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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2010-00515-01

Fecha
2 de marzo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2010-00515-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. - CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia dictada el 25 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Córdoba por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDA.- Sin condena en costas. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2010-00515-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

2 de marzo de 2022

1

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 23001233100020100051501 (49184)
Actor: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. –
SEACOR S.A. E.S.P.
Demandadas: Asociación de Municipios del San Jorge y Municipio de
Planeta Rica.

Tema: Acción de controversias contractuales. Incumplimiento y
desequilibrio económico de un contrato de prestación del
servicio público de aseo. La Sala confirma la sentencia de
primera instancia porque el Municipio de Planeta Rica no era
parte del contrato de operación del servicio público de aseo, y
la demandante no probó el incumplimiento de las obligaciones
contraídas por ASOSANJORGE en dicho negocio jurídico ni
el desequilibrio económico alegado.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
proferida el 25 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Córdoba que negó
las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con el
artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que dispone que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo debe conocer de las controversias generadas en los contratos
celebrados por las entidades estatales. El artículo 129 del C.C.A. le otorga la
competencia para conocer de este proceso en segunda instancia.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 13 de diciembre de 2013. El
22 de septiembre de 2015 se corrió traslado para alegar y la parte demandante
presentó alegatos el 5 de octubre de 20151. El Ministerio Público y la parte
demandada guardaron silencio.

I. ANTECEDENTES

1
Cuaderno 2, Folios 799 a 812.

2

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

A. Posición de la parte demandante

1.- El 15 de diciembre de 2010 la sociedad Servicios Ambientales de Córdoba S.A.
E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P. (en adelante, SEACOR, la demandante o la
contratista) presentó acción de controversias contractuales contra la Asociación de
Municipios del San Jorge y contra el Municipio de Planeta Rica (en adelante, las
demandadas)2. Formuló las siguientes pretensiones:

<<PRINCIPALES:

2.1.1. PRIMERA. Se declare que la Asociación de Municipios del San Jorge
(ASOSANJORGE) y el Municipio de Planeta Rica son responsables del
incumplimiento parcial del contrato de operación para el manejo integral para el
servicio público domiciliario de aseo, recolección, transporte y disposición final de
los residuos sólidos en los municipios de Ayapel, Buena Vista, La Apartada,
Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador (…) de fecha 18 de
enero de 2008, suscrito con SEACOR S.A. E.S.P., por motivo del capital dejado de
cancelar a la empresa contratista de conformidad con la retribución debida para
cubrir el valor total de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en cada periodo de pago,
de acuerdo a la cláusula 12 numeral 2 del contrato de operación para el servicio
público de aseo y a lo dispuesto en los pliegos de condiciones, capítulo 1, numeral
1.10, 1.10.1 y 1.10.2, capítulo 2 numerales 1 y 2 y demás anexos tarifarios.

2.1.2. SEGUNDA: CONDÉNESE a ASOSANJORGE y al Municipio de Planeta Rica
a pagar a SEACOR S.A. E.S.P. (…)

2.1.2.1. CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($448.906.865) por
concepto del capital adeudado y no pagado en la ejecución del contrato, derivado
del incumplimiento del contrato objeto de la presente acción, cifra estimada a lo
dejado de pagar durante los años 2008, 2009 junto con lo proyectado para el año
2010.

2.1.2.2. (…) Intereses de mora que se vienen causando (…) hasta cuando se
produzca el pago efectivo de la obligación.

2.1.2.3. Los perjuicios económicos causados a la Demandante al tener que asumir
con sus propios recursos la ejecución del contrato de operación de aseo y no recibir
la totalidad de la remuneración pactada (…).

2.1.2.4. Los intereses comerciales sobre la suma anterior (…).

2.1.2.5. La corrección o ajuste monetario sobre las sumas anteriores, si hay lugar a
ello (…).

2
Cuaderno 1, Folios 1 al 40.

3

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

2.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

2.2.1. PRIMERO: Declarar el rompimiento de la ecuación financiera del contrato del
18 de enero de 2008 por el incumplimiento del Municipio de Planeta Rica en hacer
las transferencias del SGP o regalías del sector agua potable y saneamiento básico
en lo atinente al año 2008, de la forma como se obligó en el convenio
interadministrativo suscrito con ASOSANJORGE del 28 de febrero de 2006, es
decir, dentro de los 5 primeros días siguientes al mes respectivo, desde la fecha de
inicio de operación que consta en el ACTA DE INICIACIÓN DE LA OPERACIÓN,
giros que no se realizaron para el año 2008. Pero aunado a lo anterior, al desbalance
que se suscita por la transferencia de tan solo el 20% del sector agua potable y
saneamiento básico de recursos SGP o regalías en lo concerniente con el municipio
de Planeta Rica, monto que no cubre los costos reales de los estratos 1, 2 y 3, según
la composición de los usuarios que determina el verdadero valor del subsidio (…).

