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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-01406-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-01406-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2010-01406-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandada: AGUASCOL S.A. E.S.P., Municipio de Caucasia, Nación-
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, y Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda, y
se declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”
presentada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural.

La parte actora solicita el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de
obra suscrito con Aguascol S.A. E.S.P., con fundamento en los sobrecostos
asumidos con ocasión del vencimiento de la validez de la oferta y la necesidad de
un reajuste de precios por cambio de año, costos adicionales atribuibles al invierno,
y la tala y disposición de un árbol, así como las obras adicionales y mayor
permanencia en obra.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 19 de marzo de 20151, en
la que el Tribunal dispuso en primera instancia (se transcribe literalmente, incluso,
con errores):

“PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, frente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
se niegan las demás según lo expuesto en la parte motiva

SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta
lo expuesto en líneas precedentes.

1 Folio 1415 a 1427 del cuaderno Consejo de Estado.

Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTA: En firme esta providencia archívese el expediente”

2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 8 de julio de 2010 2
por la Unión Temporal “la Constructora”3 (en adelante, la Unión Temporal, el
contratista o la demandante), en contra de AGUASCOL S.A. E.S.P. (en adelante,
Aguascol), el Municipio de Caucasia (en adelante, el Municipio), la Nación-
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural (en adelante, el Ministerio), y el
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE (en adelante, FONADE),
cuyas pretensiones y principales fundamentos de hecho y de derecho son los
siguientes:

Pretensiones

3. La demandante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe literalmente, incluso, con errores):

“PRIMERO: Solicito, Honorables Magistrados, se ordene el reconocimiento y
pago por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($442.791.932,72), a favor de mis poderdantes
y en contra del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (MAVDT), en cabeza del Ministro CARLOS COSTA POSADA,
o quien haga sus veces, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO (FONADE), representada por el Dr. HERBERT BUITRAGO
GALÁN o por quien haga sus veces, EL MUNICIPIO DE CAUCASIA,
representada por el Alcalde JORGE IVÁN VALENCIA o por quien haga sus
veces, y la EMPRESA AGUASCOL S.A E.S.P, representada legalmente por el
señor HERNÁN DARÍO PÉREZ LOZANO, o por quien haga sus veces, lo
anterior basado en los hechos ya descritos.

SEGUNDO: Que los valores relacionados en el numeral anterior, los cuales
están a junio 30 de 2009, estén INDEXADOS, hasta que se satisfagan las
pretensiones.

TERCERO: Las condenas en costas del proceso”.

Hechos

4. La parte demandante enunció, en síntesis, los siguientes hechos:

(i) El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, FONADE y los
Municipios de Zaragoza, Caucasia y Tarazá – Antioquia, celebraron un convenio de
apoyo financiero para la optimización y la ampliación de sistemas de acueducto

2 Folio 1 a 13 del cuaderno 1.
3 La demanda fue presentada en nombre de la Unión Temporal “La Constructora” (conformada por las
sociedades AZ CONSTRUCCIONES LTDA., con una participación del 70%, y CONSTRUCTORA ACTUAL
LTDA., con una participación del 30%), quien para efectos del presente proceso actuó previo otorgamiento del
poder que dieron los representantes legales de cada una de las sociedades que conforman la unión temporal.

2

Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

urbano con respaldo en recursos adquiridos por el Ministerio a través de un crédito
tramitado con el Banco Mundial.

(ii) Con ocasión de dicho convenio, el Municipio de Caucasia celebró el contrato
de administración delegada No. 001 de 2007 con Aguascol S.A. ESP. En éste, la
contratista asumió la obligación de adelantar el proceso de selección, contratación
y acompañamiento a la ejecución y liquidación del contrato derivado del convenio
atrás descrito, en representación del Municipio.

(iii) En cumplimiento de dicha delegación, Aguascol celebró el contrato de obra
pública No. 001 de 2007 (el contrato) con la Unión Temporal, el cual tenía por objeto
la construcción de la matriz del sistema de acueducto y reposición de tubería en
PVC paralela a la matriz para el Municipio de Caucasia4. El valor del contrato se
pactó en la suma de ochocientos ochenta y ocho millones quinientos setenta y cinco
mil cuatrocientos un pesos ($888.575.401), con un plazo de ejecución de tres (3)
meses5.

(iv) Durante la ejecución del contrato, se celebraron tres (3) prórrogas (otrosíes
Nos. 1 , 27 y 38), cada una de ellas, por el término de treinta (30) días calendario.
6

(v) El contratista presentó ante Aguascol una reclamación por el desequilibrio
económico del contrato con fundamento en los conceptos que pasan a describirse:

a) Vencimiento de la validez de la oferta y necesidad de reajuste de
precios. Adujo que la obra inició de manera tardía y, como consecuencia
de dicha tardanza, la vigencia de la oferta presentada se amplió por 89
días9. Lo anterior, afectó al contratista porque la utilidad esperada estaba
contemplada en un 5% del valor del contrato y ante el inicio del mismo
2,97 meses después de vencida la propuesta, el valor de éste debió
ajustarse10, de conformidad con lo contemplado en el pliego de
condiciones, lo cual no se hizo11.

b) Costos adicionales atribuibles al invierno. Refirió que al contratista se
le imposibilitó trabajar12 por desbordamientos del río Cauca que

4 El contrato fue celebrado el 22 de octubre de 2007, y tenía por objeto “La construcción de 90 ml de tubería

matriz de 16´´ en HD sobre la troncal entre la calle 10 y la calle 9; construcción de 1294 ml de tubería HD de
12´´ sobre la calle 9 subiendo por la carrera 11 continuando por la calle 10 hasta la carrera 1b y reposición de
921 ml de tubería en PVC de 3´´ paralela a la red matriz, en el Municipio de Caucasia – Antioquia”.
5 El inicio del contrato se pactó a la suscripción del acta de inicio, la cual fue firmada el 25 de marzo de 2008.
6 Suscrito el 20 de junio de 2008.
7 Suscrito el 23 de julio de 2008.
8 Suscrito el 21 de agosto de 2008.
9 Como sustento de su afirmación, refiere el demandante que la propuesta fue presentada el 30 de agosto de

2007, el contrato fue adjudicado el 22 de octubre del mismo año y el acta de inicio se suscribió el 25 de marzo
del siguiente año (2008). Indicó que, a la fecha de inicio del contrato, la oferta presentada en el proceso de
selección ya se había vencido (estaba vencida 89 días antes), ya que la misma contaba con 90 días de validez
los cuales se vencieron el 27 de diciembre de 2007.
10 Indicó que se dejó de percibir por el contratista al 25 de marzo de 2008 la suma de DOS MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA
Y TRES CENTAVOS ($2.441.457,33).
11 Pliego de condiciones, sección I, Instrucciones a los Licitantes (IAL), literal C, Preparación de las ofertas,

numeral 16.3: “En el caso de los contratos con precio fijo (no supeditados a ajuste), si el periodo de validez de
las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Licitante seleccionado en moneda nacional
se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión”.
12 Específicamente en el sector de la calle 10 entre carreras 3 y 1B.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

conllevaron a inundaciones en el sector. Agregó que el interventor era
consciente de que las lluvias fueron causantes de los retrasos
presentados en la obra, circunstancia que constituía un evento irresistible
que le impidió adelantar sus actividades de manera normal. Afirmó que
durante los 79 días de inundaciones tuvo que asumir costos adicionales
por valor de ciento noventa y siete millones ciento quince mil quinientos
treinta y cinco pesos con setenta centavos ($197.115.535,70) para
ejecutar las obras.

