Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01251-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01251-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01251-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
22 de agosto de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01251-01
Demandantes: Industria Transportadora Cardona SAS (Intracar SAS) y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01251-01
Demandantes: INDUSTRIA TRANSPORTADORA CARDONA SAS (INTRASCAR
SAS) Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra autos que declararon la caducidad de medio
de control. No incurren en defecto sustantivo ni en desconocimiento
del precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por las demandantes contra la sentencia del
18 de abril de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, resolvió:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación pedida por el Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito general
de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 14 de marzo de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio de apoderado,
la empresa Industria Transportadora Cardona SAS (Intrascar SAS) y la señora Diana Lucía
Granada Gómez pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de las demandantes, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de los autos del 10 de agosto de 2023 y 1º de febrero de 2024, dictados por el
Juzgado Segundo Administrativo de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
respectivamente, que rechazaron por caducidad la demanda de reparación directa 76111-
33-33-002-2023-00075-00/01, promovida contra la Nación – Ministerio de Transporte, el
municipio de San Juan Bautista de Guacarí (Valle del Cauca) y la empresa Leasing
Corficolombiana SA Compañía de Financiamiento en Liquidación.
2. Pretensiones
Las tutelantes formularon de manera textual las siguientes pretensiones:
Con fundamento en lo anterior, ruego al señor(a) Juez Constitucional se tutelen los derechos
fundamentales invocados como vulnerados y como consecuencia de esa declaración se ordene a las
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-01251-00.
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accionadas dejar sin efectos los autos del 10 de agosto de 2023 y del 1 de febrero de 2024,
disponiéndose el estudio del proceso radicado 76111333300220230007501, en los términos de los
artículos 140, 164 del CPACA y al amparo de los principios pro actione y pro damnato para admitir la
demanda.
Así mismo, ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes o necesarios para
garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de la accionante y el cese en su
vulneración.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
El 28 de agosto de 2006 la Compañía Páez del Cauca SA matriculó el camión de placas
KUK 796 en el municipio de San Juan Bautista de Guacarí, bajo la licencia de tránsito 06-
76318029448, y el 4 de noviembre de 2009 lo vendió a la entonces sociedad Leasing
Corficolombiana SA Compañía de Financiamiento, que el 29 de enero de 2015 lo enajenó
a la señora Diana Lucía Granada Gómez, quien el 26 de diciembre de 2017 pidió trasladar
la matrícula del vehículo a Chinchiná (Caldas), donde se le expidió la licencia de tránsito
1002756782.
Por medio de Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de
Transporte señaló que el vehículo de placas KUK 796, entre otros, «presuntamente no
cuenta con el Certificado de Cumplimiento de Requisitos CCR o con el Certificado de Aprobación
de Caución – CC exigido en el momento de su matrícula», por lo que, dentro del mes siguiente
a la publicación del acto administrativo, debía aclararse la situación, so pena de ser
«incluidos en el listado definitivo de vehículos de carga con omisión en su registro inicial».
En razón a que no se atendió el anterior requerimiento, el automotor fue «bloqueado» en
el Registro Nacional de Despacho de Carga por Carretera, porque «no tenía el registro
inicial», lo que le impidió ingresar a los puertos y transportar carga. Con oficio (sin número)
del 1º de septiembre de 2020, la oficina de tránsito y transporte de Chinchiná le comunicó
al Ministerio que el camión no contaba con «certificado de cumplimiento de requisitos – CCR».
El 19 de abril de 2021, Diana Lucía Granada Gómez vendió el camión a la empresa
Intrascar SAS, por lo que esta pidió el 23 del mismo mes y año «la normalización del
vehículo». En atención a la solicitud «1012722» del 14 de enero de 2022, el Ministerio de
Transporte determinó que se debía pagar por concepto de «normalización por caución»
$44.718.385, suma que el 25 de enero de 2022 fue cancelada.
El 17 de junio de 2022 las demandantes formularon solicitud de conciliación prejudicial,
la cual se declaró fallida 4 de agosto siguiente por la Procuraduría 59 Judicial I para
Asuntos Administrativos, como quedó consignado en la respectiva constancia de 10 de
los mismos mes y año.
El 2 de septiembre de 2022 las tutelantes promovieron demanda de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de San Juan Bautista de Guacarí
y la empresa Leasing Corficolombiana SA Compañía de Financiamiento en Liquidación
(a la que se le asignó en número de radicación 76111-33-33-002-2023-00075-00/01), con
el propósito de que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios
que les produjo las irregularidades en la matrícula del automotor y la imposibilidad de
emplearlo en el transporte de carga y se ordenara resarcirlos de manera pecuniaria.