2.2.2. SEGUNDO: Ordene restablecer el equilibrio económico ajustando o
estableciendo una nueva fórmula para el pago de la remuneración descrita en la
cláusula 12 del contrato de operación que garantice el cumplimiento total y oportuno
de ASOSANJORGE y el Municipio de Planeta Rica frente a SEACOR S.A. E.S.P.

2.2.3. TERCERO: Condénese a las demandadas a pagar las siguientes sumas de
dinero:

2.2.3.1. CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($448.906.865) por
concepto del capital adeudado y no pagado en la ejecución del contrato, derivado
del incumplimiento del contrato objeto de la presente acción, cifra estimada a lo
dejado de pagar durante los años 2008, 2009 junto con lo proyectado para el año
2010.

2.2.3.2. (…) Intereses de mora que se vienen causando (…) hasta cuando se
produzca el pago efectivo de la obligación.

2.2.3.3. Los perjuicios económicos causados a la Demandante al tener que asumir
con sus propios recursos la ejecución del contrato de operación de aseo y no recibir
la totalidad de la remuneración pactada (…).

2.2.3.4. Los intereses comerciales sobre la suma anterior (…).

2.2.3.5. La corrección o ajuste monetario sobre las sumas anteriores, si hay lugar a
ello (…) >>.

2.- La demandante fundamentó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

4

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

2.1.- El Acuerdo No. 013 del 10 de septiembre de 2005, expedido por el Concejo
Municipal de Planeta Rica, Córdoba, facultó al alcalde del municipio de Planeta Rica
a comprometer recursos del Sistema General de Participaciones para subsidiar los
sistemas de acueducto, aseo y alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3, así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Alcalde del Municipio de Planeta Rica
para comprometer vigencias futuras y pignorar las rentas de regalías y de los
recursos de propósito general destinados al sector de agua potable y
saneamiento básico de acuerdo con la distribución del Sistema General de
Participaciones y lo establecido en la Ley 715 de 2001 o en las leyes que la
modifiquen, adiciones o sustituyan, hasta por un periodo de veinte (20) años,
de acuerdo a los porcentajes máximos establecidos en las normas que
regulan la materia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de lo establecido en el
presente artículo, el Alcalde Municipal podrá firmar los convenios respectivos,
de los cuales enviará copia al Honorable Concejo Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las vigencias futuras y la pignoración de las
regalías y de los recursos de propósito general, destinados a los sectores de
agua potable y saneamiento básico de que trata el artículo primero del
presente Acuerdo sólo podrá hacerse efectivo para respaldar los subsidios
otorgados a los estratos 1, 2 y 3 sin sobrepasar lo establecido en la Ley 715
y de Regalías (…)”.

2.2.- El 28 de febrero de 2006 el Municipio de Planeta Rica y ASOSANJORGE
(entidad compuesta por los municipios de Ayapel, Buenavista, La Apartada,
Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador) celebraron un
convenio interadministrativo de transferencia3. El objeto del convenio era que el
Municipio de Planeta Rica transfiriera a una fiducia mercantil el 20% de los recursos
obtenidos por el rubro “saneamiento básico y agua potable” del Sistema General de
Participaciones, para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público de aseo,
así:

“Cláusula cuarta: Objeto del convenio: El presente convenio
interadministrativo tiene por objeto: la transferencia del 20% del sector de
agua potable y saneamiento básico recursos SGP o regalías comprometidos
mediante el Acuerdo No 013 del septiembre 10 de 2005 emanado por el
Honorable Concejo Municipal al encargo fiduciario que se constituya para el
manejo de los recursos, con destino al pago de los subsidios de los estratos
1, 2 y 3 para el servicio público domiciliario de aseo, recolección, transporte
y disposición final de los residuos sólidos del municipio conforme al censo de
usuarios que se determine (…)”.

