Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01251-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01251-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01251-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de abril de 2024
Demandante: Industria Transportadora Cardona SAS
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01251-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01251-00
Demandante: INDUSTRIA TRANSPORTADORA CARDONA SAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide en primera instancia la acción de tutela formulada por la sociedad
Industria Transportadora Cardona SAS (en adelante Intranscar SAS) contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo Administrativo de Buga. Esto,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La acción de tutela
1. La sociedad accionante, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga. En criterio de la parte demandante las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva.
2. En sentir de la parte actora, la vulneración de las citadas garantías
constitucionales se presentó en los autos del 10 de agosto de 2023 y 1 de febrero de
2024, proferidos en primera y segunda instancia por las entidades accionadas. En las
decisiones reprochadas se rechazó por caducidad el medio de control de reparación
directa promovido por lntranscar SAS contra la Nación -Ministerio de Transporte y otros1.
1
Proceso de reparación directa con Rad. No. 76111-33-33-002-2023-00075-00/011 Demandante:
Intranscar. Demandados: Nación -Ministerio de Transporte, el municipio de Guacarí y Leasing
Corficolombiana SA.
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1.2. Pretensiones constitucionales
3. La parte actora solicitó como pretensiones lo siguiente:
Con fundamento en lo anterior, ruego al señor(a) Juez Constitucional se tutelen los
derechos fundamentales invocados como vulnerados y como consecuencia de esa
declaración se ordene a las accionadas dejar sin efectos los autos del 10 de agosto
de 2023 y del 1 de febrero de 2024, disponiéndose el estudio del proceso radicado
76111333300220230007501, en los términos de los artículos 140, 164 del CPACA y
al amparo de los principios pro actione y prodamato para admitir la demanda.
Así mismo, ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes
o necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de
la accionante y el cese en su vulneración. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos y providencias proferidas en el trámite del proceso ordinario
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de esta acción de tutela de la siguiente
manera:
4. La sociedad Compañía Páez del Cauca SA registró el vehículo tracto camión de
placas KUK-796 ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Guacarí,
Valle del Cauca, el 28 de agosto de 2006. Como consecuencia de este trámite, al
automotor se le otorgó la Licencia de Tránsito No. 06-76318029448.
5. El vehículo en mención fue vendido a Leasing Corficolombiana SA, compañía que
a su vez enajenó el automotor a la señora Diana Lucia Granada Gómez. Esta última
persona transfirió el dominio del bien a la sociedad Intranscar SAS.
6. El 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Transporte, mediante la Circular MT-No.
2020020093071, informó que el vehículo en cuestión no estaba inscrito en el registro
nacional de carga. Por lo anterior, el automotor fue dado de baja del Registro Nacional
de Despacho de Carga, lo que impidió el ejercicio de esa actividad y, sobre todo, su
entrada a los puertos.
7. El 25 de enero de 2022, la sociedad actora adelantó el proceso de normalización
del automotor, por lo que debió pagar la suma de $44.718.385 por concepto de caución
y 84.100 por derechos de trámite.
8. El 2 de septiembre de 2022, la sociedad Intranscar SAS promovió el medio de
control de reparación directa contra el Nación - Ministerio de Transporte, el municipio de
Guacarí y Leasing Corficolombiana SA. Lo anterior para que la indemnizaran por los
perjuicios que debió asumir por el inadecuado registro del vehículo de placas KUK-796
y la expedición irregular de la Licencia de Tránsito No. 06-76318029448.
9. Para la sociedad actora las entidades demandadas eran responsables de los
perjuicios por los que tuvo que responder por las irregularidades del registro. En este
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orden, indicó que la responsabilidad del Ministerio de Transporte estaba comprometida
porque es el ente orientador y regulador de la función de registro de vehículos de carga;
el municipio de Guacarí por haber adelantado el trámite de matriculación del automotor
cuando existían unas inconsistencias y la sociedad Leasing Conficolombiana SA por
haber sido quien le vendió el bien.
10. El medio de control de reparación directa interpuesto por Intranscar SAS fue
rechazado por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga porque esa autoridad
consideró que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 164 el CPACA. Para fundamentar esta determinación la
autoridad accionada explicó que el supuesto daño se produjo con el registro y la
expedición de la matrícula del vehículo, hecho que ocurrió en el año 2006, mientras que
la demanda fue interpuesta en el año 2022.