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La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Buga, que
el 10 de agosto de 2023 la rechazó porque la fuente del daño ocurrió el 11 de marzo de
2020 con la expedición de la Circular 2020020093071. Explicó que los términos judiciales
estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 1º de julio de 2020 (a causa de la
pandemia desencadenada por el virus COVID-19); que la solicitud de conciliación se
formuló el 17 de junio de 2022 y la constancia de no conciliación data del 10 de agosto
de 2022. Que el término de 2 años, instituido para promover el medio de control, venció
el 22 de agosto de ese año, pero solo se presentó hasta el 2 de septiembre de 2022, por
tanto, acaeció el fenómeno procesal de la caducidad.
Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recursos de reposición y en
subsidio de apelación, con el argumento de que el lapso en el que debía presentarse la
demanda inició su cómputo el 25 de enero de 2022, porque ese día pagó la
«normalización» del vehículo de placas KUK 796, por ende, fue en ese momento en el que
se conoció la magnitud del daño. Que además, debía admitirse la demanda en virtud de
los principios pro actione y pro damnato, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado en
asuntos similares en aras de salvaguardar la prerrogativa superior de acceso a la
administración de justicia.
Por auto del 28 de septiembre de 2023 el Juzgado Segundo Administrativo de Buga
confirmó la providencia del 10 de agosto de ese año y concedió la apelación en el efecto
suspensivo.
El 1º de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la
providencia de primera instancia, pero porque las actoras debieron controvertir la Circular
2020020093071 de 11 de marzo de 2020 a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, puesto que fue esa determinación la que impidió transportar
carga en el camión de placas KUK 796.
Que como no se conocía la fecha en que se notificó la aludida Circular, los 4 meses
establecidos en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) debían contarse desde el 25 de enero de 2022 (día
en que se «pagó la normalización»), por ende, la demanda debió promoverse antes del 26
de mayo de ese año, pero ello aconteció hasta el 2 de septiembre de 2022, es decir,
cuando ya había acaecido el fenómeno procesal de la caducidad.
El 6 de febrero de 2024 las actoras formularon solicitud de nulidad pues, a su juicio, la
Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020 no era un acto administrativo pasible
de enjuiciamiento, dado que no decidió «sobre la legalidad de la inscripción» del automotor,
sino se «trataba de una mera información» de algunos vehículos que presuntamente no
habían sido matriculados en debida forma.
Que fue el 25 de enero de 2022 cuando se configuró el daño antijurídico, toda vez que
ese día se sufragaron los gastos de «normalización» por valor de $44.718.385, motivo por
el cual el cómputo de los 2 años para demandar a través del medio de control de
reparación directa inició en dicha fecha, instrumento judicial que era el pertinente para
obtener la indemnización deprecada.
Concluyeron que la demanda debió admitirse en virtud de los principios pro actione y pro
damnato, que prevén que ante duda sobre la ocurrencia del fenómeno de la caducidad,
era menester tramitarla y decidir sobre esa figura procesal en la sentencia, tal como lo
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señala el Consejo de Estado2.
Por auto del 28 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca denegó
la solicitud de nulidad, pues las actoras no invocaron alguna de las causales señaladas
en el artículo 133 del Código General del Proceso, el pronunciamiento del Consejo de
Estado citado decidió un asunto disímil al debatido en el expediente 76111-33-33-002-
2023-00075-00/01 y se configuró la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque fue la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de
2020 la que derivó en que el vehículo «quedara bloqueado» para transportar carga, por
tanto, era el acto administrativo demandable por provocar el supuesto daño antijurídico.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, las actoras expusieron las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, las accionantes alegaron que las decisiones judiciales
cuestionadas incurrieron en:
Defecto sustantivo porque desatendieron el numeral 2, literal i) del artículo 164 del
CPACA, que prevé que la demanda de reparación directa debe presentarse dentro de los
2 años siguientes a la ocurrencia del daño antijurídico. Que bajo esa premisa la demanda
se podía presentar hasta antes del 25 de enero de 2024, pues el 25 de enero de 2022
pagaron los $44.718.385 por la «normalización» del registro del vehículo de placas KUK
796, de modo que, fue ese día en que ocurrieron los perjuicios que pretendían les fueran
indemnizados. Que como la demanda fue presentada el 2 de septiembre de 2022, las
autoridades accionadas debieron admitirla.