3
Cuaderno 1, Folios 134 – 136.

5

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

2.3.- El 18 de enero de 2008 la demandante (en su calidad de operador) y
ASOSANJORGE celebraron el contrato de operación4 para el manejo integral del
servicio público domiciliario de aseo, recolección, transporte y disposición final de
los residuos sólidos en los municipios de Planeta Rica, Ayapel, Buenavista, La
Apartada, Montelíbano, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador. El plazo era de veinte
años a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tiene fecha del 19 de agosto
de 2008. El objeto del contrato era el siguiente:

“CLÁUSULA PRIMERA: Por el presente contrato el operador se obliga con
ASOSANJORGE a operar el servicio público domiciliario de aseo,
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en los
Municipios de Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica,
Pueblo Nuevo y Puerto Libertador, quienes a su vez conforman la subregión
geográfica del Río San Jorge y la Asociación de Municipios del San Jorge,
Asosanjorge, en los siguientes componentes:

1) Recolección y transporte, hasta el sitio de disposición final o estación de
transferencia, de los residuos sólidos generados por usuarios residenciales
pequeños y grandes generadores.

2) Barrido y limpieza de vías públicas, incluyendo la recolección y el
transporte, hasta el sitio de disposición final o estación de transferencia, de
los residuos generados por estas actividades.

3) Disposición final, el operador se obliga a disponer en un sitio debidamente
autorizado y que cumpla con todos los requerimientos técnicos, operativos y
jurídicos de la reglamentación vigente sobre la materia”.

2.4.- En la cláusula 12 del contrato de operación para el manejo integral del servicio
público domiciliario de aseo las partes pactaron la remuneración del operador de la
siguiente forma:

“1. TARIFAS

La retribución al OPERADOR como contraprestación por la totalidad de las
obligaciones contractuales asumidas serán los recaudos mensuales por
concepto de tarifas del servicio de aseo y demás ingresos que legalmente
sean inherentes al servicio, respecto de los periodos de prestación efectiva
del servicio. Dicho recaudo mensual se realiza con base en las tarifas que
establece ASOSANJORGE en el presente contrato con sujeción a las
metodologías y/o opciones tarifarias expedidas por la CRA. Dichas tarifas
resultan aplicables desde enero del año 2008 y su metodología y cálculo se
contienen en el Anexo de tarifas (…). El operador tendrá derecho a que se le

4
Cuaderno 1, Folios 164 a 179.

6

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

apliquen las tarifas presentadas a continuación para efectos de garantizar la
estabilidad reguladora en el elemento tarifario.

Las tarifas están con base en el estrato de referencia Estrato 4, teniendo
como tarifa máxima a aplicar la prevista en la siguiente tabla. En lo
correspondiente a otros estratos y tipos de usuarios se aplicarán los subsidios
o contribuciones aquí indicadas.

Tabla No. 1

TIPO Unidad de la tarifa Tarifa %Subsidio o
Usua/estrat contribución
Residenciales
R1 $/Usuarios/mes 3.541 70%
R2 $/Usuarios/mes 7.083 40%
R3 $/Usuarios/mes 10.034 15%
R4 $/Usuarios/mes 12.303 0
R5 $/Usuarios/mes 19.802 50%
R6 $/Usuarios/mes 28.306 60%
No residencial
PP $/Usuarios/mes 25.938 50%
GP $/M3 54.909 30%
(…)”.

2.5.- Adicionalmente, el numeral 2 de la cláusula 12 del contrato estipulaba que los
municipios que hacían parte de ASOSANJORGE destinarían los recursos del sector
de agua potable y saneamiento básico que recibieran por concepto del Sistema
Genera de Participaciones, en cumplimiento a los acuerdos expedidos por los
concejos municipales. En el mismo sentido, en el evento en que las transferencias
fuesen insuficientes, ASOSANJORGE realizaría las gestiones necesarias para que
los municipios realizaran las adiciones presupuestales para cubrir los subsidios, así:

“2. APORTES PARA SUBSIDIOS:

Cada uno de los siete municipios ha establecido mediante Acuerdo Municipal
que destinará para los estratos 1, 2 y 3 los recursos de transferencia de
obligatoria inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico que
recibe del Gobierno Nacional por concepto del Sistema General de
Participaciones previsto en la Ley 715 o en las que la complementen o
sustituyan. ASOSANJORGE se compromete a adelantar las gestiones
correspondientes para el cumplimiento anual de lo dispuesto en el
Decreto 456 de 2004 o los decretos que lo complementen o sustituyan.
De igual forma, en el evento que por disposición del Ministerio de
Hacienda y/o el DNP sean insuficientes las transferencias de la Ley 715
previstas para uno o alguno de los municipios, ASOSANJORGE
efectuará las gestiones necesarias ante los municipios para que se

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Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

realicen las adiciones presupuestales que se requieran para dar
cumplimiento a los subsidios previstos”.