11. Contra la anterior decisión la sociedad actora interpuso recurso de apelación,
actuación que fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Esa
corporación judicial confirmó la decisión de rechazar la demanda por haber operado la
caducidad del medio de control.
12. No obstante haber confirmado la decisión de primera instancia, el tribunal
accionado para llegar a tal resolución adecuó la demanda de reparación directa a una
de nulidad y restablecimiento del derecho. Para tomar esta decisión explicó que el
supuesto daño alegado se produjo con el acto administrativo que estableció el pago que
debía asumir la sociedad accionante por la normalización de su vehículo.
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca también determinó que el término
de caducidad de 4 meses de este medio de control debía empezar a contarse desde que
la sociedad realizó el pago ordenado en el acto cuestionado. En este orden, es
importante resaltar que la resolución que ordenó el pago fue emitida el 13 de enero de
2022 y esta se materializó el día 25 del mismo mes y año.
14. Así las cosas, para la corporación judicial accionada operó el fenómeno jurídico
de la caducidad porque el medio de control se presentó el 2 de septiembre 2022, cuando
en realidad debió ser interpuesto entre el 26 de enero al 26 de mayo de ese año.
1.4. Sustento de la vulneración
15. La sociedad actora considera que las providencias censuradas incurrieron en los
defectos material y desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia, considera
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva.
16. Para fundamentar el defecto sustantivo o material, Intranscar SAS sostuvo que
las decisiones reprochadas interpretaron inadecuadamente los artículos 140 y 164 del
CPACA. En relación con la primera disposición argumentó que su demanda no podía ser
adecuada a una de nulidad y restablecimiento del derecho porque los actos
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administrativos que ordenaron el pago para la normalización del vehículo son de mero
trámite. Esto, porque con ellos se materializó una situación que es consecuencia de una
matriculación irregular del automotor. Sobre este punto, la parte actora sostuvo lo
siguiente:
En ese sentido, la circular No. MT 2020020093071 del 11 de marzo de 2020 o la
referencia de pago No. 1012722 del 14 de enero de 2022, son actos informativos
sobre la existencia del proceso normalización, pero en modo alguno adoptan una
decisión de carácter definitivo sobre un asunto en particular que con posterioridad
habilite la intervención del Juez Contencioso Administrativo.
17. Respecto de la aplicación artículo 164 del CPACA, la sociedad actora considera
que se incurrió en un defecto sustantivo porque que el término de caducidad de 2 años
establecido en esa disposición para los procesos de reparación directa debe empezar a
contarse, en su caso, desde la fecha en que realizó el pago. Lo anterior porque desde
ese momento se concretó el perjuicio que se ocasionó con el registro irregular del
automotor.
18. Por otra parte, respecto del desconocimiento del precedente judicial, la
sociedad accionante sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
determinado que en virtud de los principios «pro-actione» y «pro damato» cuando existen
dudas sobre el término de la caducidad o el medio de control procedente, el proceso
debe admitirse con el objetivo de que esas vicisitudes se resuelvan en la sentencia.
19. Por lo tanto, la parte actora considera que en las decisiones censuradas se
desconoció la línea jurisprudencial de esta corporación que establece que los jueces
deben interpretar las normas a favor de los demandantes. Por ende, cuando existe una
duda razonable que impide la admisión de la demanda, esto es, cuando no hay una
conclusión clara y definida acerca del acaecimiento o no de la caducidad de la acción,
se debe privilegiar el derecho de acción, permitiéndose el trámite del medio de control.
20. La Sala considera importante resaltar que para fundamentar el desconocimiento
del precedente judicial la parte actora invocó como desconocidas las providencias del 2
de septiembre de 2020 y 13 de junio de 2019, emitidas por la secciones cuarta y primera
de esta corporación e identificas con los Rad. Nos.11001-03-15-000-2020-03500-00(AC)
y 25000-2341-000-2018-00498-01, pero se limitó a mencionar tales decisiones judiciales
sin brindar argumentos en procura de desarrollar el cargo.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. El despacho ponente de la presente decisión admitió esta acción de tutela
mediante auto del 14 de marzo del 2024. En esa providencia se ordenó notificar como
autoridades demandadas al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga. En esa providencia, además, se
vinculó como terceros con interés a la Nación – Ministerio de Transporte, al municipio de
de Guacarí y a Leasing Corficolombiana SA Compañía de Financiamiento.