c) Costos adicionales por tala y disposición de árbol. Afirma que incurrió
en costos adicionales por la suma de seiscientos cincuenta mil pesos
($650.000), como consecuencia de la caída de un árbol en el área de
influencia del proyecto, pues fue necesaria la excavación y retiro de éste
para trasladarlo a un botadero.

d) Obras adicionales: Señaló que fue necesario realizar 64 empalmes que
no fueron contemplados inicialmente en el contrato, pero que fueron
necesarios por las especificaciones de construcción contempladas para
dicho efecto por EPM; la construcción de los empalmes generó un costo
adicional de veinticinco millones setecientos cuarenta y tres mil
quinientos cincuenta y dos pesos ($25.743.552).

e) Mayor permanencia en obra: Teniendo en consideración que, por
razones de fuerza mayor no imputables al contratista, el contrato debió
ser prorrogado por noventa (90) días calendario, debió asumir unos
costos adicionales por mayor permanencia de ciento treinta y nueve
millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos siete pesos con
veinte centavos ($139.899.707,20).

(vi) Refirió que agotó la vía gubernativa ante Aguascol; para ello, presentó una
petición el 15 de diciembre de 2008, la cual fue resuelta el 6 de enero de 2009,
negando el reconocimiento del restablecimiento del equilibrio económico del
contrato reclamado. También agotó dicha instancia administrativa ante FONADE,
quien manifestó que no estaba llamado a responder por la solicitud realizada, toda
vez que no existía entre ellos ningún vínculo jurídico, mientras que el Ministerio
respondió que el reconocimiento no era de su competencia.

(vii) Con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para iniciar la demanda, el
23 de febrero de 2009, se celebró audiencia de conciliación prejudicial entre la Unión
Temporal y Aguascol, en la que no se llegó a un acuerdo entre las partes.
Posteriormente, el 22 de enero de 2010, se llevó a cabo audiencia de conciliación
prejudicial con el Ministerio, FONADE y el Municipio de Caucasia, donde tampoco
se logró llegar a un acuerdo.

Fundamentos de derecho

5. El actor invocó las normas contempladas en los artículos 5, 86, 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo (CCA), el Decreto 73 de 1993, la Ley 23 de 1991
y la Ley 446 de 1998.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

Contestación de la demanda

6. Teniendo en consideración que en el presente proceso fueron demandadas
cuatro entidades estatales, a continuación, se procede a sintetizar la posición
presentada por cada una de ellas.

Municipio de Caucasia

7. El 26 de abril de 201113, el Municipio contestó la demanda para oponerse a
la prosperidad de las pretensiones. Como fundamento de su oposición, expresó lo
que la Sala se permite resumir a continuación:

(i) No se configuró un desequilibrio económico del contrato porque las
inundaciones no tienen relación alguna con el hecho del príncipe, ya que las mismas
no se pueden atribuir al Municipio debido a su condición de caso fortuito.

(ii) Al referirse a las obras adicionales relacionadas con los empalmes y mayores
costos por la tala del árbol, aseguró que no es posible el reconocimiento de
actividades no contempladas en el contrato, pues éste no se modificó para incluirlas.
Además, aseguró que de la ejecución de esas obras no existe registro fotográfico
que permita constatar que en realidad se llevaron a cabo. Finalmente, resaltó que
dichas obras podían cubrirse con el margen de imprevistos contemplado en la
propuesta presentada.

(iii) Finalmente, destacó que no es procedente el reconocimiento y pago de una
mayor permanencia en obra, ya que al haber celebrado el otrosí No. 1 las partes
expresaron que la prórroga no generaba ningún sobrecosto adicional y que con la
firma de dicha modificación renunciaban a la posibilidad de cualquier reclamación.
Posteriormente, mediante otrosíes No. 2 y 3, se dejó constancia expresa de que
solamente se modificaba el plazo del contrato, persistiendo las demás
estipulaciones pactadas.

Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

8. El 14 de junio de 201114 el Ministerio contestó la demanda para oponerse a
la prosperidad de las pretensiones. No se pronunció frente a los hechos de la
demanda porque afirmó desconocerlos al no haber celebrado ningún contrato con
la demandante. Con fundamento en lo anterior, al no haber sido parte del negocio
jurídico objeto de la controversia, propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva. Señaló que el Ministerio celebró un contrato de apoyo financiero
donde sus obligaciones se limitaron al aporte de una suma de dinero para la
ejecución del proyecto, de manera que no puede endilgársele responsabilidad por
asuntos asociados a la ejecución del contrato de obra, donde no fue parte.

13 Folio 187 a 204 del cuaderno 1.
14 Folio 222 a 226 cuaderno 1.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE-

9. El 15 de junio de 201115 FONADE contestó la demanda para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones. Como fundamento de su oposición, expresó lo
siguiente:

(i) Aclaró que la tardanza en el inicio de las actividades de obra, obedeció a la
demora del contratista en la entrega de la información necesaria para suscribir el
acta de inicio. Adicionalmente, el interventor, en reiteradas oportunidades, requirió
al contratista para que allegara la documentación necesaria para el desembolso del
anticipo, sin que éste hiciera la entrega de manera completa y oportuna.

(ii) Respecto a las reclamaciones asociadas a las inundaciones, refirió que si
bien el FONADE tiene una responsabilidad limitada en la ejecución del contrato,
asociada únicamente a asuntos relacionados con el pago, lo cierto es que en el
acompañamiento realizado pudo constatar que las inundaciones presentadas en el
proyecto eran previsibles por los desbordamientos del río Cauca.

(iii) Propuso como excepción la falta de legitimación por pasiva, pues en la
demanda no se le atribuye al FONADE ninguna acción u omisión de la que se pueda
derivar su responsabilidad. Indica que entre FONADE y la demandante no existe
ninguna relación contractual, y sus responsabilidades frente al negocio jurídico
objeto de la controversia, se concretaron en la contratación de la interventoría y la
realización de pagos al contratista de obra.

Aguascol

10. El 15 de junio de 201116 Aguascol contestó la demanda para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones. Como fundamento de su oposición, expresó lo
siguiente:

(i) Aclaró que entre el Municipio y Aguascol se celebró un contrato de
administración delegada17, y conforme a la naturaleza jurídica de éste, tenía
simplemente una relación como mandatario en el contrato de obra, razón por la cual,
no era viable el reconocimiento a su cargo de las sumas reclamadas por el
contratista.

(ii) Respecto al inicio del contrato de manera tardía, aseguró que desde el
proceso de selección se condicionó el inicio del contrato a la suscripción del acta de
inicio, frente a lo cual la unión temporal, cómo oferente, nada dijo, y posteriormente,
procedió a la suscripción del contrato sin oponerse a dicha condición.
Adicionalmente, indicó que el contratista firmó el acta de inicio sin presentar
reclamación alguna.

