirse, en este ámbito se presenta una
vinculación de carácter positivo con el principio de legalidad13”.

La Corte Constitucional ha considerado que la observancia del principio de legalidad
como expresión pura del debido proceso en el marco de un procedimiento
administrativo sancionatorio comporta una doble garantía: i) la material que alude a
la predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones, lo
que atiende al postulado según el cual nadie puede ser castigado sino bajo unas
conductas y sanciones descritas en normas preexistentes al hecho censurado; ii) la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., sentencia de 22 de octubre de 2012,
radicación número: 05001-23-24-000-1996-00680-01(20738), actor: Sociedad Vélez Mesa y Cía.
Ltda., demandado: Empresas Públicas de Medellín. referencia: acción de controversias
contractuales.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

formal enderezada a que las conductas y sanciones se hallen incorporadas en
normas de rango legal.

El procedimiento sancionatorio que se aplicó en este caso se encuentra regulado
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, norma que según el apelante fue
desatendida por el Fondo al modificar la sanción anunciada de inicio en la citación.
Sobre el particular, la norma dicta que:

“Artículo 86. Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias De
Incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando
los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el
siguiente procedimiento:

“a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En
la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se
sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora
para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado
de la misma manera;

Surge de su lectura que la norma en cita consagra la información que debe contener
el oficio citatorio a la audiencia estableciendo dos tipos de exigencias:

Por un lado, deben consignarse los fundamentos fácticos en que se basan los
reparos que sirven de sustento para iniciar la actuación, los cuales deben estar
apoyados en un informe de interventoría o supervisión.

De otro, es menester indicar las normas o cláusulas posiblemente vulneradas y las
sanciones que de esa transgresión pudieran derivarse.

Es claro que en el primer caso la norma no sujeta la ocurrencia de los hechos a un
escenario incierto o cubierto con el manto de la probabilidad, como sí lo hace al
contemplar las normas y sanciones, eventos en que la disposición requiere que se

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
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Referencia: 68115

refieran las “posiblemente violadas” y las consecuencias, entiéndase sanciones,
que “podrían” desprenderse.

En otras palabras, los supuestos fácticos en que se funda la actuación a los que se
atribuye el acaecimiento de la conducta antijurídica del contratista no pueden
alterarse o adicionarse a lo largo del procedimiento y será con soporte en ellos que
deba surtirse el debate. No podría ser de otra manera, en tanto solo de esa forma
podría garantizarse la efectiva defensa de los hechos y conductas nocivas que se
le endilgan.

Cuestión distinta acontece con las sanciones que podrían imponerse. En estos
casos existe la posibilidad de que estas últimas se modifiquen, siempre y cuando,
se enfatiza, no se hagan más gravosas para el inculpado.

Ello se explica en que la finalidad del debate probatorio está dirigida al
esclarecimiento de la ocurrencia de los hechos aducidos como fundamento del inicio
de la investigación, lo que puede conducir a que, por cuenta del despliegue de la
contradicción por parte del afectado y de la práctica de pruebas idóneas,
conducentes y pertinentes encauzadas a dotar de vigor la oposición, las sanciones
anunciadas: a) se mantengan tras verificar que los hechos en que se soporta la
actuación no fueron desvirtuados y responsabilizan al contratista, b) se reduzcan
por evidenciarse que no son de tal entidad que ameriten la pena que se anticipó, o,
c) se prescinda de su aplicación al precluir el procedimiento en favor del contratista
por haber prosperado sus argumentos de oposición.

Así pues, la Sala comparte la apreciación hermenéutica que dispensó el a quo al
artículo 14 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con la cual la norma
contemplaba la eventualidad de que las sanciones anticipadas pudieran o no
materializarse según el devenir de la etapa probatoria.

Al tiempo, encuentra infundados los cargos de la apelación de la aseguradora. Esto
se debe a que no se observa que se hubiera violentado el principio de legalidad,
toda vez que el procedimiento administrativo adelantado contra el consorcio Cilca
Ingenieros no desembocó en la imposición de sanciones cuya procedencia no
hubiera sido predeterminada por la ley y por las partes del contrato para los casos
en que se incurriera en el incumplimiento del contratista, el que a la postre se

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
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Referencia: 68115

presentó, ni se le sancionó por una conducta que no hubiera sido calificada
previamente por los extremos del acuerdo como merecedora de ese reproche.

Menos aún evidencia la Sala que el Fondo hubiera desatendido el procedimiento
reglado previsto en el literal a) del artículo 14 de la Ley 1474 de 2011 al diligenciar
el oficio citatorio a la audiencia.