2.6.- El 19 de noviembre de 2009 el Municipio de Planeta Rica autorizó al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a que efectuara giros directos de los
recursos del Sistema General de Participaciones SGP-Agua Potable y Saneamiento
Básico, asignados al Municipio de Planeta Rica, al patrimonio autónomo constituido
en desarrollo del contrato de operación suscrito entre SEACOR S.A. E.S.P. y
ASOSANJORGE. Ello, en cumplimiento del convenio interadministrativo del 28 de
febrero de 2006 suscrito entre el Municipio de Planeta Rica y ASOSANJORGE.

2.7.- Las entidades demandadas incumplieron sus obligaciones, pues (i) el
Municipio de Planeta Rica se abstuvo de girar las transferencias del Sistema
General de Participaciones a la demandante para cubrir los subsidios a los estratos
1, 2 y 3 en el año 2008, monto que ascendía a ciento cuarenta y ocho millones
doscientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y cuatro pesos ($148.289.534). Y,
(ii) en todo caso, el pacto del 20% del rubro de transferencias por agua potable y
saneamiento básico fue insuficiente para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3,
pues el número de usuarios aumentó, lo que ocasionó el desequilibrio económico
del negocio jurídico.

B. Posición de las demandadas

3.- Las entidades demandadas no contestaron la demanda ni presentaron alegatos
de conclusión.

C. Trámite relevante de primera instancia

4.1 - El 27 de octubre de 2011, SEACOR S.A. E.S.P. y el Municipio de Planeta Rica
llegaron a un acuerdo conciliatorio5 por medio del cual el Municipio de Planeta Rica
se obligaba a pagar cuatrocientos cuarenta y ocho millones novecientos seis mil
ochocientos sesenta y un pesos ($448.906.861) por concepto de los subsidios no
cancelados. Dicho acuerdo fue improbado en el auto del 22 de marzo de 20126. El
que el tribunal señaló que:

(i) El Municipio de Planeta Rica no había suscrito el contrato de operación
para el manejo de basuras (el contrato había sido suscrito entre SEACOR
S.A. E.S.P. y ASOSANJORGE).

(ii) Las partes no demostraron que las transferencias efectuadas por el
Municipio de Planeta Rica (y que correspondían al 20% del rubro de agua
potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones,
según lo establecía el convenio interadministrativo celebrado entre el

5
Cuaderno 1, Folios 496 - 500
6
Cuaderno 1, Folios 585 – 598.

8

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

Municipio de Planeta Rica y ASOSANJORGE) fueran insuficientes para
cubrir los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. El tribunal estimó que tampoco
estaba probado a cuánto debía ascender el porcentaje a aprobar para
que el municipio hiciera la adición presupuestal.

4.2.- El 27 de noviembre de 2012, en la fase de alegatos de conclusión, SEACOR
S.A. E.S.P. y el Municipio de Planeta Rica solicitaron al tribunal que los citara a una
nueva audiencia de conciliación, la cual fue realizada el 12 de febrero de 2013. En
dicha audiencia las partes acordaron nuevamente que el Municipio de Planeta Rica
pagaría a SEACOR S.A. E.S.P. la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho millones
novecientos seis mil ochocientos sesenta y un pesos ($448.906.861).

D. La sentencia recurrida

4.- En sentencia del 25 de julio de 2013 el Tribunal Administrativo de Córdoba
improbó la conciliación celebrada entre SEACOR S.A. E.S.P. y el Municipio de
Planeta Rica y negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

4.1.- El convenio interadministrativo del 28 de febrero de 2006 fue suscrito
únicamente entre el Municipio de Planeta Rica y ASOSANJORGE, y la demandante
no era parte del convenio. En todo caso, no había prueba del incumplimiento de las
obligaciones del municipio frente al convenio, porque la demandante no acreditó a
cuánto ascendía la deuda del municipio en favor de ASOSANJORGE. Indicó que
“no hay elementos para definir el monto del 20% de los citados recursos del SGP
que recibe o recibía el Municipio, o a cuánto asciende el total de estos recursos y
sus distintas destinaciones para de ahí liquidar el 20% aludido”.