(iii) Señaló que las modificaciones contractuales se llevaron a cabo por solicitud
de la Unión Temporal y en ellas se contempló de manera expresa que no implicarían

15 Folio 234 a 246 cuaderno 1.
16 Folio 271 a 347 cuaderno 1.
17 Contrato No. 001 del 27 de junio de 2007.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
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sobrecostos y que, en razón a ello, el contratista renunciaba a reclamar por ese
concepto.

(iv) Refirió que los hechos que se tratan de imputar son de responsabilidad
exclusiva del contratista, ya que Aguascol cumplió a cabalidad con las obligaciones
que se le imponían en el contrato de administración delegada.

(v) Aclaró que en Aguascol fue presentada la solicitud de reconocimiento de
restablecimiento al equilibrio económico del contrato el 15 de diciembre de 2008 18,
la cual fue negada por la entidad contratante porque el derecho de petición no era
el mecanismo legal para obtener el reconocimiento de las sumas de dinero
reclamadas.

(vi) Propuso como excepciones, las siguientes:

a) “FALTA DE JURISDICCIÓN”, con fundamento en que en el contrato se
pactó un procedimiento especial para dirimir los conflictos suscitados
durante la ejecución del mismo, con ocasión de las decisiones tomadas
por el interventor. Sin embargo, el contratista no solo desconoció el
procedimiento de solución de controversias acordado, sino que, además,
no dejó ninguna salvedad en el acta de liquidación.

b) “FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
PREVIA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN”, con
fundamento en que la Unión Temporal no es una persona jurídica sino
una agrupación empresarial conformada para presentar una propuesta,
celebrar, ejecutar y liquidar un contrato. En consecuencia, al haberse
presentado el representante de la Unión Temporal a la audiencia de
conciliación, quien carecía de facultades para obrar en ella, no se
presentó el demandante en debida forma en la diligencia, causando con
ello una inepta demanda.

c) “RENUNCIA DE LOS CONTRATISTAS INTEGRANTES DE LA UNIÓN
TEMPORAL A FORMULAR RECLAMACIONES, AL SUSCRIBIR SIN
OBSERVACIONES O SALVEDADES LOS OTROSÍES AL CONTRATO
Y EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL MISMO”, con fundamento en que el
comportamiento de la demandante es ajeno a la buena fe por haber
presentado reclamos solo después de finalizado y liquidado el contrato,
así como por haber presentado reclamaciones no consignadas como
salvedades en el acta de liquidación, frente a las cuales, además, ya se
había renunciado al firmar los otrosíes al contrato.

d) “INEXISTENCIA DEL DERECHO PRETENDIDO”, aduciendo que las
causas del daño reclamado se originaron por imprevisión y mala
planificación de las obras por parte del contratista. Agregó que el cambio
climático alegado por el demandante era un hecho previsible, toda vez

18En dicha solicitud pidió fuera reconocida la suma de $319´061.478,73, por concepto de desequilibrio
económico del contrato a favor de la unión temporal.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
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Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

que es de amplio conocimiento que el Municipio en su parte baja sufre
inundaciones cada vez que llueve, por lo que la presencia de estos
fenómenos, no puede considerarse como un imprevisto.

e) “IMPROCEDENCIA DE RECLAMACIÓN POR COMIENZO TARDÍO DE
LA OBRA O CAMBIO DE AÑO”, refirió que el demandante plantea de
manera parcializada sus precisiones asociadas con el ajuste de precios
por el supuesto vencimiento de la oferta presentada, pues la estipulación
del pliego que cita para fundar el reclamo no se refiere al inicio del
contrato, sino a la aceptación de la oferta, la cual se realizó con la
suscripción del negocio jurídico.

f) “IMPROCEDENCIA DE RECLAMACIÓN POR TALA Y DISPOSICIÓN
DE ÁRBOL”, con fundamento en que era responsabilidad del contratista
la caída del árbol por el incumplimiento en el suministro oportuno de
materiales que permitieran tapar las zanjas abiertas y las excavaciones,
dejando el árbol expuesto durante el plazo del contrato.

g) “IMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN POR MAYOR
PERMANENCIA EN LA OBRA: CULPA DEL CONTRATISTA”, en tanto
la mayor permanencia en obra se presentó por la negligencia y culpa del
contratista al no haber previsto hechos que eran previsibles, y al no
contar oportunamente con el material necesario para la ejecución de la
obra.

h) “IMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN Y/O COBRO POR
CONSTRUCCIÓN DE EMPALMES”, refiriendo que la construcción de
ese ítem de obra estaba contemplada en el pliego de condiciones, así
como en la propuesta en la que se discriminó de manera específica el
suministro de materiales. Agregó que para que se contemplara como una
obra adicional, era necesario proceder a la modificación del contrato con
el fin de incluir dicho ítem, lo cual no se hizo.

i) “CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR
PARTE DE AGUASCOL, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR
DELEGADO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA”, por cuanto Aguascol
actuó en calidad de mandataria del Municipio de Caucasia, y cumplió lo
acordado en el contrato de administración delegada.

j) “CALIDAD DE MANDATARIO DE AGUASCOL Y OBLIGACIÓN DE
VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA”, refiriendo que la
vigilancia, control y supervisión del contrato estaba a cargo del Municipio
y no de Aguascol.

k) “ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA: DOBLE RECLAMACIÓN
POR CONCEPTO DE INUNDACIONES EN LA OBRA/ CAMBIO DE AÑO
Y MAYOR PERMANENCIA EN OBRA”, con el fin de aclarar que la parte

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
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actora reclama un detrimento económico cobrando dos veces los mismos
conceptos.

Alegatos en primera instancia

11. Surtido el debate probatorio19, en proveído del 11 de agosto de 201620, el a
quo corrió el traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para emitir concepto. En esta etapa procesal el Municipio y el Ministerio Público
guardaron silencio, mientras que los demandados presentaron sus alegatos, así:

(i) El Ministerio21 reiteró la solicitud de declaratoria de la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva e insistió en los argumentos presentados en la
contestación de la demanda;

(ii) El FONADE22 adujo que el Municipio era el responsable de la contratación y
ejecución del proyecto, razón por la que insistió que no está llamado a responder
por las reclamaciones efectuadas por el contratista.

(iii) Aguascol23 refirió que de las pruebas aportadas no es posible probar el
reconocimiento de las sumas reclamadas en la demanda, pero de lo que sí hay
prueba, es que el contratista renunció a dicho reconocimiento con la suscripción del
acta de liquidación bilateral, lo que hace improcedente el cobro en sede judicial;
adicionalmente, reiteró los argumentos y excepciones propuestas en la contestación
de la demanda.