Lo que se advierte es, que no obstante poner de presente que la conducta en que
supuestamente habría incurrido el contratista podría eventualmente dar lugar a la
declaratoria de caducidad, en el curso del procedimiento se demostró que la sanción
a imponer debía corresponder a una multa de apremio, por cuanto, en medio del
debate probatorio, al ejercer su defensa, el consorcio Cilca Ingenieros demostró que
varias de las razones del retraso presentado resultaban atribuibles a causas
externas, como las lluvias, amén de las cuales se rebajaron los días de retraso
imputados a la conducta del consorcio y, por contera, se produjo una disminución
en la gravedad del incumplimiento inicialmente achacado.

Ciertamente, en el texto de la Resolución 265 del 8 de julio de 2016 se consignó
que, con ocasión de las justificaciones alusivas al fenómeno climático surgía con
claridad que los días en que se presentaban lluvias el contratista no pudo desarrollar
actividades de excavación, extensión de material, compactación e instalaciones de
tuberías, por manera que debían tenerse como válidos los tiempos señalados para
excusar el retraso en la ejecución de obras. Por lo anterior, la entidad estimó que
existía justificación de acuerdo con el control de lluvias presentado por un término
de 55 días calendario. Al respecto concluyó (se transcribe de forma literal, incluso
con posibles errores de forma):

“…revisado el cuadro de resumen de ejecución del contrato de obra No. 023
FDLU -2014 se evidencia inicialmente un atraso de 303 días, los cuales
reconociendo los 55 días de causal justificable por las condiciones climáticas en
las cuales fue necesario ejecutar el contrato y que impidió el desarrollo de las
obligaciones que se derivan del objeto del contrato, se establecería un retraso
real y comprobado de 248 días calendario, respecto de los cuales no se
encuentra por parte de esta Administración local alguna para la inoperancia en
el desarrollo de la justificación del contrato

De ahí emerge con nitidez que fue el resultado de la contrastación de los
documentos e informes de interventoría con las pruebas develadas por el contratista

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Expediente: 250002336000201700600 01
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Referencia: 68115

el que determinó la naturaleza de la sanción a imponer luego de constatar la
configuración de un incumplimiento parcial, sin que su variación, respecto de aquélla
inicialmente anunciada, hubiera reñido en manera alguna con el principio de
legalidad que informa el procedimiento administrativo sancionatorio por esencia
reglado.

En línea con lo dicho, tampoco puede considerarse que el contratista y su garante
hubieran sido sorprendidos con la imposición de la multa como sanción definitiva14,
en atención a que esa fue la penalidad que acordaron libremente las partes para los
eventos en que se presentara mora en la satisfacción de los compromisos
obligacionales o incumplimientos parciales, situación que resultaba del todo
coherente con los hechos advertidos al inicio del procedimiento sancionatorio y que,
en suma, se concretaron en un atraso en la ejecución del cronograma de obra, pero
nunca en un incumplimiento total del objeto contractual que era lo que, en últimas,
según el pacto de las extremos del negocio, habría dado lugar a la activación de la
cláusula penal15 que tanto echa de menos el demandante.

Se tiene entonces que la sanción impuesta atendió al examen de los mismos hechos
expuestos en la citación respecto de los cuales se garantizó el derecho de
contradicción.

Cabe agregar que la imposición de la sanción definitiva también fue el producto de
la reflexión de la entidad acerca de la vigencia del contrato, por cuanto en el término
que restaba para su vencimiento aún era posible conminar al contratista para que
acatara sus compromisos negociales. Se lee que, en relación con la posibilidad de
imponer una sanción con carácter de apremio para la satisfacción de las
obligaciones en el plazo restante, la entidad motivó:

14
“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento,
efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor del contrato, sin que estas
sobrepasen el 10% del valor total del mismo (…)”.

15
“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total
de las obligaciones a cargo del contratista o declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de
cláusula penal pecuniaria un valor equivalente al 10% del valor del contrato”.

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Expediente: 250002336000201700600 01
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“Revisadas las condiciones de ejecución y atendiendo que el contrato a la fecha
de la presente audiencia se encuentra vigente, la entidad considera necesario
imponer una sanción al contratista constitutiva de multa con el fin de conminarlo
al cumplimiento de las obligaciones del contrato dentro del plazo de ejecución
contractual, puesto que con ello se está dando relevancia a lo establecido en el
artículo 3 de la Ley 80 de 1993 respecto de los fines de la contratación,
atendiendo que con ello la administración pretende el cumplimiento de los fines
estatales, la continua prestación de los servicios públicos y la efectividad de os
derechos e intereses administrados que colaboran con ellas en la consecución
de dichos fines”.