4.2.- En relación con el contrato suscrito entre SEACOR S.A. E.S.P. y
ASOSANJORGE, explicó que el Municipio de Planeta Rica no era parte en dicho
contrato. En todo caso, el contrato tampoco establecía “el monto concreto de los
recursos del SGP de obligatoria inversión destinada a subsidiar los citados estratos
por la prestación de servicios públicos domiciliarios”. Si bien la cláusula doce del
referido contrato parecía hacer alusión al convenio interadministrativo, de ella no se
deducía cuál era el monto concreto de los recursos del Sistema General de
Participaciones que los municipios, entre estos el Municipio de Planeta Rica, debían
transferir para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Explicó:

“Esta cláusula (…) no determina las sumas dinerarias que, tomadas del SGP
del referido concepto, debía transferir el Municipio según el Convenio al
encargo fiduciario, o el monto total del mismo, de donde deducirse dichas
sumas. Como tampoco se determina el costo a pagar en total por los servicios
a los estratos 1, 2 y 3 para poder deducir el saldo a pagar como subsidios a
éstos, de donde se impone concluir que con relación al contrato de operación
tampoco se aportaron elementos probatorios como montos destinados a
subsidios, costos de los servicios a dichos estratos y saldos insolutos por

9

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

subsidios a los mismos, a partir de los cuales se puedan constatar las
supuestas deudas y establecer si se configuró o no el incumplimiento del
contrato y por parte de quién de las dos entidades demandadas”.

4.3.- Señaló que aunque las accionadas no contestaron la demanda, no estaba
probado su incumplimiento. Para el tribunal, no estaba probado el monto que el
Municipio de Planeta Rica debía transferirle a ASOSANJORGE, ni que el municipio
no lo hubiera transferido:

“No se puede dilucidar si efectivamente hubo el incumplimiento alegado,
puesto que ni siquiera en concreto está demostrado a cuanto equivale el 20%
del SGP que debería transferir el Municipio a la Asociación, a través de la
fiducia. Y los cobros elaborados por la empresa operadora, la base de datos
de usuarios del servicio y las distintas comunicaciones cruzadas entre
SEACOR y ASOSANJORGE no son prueba suficiente para acreditar el
incumplimiento contractual. No existe prueba alguna que acredite que el
Municipio efectivamente, contó o contaba con los dineros provenientes del
SGP y que, aun así, no ordenó la transferencia de los mismos a la entidad
fiduciaria”.

4.4.- Agregó que tampoco era posible calcular el valor supuestamente adeudado.
De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 1013 de 2005, para calcular el monto total
de las contribuciones era necesario que la demandante probara “la proyección de
usuarios y consumos, la estructura tarifaria vigente, el porcentaje o factor de aporte
solidario aplicado para el año respectivo, monto total de los recursos potenciales a
recaudar por concepto de aportes solidarios, número total de usuarios atendidos
discriminados por servicio, estrato y uso”. No obstante, la demandante no presentó
prueba alguna de estos conceptos, pues sólo aportó cuentas de cobro sin sellos de
recibido por parte de la entidad.

4.5.- Indicó que tampoco estaba probado el rompimiento del equilibrio económico
del contrato. En el expediente no había prueba de que las transferencias del 20%
del Sistema General de Participaciones a las que se obligó el Municipio de Planeta
Rica fuesen insuficientes para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 “porque ni
siquiera se tiene en concreto el monto neto de dicho porcentaje”.

E. Recurso de apelación de la demandante

5.- En su recurso de apelación7 la demandante solicita la revocatoria de la sentencia
de primera instancia y que se acceda a las pretensiones de la demanda.