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1.6. Informes
22. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo de Buga
23. El juez titular de ese despacho rindió informe en el que solicitó negar las
pretensiones de la presente acción de tutela. Para fundamentar su solicitud explicó que
su decisión no incurrió en los defectos alegados por la parte actora, razón por la cual su
providencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
24. En este sentido, afirmó que la sociedad actora pretende mediante esta tutela tener
una tercera instancia en donde discutir las razones por las que considera que no operó
el fenómeno de la caducidad en el medio de control interpuesto.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
25. El magistrado ponente de la decisión censurada rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente el presente mecanismo constitucional por no superar el requisito
de la relevancia constitucional. En efecto, sostuvo que la sociedad actora no explicó en
el escrito de tutela porque se supera este requisito de procedibilidad y, por ende, la tutela
no tiene una carga argumentativa suficiente que permita su examen de fondo.
26. Respecto del fondo sostuvo que no se configuran los defectos invocados porque
las disposiciones señaladas como desconocidas por el actor no fueron aplicadas en la
providencia censurada. Lo anterior porque interpretó la demanda de reparación directa
como de nulidad y restablecimiento del derecho. Por otra parte, sostuvo que no incurrió
en desconocimiento del precedente judicial porque los principios invocados se aplican
para casos de duda y en el asunto objeto de examen no había ningún reparo de que la
acción era de nulidad y restablecimiento del derecho y, además, había caducado.
1.6.3. Ministerio de Transporte
27. Luego de realizar un recuento de la política pública de modernización del parque
automotor de carga, la cartera ministerial solicitó declarar la falta de legitimación por
pasiva respecto de esa entidad. Esto, en la medida que las pretensiones de la sociedad
actora se dirigen a controvertir únicamente las decisiones de las autoridades judiciales
accionadas.
1.6.4. El municipio de Guacarí y la sociedad Leasing Corficolombiana SA Compañía de
Financiamiento, pese a ser debidamente notificadas del auto admisorio de esta tutela,
guardarón silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
sociedad Intranscar SAS contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Segundo Administrativo de Buga. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. Con fundamento en lo expuesto, la sala considera que la sociedad Intranscar SAS
está legitimada en la causa por activa. Esto, porque fue la parte demandante en el
proceso ordinario en el que se emitieron las providencias censuradas mediante esta
acción de tutela.
31. Por su parte, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y el Juzgado Segundo Administrativo de Buga están legitimados en la causa por pasiva
al ser las autoridades judiciales que profirieron las providencias reprochadas en esta
oportunidad.
32. Finalmente, el Ministerio de Transporte solicitó declarar su falta de legitimación
por pasiva respecto del presente proceso. La Sala no accederá a esta petición porque
esa entidad no fue vinculada como accionada, sino como tercera con interés. Lo anterior
porque conformó la parte demandada del medio de control en el que se profirieron las
decisiones atacadas mediante este mecanismo de amparo.
2.3. Problema jurídico
33. Lo primero que la Sala deberá analizar es si se superan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providenciase judiciales. De encontrarse
superados los mismos, se estudiará el siguiente problema jurídico:
¿Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos material o sustantivo
y desconocimiento del precedente judicial con las providencias proferidas en el medio de
control promovido por Intranscar SAS contra el Ministerio de Transporte y otros?
34. Para resolver los interrogantes planteados se abordarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
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providencias judiciales; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de
encontrarse superados, se procederá al análisis de (iii) el caso concreto y los defectos
planteados por la parte actora.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 20122. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema3. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales4.
36. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20145. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia6 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial7.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
7
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.
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37. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
38. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
40. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y
el de subsidiariedad, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de la relevancia constitucional
41. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
«relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 20058. En esta providencia se
señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se
cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra
la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como
ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
8
Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional
si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la
relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la
solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir
la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para
estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal
escapan del radio de acción de garantías superiores.
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asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes9. (Subrayado fuera de texto).
42. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta
exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202210, el Alto Tribunal unificó los criterios que
se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional.
43. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un
instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.
44. A su vez, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202211, modificó la
postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional,
en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan
a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de
desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía
constitucional.
45. De esta manera, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
9
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
10
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
46. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad con
los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.
2.6. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso en concreto
47. Esta sala considera que la discusión planteada carece de relevancia constitucional
por la falta de una carga argumentativa en el escrito de tutela que evidencie que el asunto
en cuestión conlleva un debate transcendental sobre el alcance o desarrollo de los
derechos fundamentales o los principios constitucionales.
48. En efecto, la Sala evidencia que la parte actora con este mecanismo constitucional
pretende debatir los argumentos utilizados por los jueces ordinarios para determinar si
sobre el medio de control interpuesto había operado el fenómeno de la caducidad. En
este sentido, el actor nuevamente reitera en esta tutela los argumentos esgrimidos en el
proceso ordinario, según los cuales su asunto se adecua a un proceso de reparación
directa en el que el daño se produjo con el pago de los derechos correspondientes para
iniciar el trámite de normalización de su vehículo.
49. Por su parte, el juez ordinario de primera instancia determinó que el daño se
presentó con el registro irregular del automotor, por lo que el pago realizado solo se
podría catalogar como un perjuicio producto del hecho dañino. Por ende, concluyó que
el proceso era de reparación directa pero el medio de control había caducado.
50. A su vez, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adecuó la demanda de
reparación directa a una de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior porque
en criterio de esta autoridad el daño se materializó con los actos administrativos que
determinaron el valor que debía pagar la parte actora por los derechos de normalización
del automotor. Pese a esta adecuación, el ad quem ordinario también concluyó que había
operado el fenómeno de la caducidad porque la demanda se presentó con posterioridad
a los 4 meses que se tiene para interponer este determinado medio de control de
conformidad con lo establecido en el artículo 164 del CPACA.
51. El anterior contexto le permite a la Sala concluir que el asunto planteado por la
sociedad actora no tiene relevancia constitucional porque con esta tutela nuevamente se
pretende que se debata qué medio de control era procedente y desde cuándo se debe
empezar a contar el término de la caducidad. Estos asuntos son propios de los jueces
contenciosos y, por ende, no es el juez de tutela el llamado a decidir de fondo sobre
estos temas.
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52. En este punto, se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de
tutela, toda vez que, si se analizaran solo los argumentos de la accionante en torno al
medio de control pertinente y su caducidad, sin el contraste de un indebido e irracional
estudio por parte de la autoridad judicial, atentaría contra el principio de autonomía
judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia12. Además, el asunto objeto de examen tiene como finalidad una indemnización
económica por el dinero que tuvo que pagar Intranscar SAS por la normalización de su
vehículo, aspecto que no guarda una relación directa con un derecho fundamental.
53. Por otra parte, Intranscar SAS invocó el desconocimiento del precedente judicial.
Sobre este cargo es preciso resaltar que esta Sección ha considerado que la parte que
invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que
considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete
a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
54. En este orden, es importante resaltar que, pese a que la parte actora identificó las
sentencias que considera desconocidas y prima facie identificó la regla desatendida; este
cargo no tiene una carga argumentativa suficiente porque las providencias invocadas no
guardan una relación fáctica con este caso dado que eran proceso en los que los jueces
manifestaron duda sobre el medio de control procedente, el término de su caducidad y
si los actos eran enjuiciables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
55. Es decir, la regla jurisprudencial invocada como desconocida en esas
providencias se debe aplicar cuando los jueces tengan duda legítima sobre la
procedencia o no del medio de control y, demás, requisitos procesales. En contraste, en
las sentencias censuradas, los jueces de ambas instancias no manifestaron o señalaron
duda alguna sobre la determinación tomada y la ocurrencia del fenómeno jurídico de la
caducidad.
56. En definitiva, la presente acción de tutela es improcedente por no superar el
requisito general de la relevancia constitucional porque los argumentos presentados por
la sociedad actora sobre los dos defectos que supuestamente incurrieron las sentencias
censuradas son de mera legalidad (defecto sustantivo) y no tiene una carga
argumentativa suficiente (desconocimiento del precedente judicial) dado que no hay una
similitud fáctica.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación pedida por el Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el
requisito general de la relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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