Este punto está llamado a ampliarse al compás del análisis del siguiente cargo del
recurso relacionado con la imposibilidad de variar la sanción de caducidad
anunciada y cambiarla por una multa debido a que, para el recurrente, era imposible
superar el retraso de 248 días constitutivo de incumplimiento grave en el tiempo de
dos días que faltaba para vencer el plazo acordado, cuestión que, según aseveró
en la impugnación, no fue analizada por el a quo desconociéndose así el carácter
conminatorio de la multa.

Para resolver este cargo, la Sala parte de precisar que, contrario a lo indicado en la
impugnación, el a quo sí se refirió de forma expresa a las alegaciones que extraña
el extremo activo.

Se recuerda que en el fallo apelado se advirtió que, antes de finalizar el plazo
pactado, el 13 de mayo de 2016 las partes suscribieron una prórroga por tres meses
al contrato No. 023 FDLU, a partir del 16 de los mismos mes y año. De ahí que su
plazo venció el 16 de agosto de 2016. En esa medida, al haber expedido la
resolución No. 265 impositiva de la multa el 8 de julio de 2016, observó el tribunal
que para entonces aún faltaba más de un mes para finalizar el plazo pactado.

Así pues, contrario a lo afirmado por el recurrente, el fallador sí se refirió de manera
expresa al carácter conminatorio de la multa impuesta de cara al marco temporal
dentro del cual se ejerció esa potestad, examen que emprendió con exposición de
las razones fácticas y jurídicas que llevaron a desatender el cargo de la
demandante.

Otra cosa es que la parte actora pretendiera apartarse de ellas y desconocerlas bajo
el argumento de que no hubo pronunciamiento sobre ese tópico. Esto desencadena,

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Expediente: 250002336000201700600 01
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a su turno, una ausencia total de sustentación de la apelación frente a los
mencionados aspectos.

Finalmente, en lo concerniente al argumento a la luz del cual, al variar la sanción de
caducidad administrativa anunciada en el oficio citatorio, se alteró el derecho de la
aseguradora de asumir la terminación de la obra o de convertirse en cesionario del
contrato, la Sala lo estima infundado, toda vez que es desacertado pretender derivar
derechos de una posible sanción de caducidad respecto de la cual no se reunieron
los supuestos jurídicos para su procedencia como consecuencia del análisis
probatorio adelantado en el procedimiento sancionatorio que llevó a desestimarla.

Con apoyo en lo expuesto, la Sala se despachará desfavorablemente los cargos
de la apelación atinentes a la vulneración al debido proceso por la variación que se
produjo entre la sanción consignada en el oficio citatorio y la multa impuesta.

5.2. La violación al debido proceso por falta de indicación del nit del consorcio
contratista y el numero de la póliza en el oficio citatorio enviado a la
aseguradora

El tribual de primer grado consideró que no constituía una vulneración al debido
proceso el hecho de que en la citación de la aseguradora no se indicara el nit del
contratista -cuando no había lugar por tratarse de un consorcio- o el número de
póliza que podría ser afectada por el incumplimiento, puesto que, en el texto de la
comunicación, se identificó al contratista y el número del contrato. Estimó que con
esos datos la aseguradora bien podría consultar la información que requería en sus
archivos, máxime cuando mediante oficio CL028 de diciembre de 2015 la
interventoría ya le había informado sobre las dificultades que se venían presentado
en su ejecución.

En el escrito de impugnación, La Previsora S.A. Compañía de Seguros reiteró que
los términos en que fue enviado el oficio citatorio vulneraron el debido proceso de
la aseguradora por haber omitido enunciar el número de la póliza y el nit del
consorcio, puesto que no era posible identificar el contrato con la información
remitida.

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La confrontación de los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basó la sentencia
para resolver ese cargo y las razones de oposición esgrimidas en el recurso revelan
la ausencia del deber de sustentación de la alzada.

Como se advierte, el reparo expresado en contra de la decisión del a quo no atacó
directamente la fundamentación de sus conclusiones, en las que, advirtió i) que el
consorcio no se identificaba con un nit puesto que no le era legalmente aplicable
esa figura; ii) con los datos plasmados en la citación -número del contrato y nombre
del contratista- la aseguradora podía indagar en sus archivos el número de la póliza
que no se enunció; iii) desde el año anterior a la citación, ya se la había informado
a la aseguradora que el contrato en cuestión estaba atravesando dificultades en su
cumplimiento, por lo que no era una información nueva la que se le estaba
remitiendo a través del censurado oficio citatorio.