(iv) La parte actora24 se pronunció frente al testimonio rendido por John Fredy
Carmona, para precisar que la demora en el suministro de materiales obedeció a la
tardanza en la entrega de la tubería que debía realizar la única empresa que para
ese momento la suministraba; aclaró que la demora en la instalación de los
empalmes y conexiones de la red matriz obedeció a las dificultades presentadas en
la entrega de los accesorios necesarios para dicha instalación, demoras que
obedecieron además a los cambios en los diseños de la red matriz y de accesorios
y conexiones, generando con ello cambios en el pedido del suministro que se había
realizado con anterioridad. Agregó que, si bien se presentó a la visita realizada
durante el proceso de selección, eso no le permitía prever los inconvenientes que
se suscitarían relacionados con las lluvias que se presentaron en el sector, porque
las circunstancias que generaron los desbordamientos no fueron usuales.

19 En auto del 12 de septiembre de 2011, se decretaron las pruebas –folios 986 a 987 del cuaderno 2- y en él

se decidió tener como tales los documentos aportados por las partes demandante y demandada; en cuanto a
las pruebas testimoniales solicitadas, resolvió practicar la prueba testimonial del señor JHON FREDY
CARMONA, que fue practicada el 17 de enero de 2012 (Folio 1020 a 1024 cuaderno 2), de los señores
CRISTIAN VÁSQUEZ, DIANA ISABEL VALENCIA PÉREZ y RIGOBERTO GONZÁLEZ MIRA, sin embargo
mediante comunicación del apoderado de la parte demandada del 18 de enero de 2012 se desistió de esos
testimonios, desistimiento aprobado por el Tribunal el 24 de enero de 2012 (Folio 1028 y 1029) y de los señores
IAN CARLOS ORTÍZ Y ODIAR MERCADO VILLALBA los cuales también fueron desistidos por la parte
solicitante (Folio 1105 cuaderno 2).
20 Folio 1356 cuaderno 3
21 Folio 1357 a 1362 cuaderno 3
22 Folio 1356 a 1362 cuaderno 3
23 Folio 1381 a 1405 cuaderno 3
24 Folio 1406 a 1424 cuaderno 3

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Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

Los fundamentos de la sentencia de primera instancia

12. El Tribunal a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación por
pasiva propuesta por el Ministerio, en la medida que éste sólo tenía responsabilidad
hasta la entrega de los recursos, pero ninguna relacionada con la ejecución del
contrato, del cual no fue parte.

13. Al referirse a la misma excepción propuesta por FONADE, el Tribunal la negó
pues en su criterio tal entidad sí tenía obligaciones asociadas con la ejecución del
contrato, tales como realizar los pagos y desarrollar funciones de interventoría.

14. Declaró como no próspera la excepción de falta de jurisdicción propuesta por
Aguascol porque si bien en el pliego de condiciones del proceso de selección se
definió como mecanismo de solución de controversias la conciliación y el arbitraje,
dicha estipulación no quedó contenida en el contrato celebrado.

15. Referente al indebido agotamiento del requisito de procedibilidad propuesto
por Aguascol, asegura el Tribunal que las uniones temporales cuentan con
legitimatio ad proceso y, por lo tanto, los representantes de las uniones temporales
se encuentran facultados para concurrir a la conciliación prejudicial y al proceso
judicial.

16. Indicó que el acta de liquidación es plena prueba de la voluntad de sus
intervinientes de consignar el estado en cual quedaron las obligaciones resultantes
de la ejecución del contrato, y como consecuencia de ello, es el marco para evaluar
el desequilibrio contractual y los incumplimientos que se invoquen ante la
jurisdicción. En este sentido, indicó que esa actuación, que emana de la autonomía
de la voluntad de las partes, tiene efecto vinculante para quienes concurren a su
celebración.

17. Afirmó que si bien es cierto que la demandante durante la ejecución del
contrato formuló reclamos con el fin de que se le reconociera la existencia del
desequilibrio económico, al momento de suscribir el acta de liquidación guardó
silencio sobre dicho particular, razón por la que debe entenderse que estuvo de
acuerdo en los términos liquidados, al ser la última conducta y manifestación sobre
el particular del contratista en el tiempo.

18. En consecuencia, el a quo negó las pretensiones de la demanda, porque la
demandante suscribió el acta de liquidación bilateral del contrato, sin indicar
salvedad alguna en concreto o manifestación de inconformidad con las cifras y
valores incluidos en ésta.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

19. La apoderada de la parte demandante solicitó que se revoque el fallo antes
indicado y que se declare probado el desequilibrio económico del contrato,
decretando el consecuente reconocimiento y pago de los perjuicios reclamados, con
fundamento en las razones que se pasan a señalar:

10

Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

(i) Objetó la decisión del Tribunal en lo relacionado con la declaratoria de la falta
de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Ministerio, aduciendo que
dicha entidad sí estaba obligada a responder, ya que está probado que no sólo
aportó los recursos necesarios para el contrato, sino que, en virtud del vínculo legal
existente entre el Ministerio, el FONADE y el Municipio25, tenía participación en la
aprobación de las actividades a cargo del contratista, así como también en las
modificaciones técnicas que implicaran reprogramación total o parcial de
actividades o cantidades de obra26.

(ii) Frente a la negativa de las pretensiones de la demanda con fundamento en
la suscripción del acta de liquidación bilateral, refirió que la Sala no realizó un
estudio pormenorizado del acervo probatorio y con ello desconoció las pruebas que
obran en el expediente donde se demuestra que, con anterioridad a la suscripción
del acta de liquidación, el contratista presentó reclamaciones a la contratante por
los perjuicios que se le habían generado, además de lo cual agotó la instancia de la
conciliación prejudicial en la que no llegaron a ningún acuerdo27.

(iii) Afirmó que el a quo desconoció que en el acta de liquidación se dejó una
anotación de acuerdo con la cual las partes se reservaron el derecho a efectuar
reclamaciones derivadas del contrato, la cual trae consigo una connotación
expresiva de la voluntad de las partes en dejar abierta la posibilidad de debatir
aquellos asuntos que al momento de la liquidación no se hubieren resuelto.

Trámite en segunda instancia

20. El 4 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el
recurso de apelación28, el cual fue admitido por esta Corporación el 8 de marzo de
201629. El 3 de agosto de 201630 se corrió traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

21. El 24 de agosto de 2016 el apoderado del FONADE presentó sus alegatos31
para reiterar los argumentos planteados en la contestación de la demanda y agregó
que la demandante no dio razones para atribuir responsabilidad a esa entidad,
comoquiera que con el demandante no existió relación contractual.

22. El 5 de septiembre de 2016 el apoderado del Ministerio insistió en la falta de
legitimación por pasiva de la entidad.