Que al indicar que la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020, emitida por el
Ministerio de Transporte, debió demandarse oportunamente a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, se pasó por alto que ese acto administrativo
era de trámite, por ende, no era pasible de ser controvertido mediante el referido medio
de control.
Desconocimiento del precedente por cuanto las autoridades accionadas omitieron
aplicar el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado3, según el cual cuando existen
dudas sobre la caducidad del medio de control debe admitirse para que en la sentencia
se decida sobre ese fenómeno procesal, en atención a los principios pro actione y pro
damnato y en aras de salvaguardar la garantía superior de acceso a la administración de
justicia.
5. Intervenciones
El Juzgado Segundo Administrativo de Buga pidió que se declarara improcedente la
solicitud de amparo porque las demandantes emplean la acción de tutela como una
tercera instancia. Que los argumentos expuestos en la tutela fueron analizados y
desestimados «en las providencias cuestionadas», en las que se concluyó que la Circular
2020020093071 del 11 de marzo de 2020 fue la que impidió utilizar el vehículo de placas
KUK 796 para transportar carga, por ende, era la fuente del daño antijurídico, de ahí que
2 Sección cuarta, sentencia de 20 de mayo de 2021, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello, expediente 11001-03-
15-000-2021-00777-00.
3 (i) Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, M. P. Oswaldo Giraldo López, expediente 25000-23-41-000-
2018-00498-01; y (ii) Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez,
expediente 11001-03-15-000-2020-03500-00.
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debiera demandarse en el término señalado en el artículo 138 del CPACA, lo cual no
aconteció.
El Ministerio de Transporte solicitó que se declarara improcedente la acción de la
referencia. Explicó que en los hechos expuestos no se le atribuye acción u omisión alguna
que vulnere los derechos fundamentales de las accionantes, lo que impide imputarle
trasgresión de las garantías superiores invocadas, cuanto más si se tiene en cuenta que
no incidió en la expedición de los autos censurados.
Concluyó, luego de citar la normativa que regula la reposición e inscripción de los
automotores de transporte de carga, que la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de
2020 se emitió en atención al ordenamiento jurídico, puesto que el camión de placas KUK
796 no registraba «el certificado de cumplimiento de requisitos».
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pidió que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
Que las providencias atacadas no adolecen de defecto sustantivo, ya que en ellas se
aplicó correctamente el artículo 138 del CPACA, que prevé que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho debe promoverse dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación del acto administrativo que produjo el presunto daño, premisa de la que se
podía concluir que el medio de control en el que se controvirtiera la Circular
2020020093071 de 11 de marzo de 2020 debía formularse antes del 22 de abril de 2022
(porque se tenía certeza de que fue conocida el 22 de enero de ese año), lo que solo
ocurrió hasta el 2 de septiembre de 2022.
Que la Circular sí era un acto administrativo enjuiciable, por cuanto prohibió utilizar el
camión de placas KUK 796 en el transporte de carga, circunstancia de la que se infería
que fue el que causó los perjuicios que las demandantes pidieron les fuera indemnizados
en la demanda 76111-33-33-002-2023-00075-00/01, por lo que debían demandarla
oportunamente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sostuvo que, aunque las accionantes sugieren que la Circular 2020020093071 de 11 de
marzo de 2020 no fue valorada de manera correcta, ello podría involucrar un defecto
fáctico, sin embargo, no es dable analizar esta causal específica porque no fue sustentada
debidamente. Asimismo, no hubo desconocimiento del precedente, puesto que, si bien el
Consejo de Estado ha señalado que en virtud de los principios pro actione y pro damnato
se debe admitir la demanda cuando hay dudas sobre la configuración de la caducidad,
ese presupuesto no acontecía en el proceso 76111-33-33-002-2023-00075-00/01, dado
que había certeza sobre el momento en que inició el término para demandar.
El municipio de San Bautista de Guacarí y la empresa Leasing Corficolombiana SA
Compañía de Financiamiento en Liquidación guardaron silencio, pese a que se les
notificó el auto admisorio de la acción de tutela.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 18 de abril de 2024 denegó
la petición de desvinculación del Ministerio de Transporte por haber sido parte
demandada en el proceso 76111-33-33-002-2023-00075-00/01, por ende, tenía interés
en este trámite constitucional; y declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito general de relevancia constitucional.