5.1.- Sostiene que el artículo 368 de la Constitución señala para los municipios la
obligación de garantizar que el monto de las contribuciones sea suficiente para

7
Cuaderno principal, Folios 703 – 738.

10

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

cubrir los subsidios y asegurar así el equilibrio. Adicionalmente, menciona el artículo
2° de la Ley 632 de 2000 que dispone:

“Artículo 2o. Subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo. Las entidades prestadoras de estos servicios deberán
alcanzar los límites establecidos en el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994,
en materia de subsidios, en el plazo, condiciones y celeridad que establezca,
antes del 28 de febrero de 2001, la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico (…)

Para las entidades prestadoras de estos servicios, el factor a que se refiere
el artículo 89.1 de la Ley 142 de 1994 se ajustará al porcentaje necesario
para asegurar que el monto de las contribuciones sea suficiente para cubrir
los subsidios que se apliquen, de acuerdo con los límites establecidos en
dicha ley, y se mantenga el equilibrio. Las entidades prestadoras destinarán
los recursos provenientes de la aplicación de este factor para subsidios a los
usuarios atendidos por la entidad, dentro de su ámbito de operaciones. El
Gobierno Nacional establecerá la metodología para la determinación de
dicho equilibrio”.

5.2.- Considera que sí probó el incumplimiento de las demandadas, porque con la
inspección judicial practicada en el proceso quedó probado que SEACOR S.A.
E.S.P. radicó cuentas de cobro ante el Municipio de Planeta Rica. En las cuentas
de cobro aportadas quedó demostrado el déficit de subsidios y el número de
usuarios por cada estrato.

5.3.- Explica que sí estaba probado a cuánto ascendía el 20% del rubro destinado
para agua y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones. Ello
consta en el oficio No. 246-SA-2010, del 19 de noviembre de 2009, en el que obra
la “autorización de giros directos” dirigida por el alcalde de Planeta Rica al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial8. En el documento consta que para el
2009 los giros debían ser de veinte millones quinientos setenta mil ochenta y tres
pesos ($20.570.083) y para el 2010 de veinticuatro millones ochocientos noventa y
ocho mil ciento noventa y tres pesos ($24.898.193) mensuales.

II. CONSIDERACIONES

6.- La demanda, presentada el 15 de diciembre de 2010, fue radicada dentro de la
oportunidad regulada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. En
la fecha de su presentación, el contrato de operación suscrito entre SEACOR S.A.
E.S.P. y ASOSANJORGE se encontraba vigente y no había sido liquidado.

8
Cuaderno 1, Folios 133 – 138 y folio 159.

11

Radicado: 23001233100020100051501 (49184)
Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

7.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia y negará las pretensiones
de la demanda.

7.1.- En relación con ASOSANJORGE, la Sala advierte que la demandante no probó
ni el incumplimiento ni el desequilibrio del contrato alegados en la demanda. La
obligación que contrajo ASOSANJORGE en el contrato era de medios y no de
resultado, y la demandante no probó que la citada asociación no hubiera realizado
las gestiones necesarias para que el Municipio de Planeta Rica efectuara los pagos.
Adicionalmente, la demandante tampoco allegó pruebas dirigidas a demostrar la
configuración del desequilibrio económico del contrato que alegó en la demanda.

7.2.- De otro lado, la Sala declarará la falta de legitimación por pasiva frente al
Municipio de Planeta Rica, porque no es parte del contrato de operación, el cual fue
suscrito entre ASOSANJORGE S.A. E.S.P. y la demandante.

7.3.- El objeto del contrato celebrado entre SEACOR S.A. E.S.P. y ASOSANJORGE
corresponde a la operación del servicio público domiciliario de aseo. Sin embargo,
se destaca que ASOSANJORGE no era el titular de la prestación de este servicio
público. Las obligaciones contenidas en dicho contrato no tenían origen negocial,
sino legal. La cláusula 2 del contrato establecía que en caso de que los recursos
destinados por los municipios para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 fueran
insuficientes, ASOSANJORGE efectuaría “las gestiones necesarias ante los
municipios para que se reali[zaran] las adiciones presupuestales que se
requi[rieran] para dar cumplimiento a los subsidios previstos”. No obstante, el deber
de los municipios de pagar la diferencia entre subsidios y contribuciones es una
obligación de origen constitucional y legal .

8.- La obligación de ASOSANJORGE era de medios

8.1.- En la cláusula 5ª del Contrato de operación ASOSANJORGE se obligó a
“realizar el seguimiento y verificación de las transferencias correspondientes a los
estratos 1, 2 y 3 por concepto del servicio de aseo en cumplimiento de la Ley 715,
de cada uno de los Municipios”. Por otro lado, en el numeral segundo de la cláusula
duodécima del contrato, la entidad se obligó a efectuar “las gestiones necesarias
ante los municipios para que se realicen las adiciones presupuestales que se
requieran para dar cumplimiento a los subsidios previstos”.