25 Convenio interadministrativo de apoyo financiero No. 194048.
26 Como sustento de su afirmación se refirió que las aprobaciones que se llevan a cabo con fundamento en las

obligaciones de control a su cargo, que tienen razón de ser en lo establecido en el numeral 6 de la cláusula 3ª,
de acuerdo con las cuales todas las modificaciones de carácter técnico debían consultarse previamente con el
Ministerio para contar con su respectiva aprobación.
27 Según el demandante, la Sala desconoció los registros en la bitácora, actas de comités, oficios y peticiones

del 15 de diciembre de 2008, en las que previa a la suscripción del acta de liquidación se le informó a la entidad
sobre los perjuicios causados por concepto de desequilibrio económico generado durante la ejecución del
contrato de obra pública No. 001 de 2007 y reclamó el reconocimiento y pago de $319.061.478,73 por concepto
de desequilibrio económico del contrato.
28 Folio 1445 del cuaderno Consejo de Estado.
29 Folio 1449 del cuaderno Consejo de Estado.
30 Folio 1451 del cuaderno Consejo de Estado
31 Folio 1452 y 1453 del cuaderno Consejo de Estado.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

23. El 12 de septiembre del mismo año la apoderada de Aguascol S.A. E.S.P 32
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, porque a su criterio no existe
prueba de la procedencia del reconocimiento de las sumas reclamadas. Indica,
además que, los actores renunciaron al cobro de dichas sumas al haber suscrito el
acta de liquidación sin salvedades y porque las causas del daño no fueron ajenas
al contratista sino imputables a su responsabilidad.

24. El 12 de septiembre de 2016 el apoderado de la parte demandante33 presentó
sus alegatos donde ratificó lo indicado en la demanda y en el recurso de apelación.

25. El Municipio de Caucasia y el Ministerio Público guardaron silencio34.

III. CONSIDERACIONES

Régimen aplicable

26. Como la demanda se instauró ante esta jurisdicción en el año 2010, se rige
por lo prescrito en el CCA35, toda vez que la Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme
a su artículo 308, entró a regir el 2 de julio de 2012, y en virtud del inciso tercero de
la misma disposición, “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Objeto de la apelación

27. En atención a los argumentos esbozados en el recurso interpuesto, el
presente asunto se circunscribe a determinar, si (i) el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial carecía de legitimación en la causa por pasiva, y (ii)
si, correspondía negar las pretensiones de la demanda con fundamento en la
ausencia de salvedades del contratista en el acta de liquidación bilateral. Solo en
caso que la respuesta al último interrogante sea negativa, la Sala estudiará la
eventual procedencia de los conceptos reclamados.

Legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

28. La legitimación en la causa refiere a la aptitud para ser parte en un proceso
judicial concreto, y, por tanto, a la posición que tienen los sujetos procesales frente
a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo, de manera que estará
legitimado en la causa quien tenga la posibilidad de intervenir en el proceso para
formular pretensiones o controvertirlas, y en razón a ello, actuará en condición de
sujeto activo o pasivo en la controversia puesta en conocimiento del juez.

32 Folio 1456 a 1465 del cuaderno del Consejo de Estado.
33 Folio 1456 y 1457 del cuaderno del Consejo de Estado.
34 Folios 1470 del cuaderno Consejo de Estado.
35 Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

29. En este sentido, esta Corporación ha dicho que quien formula las peticiones
en el proceso y quien debe rebatirlas deben tener un interés legítimo en la
declaración que se pretende, por lo que solo corresponderá hacer solicitudes contra
ciertas personas, en la medida que cuentan con un interés legítimo frente al derecho
discutido en la controversia36. En ese orden, la legitimación en la causa está
relacionada con el objeto mismo de la litis, pues se trata de un elemento sustancial
vinculado con la pretensión, siendo en consecuencia un presupuesto fundamental
a definir para la emisión de la respectiva sentencia.

30. En ese orden, por cuanto la exigencia de legitimación en la causa por pasiva,
alude a la aptitud que debe reunir la persona contra quien se dirige la demanda,
esta Subsección ha indicado que la entidad contra la cual se dirigen las pretensiones
esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dan origen a la
reclamación, lo cual debe examinarse desde la óptica de las responsabilidades que
le corresponden y el objeto del medio de control que se ejerce37.

31. El Tribunal a quo resolvió que el Ministerio no estaba legitimado en la causa
por pasiva en este asunto, porque si bien suscribió el convenio de apoyo que
financió el contrato, lo cierto es que con ocasión de aquel no adquirió obligaciones
relacionadas con este último. Adicionalmente, destacó que en tanto el debate
gravita sobre el equilibrio económico del contrato por sobrecostos y obras
adicionales, tales circunstancias no comprometen al Ministerio, ya que su función y
las responsabilidades adquiridas con ocasión del convenio no se relacionan con la
ejecución del contrato, asunto que estaba a cargo del Municipio38.

32. Frente a lo anterior, el recurrente se opuso porque en su criterio “existe un
vínculo jurídico de la Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo
Territorial en el convenio interadministrativo de Apoyo Financiero No. 194048
(Numeración FONADE) 2060367 (Numeración del MINISTERIO) suscrito el 22 de
octubre de 2004 con FONADE y los Municipios de Caucasia; Tarazá y Zaragoza
(Ant.), y frente al desequilibrio económico del contrato, los vinculados en este
convenio adquieren una responsabilidad y un deber en defensa de restablecer dicho
equilibrio contractual (…) Se aprecia que dentro del mencionado convenio en la
cláusula tercera Obligaciones de los Municipios, numeral 6) que tanto el Ministerio
como FONADE realizan un control respecto de la ejecución de los proyectos, de
igual manera puede apreciarse en el numeral 15) de la cláusula en mención que en
el evento en que se presenten modificaciones técnicas que impliquen la
reprogramación total o parcial de actividades o cantidades de obra aprobadas en el
proyecto al cual se le dio viabilidad y aprobación, antes de iniciar la ejecución, se
deberá obtener el nuevo concepto de viabilidad del MINISTERIO”.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2022, C.P.: Marta Nubia

Velásquez Rico. Exp. 250002336000201700600 01 (68115).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 27 de

agosto de 2021, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 67.194.
38 Como fundamento de la decisión el Tribunal se refirió al convenio de apoyo financiero suscrito entre el

Ministerio, FONADE y los Municipios (folios 28 y siguientes), toda vez que fue la única relación contractual en
la que actuó el Ministerio para efectos del proyecto que dio origen al contrato de obra.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

33. Sobre el particular, revisadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra acreditado, que:

(i) Las entidades demandadas, a saber, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Rural, el Municipio de Caucasia y el FONADE, celebraron junto con los
Municipios de Zaragoza y Tarazá, un convenio de apoyo financiero 39 para la
optimización y ampliación del sistema de acueducto urbano en el marco de la
política sectorial de agua potable, con cargo a los recursos provenientes del
financiamiento de la Banca Multilateral40. En dicho convenio se concretaron las
obligaciones a cargo de cada una de ellas:

a) Al Ministerio le correspondió aportar los recursos;

b) Los Municipios debían aportar recursos adicionales en caso de haberse
definido su necesidad, incorporar al presupuesto los recursos recibidos
en el convenio, obtener permisos, licencias y adelantar la gestión predial
necesaria para el proyecto, realizar los procesos de contratación de las
obras y suministros necesarios para la ejecución, efectuar su respectivo
seguimiento y asumir los ajustes de orden contractual y financiero a que
hubiere lugar durante la ejecución del contrato; y,

c) A FONADE le correspondía la contratación y supervisión del interventor
del contrato de obra y realizar los pagos al contratista.

Por tanto, a la vez que el Ministerio no fungió como parte del contrato de obra No.
001 de 2007, también es claro que no adquirió obligación alguna asociada a su
celebración, ejecución y liquidación, que corresponde al vínculo jurídico a partir del
cual la parte actora funda sus pretensiones.