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Explicó que las demandantes emplean la acción de tutela como un instrumento para
debatir los argumentos bajo los cuales las autoridades accionadas rechazaron la
demanda 76111-33-33-002-2023-00075-00/01, para lo que emplean las mismas
consideraciones que fueron desestimadas en las providencias cuestionadas y que no
pueden ser rebatidas por el juez de tutela por ser razonables y fundarse en el principio de
autonomía judicial.
Que el cargo de desconocimiento del precedente no se justificó suficientemente, ya que
no se estableció que los pronunciamientos invocados como inobservados hayan decidido
situaciones fácticas semejantes a la debatida en el expediente 76111-33-33-002-2023-
00075-00/01.
7. Impugnación
Las demandantes impugnaron el fallo de primera instancia y señalaron que la tutela
satisface la exigencia de relevancia constitucional, dado que las presuntas irregularidades
en las que incurrieron los demandados no pueden ser abordadas mediante otro
instrumento judicial y comportan desconocimiento de derechos fundamentales.
Que la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020 no involucra un acto
administrativo pasible de enjuiciamiento, ya que por medio de ella solo se informó de las
presuntas irregularidades en el registro del automotor de placas KUK 796. Asimismo, que
debió admitirse la demanda en virtud de los principios pro actione y pro damnato, que
indican que ante la duda sobre la configuración de la caducidad, debe admitirse la
demanda en aras de garantizar la prerrogativa superior de acceso a la administración de
justicia.
En el mismo escrito, las demandantes pidieron declarar la nulidad de lo actuado en el
trámite constitucional de la referencia luego de la comunicación de la sentencia de tutela
impugnada, por cuanto no se le notificó a su apoderado por conducto de un mensaje
enviado a su correo electrónico, pese a que así fue pedido en la solicitud de amparo y en
ella se identificó la respectiva cuenta virtual.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Previo a plantear el problema jurídico, la Sala precisa que si bien las accionantes pidieron
en el escrito de impugnación que se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir de la
notificación de la sentencia de primera instancia, esa solicitud ya fue resuelta por el a quo
por lo que no existen razones para emitir un nuevo pronunciamiento sobre ese punto.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por
las demandantes, con el propósito de dejar sin efectos los autos del 10 de agosto de 2023
y 1º de febrero de 2024, dictados por el Juzgado Segundo Administrativo Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, que rechazaron por razones
diferentes de caducidad la demanda de reparación directa 76111-33-33-002-2023-00075-
00/01, promovida contra la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de San Juan
Bautista de Guacarí (Valle del Cauca) y la empresa Leasing Corficolombiana SA
Compañía de Financiamiento en Liquidación.
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La Sala anticipa que revocará el fallo de primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar
denegar las pretensiones de amparo, dado que las providencias cuestionadas no
adolecen de defecto sustantivo ni de desconocimiento del precedente.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala comenzará por verificar si la tutela promovida por la empresa Intrascar SAS y
Diana Lucía Granada Gómez cumple los requisitos generales de procedencia de la acción
de amparo contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que de encontrarse
configurados los defectos alegados por la parte actora se estaría afectando su derecho
de acceso a la administración de justicia, porque la presunta configuración del fenómeno
procesal de la caducidad impidió que la demanda 76111-33-33-002-2023-00075-00/01
fuese tramitada y, por ende, que la controversia allí planteada se dirimiera de fondo.
Máxime cuando el rechazo de la demanda por caducidad en el proceso ordinario
obedece a razones diferentes en primera y segunda instancia.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del mencionado expediente, el auto de segunda instancia cuestionado
se notificó el 6 de febrero de 20246 y la tutela se formuló el 14 de marzo del año en curso
(un mes y 8 días después), es decir, no fenecieron los 6 meses jurisprudencialmente
reconocidos para presentar la acción de tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, las demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que promovieron el medio de control 76111-33-33-002-2023-
00075-00/01 y los argumentos expuestos en la solicitud de amparo también atañen solo
al auto cuestionado de segunda instancia, los cuales no podían ser expuestos en esas
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 El correo electrónico mediante el cual se comunicó la decisión fue enviado el 2 de febrero de 2024, por ende, debe
entenderse notificado el 6 de febrero de 2024, en virtud del numeral 2 del artículo 205 del CPACA, que prevé: «La
notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
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diligencias, ya que esa decisión no era pasible de impugnación, conforme al numeral 4
del artículo 243A7 del CPACA. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del recurso
extraordinario de revisión, puesto que los presuntos defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente no se encuadran en las causales de procedibilidad
previstas en el artículo 250 ibídem.
Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados, esto es, expuso de manera clara que la vulneración de las garantías
superiores invocadas proviene de supuestos defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, las actoras cuestionan
una sentencia dictada en un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
4.1 Defecto sustantivo
En la solicitud de amparo las demandantes afirman que las providencias cuestionadas
incurren en defecto sustantivo, porque desatendieron el numeral 2, literal i) del artículo
164 del CPACA, que estipula que la demanda de reparación directa debe promoverse
dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia de la fuente del daño, por tanto, como el
pago de la «normalización» del vehículo de placas KUK 796 se realizó el 25 de enero de
2022, tenía hasta el 25 de enero de 2024 para promover ese medio de control. Además,
que no era procedente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que
la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de
Transporte, no configuraba un acto administrativo enjuiciable.
Para resolver, la Sala hará referencia a las documentales que obran en el proceso
ordinario y a las providencias dictadas por las autoridades judiciales demandadas.
El Ministerio de Transporte emitió la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020,
en la que indicó que el vehículo de placas KUK 796, entre otros, «presuntamente no cuenta
con el Certificado de Cumplimiento de Requisitos CCR o con el Certificado de Aprobación de
Caución – CC exigido en el momento de su matrícula», por lo que, dentro del mes siguiente
a la publicación del acto administrativo, debía aclararse la situación, so pena de ser
«incluidos en el listado definitivo de vehículos de carga con omisión en su registro inicial». Lo
anterior, derivó en que no pudiera transportar carga y que el 25 de enero de 2022 pagaran
$44.718.385 por concepto de «normalización».
El 17 de junio de 2022, las actoras presentaron solicitud de conciliación prejudicial, que
se declaró fallida el 4 de agosto siguiente, como quedó consignado en la certificación
emitida el 10 de los mismos mes y año por la Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos
Administrativos.
El 2 de septiembre de 2022, las demandantes formularon demanda de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de San Juan Bautista de Guacarí
y la empresa Leasing Corficolombiana SA Compañía de Financiamiento en Liquidación
para que fueran declarados responsables de los perjuicios que les produjeron las
7 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:
[…]
4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica».
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irregularidades en la matrícula y la imposibilidad de utilizar el camión de placas KUK 796
en el transporte de carga y se ordenara resarcirlos de manera pecuniaria.
El 10 de agosto de 2023 el Juzgado Segundo Administrativo de Buga rechazó la
demanda, porque había acontecido el fenómeno de la caducidad, pues como la fuente
del daño ocurrió el 11 de marzo de 2020, con la expedición de la Circular 2020020093071,
la demanda debió promoverse dentro de los 2 años siguientes, lo cual no aconteció.
Esa decisión fue apelada por las demandantes, al estimar que el daño antijurídico se
produjo cuando se pagaron los $44.718.385 por concepto de «normalización» del
automotor, esto es, el 25 de enero de 2022, por lo que, a su juicio, el lapso para demandar
debía computarse desde esa fecha. Además, debía admitirse la demanda en virtud de los
principios pro actione y pro damnato como, dijo, lo ha hecho el Consejo de Estado en
casos similares.
Mediante auto de 1º de febrero de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la providencia de primera instancia, pero en razón a que la demanda debió
adelantarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho,
porque la fuente del daño lo causó la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020,
en consecuencia, debió enjuiciarse ese acto administrativo dentro de los 4 meses
siguientes a la fecha en que se asume fue conocido por la actora, es decir, el 25 de enero
de 2022 (día en que se pagó la «normalización» del automotor), lo cual no aconteció.
Que el ordenamiento jurídico prevé 3 medios de control que permiten plantear
pretensiones indemnizatorias, a saber: el de nulidad y restablecimiento del derecho, el de
reparación directa y el de controversias contractuales, y su procedencia está supeditada
a la fuente del daño antijurídico; el primero está instituido para controvertir actos
administrativos, el segundo procede ante omisiones, acciones u operaciones
administrativas y el tercero para dirimir controversias de contratos estatales.
Concluyó que como la fuente del daño fue la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de
2020, y no una acción, omisión u operación administrativa, el medio de control que
procedía era el de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa,
por tanto, era a través de ese medio de control que debía enjuiciarse el acto administrativo
dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que se conoció, lo cual, dijo, no sucedió.