Contra lo anterior, el apelante simplemente se limitó a reiterar, en idénticos términos
a los esbozados en el escrito inicial, que al no haber detallado el número de la póliza
de cumplimiento y el nit del consorcio no era posible identificar el contrato, sin
ofrecer razones en que sustentara ese impedimento ni aludir al respaldo probatorio
en que soportaba su dicho y menos aún replicó el razonamiento de la primera
instancia para su negativa, dinámica argumentativa que devela la inexistencia de
cargos concretos de inconformidad frente a los argumentos expuestos por el a quo
en el fallo apelado en ese preciso aspecto.

5.3. El deber de terminar el procedimiento sancionatorio por haber sido
superado el incumplimiento al suscribir la prórroga del contrato por tres
meses

El Tribunal de primera instancia, después de referirse a las prórrogas surtidas
durante el plazo contractual y al informe rendido el 17 de diciembre de 2015 por el
interventor, concluyó que la entidad sí adoptó las medidas tendientes a evitar los
atrasos de la obra al punto que dispuso su prórroga por tres meses, pero que
situación distinta fue que persistieran los motivos de incumplimiento que condujeron
a la entidad a iniciar el procedimiento sancionatorio. Como sustento de su dicho,
precisó que la supervisión del contrato había informado el 7 de abril de 2016 que el
contrato presentaba una ejecución del 54% cuando debía ser del 94%, lo que
indicaba que el objeto del contrato no se cumpliría en el plazo acordado.

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El apelante adujo que la sentencia desconoció que, al haberse dispuesto la prórroga
del contrato de obra por tres meses, la entidad estatal, con apego a lo dispuesto en
el literal d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, estaba en la obligación de
terminar el procedimiento sancionatorio por cuanto así se estaba superando el
incumplimiento presentado hasta el 13 de mayo de 2016 y, pese a ello, no procedió
en esa dirección.

En ese mismo punto, agregó que resultaba inadecuado que la entidad no hubiera
accedido a la prórroga de seis meses solicitada por el contratista, pues en menos
tiempo era imposible superar el atraso de 248 días que tenía la obra.

En orden a resolver el cargo que se pone a consideración de la Sala, se encuentra
acreditado que:

El 13 de mayo de 2016 las partes suscribieron la prórroga por tres meses al contrato
de obra No. 026 FDLU- 201416, con fundamento en la solicitud presentada por el
contratista el 7 de marzo de 201617 y avalada por la interventoría en la que ponían
de presente que, por factores climáticos y demoras en la obtención de permisos y
licencias ambientales, el contrato tenía un retraso en su ejecución dado que hasta
la fecha solo había alcanzado el 33% de avance físico.

En la motivación del documento de prórroga se consignó que el Fondo, para evaluar
la viabilidad de extender el plazo contractual, revisó el grado de imprevisibilidad de
las situaciones advertidas por el contratista, en contraste con los riesgos
establecidos en la matriz del contrato 023 FDLU-2014 y con el fin de determinar si
tales situaciones condujeron al atraso de la obra, mediante oficio del 7 de abril de
2016, citó al contratista para audiencia de descargos de conformidad con lo
establecido en la Ley 1474 de 2011.

Se indicó en el texto de ese acuerdo que se consideró por el FDLU que se
provocaba un mayor daño si se paralizaba el contrato o se dejaba inconcluso, lo
que daba lugar a una indebida aplicación de las normas de una buena
administración, por lo que por estimar que con la prórroga se podría lograr el

16 Folios 109 a 114 del cuaderno 2.

17 Folios 104 a 108 del cuaderno 2.

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cometido perseguido con el contrato, resultaba viable ampliar el plazo contractual
por tres meses para ese propósito.

