Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01284-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01284-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01284-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de abril de 2024
Demandante: Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01284-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01284-00
Demandante: SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela de fondo. Mora judicial. Se declara la carencia actual de
objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La empresa Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S., por intermedio de su
representante legal, el señor Juan Pablo Meza Morales1, interpuso acción de tutela 2
con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la Subsección
A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de
la falta de pronunciamiento y trámite respecto del memorial presentado el 13 de
diciembre de 2023, en el que solicitó « DESARCHIVO DEL PROCESO e INCIDENTE
DE DESACATO Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO» dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-37-000-
2014-00390-00, instaurado por la empresa accionante contra la Unidad
1
Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá, con fecha de 10 de febrero de 2024.
2
Radicada el 15 de marzo de 2024.
1
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Demandante: Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01284-00
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y
PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados a la sociedad SERVICIOS
TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA SUBSECCIÓN A,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado No. 25000233700020140039000.
SEGUNDA: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA SUBSECCIÓN A que proceda a resolver el memorial de
INCIDENTE DE DESACATO Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO radicado dentro del
proceso No. 25000233700020140039000 en fecha 13 de diciembre de 2023.3
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La entidad accionante informó que promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, asunto que fue resuelto en segunda
instancia con sentencia de 7 de abril de 2022 dictada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual revocó el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A que había negado las pretensiones de
la demanda, para, en su lugar, accederlas, en el sentido de declarar la nulidad de los
actos por los cuales la UGPP determinó la liquidación oficial por los periodos
transcurridos entre julio de 2011 y junio de 2012, y ordenó la devolución de los
valores pagados por Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S.
Indicó que, en cumplimiento del mencionado proveído, la UGPP expidió la resolución
RDC-2022-00464 de 13 de octubre de 2022, en la que se ordenó la devolución de los
aportes y de los intereses de mora.
Agregó que, al percatarse de que feneció el plazo que tenía la UGGP para acatar la
orden judicial, el 16 de enero de 2023 radicó un memorial ante el tribunal censurado
con el ánimo de solicitar la apertura de un incidente de desacato, liquidación del
crédito y costas del proceso. El 18 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
3
Cita y énfasis del texto original con posibles errores.
2
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Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, ordenó el archivo del proceso
ordinario.
Precisó que, el 13 de diciembre de 2023 radicó otro memorial con el cual pretendía el
desarchivo del proceso, y que se tramitaran el incidente de desacato y el de la
liquidación del crédito.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante manifestó que la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, debido a que ha transcurrido «más de 1 AÑO
desde la radicación del primer memorial contentivo de “INCIDENTE DE DESACATO
Y LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO”», sin que a la fecha de presentación de esta acción
constitucional hubiese obtenido pronunciamiento o trámite alguno.
Adicionó que la omisión de la autoridad demandada incurre en violación directa de la
Constitución ante la omisión de «pronunciarse o dar curso a los memoriales
contentivos del incidente de desacato fundamentados en el incumplimiento por parte
de la […] UGPP a una orden judicial», por lo que «la dilación y el retraso en el
procedimiento» por parte del tribunal perjudican gravemente los derechos de la
sociedad accionante ya que su patrimonio se ha visto afectado sin que medie una
justificación válida.
Indicó que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protegen los
derechos al debido proceso y a la igualdad en los artículos 7. ° y 8. °, así como en la
convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos que han sido ratificados
por el Estado colombiano.
Finalmente, precisó que tales garantías se encuentran reconocidas en la
Constitución Política y que su protección se materializa con el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la administración de justicia, en virtud de lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-154 de 2004.
1.5. Trámite de la acción
Mediante providencia de 20 de marzo de 2024, se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar en calidad de extremo demandado, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
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De otro lado, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado realizar una
publicación en la página web de la corporación, con la información de la solicitud de
amparo.
1.6. Contestación
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
por conducto de la magistrada ponente del medio de control ordinario, requirió que se
niegue el amparo deprecado por la sociedad demandante tras considerar que no se
transgredieron los derechos invocados, luego de efectuar las siguientes
explicaciones:
Frente a la solicitud formulada por la parte demandante, se emitió pronunciamiento
mediante auto de 1 de abril de 2024, en el que se señalaron los motivos que impiden
acceder a dicha solicitud, exponiéndole de manera clara los mecanismos procesales
con los que cuenta la parte accionante para el efectivo cumplimiento de la sentencia
dictada en segunda instancia por el H. Consejo de Estado.
Si bien no se emitió pronunciamiento previamente respecto de la solicitud radicada
desde enero de 2023, ello obedeció al desconocimiento por parte del despacho de su
presentación, toda vez que, como se señaló en precedencia, la Secretaría de la
Sección no lo ingresó, por el contrario, efectuó el archivo del proceso el 18 de julio de
20232, lo cual corresponde a una circunstancia imprevisible que impidió el
pronunciamiento entre la fecha de la presentación en enero de 2023 y el ingreso al
despacho en diciembre de esa misma anualidad, a escasos 4 días hábiles antes de la
vacancia judicial de fin de año, lo que constituiría una mora justificada en los términos
establecidos por la Corte Constitucional.4
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S., de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la presunta mora en el pronunciamiento y trámite frente al memorial de 16 de
enero de 2024, iterado el 13 de diciembre de la misma anualidad.
4
Cita del texto original con posibles errores.
4
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Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de
tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia;
(iii) la mora judicial; y (iv) el caso concreto.
