Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01092-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01092-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01092-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01092-00
Accionante: SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S.
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Tema: TUTELA PARA PAGO DE ACREENCIA. Se declara improcedente
el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S solicitó a través del
representante legal, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la falta de “[…]
materialización efectiva del derecho ya reconocido […]” dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25000-23-37-
000-2014-00390-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que promovió la demanda ejecutiva núm. 25000-23-37-000-2014-00390-
00/02 contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de que se
librara mandamiento de pago por las sumas de dinero “[…] correspondientes a la
obligación insoluta dispuesta en la sentencia de Segunda instancia proferida por el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
H. Consejo de Estado el 7 de abril de 2022 […]” y por los intereses moratorios
causados.
2.2. Relató que a pesar de que ha presentado varios derechos de petición ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, con el fin de lograr el pago total de los saldos
adeudados y pese a que se libró mandamiento ejecutivo de pago a su favor, la
entidad administrativa no ha dado cumplimiento a la sentencia de 7 de abril de
2022.
2.3. Señaló que “[…] a pesar de haberse agotado todos los mecanismos
administrativos y judiciales a disposición […]”, a la fecha de la presentación1 de la
presente acción de tutela la UGPP no ha dado cumplimiento a la obligación
impuesta, “[…] pues subsisten saldos pendientes de pago, lo cual ha impedido la
materialización real del derecho reconocido judicialmente y ha generado una
afectación grave, actual y continuada a los derechos patrimoniales de mi
representada […]”
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. SE TUTELEN los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de SERVICIOS
TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S.
SEGUNDA. Que se ordene al H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN CUARTA Y AL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUDINAMARCA (sic) DESPACHO GLORIA ISABEL
CACERES MARTINEZ SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN “A” que dentro
del término perentorio que su despacho estime razonable y en todo caso no
superior a cuarenta y ocho (48) horas, adoptar las medidas procesales
necesarias y pertinentes para garantizar la materialización efectiva del derecho
reconocido en la sentencia del 7 de abril de 2022, asegurando el cumplimiento
real, oportuno e integral de lo allí ordenado. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de febrero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como tercero
con interés directo en el resultado del proceso a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP.
1 13 de febrero de 2026.
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Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia
del mecanismo de amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda
vez que la accionante cuenta con otro mecanismo para la defensa de sus intereses,
como lo es el proceso ejecutivo dispuesto en los artículos 297 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011, el cual se encuentra en curso.
5.2. La
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca informó que la accionante ha presentado las acciones de tutela
“[…]11001031500020240128400,11001031500020240298700,110010315000202504266
00,11001031500020250649500,11001031500020250753400[…]”, a través de las cuales
ha pretendido impulsar la ejecución de la sentencia núm. 25000-23-37-000-2014-
00390-00, y dentro de las cuales se han negado las pretensiones, tal como
pretende ahora con la presente acción de tutela.
5.3. Señaló que la accionante pretende con esta nueva acción de tutela, que se
pretermita una etapa dentro del proceso ejecutivo, esto es, el traslado que exige la
norma de las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago “[…] decisión
que se reitera tiene sustento legal y no constituye una dilación del proceso ejecutivo
sino el respeto de las garantías de la contraparte en el proceso, por lo tanto, la
decisión cuestionada por la accionante constituye una controversia de índole legal
y económica […]”.
5.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP manifestó que de acuerdo con lo
ordenado en la Resolución RDC-2022-0464 de 13 de octubre de 2022, las
administradoras que aún no han dado cumplimiento a la orden de devolución son:
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Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
5.5. Por lo anterior, solicitó su desvinculación y declarar improcedente el mecanismo
de amparo, en razón a que esa entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.8
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir que
el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, están
legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de autoridades
públicas, presuntamente responsables de las acciones y omisiones que, a
juicio del accionante, vulneraron sus derechos fundamentales […]”. [Subrayado
fuera del texto].
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
6 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
9. Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP es parte dentro del
proceso ejecutivo 25000-23-37-000-2014-00390-00 en el que se pretende el
cumplimiento de la sentencia de 7 de abril de 2022 objeto de la presente acción de
tutela, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser
vinculada en esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto.
VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
13. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
14. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01092-00
Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
15. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.
VI.5. El caso concreto
16. La sociedad Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S solicitó a través del
representante legal, la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la falta de “[…]
materialización efectiva del derecho ya reconocido […]” dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 25000-23-37-
000-2014-00390-00/02.
17. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de
Subsidiariedad.
VI.5.1. Sobre el requisito general de subsidiariedad en el caso sub examine
La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el artículo
86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y residual. Esto
significa que por regla general este instrumento de protección de derechos
fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean idóneos para
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.
18. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01092-00
Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
20. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”10.
21. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
9
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
10
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”11.
22. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
23. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
24. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante le
atribuye la vulneración de sus derechos a la falta de “[…] materialización efectiva
del derecho ya reconocido […]” mediante la sentencia de 7 de abril de 2022,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 25000-23-37-000-2014-00390-00/02 y del cual se adelanta el proceso
ejecutivo.
25. Precisó que, a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela la
UGPP no ha dado cumplimiento a la obligación impuesta por la mentada
providencia, por lo que en el escrito de tutela se solicitó “[…] adoptar las medidas
procesales necesarias y pertinentes para garantizar la materialización efectiva del
derecho reconocido en la sentencia del 7 de abril de 2022, asegurando el
cumplimiento real, oportuno e integral de lo allí ordenado […]”.
26. Esta Sección advierte que, la controversia no cumple con el requisito general de
procedencia de subsidiariedad porque: i) se encuentra en curso el proceso
ejecutivo núm. 25000-23-37-000-2014-00390-00; ii) el objeto de la controversia
tiene un alcance meramente económico; y iii) no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.
27. Al respecto, se observa que la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca adelanta el proceso ejecutivo núm. 25000-23-37-
000-2014-00390-00, cuyo título corresponde a la sentencia de 7 de abril de 2022,
en el cual se libró mandamiento de pago a favor de la sociedad Servicios
Temporales Asociados y CIA S.A.S. en contra de la Unidad de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y que, revisado el
expediente12, se advierte que el 19 de diciembre de 2025 se corrió traslado a la
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12 Índice 188 Samai, expediente 25000-23-37-00-2014-00390-02, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01092-00
Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
parte demandante de las excepciones y de la adición a las mismas propuestas por
la parte demandada.
28. En ese orden de ideas, el procedimiento judicial orientado al cumplimiento de la
obligación se encuentra actualmente en trámite. Además, se advierte que la parte
accionante ha promovido diversas acciones constitucionales con el propósito de
impulsar el proceso ejecutivo por una presunta mora judicial; no obstante, en dichas
actuaciones las pretensiones fueron negadas.
29. De conformidad con lo anterior, la acción de tutela no puede convertirse en un
mecanismo alternativo a los trámites judiciales establecidos para tal fin, por lo que,
aceptar una tesis distinta implicaría la desnaturalización de la acción de tutela,
aunado a que la pretensión de la accionante tiene un carácter netamente monetario.
30. Se debe precisar que, en últimas, lo pretendido por la accionante es que a través
de esta acción de amparo se ordene el cumplimiento y pago de la sentencia de 7
de abril de 2022.
31. La Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se cumple el requisito
general de subsidiariedad y tampoco se encuentra acreditado la configuración de
un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
32. Conforme a lo indicado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01092-00
Accionante: Servicios Temporales Asociados y CIA S.A.S.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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