8.2.- Lo anterior permite concluir que ASOSANJORGE no tenía la obligación de
efectuar el pago de las transferencias para cubrir los subsidios a los que hace
referencia la demandante en sus pretensiones, sino que simplemente tenía el deber
de mediar ante el municipio para que éste efectuara los pagos. En todo caso, está
probado en el expediente que ASOSANJORGE sí hizo diligencias para la
transferencia de los pagos, tal como consta en el requerimiento efectuado por la
entidad ante el Municipio de Planeta Rica para que efectuara el pago de los

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Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

subsidios9. En dicha oportunidad, ASOSANJORGE solicitó al Municipio de Planeta
Rica “realizar las gestiones necesarias para adicionar a su presupuesto el déficit
que actualmente presentan las transferencias del 20% del sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico, recursos de SGP o Regalías, comprometidos mediante el
Acuerdo Municipal No. 13 de septiembre de 2005, emanado por el Honorable
Concejo Municipal, las cuales nos permitimos anexar”.

9.- El desequilibrio de la ecuación financiera del contrato

9.1.- Tal y como lo determinó el tribunal, el desequilibrio económico alegado
tampoco está probado, y esta circunstancia es suficiente para rechazar esta
pretensión. Es cierto que en la inspección judicial practicada en el proceso quedó
probado que SEACOR S.A. E.S.P. radicó cuentas de cobro ante el Municipio de
Planeta Rica en las que solicitaba el pago del presunto desequilibrio económico. Sin
embargo, la radicación de las referidas cuentas de cobro no demuestra la existencia
del desequilibrio alegado.

9.2.- En efecto, la demandante no aportó pruebas de sus afirmaciones: en el
expediente no consta un experticio o prueba técnica que dé cuenta de que las
transferencias que fueron efectuadas por el Municipio de Planeta Rica para cubrir
los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 fueron insuficientes. La demandante se limitó
a aportar exclusivamente algunas bases de datos de sus usuarios, facturas
expedidas a éstos, cuentas de cobro radicadas ante el Municipio de Planeta Rica,
documentos que no permiten concluir la existencia del desequilibrio económico
alegado. Y adicionalmente, lo que en realidad impetra por esta vía la demandante
es el cumplimiento de una obligación por parte del municipio respecto de la cual
ASOSANJORGE, como ya se dijo anteriormente, solo contrajo el compromiso de
realizar “las gestiones necesarias ante los municipios para que se realicen las
adiciones presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a los subsidios
previstos”.

10.- La falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Planeta
Rica

10.1.-La pretensión principal que se formuló en la demanda consistió en declarar
que el municipio <<incumplió parcialmente el contrato>> y que como consecuencia
de tal declaración debía ser condenado al pago de los perjuicios causados con tal
incumplimiento; y como pretensión subsidiaria se solicitó condenar a la misma
entidad al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato. La Sala no puede
disponer tales condenas porque el municipio no fue parte en el contrato; no existe
una manifestación de su voluntad dirigida a contraer unas obligaciones con la
demandante, ni mucho menos están estipuladas las condiciones dentro de las
cuales debía llevar a cabo su cumplimiento. La Sala no desconoce que el municipio
es parte de la asociación, que firmó un convenio con ella para la prestación del

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Cuaderno 1, Folio 121.

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servicio y que efectivamente autorizó la transferencia de subsidios al operador
demandante: nada de lo anterior implica considerar que hubiese contraído
obligaciones convencionales con la demandante, para que ésta pueda pedir
perjuicios derivados de su incumplimiento.

10.2.- Si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia han admitido que cuando
existan contratos o acuerdos de voluntad coligados, el juez debe considerarlos en
conjunto para determinar la incidencia de unos respecto de los otros o para
determinar adecuadamente el alcance de las obligaciones, la vinculación o
interdependencia entre ellos no permite deducir la existencia de obligaciones a
cargo de una parte que no se ha obligado, porque ello desconocería lo dispuesto en
el artículo 1516 del Código Civil que desarrolla el principio de la autonomía de la
voluntad en nuestro ordenamiento jurídico.