Así, si bien el demandante afirma genéricamente que la legitimación por pasiva del
Ministerio deriva de su vínculo jurídico con el convenio administrativo, no hay duda
que no es dicho convenio, sus condiciones, ejecución o cumplimiento, el
fundamento de sus pretensiones, asunto que de hecho no es objeto de la
controversia que se busca dirimir, ni del medio de control que se estudia. Lo cierto
es que el demandante funda sus pretensiones exclusivamente en circunstancias
acaecidas durante la ejecución del contrato de obra, donde el Ministerio no fue
parte, y cuyos efectos afirma la parte actora deben resarcirse por su contraparte
contractual, precisamente con ocasión de ese vínculo jurídico negocial.

(ii) Como lo pretendido en el caso concreto tiene fundamento exclusivo en el
vínculo negocial creado a partir del contrato de obra No. 001 de 2007, sus
estipulaciones y las demás obligaciones dispuestas por la ley en cabeza de las
partes del negocio jurídico (específicamente en materia de restablecimiento del

39 Convenio de apoyo financiero suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -

MAVDT-, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- y los Municipios de Zaragoza, Caucasia
y Tarazá- Antioquia-; Contrato de administración delegada entre el Municipio de Caucasia (delegante) y
Aguascol S.A. E.S.P (delegado); Contrato de obra No. 001 de 2007 celebrado entre Aguascol S.A. E.S.P para
el Municipio de Caucasia y la unión temporal La Constructora.
40 Dichos recursos fueron habilitados con el oficio No. 2300 E2-4274 emitido por el Ministerio.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

equilibrio económico del contrato), atendiendo al principio de relatividad de los
contratos, se deduce que la legitimación en la causa en el presente asunto le asiste
a los sujetos sobre los cuales recayeron los derechos y obligaciones pactados en el
contrato que suscitó la controversia.

El principio de relatividad contractual conlleva a que el contrato solo produzca
efectos entre las partes que los han celebrado, de manera que sólo a ellas vincula
con fuerza obligatoria, y, por ende, únicamente a ellas perjudican y aprovechan sus
efectos. En el mismo sentido, esto significa que el contrato no daña ni beneficia a
los que no han figurado en él como parte, principio que los romanos denominaron
como “res inter alios acta tertiis nec nocent nec prosunt”41 y que para el caso
concreto, determina la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio,
toda vez que esa entidad no fue parte del contrato de obra que suscitó la
controversia y no existe alguna manifestación de su voluntad dirigida a contraer
obligaciones con la demandante.

La Sala no desconoce que el Ministerio fue parte del convenio que financió el
contrato, sin embargo y como se explicó, de ese negocio jurídico autónomo no es
posible considerar que hubiese contraído obligaciones convencionales con la
demandante bajo el contrato de obra, mucho menos, para exigir de ésta el
restablecimiento de su ecuación financiera, obligación a cargo de la entidad
contratante y que propende por el mantenimiento de la correlación existente al
tiempo de la celebración del contrato entre las prestaciones que están a cargo de
las partes del contrato.

Ahora, si bien la doctrina y la jurisprudencia han admitido que en los casos de existir
contratos o acuerdos de voluntad coligados, el juez debe considerarlos en conjunto
para determinar la incidencia de unos respecto de los otros para determinar
adecuadamente el alcance de las obligaciones, atendiendo a su vinculación,
interdependencia y nexo teleológico o funcional, ello no permite deducir la existencia
de prestaciones a cargo de una parte que no se ha obligado, pues ello desconocería
el principio de relatividad antes indicado así como el de la autonomía de la voluntad.

De esta forma, por ejemplo, se ha reconocido que el contrato de interventoría está
vinculado estrechamente al de obra porque el interventor debe supervisar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas en este último, y además, porque la
extensión en el plazo de uno tiene incidencia en la extensión del otro, de manera
que el estudio de ambos negocios jurídicos de forma armónica y atendiendo a su
finalidad común (la realización de la obra) permite razonablemente establecer el
sentido y alcance de las obligaciones adquiridas por las partes en cada uno de ellos;
sin embargo, lo que no resultaría admisible es que por existir vínculos entre uno y
otro contrato, y sin que la ley lo disponga expresamente, una entidad pueda resultar
obligada a cumplir prestaciones derivadas de un contrato en el que no ha sido parte.
Además, a diferencia del ejemplo expuesto, si bien el contrato de obra fue financiado
con los recursos obtenidos por cuenta del convenio, tal circunstancia no determina

41 Las convenciones entre las partes no engendran para los terceros derechos ni obligaciones.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

la existencia de vínculo alguno del Ministerio con la celebración, ejecución y
liquidación del contrato de obra.

Por tanto y en relación con esto último, esta Corporación ha reiterado recientemente
que la existencia de múltiples contratos relacionados “no implica necesariamente
que se elimine la autonomía de cada uno de los contratos, y que se puedan omitir
las normas relacionadas con la capacidad para ser demandante o demandado en
los procesos que surgen de cada uno de éstos”42, de manera que como ha explicado
esta Subsección, “en los casos en los que se endilgue responsabilidad contractual
a una entidad con ocasión de un negocio jurídico que se celebra en virtud de un
convenio interadministrativo, la legitimación en la causa está en cabeza de aquellos
sobre los cuales recayeron los derechos y obligaciones pactados en el contrato
estatal objeto de cuestionamiento”43.

(iii) Se advierte, igualmente, que los reclamos de la demandante no se sustentan
en algún tipo de actuación u omisión del Ministerio vinculada a las previsiones del
convenio interadministrativo No. 2060367, toda vez que el fundamento fáctico de
las pretensiones se circunscribió a reclamar: un desequilibrio por el vencimiento de
la validez de la oferta; los costos adicionales atribuibles al invierno; los costos
adicionales por la tala y disposición de un árbol; las obras adicionales por cuenta de
las especificaciones técnicas de EPM; y, finalmente, la mayor permanencia en obra.

34. De esta forma, atendiendo a las pretensiones de la demanda y los hechos
que las sustentan, la Sala arriba a las mismas conclusiones del Tribunal, pues no
resulta jurídicamente procedente predicar una vinculación entre la responsabilidad
contractual vinculada a los hechos que originan el presente proceso con el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural.

35. Así las cosas, en tanto no hay motivos para descartar la aplicación de la regla
“res inter alios acta tertiis nec nocent nec prosunt”, al tenor de la cual las
convenciones entre las partes no engendran para los terceros ni derechos ni
obligaciones, se confirmará la providencia recurrida en lo atinente a la declaratoria
de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio.