Efectuado el anterior recuento, la Sala observa que resulta razonable la inferencia del
referido Tribunal, consistente en que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues medió un acto administrativo que condujo a que el
camión de placas KUK 796 no pudiera transportar carga. Si bien el tribunal demandado
señaló que el acto enjuiciable era la Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020,
la Sala encuentra que en ese acto se anunció que se expediría un «listado definitivo de
vehículos de carga con omisión en su registro inicial» que, en últimas, sería el acto que adoptó
una decisión definitiva respecto del vehículo de propiedad de los accionantes. Sin
embargo, esa situación no tiene la virtualidad de modificar lo decidido por la autoridad
judicial demandada pues, como se vio, una vez señaló cuál era la acción procedente,
inició el conteo de caducidad a partir de la fecha de pago que por concepto de
normalización hicieron los demandantes.
La Sala destaca que los actos administrativos se clasifican en: de trámite, de ejecución y
definitivos. Los de trámite son aquellos mediante los cuales la administración le da curso
al procedimiento administrativo, es decir, los que se emplean con la finalidad de garantizar
que las diligencias administrativas se surtan, por ende, no concierne a una decisión de
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fondo.
Por su parte, los actos administrativos de ejecución son aquellos a través de los cuales
las autoridades administrativas dan cumplimiento a providencias emitidas por los jueces
de la República o a órdenes dictadas por la administración, de ahí que tampoco involucren
una determinación de fondo.
Por último, los actos administrativos definitivos hacen referencia a las decisiones de fondo
de la administración que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, por lo que
inciden en el fondo del asunto, bien sea de manera directa o indirecta, lo que los hace
objeto de control por parte de los jueces contencioso-administrativos por intermedio de
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.
Cabe advertir que, como lo afirmó la autoridad judicial demandada la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho debe promoverse dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación del acto administrativo, conforme a los artículos 1388 y 164 (numeral 2, letra
d9), so pena de que opere la caducidad, entendida como la institución procesal que
impone el deber de acudir a la administración de justicia en determinados lapsos, con el
fin de garantizar que un litigio no permanezca sin solución de manera indefinida, dado
que ello afectaría el principio de seguridad jurídica.
En ese orden de ideas, el análisis realizado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca sobre el medio de control que debió usarse y la caducidad del mismo fue
razonable, se insiste, porque explicó las razones por la cuales debió acudirse al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a la
fecha en que se presume que la aludida Circular y el acto administrativo contentivo del
«listado definitivo de vehículos de carga con omisión en su registro inicial» advertido en esa
decisión, fueron conocidos por las accionantes (25 de enero de 2022, dado que ese día
se cancelaron $44.718.385 por concepto de normalización), esto es, antes del 25 de mayo
de 2022, lo cual no aconteció, porque la solicitud de conciliación prejudicial se presentó
el 17 de junio de 2022, esto es, cuando ya había fenecido el aludido interregno y operado
el fenómeno de la caducidad.
Ahora bien, las actoras señalan que no aconteció la caducidad de la acción, pues
contaban con 2 años para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del
25 de enero de 2022, sin embargo, la Sala insiste en que el tribunal demandado explicó
las razones por las que se debía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y no a la reparación directa, esto es, precisó que como la fuente del daño
antijurídico fue un acto administrativo y no una acción, omisión u operación administrativa,
8 «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel».
9 « La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales».
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la demanda que procedía para plantear pretensiones indemnizatorias era la primera de
ellas, de ahí que debiera promoverse dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que
se conoció de la existencia de las decisiones administrativas, lo cual no aconteció.
Que la posición de la parte demandante involucra la convicción errada de que el medio
de control procedente para pedir la respectiva indemnización era el de reparación directa,
sin embargo, como se advirtió, la demanda pertinente era la de nulidad y restablecimiento
del derecho, en consecuencia, el lapso para incoarla solo era de 4 meses.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por las tutelantes, la Sala no evidencia que el
Tribunal demandado haya aplicado de manera indebida las normas que regulan la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2 Desconocimiento del precedente
Las demandantes afirman que los proveídos cuestionados adolecen de desconocimiento
del precedente, ya que desatendieron el criterio del Consejo de Estado10, según el cual
debe admitirse la demanda cuando hay dudas sobre la ocurrencia de la caducidad, en
atención a los principios pro actione y pro damnato.