10.3.- Así las cosas, se ha reconocido que el contrato de interventoría está vinculado
estrechamente al de obra no solo porque el interventor debe supervisar el
cumplimiento de las obligaciones allí pactadas, sino porque la extensión en el plazo
de uno tiene incidencia en la extensión en el contrato de obra del otro; y en los
subcontratos también se ha considerado que el conocimiento por parte del
subcontratista del contrato principal lo hace sabedor del alcance de sus propias
obligaciones. Lo que no se admite es que por existir vínculos entre uno y otro
contrato, y sin que la ley lo disponga expresamente, como ocurre con la obligación
del dueño de la obra en relación con los trabajadores del contratista,10 no se admite
que una entidad pueda resultar obligada a cumplir prestaciones contractuales
pactadas en un contrato en el que no ha sido parte.

10.4.- El Consejo de Estado también ha adoptado esta posición y ha señalado que
la existencia de múltiples contratos con algún tipo de relación entre sí no implica
necesariamente que se elimine la autonomía de cada uno de los contratos, y que
se puedan omitir las normas relacionadas con la capacidad para ser demandante o
demandado en los procesos que surgen de cada uno de éstos.

10.5.- En la sentencia del 26 de enero de 2022, la Subsección B del Consejo de
Estado declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Agricultura, parte demandada en el proceso, porque no existía relación contractual
entre la sociedad demandante y la demandada. El Ministerio no era parte en el
contrato del cual se derivaban los perjuicios reclamados en la demanda. El
recurrente planteaba que el Contrato se deriva del Convenio suscrito entre el IICA

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Art. 34 del C.S.T. << (…) el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se
trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será
solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no
obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que
repita contra él lo pagado a esos trabajadores.>>

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Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

y el Ministerio y ello suponía aceptar que se estaba en presencia de dos negocios
jurídicos distintos. En esa oportunidad la Sala dijo que si bien el Contrato tenía una
relación directa con el Convenio, no existía un fundamento para indicar que se
encontraban <<integrado(s) de manera absoluta>>. El demandante puso de
presente que los contratos compartían una finalidad común, por lo que podrían
considerarse coligados. No obstante, ello no los convertía en un solo negocio
jurídico. La coligación <<no anula la naturaleza y autonomía de cada uno de los
contratos que intervienen en la relación negocial, los cuales, por tanto, mantienen
su individualidad y se siguen rigiendo por las normas del derecho que le sean
propias>>11. La Sala declaró la falta de legitimación por pasiva del Ministerio porque
no era parte del Contrato del cual se derivaban los perjuicios reclamados por la
demandante.

10.6.- Este argumento fue utilizado por el Consejo de Estado en un caso análogo
en el que el Ministerio también había sido demandado con ocasión de un contrato
que había celebrado el IICA con la parte demandante:

<<(…) de acuerdo con un viejo principio que nos viene desde el derecho romano y
que se sintetiza en el adagio: res inter alios acta, aliis neque nocere neque prodesse
potest, los actos o negocios jurídicos sólo pueden producir efectos entre las partes.

La aplicación del principio de relatividad de los contratos conlleva a que el contrato
solo produce efectos entre las partes que los han celebrado. Sólo los contratantes
están ligados por el contrato; sólo respecto de ellos tiene el contrato fuerza
obligatoria; y sólo a ellos perjudican y aprovechan sus efectos. Esto importa decir
que el contrato no daña ni beneficia a los que no han figurado en él como partes
contratantes, porque el contrato no es para ellos una ley con fuerza obligatoria y si
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no suscribió el contrato, es
evidente que no pueden extenderse sus efectos. (…)

Atendiendo a los anteriores criterios, quien tendría la legitimación en causa por
pasiva para ser parte demandada dentro de este proceso, sería el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA – ente que no fue
vinculado a la relación jurídico procesal - y no el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (…)12>>.

F.- Costas

11.- La Sala se abstendrá de condenar en costas al no advertirse temeridad o mala
fe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.

11Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2014, exp. 25645,

C.P.: Hernán Andrade Rincón.
12Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. 22828, C.P.:

Olga Mélida Valle de la Hoz.

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Demandantes: Servicios Ambientales de Córdoba S.A. E.S.P. – SEACOR S.A. E.S.P.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia dictada el 25 de julio
de 2013 por el Tribunal Administrativo de Córdoba por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDA.- Sin condena en costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

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