En relación con el procedimiento sancionatorio adelantado de manera simultánea al
acuerdo de prórroga, en el documento en que esta se instrumentó se consignó que
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores de forma):

“33) Que si bien se encuentra la posibilidad de adelantar la prórroga al plazo de
ejecución del contrato de conformidad con la viabilidad emitida por la Dirección
Ejecutiva Local y las aprobaciones realizadas por la interventoría del contrato y
el apoyo a la supervisión designado por la entidad con el fin que se cumpla con
las obligaciones propias del objeto del contrato y a través de ellos se hagan
efectivos los fines perseguidos por la administración con el desarrollo del
contrato, ello no indica que con la misma modificación realizada al plazo de
ejecución se hubiesen novado las obligaciones preexistentes por parte del
contratista de obra. Puesto que como se anotó anteriormente si bien ‘la
contratación estatal en términos del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 se dirige a
que se cumplan los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados, bien podrá la entidad pública contratante utilizar la cláusula de
multas pactadas en el contrato para sancionar en forma directa la tardanza y el
contratista. (…). 34) Que la entidad resalta la importancia que el contratista de
obra, es decir, el consorcio Cilca Ingenieros cumpla con la ejecución estricta de
las actividades establecidas en el cronograma avalado por la interventoría y la
entidad para el desarrollo del objeto contractual, con el fin que se evidencie
aumento en la ejecución contractual y financiera del mismo y con ello pueda
darse cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo 3 de la Ley 80
de 1993. Así mismo deberá tener informado al interventor del contrato y a la
entidad misma de la totalidad de actividades que desarrolle en consecución de
su objeto contractual”.

Planteado el contexto en el que se produjo la prórroga al contrato No. 023 FDLU-
2014, la Sala estima que no le asiste la razón al libelista cuando sostiene que en
ella quedaron recogidos todos los incumplimientos que dieron lugar al inicio del
procedimiento sancionatorio y por tal virtud debía terminarse esa actuación.

Ciertamente, el estudio acerca de la procedencia de aceptar la solicitud de prórroga
elevada por el contratista se adelantó de forma concomitante e, incluso
interdependiente, con el procedimiento sancionatorio, en razón a que los descargos
practicados en desarrollo de este y el informe de interventoría en que se apoyó su
inicio fungieron como sustento probatorio para establecer la pertinencia de
prolongar el período de ejecución.

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Con todo, la sugerencia del censor resulta inadmisible en tanto contraría
absolutamente el texto que condensó el acuerdo de voluntades extensivo del plazo
contractual, en el que claramente se advirtió que, a pesar de su viabilidad, no podría
concebirse la prórroga como una novación de las obligaciones hasta entonces
incumplidas que permitiera erradamente considerar que el retardo aludido habría de
quedar purgado o se anularía y tampoco podía concebirse como una abrogación de
la facultad de la entidad de activar la cláusula de multas en caso de que continuara
el retardo advertido.

Es importante, además, observar que la finalidad de la prórroga no fue otra que la
de conceder al contratista un término adicional para superar el retardo presentado
y cumplir a cabalidad con el objeto contractual en el tiempo adicionado, lo cual no
se traducía en que, de persistir esa tardanza, la entidad no pudiera aplicar la
cláusula de apremio para conminar a su satisfacción, como en efecto ocurrió.

El anterior aserto responde al hecho de que la implementación de esta herramienta
– la multa-, desde la perspectiva contractual, se correlaciona y halla su justificación
en los eventos en los que una de las partes incurre en incumplimiento de las
obligaciones contraídas, al paso que su activación surge como consecuencia de una
previsión anticipada y libremente acordada por los contratantes sobre los efectos
que pueden extraerse de dicha inobservancia y que, por regla general, conlleva al
pago de una suma preestablecida, sin que con esto el incumplido se releve de
satisfacer la prestación debida; lo que busca es precisamente inducir a su
acatamiento.

Su falta de correspondencia con una sanción de carácter resarcitorio se explica en
la medida en que no persigue obtener una suma o monto para contener o reparar
un menoscabo patrimonial de la Administración contratante. Bajo esa óptica, la
ocurrencia del perjuicio no constituye un elemento de la esencia de este tipo de
sanción, como sí acontece en el evento de la cláusula penal pecuniaria, cuya razón
de ser es meramente indemnizatoria.

Distinto a ello, su propósito se asocia con un fin proteccionista del interés público
que involucra la celebración del contrato estatal, en tanto busca la ejecución efectiva
de la labor encomendada al contratista, al margen de que su satisfacción oportuna
hubiese causado o no daño al ente contratante.

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No puede perderse de vista, además, que se trata de una estipulación de naturaleza
condicional, en razón a que la posibilidad de generar sus efectos se suspende hasta
la configuración del supuesto de hecho que determina su surgimiento y que da lugar
a su aplicación, supuesto que no es otro que el incumplimiento defectuoso o
cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, el cual debe ser verificado
por la entidad contratante tras agotar el debido proceso.