2.3. La naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución 6, del derecho fundamental al debido
proceso7 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia8.
Los derechos mencionados ofrecen al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
5
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
7
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
8
Sentencia T-006 de 1992.
5
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procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley
[…]»9.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que,
ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico
aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y
ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»10.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”11, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso
de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben
descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo
tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas […]» 12.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia 13 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una
sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las
partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
9
Sentencia T-476 de 1998.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
11
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
12
Ibídem.
13
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional.
6
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que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»14.
2.5. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes. 15
Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales» 16.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de
hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó
que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente
y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.17
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
16
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17
Énfasis propio.
7
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en relación con la existencia de mora judicial18, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
2.6. Caso concreto
2.6.1. En el asunto de la referencia, la sociedad accionante alegó la vulneración de
sus derechos fundamentales, con ocasión de la presunta mora del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en pronunciarse o
dar trámite a la solicitud de apertura de un incidente de desacato y de liquidación del
crédito, ante el incumplimiento de la UGGP respecto de la orden judicial contenida en
la sentencia de 7 de abril de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
2.6.2. Al respecto, la Sala anuncia que declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, comoquiera que la autoridad censurada demostró dentro de este
trámite constitucional que expidió la providencia de 1. ° de abril de 2024, a través de
la cual le explicó a la parte actora cuáles son las razones que le impiden acceder a lo
pedido, y le indicó los mecanismos judiciales con los que cuenta para hacer efectivo
el cumplimiento de la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Adicionalmente, expuso los motivos por los cuales no tuvo conocimiento de la
existencia de los memoriales presentados el 16 de enero y 13 de diciembre de 2023,
en el entendido de señalar que se presentó un inconveniente con la Secretaría del
tribunal, dependencia que no le impartió el trámite correspondiente a las solicitudes
radicadas por la parte actora desde un principio.
Esto es así al verificar los anexos allegados con el informe presentado por la parte
demandada, de los que se destaca la providencia de 1. ° de abril de 2024, en la cual
se negó lo solicitado por ser improcedente y se le indicó a la sociedad actora lo que
se cita a continuación:
En primera medida se advierte que respecto al cumplimiento de providencias judiciales
proferidas dentro de los medios de control ordinarios previstos en el Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo no se contempla la
18
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
8
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posibilidad de dar apertura a un incidente de desacato por su incumplimiento, dicha
figura se encuentra instituida en normas especiales para el cumplimiento de fallos
proferidos en acciones o de tutela o en la que se esté persiguiendo la protección de
derechos e intereses colectivos, motivo por el cual no existe sustento normativo que
permita acceder a la solicitud de apertura de incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de lo ordenado en el fallo de segunda instancia proferido dentro del
presente medio de control.
En línea con lo anterior, se destaca que la liquidación de crédito de intereses
moratorios tampoco resulta ser una figura procesal que pueda adelantar el juez para el
cumplimiento de la sentencia, por lo que no es posible acceder a la misma.
Se precisa, que en consideración a la solicitud, para el cumplimiento de sentencias por
parte de entidades públicas en que hayan sido condenadas al pago o devolución de
una suma de dinero, los artículos 192 y 195 del CPACA establecen el procedimiento
que se debe seguir para tal fin, asimismo se advierte que para la ejecución de la
sentencia se debe seguir el trámite previsto en los artículo 297 y 298 ibidem y debe
partir precisamente de la solicitud del interesado para que el juez proceda a expedir el
correspondiente mandamiento de pago de las obligaciones de dar, contenidas en la
sentencia ejecutoriada que presta mérito ejecutivo, que para el presente asunto resulta
ser la proferida el 7 de abril de 2022 por el H. Consejo de Estado.
Al respecto, esta colegiatura destaca que en anteriores oportunidades se ha referido
a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera actual
e inminente.
Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción de
tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho fundamental
amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento
pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente
a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de
hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
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derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado.
Es por esto, la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la «carencia
actual de objeto» para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) «hecho superado», (ii) «daño consumado» o (iii) de aquella que se ha empezado
a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
«situación sobreviniente»19.
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de la solicitud de
amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo que no es posible
retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.
19
Entre otras, ver la sentencia T-494 de 1993.
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01284-00
Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer
cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto»20.
(iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto
de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración
de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad
para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado.
El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una
categoría homogénea y completamente delimitada.21
En ese orden, tal como se indicó en precedencia, con la providencia de 1. ° de abril
de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
se pronunció respecto de los memoriales radicados el 16 de enero y 13 de diciembre
de 2023, y le notificó al demandante vía electrónica dicho proveído el 2 de abril de
2024 como consta en el índice n. ° 86 del sistema de gestión judicial Samai, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25000-23-37-000-2014-00390-00.
Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en el
asunto de la referencia, con ocasión a que durante el trámite de este mecanismo
constitucional desapareció la circunstancia que podía originar algún quebrantamiento
de los derechos fundamentales de la sociedad demandante, de ahí que cualquier
orden que imparta esta Sala resultaría inane debido a que la presunta vulneración
cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.
20
Sentencia T-494 de 1993.
21
Ídem.
11
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Demandante: Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01284-00
2.7. Conclusión
La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en la tutela
ejercida por Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S. contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en atención a que
en el transcurso de este mecanismo constitucional cesó la causa de la presunta
transgresión de las garantías fundamentales invocadas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela promovida por la Servicios Temporales Asociados y CIA. S.A.S.
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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