En cuanto al pronunciamiento invocado del 3 de septiembre de 2020, se constata que
decidió una tutela promovida contra un auto que rechazó una demanda de reparación
directa, relacionada con la afectación de un inmueble durante la ejecución de un contrato
estatal, dado que el término para demandar debía contarse desde que se presentaron las
reclamaciones administrativas y no desde que se liquidó el negoció jurídico, situación que
de antemano resulta diferente a la de los accionantes.
Además, en esa sentencia de tutela del 3 de septiembre de 2020, esta Sección amparó
los derechos fundamentales invocados porque el término de caducidad debía contarse a
partir de la terminación de la obra, pero como no había certeza de cuándo había ocurrido
ello, lo procedente era admitir la demanda en virtud de los principios pro actione y pro
damnato.
Efectuado el anterior análisis, la Sala evidencia que en el fallo invocado de 3 de
septiembre de 2020 se decidió un asunto con contornos fácticos diferentes al debatido en
el proceso 76111-33-33-002-2023-00075-00/01, dado que en este la fuente del daño
antijurídico fue un acto administrativo (y no la ejecución de obras), de ahí que no fuera
dable que las autoridades accionadas emplearan las consideraciones expuestas en el
citado pronunciamiento, máxime cuando decidió una acción de tutela y sus efectos son
inter partes, conforme al numeral 211 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996.
En relación con la sentencia invocada del 13 de junio de 2019, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, la Sala encuentra que esa providencia resolvió un recurso de
apelación interpuesto contra un auto que rechazó por caducidad una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la que se controvertían unos oficios en los que el
Ministerio de Educación Nacional se abstuvo de ratificar una reforma a los estatutos de la
Universidad La Gran Colombia.
10 (i) Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, M. P. Oswaldo Giraldo López, expediente 25000-23-41-000-
2018-00498-01; y (ii) Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez,
expediente 11001-03-15-000-2020-03500-00.
11 «Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para
las partes».
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En el referido pronunciamiento se indicó que esos actos administrativos eran enjuiciables,
porque impedían continuar con el procedimiento de ratificación de estatutos, y que «de
conformidad con los principios pro actione y pro damato, el juez puede interpretar de manera
flexible las normas procesales en aras de garantizar la finalidad que ellas persiguen».
No obstante, la Sala advierte que la situación fáctica debatida en el expediente 25000-23-
41-000-2018-00498-01 es diferente a la del proceso 76111-33-33-002-2023-00075-
00/01, porque en aquel el demandante no promovió una demanda de reparación directa
(como lo hizo la aquí tutelante) y, por ende, no había controversia sobre entre el medio
de control que procedía para formular las pretensiones indemnizatorias.
Además, la aplicación de los principios pro actione y pro damnato procede cuando no hay
certeza a partir de qué momento se cuenta el lapso que prevé el ordenamiento jurídico
para demandar, lo cual no aconteció en el caso de las demandantes, pues el tribunal
demandado no tenía duda de que el daño antijurídico que se pedía resarcir lo produjo la
Circular 2020020093071 de 11 de marzo de 2020 (y el contentivo del «listado definitivo de
vehículos de carga con omisión en su registro inicial» señalado en esa decisión), es decir,
actos administrativos, en consecuencia, debían enjuiciarse por conducto de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en
que se infiere fueron conocidos por las demandantes (25 de enero de 2022).
En ese orden de ideas, como los pronunciamientos en los cuales las demandantes fundan
el desconocimiento del precedente versaron sobre situaciones fácticas diferentes a la
debatida en el proceso 76111-33-33-002-2023-00075-00/01, los autos censurados no
debían atender las consideraciones expuestas en aquellos, por tanto, no adolecen de
desconocimiento del precedente alegado.
Así las cosas, la Sala encuentra que las providencias acusadas no incurrieron en defecto
sustantivo ni en desconocimiento del precedente, por lo que revocará la sentencia
impugnada, que declaró improcedente la tutela de la referencia, para en su lugar, denegar
el amparo deprecado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Intrascar SAS y Diana Lucía Granada Gómez, para en su lugar:
2. Denegar las pretensiones formuladas por las tutelantes, en atención a la parte motiva
de esta determinación judicial.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01251-01
Demandantes: Industria Transportadora Cardona SAS (Intracar SAS) y otra
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) MILTON CHAVES GARCÍA
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Ausente en comisión
presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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