Adicionalmente, de una lectura cuidadosa del literal d) del artículo 86 de la Ley
147418, se desprende que el legislador dotó de una facultad potestativa a la entidad
estatal consistente en terminar el procedimiento sancionatorio cuando evidencie el
cumplimiento de las obligaciones insatisfechas, premisa que se opone al argumento
de la aseguradora en tanto al no haberse constatado el cumplimiento de los
compromisos contraídos no le era exigible a la administración disponer la
terminación del procedimiento iniciado, al margen de que se hubiera otorgado un
plazo de más para que las obligaciones desatendidas fueran honradas en ese lapso.

Corolario de las reflexiones que anteceden, para la Sala, la primera parte de los
argumentos de la impugnación formuladas en este cargo, no cuentan con asidero.

En lo concerniente a la segunda parte en que fue sustentada la argumentación de
este cargo, en la que se sostuvo que fue equivocado el proceder de la entidad al no
acceder a la prórroga de seis meses solicitada por el contratista, porque en menos
tiempo era imposible superar el atraso de 248 días que tenía la obra, la Sala precisa
lo siguiente:

Está demostrado que, mediante oficio del 7 de marzo de 2016, el consorcio Cilca
Ingenieros solicitó la prórroga del contrato No. 023 por seis meses aduciendo
demoras en la ejecución por inconvenientes climatológicos y en la obtención de
permisos ambientales y de movilidad.

18 Ley 1474 de 2011. Artículo 86, literal d) “En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el

jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte,
ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para
el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de
incumplimiento” (subraya la Sala).

34

Expediente: 250002336000201700600 01
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Referencia: 68115

Como se vio en párrafos precedentes, el Fondo de Desarrollo Local de Usme, luego
de estudiar la procedencia de la prórroga solicitada en cotejo con las pruebas en
que el contratista basaba su petición, consideró viable acceder a extender el plazo
del contrato por tres meses, intención que quedó cobijada en el documento de
prórroga suscrito el 13 de mayo de 2016 coadyuvado con la libre autonomía de la
voluntad del contratista, el que no manifestó reparo alguno en cuanto al plazo en
que se ampliaba el vínculo negocial.

Así pues, la Sala estima infundado el reproche del garante frente a los términos en
que quedó convenido el consenso sobre la ampliación del plazo negocial, pues se
aparta y desconoce que el mismo fue el producto de la autodeterminación de su
asegurado, el que concurrió a su suscripción sin alegar la inconveniencia sobre el
plazo acordado, debiendo hacerlo si era su criterio el concebir que ese periodo era
insuficiente para atender los compromisos que a él le correspondía cumplir.

Por las razones expuestas los cargos atinentes a la insuficiencia de la prórroga se
encuentran infundados.

Conclusión

Al no tener vocación de prosperidad los argumentos de la apelación presentada por
la aseguradora demandante y de acuerdo con lo anunciado en acápite anterior, la
Sala modificará la sentencia recurrida, para en su lugar, declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital y negará las pretensiones de
la demanda.

5. Costas

De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente
providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, La
Previsora S.A. Compañía de Seguros.

Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se
tengan en cuenta en la liquidación de costas.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código,
se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. De conformidad
con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la
fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho,
se observa que:

El artículo 5.1 del Acuerdo 10554 de 2016 consagró que en los procesos con cuantía
las tarifas máximas de agencias en derecho en segunda instancia deben
establecerse en salarios mínimos mensuales legales vigentes para los procesos
declarativos en un rango entre uno (1) y seis (6) SMLVM.

Respecto de la naturaleza y calidad de la gestión procesal se observa que la entidad
demandada presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, en los que
manifestó su conformidad con la sentencia de primera instancia y solicitó que fuera
confirmada.

A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en tres (3) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, a cargo de la parte vencida, La Previsora S.A. Compañía de
Seguros, en este caso la parte demandante, en favor del Fondo de Desarrollo Local
de Usme.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, con
fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia,
la cual quedará de la siguiente manera:

1.- Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito
Capital, con base en las consideraciones que anteceden.

2.- Negar las pretensiones de la demanda.

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Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115

SEGUNDO: CONDENAR a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a pagar las
costas de la segunda instancia.

Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma equivalente a tres
(3) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo de la parte vencida, en
este caso La Previsora S.A. Compañía de Seguros y en favor del Fondo de
Desarrollo Local de Usme., la que deberá incluirse en la liquidación de costas.

TERCERO: Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON EXCUSA

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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