Régimen jurídico del contrato de obra No. 001 de 2007

36. El inciso final del artículo 13 original de la Ley 80 de 1993 44, facultó a las
entidades públicas para celebrar contratos con organismos multilaterales de crédito,
con personas extranjeras de derecho público o con organismos de cooperación,
autorizando además la posibilidad de acogerse a sus reglamentos internos de
contratación para adelantar los proyectos derivados de esos convenios, siempre
que dichos organismos los financien, pero solo en lo que refiere a (i) el

42 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 2 de marzo de 2022. C.P. Martín Bermúdez

Muñoz. Exp.: 23001233100020100051501 (49184)
43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de mayo de 2022. C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico. Exp.: 52001-23-33-000-2017-00451-01 (66430).
44 “Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas

extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán
someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y
adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

procedimiento de selección del contratista, y (ii) las cláusulas especiales del contrato
relacionadas con la ejecución, el cumplimiento, el pago y los ajustes. En
consecuencia, los demás aspectos jurídicos del contrato quedaban sujetos a la Ley
80 de 1993, toda vez que la norma no autorizó la remisión en bloque a los estatutos
internos de esos organismos,45.

37. Reiterando lo anterior, el Decreto 1896 de 2004, por el cual se reglamentó la
norma antes reseñada, dispuso que “solamente los convenios o contratos
financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, o con recursos
provenientes de donación o cooperación internacional de estos organismos (…)
podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con
procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución,
cumplimiento, pago y ajustes”. Esta norma fue posteriormente modificada por el
Decreto 2166 de 2004, manteniendo la regla antes transcrita.

38. Posteriormente, la Ley 1150 de 2007, norma que derogó el inciso final del
artículo 13 de la Ley 80 de 1993, en lo que refiere a la contratación con organismos
internacionales, dispuso en su artículo 20 que “Los contratos o convenios
financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento
(50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas
internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso
contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993”.

39. De esta forma, en vigencia de la Ley 1150 de 2007, lo previsto por la Ley 80
de 1993 en el inciso final de su artículo 13, fue modificado en lo que se refiere a los
contratos financiados por organismos internacionales, planteando dos escenarios:
(i) si éstos son financiados en una proporción inferior al 50% con fondos de tales
organismos, se sujetarán a lo previsto en la Ley 80 de 1993, mientras que (ii) si son
financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50%, pueden
someterse a los reglamentos de tales entidades y en consecuencia sustraerse de
las disposiciones de la Ley 80 de 1993.

40. En consecuencia y a diferencia de lo fijado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 200746 de forma amplia permitió que los contratos financiados en más del 50%
por organismos internacionales puedan sujetarse íntegramente a las reglas de

45 “En los términos indicados, del inciso final del art. 13 se infiere que esos contratos se administran a través de

dos ordenamientos, con la innegable complejidad jurídica que esto ofrece: el estatuto de cada organismo
internacional, en los dos aspectos autorizados; y la Ley 80, en los demás tópicos”. Consejo de Estado. Sección
Tercera. Sentencia del 12 de junio de 2014. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 13001-23-31-000-1999-00275-01
(28279).
46 Es preciso indicar que el artículo 20 también distinguió los sujetos y los negocios jurídicos a que se refirió el

inciso derogado del artículo 13 de la Ley 80. En ese orden, en el inciso segundo señaló que los convenios o
contratos celebrados por personas extranjeras de derecho público o por organismos de derecho internacional,
“cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y
convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del
sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa
mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población
desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos
de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros”, pueden acogerse a los
regímenes de dichos entes.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

dichos organismos, por lo que las partes están facultadas para excluir en la totalidad
del negocio jurídico la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública47.

41. Visto lo anterior, se recuerda que el artículo 38 de la Ley 153 de 1887
establece que en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al
tiempo de su celebración. En concordancia con esta preceptiva, la Ley 1150 de
2007, que empezó a regir a partir de enero de 200848, determinó en el artículo 31
que los contratos o convenios a que se refiere su artículo 20 y que se encuentren
en ejecución al momento de su entrada en vigencia, continuarán rigiéndose por las
normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación.

42. De esta forma, en la medida que la Licitación Pública No. 001 de 2007 inició
el 19 de julio de 2007, y el consecuente el contrato de obra No. 001 de 2007 fue
celebrado el 22 de octubre de 2007, fecha en la cual la entidad contratante aceptó
la oferta presentada49 por la Unión Temporal procediendo a suscribir un documento
reconociendo el contrato50, no hay duda de que al negocio jurídico objeto de la
controversia le resulta aplicable lo dispuesto por el texto original del artículo 13 de
la Ley 80 de 1993.

43. En consecuencia, atendiendo a lo ya especificado en relación con el alcance
del artículo 13 antes referido, y estando acreditado que en el numeral 4º de los
pliegos de la licitación pública nacional que dio origen al contrato de obra se definió
de forma expresa su sujeción a las normas de “Adquisiciones con Préstamos del
BIRF y créditos de la AIF”51, se advierte que, en el caso concreto, el negocio jurídico
estudiado se rigió, en lo que refiere a (i) la licitación y (ii) las cláusulas de ejecución,
cumplimiento, pago y ajustes, por las normas antes indicadas, y en todo lo demás,
por lo previsto en la Ley 80 de 1993, pues tal como ha sido explicado por la
jurisprudencia de esta Sección, en este caso, el contrato se rige “a través de dos
ordenamientos con la innegable complejidad jurídica que esto ofrece: el estatuto de
cada organismo internacional, en los dos aspectos autorizados; y la Ley 80, en los
demás tópicos”52.

44. De esta forma, aun cuando las partes no hubiesen pactado una fase de
liquidación bajo el contrato de obra No. 001 de 2007, al tratarse de un contrato de
ejecución diferida en el tiempo, sujeto a las normas de la Ley 80 de 1993 en aquellos
asuntos diferentes a los ya especificados, el mismo debía ser objeto de liquidación
de conformidad con el mandato imperativo de su artículo 6053, con los efectos
jurídicos y consecuencias que la misma ley establece para dicho acto.

47 Sin perjuicio de la aplicación de sus principios, los de la función administrativa, de la gestión fiscal y el régimen

de incompatibilidades e inhabilidades.
48 Artículo 33. Vigencia. “La presente ley empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación , con

excepción del artículo 6o que entrará a regir a los dieciocho (18) meses de su promulgación (…) Los artículos
9o y 17 entrarán a regir una vez se promulgue la presente ley”.
49 En la carta de oferta del proponente se incluyó que “Esta Propuesta y su aceptación por escrito constituirán

un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a
aceptar la oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir”.
50 Cuaderno No. 2, folio 696.
51 https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006RevMay10.pdf.
52 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de junio de 2014. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 13001-

23-31-000-1999-00275-01 (28279).
53 “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los

demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…”

18

Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

Efectos de la liquidación en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y caso
concreto

45. El Tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda con fundamento en
que, a pesar de lo expuesto previamente, bajo el acta de liquidación bilateral del
contrato el contratista no incluyó salvedad alguna. En este sentido determinó que,
si bien en el acta se indicó que “Las partes se reservan el derecho a efectuar
reclamaciones derivadas del contrato por cualquiera de las acciones legales
previstas para tal fin”, tal manifestación genérica resultaba insuficiente para
constituir una verdadera salvedad que permitiera estudiar las pretensiones de la
demanda, en la medida que no determinaba la existencia de alguna inconformidad
con el balance final del contrato.

46. En relación con lo anterior, la parte actora no desconoce la ausencia de
salvedades respecto de los precisos conceptos pretendidos en la demanda, sino
que su disconformidad y fundamento del recurso de alzada se basa en que, en su
criterio, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, pues desconoció
que el contratista presentó en curso del contrato reclamaciones por los perjuicios
que se le habían generado, objetando inicialmente el proyecto de acta de liquidación
bilateral, y que, en razón a ello, se habilitaba la posibilidad de que las partes
pudieran presentar reclamaciones para poder poner fin a las divergencias
suscitadas, y con ello, declararse a paz y salvo.

47. Sobre el particular, es preciso indicar que la regla del artículo 13 de la Ley 80
de 1993, según la cual, los contratos celebrados por la entidades públicas se rigen
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, se completa al indicar que
ello es así “salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”,
estableciendo un escenario de prelación normativa que va de las disposiciones
especiales a las generales, donde el legislador construyó reglas diferenciables
frente al derecho común en orden a la protección del interés público que inspiran
los contratos del Estado.

48. Dentro del catálogo de previsiones especiales, hace parte el procedimiento
de liquidación del contrato, imperativo aplicable principalmente a aquellos de tracto
sucesivo y a los que comparten las características señaladas por la ley (artículo 60
de la Ley 80 de 1993), cuya finalidad es la determinación del estado de cumplimiento
del negocio jurídico y el finiquito definitivo e integral del contrato. Por tanto, en los
contratos como el que se estudia, la liquidación del negocio jurídico se proclama
como algo más que el simple finiquito económico y contable de una relación
interpartes, pues entraña la realización de los principios de la función administrativa
(moralidad, eficacia, economía), en donde el acta de liquidación refleja el resultado
final que expresa “los acuerdos, conciliaciones y transacciones (…) para poner fin
a las divergencias presentadas”54.

54 Artículo 60.

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

49. En este sentido, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, antes de las
modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, dispone que en el acta de
liquidación “las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar”, de manera que en ésta “constarán los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. (…)”. Por tanto, la liquidación
corresponde a un corte de cuentas del negocio jurídico en el que se incorpora el
balance de lo acontecido a nivel técnico, económico y jurídico, y define su estado
de ejecución y cumplimiento como finiquito integral y definitivo de todo tipo de
relación surgida de la ejecución del contrato.

50. Así, en apretada síntesis, la liquidación bilateral del contrato es un negocio
jurídico al interior del contrato, mediante el cual las partes, en perspectiva de lo
ejecutado, (i) realizan el arqueo, cotejo y constatación de todos los aspectos que
son llevados al balance definitivo del contrato, (ii) valoran sus resultados, y (iii)
acuerdan su estado de ejecución final, por lo que al igual que ocurre con cualquier
otro negocio jurídico, (iv) se le atribuyen los efectos derivados de los principios de
normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe
contractual (artículo 1603 del Código Civil).

51. Inherente a la liquidación del contrato, los pactos alcanzados bajo el acta de
liquidación adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por
las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas
legales; igualmente, en el marco de tales acuerdos, las partes pueden dejar
salvedades respecto de los puntos que no quedan contenidos en el negocio jurídico,
y frente a ellos, no se podrá oponer la fuerza vinculante de la liquidación bilateral.

52. Sobre esto último, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en
virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los
contratantes, las partes no pueden resguardarse en salvedades genéricas y vagas
para luego hacer valer toda clase de reclamaciones en sede judicial, pues en tal
circunstancia, las partes, alejándose de la buen fe debida, sustraen el contenido del
objeto del acto liquidatorio, despojándolo de sus efectos e introduciendo un factor
de litigiosidad que bajo las premisas amplias de los mecanismo de justicia
administrativa, estarían llamadas a ser resueltas en sede administrativa. En ese
sentido, se ha explicado que las salvedades que habilitan una reclamación judicial
por conceptos no incluidos en la liquidación, deben ser expresas, claras y
específicas, por lo que, aunque no se exige en su contenido un detalle exhaustivo
de las circunstancias que fundamentan la reclamación, sí es necesario que las
salvedades suministren un mínimo de certeza y concreción que permita a las partes
conocer qué aspectos no quedan comprendidos en el acuerdo bilateral.

53. De aquí que, la Sección Tercera de esta Corporación55 ha explicado que las
inconformidades en el documento de liquidación bilateral deben: (i) reseñarse de
manera expresa, clara, concreta y específica, de manera que no son válidas las
salvedades genéricas; (ii) identificar de manera clara, aunque sucinta, las

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de mayo de 2015, expediente 05001-23-31-000-1998-

03276-01(31347).

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

circunstancias que le sirven de fundamento fáctico a la reclamación; así como (iii)
incluir una breve consideración sobre las razones que dan soporte a la reclamación,
es decir, al menos someramente, las razones o fundamentos por los que se
considera que la salvedad es viable.

54. De este modo, esta Subsección ha reiterado recientemente56 que cuando se
trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las
pretensiones se ve condicionado a que se hayan dejado las respectivas constancias
o salvedades de forma expresa, clara y concreta en el acta respectiva como se ha
explicado, pues, en la medida que la liquidación finiquita la relación entre las partes
del negocio jurídico, no pueden con posterioridad demandarse reclamaciones que
no hicieron las partes en ese momento, desconociendo el principio de buena fe en
materia contractual.

55. Precisado lo anterior, la Sala considera que le asiste razón al Tribunal a quo
en los argumentos y fundamentos que llevaron a negar las pretensiones de la
demanda, toda vez que la sola indicación de reservarse el derecho a reclamar o de
haber objetado una primera versión del acta, o la existencia de reclamos
presentados por el contratista durante la ejecución del contrato, de ninguna manera
suplen la exigencia antes descrita encaminada a conciliar los efectos del acta con
las salvedades que en ella se consignan, pues de no ser así, se despojaría de los
efectos al acto que se acuerda, que por virtud de la ley, está llamado a producirlos
en tanto medie el consentimiento libre de todo vicio.

56. En consecuencia, atendiendo al indiscutido carácter y efectos del acta de
liquidación bilateral del contrato de obra pública No. 001 de 2007, el Tribunal a quo
no incurrió en una indebida valoración probatoria, pues a la vez que reconoció y
valoró los hechos aducidos por el contratista y que constan en el expediente,
determinó con total certeza que éstos no se sobreponen a los efectos del negocio
jurídico contenido en el acta de liquidación y sus efectos, los que, por demás, no
suplen la ausencia de precisas salvedades en relación con los conceptos ahora
reclamados en sede judicial. Bajo estas consideraciones, la Sala confirmará el fallo
recurrido.

Costas

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que
modificó el artículo 171 del CCA57, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta
para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte vencida. Por
tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante haya
actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma haya atentado contra la
lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de junio de 2022. C.P. José Roberto

Sáchica Méndez. Exp. 250002326000201101568 01 (53.299).
57 “En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta

asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil.”

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Radicación: 05001233100020100140601 (54740)
Actor: Unión Temporal “La Constructora”
Demandado: Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Rural y otros
Acción: Controversia contractual.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE58
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

58 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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