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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02987-00

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02987-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-02987-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02987-00
Demandante: Servicios Temporales Asociados y
CÍA. S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02987-00
Demandante: SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CÍA. S.A.S.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso ejecutivo en el que se alega
una supuesta tardanza en proveer sobre la ejecución de una
sentencia judicial proferida en la jurisdicción contencioso
administrativa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía. S.A.S.1, quien
actúa a través de apoderado judicial, contra la Subsección “A” de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados al incurrir en mora judicial
injustificada en resolver sobre la solicitud de ejecución de la sentencia de 7 de
abril de 2022, proferida por la Sección Cuarta de esta corporación judicial en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
25000-23-37-000-2014-00390-02.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte accionante expresó que en el año 2014, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP), con el objeto de debatir la legalidad de los
actos administrativos proferidos por mora e inexactitud en la autoliquidación y
pagos a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, la cual por reparto le
correspondió a la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que por sentencia de 5 de diciembre de 2019 negó las
pretensiones de la demanda.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a

1
Presentada el 11 de junio de 2024.
1
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Demandante: Servicios Temporales Asociados y
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través de sentencia de 7 de abril de 2022, en la que revocó lo resuelto por el a quo
y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos acusados y a título de
restablecimiento del derecho dejó en firme las autoliquidaciones presentadas para
los períodos de julio a diciembre de 2011 y enero a junio de 2012 y ordenó a la
UGPP la devolución de las sumas pagadas por la sociedad demandante.

Manifestó que la UGPP en cumplimiento de la sentencia expidió la Resolución No.
RDC-2022-00464 de 13 de octubre de 2022, mediante la cual ordenó a las
administradoras del sistema general de seguridad social devolver a la sociedad
demandante los aportes e intereses de mora, más la actualización proyectada al
31 agosto de 2022.

Para terminar, indicó que a pesar de haber presentado varias solicitudes en
ejercicio del derecho fundamental de petición a la entidad demandada con el fin de
lograr el pago de los saldos adeudados, a la fecha la UGPP no ha cancelado la
totalidad de la obligación, por lo que el 29 de abril de 2024 le solicitó a la
Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dar trámite a la ejecución de la sentencia; sin embargo, no se ha procedido con la
actuación pendiente.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante promovió acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración, supuestamente
vulnerados en razón a la tardanza de la Subsección “A” de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en resolver sobre la solicitud de
ejecución de la sentencia de 7 de abril de 2022, proferida por la Sección Cuarta de
esta corporación en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el No. 25000-23-37-000-2014-00390-02.

Refirió que la UGPP no ha dado cumplimiento a la obligación impuesta por la
mencionada sentencia, por lo que de conformidad con el artículo 298 de la Ley
1437 de 2011 -CPACA-, se debe proceder a librar mandamiento de pago para
garantizar el cumplimiento de la orden judicial en cuestión.

Por último, sostuvo que la sociedad “como unidad económica y empleador” se
encuentra atravesando una situación económica compleja, producida por la
pandemia, por lo que no poder contar con el pago de la sentencia por parte de la
UGPP, afecta gravemente la sostenibilidad financiera de la compañía y podría
conllevar un proceso irreversible de liquidación.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:
“PRIMERA. Que se conceda la tutela amparando los DERECHOS FUNDAMENTALES
al DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – AFECTACIÓN POR MORA JUDICIAL.

SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUDINAMARCA DESPACHO MG. GLORIA ISABEL CACERES
MARTINEZ SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN “A”, a dar trámite inmediato y efectivo
a la ACCION EJECUTIVA instaurada por el LA ACCIONANTE contra la UNIDAD DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - U.G.P.P. en atención a la sentencia
calendada el pasado 07 de abril del año 2022, del Consejo de Estado – Sala de lo
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Contencioso Administrativo Sección Cuarta. librando el respectivo mandamiento de
pago y llevando el proceso a su culminación de manera expedita”.

4. Pruebas relevantes

Con el informe rendido, la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió copia del expediente digitalizado de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad Servicios
Temporales Asociados y Cía. S.A.S. cuyo demandado es la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- (rad. No. 25000-23-37-000-2014-00390-02).

5. Trámite procesal

Por auto de 13 de junio de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora
dispuso la admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa
providencia a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada -Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”-, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, en calidad de tercero con interés, así como a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les remitió copia
de la solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 217667 a
217670 de 14 de junio de 2024, con el fin de poner en conocimiento de las partes
y terceros con interés la precitada providencia2.

6. Oposición

Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “A”

La magistrada ponente del asunto del que se alega la presunta mora judicial
injustificada solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, por considerar
que no se demostró vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados,
ni la tardanza alegada.

Informó que por auto de 1º de abril de 2024, resolvió negar por improcedente la
solicitud de incidente de desacato y liquidación de crédito de intereses moratorios
presentada por la parte demandante, toda vez no eran los mecanismos procesales
con los que cuenta la parte accionante para el efectivo cumplimiento de la
sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

Señaló que la parte demandante el 29 de abril de 2024 radicó una solicitud
tendiente a que se librara mandamiento de pago, por lo que el 30 del mismo mes y
año el expediente ingresó al despacho, aguardando su turno para proveer al
respecto.

2
Las partes y terceros con interés fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
cartera@setatemporal.com; gerencia@fyalegal.com; asesorialegal@fyalegal.com;
rmemorialespcsec04tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co; agencia@defensajuridica.gov.co; defensajudicial@ugpp.gov.co y
notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co.
3
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Mencionó que el 21 de mayo de 2024, la parte accionante presentó solicitud de
impulso procesal, alegando “urgencia imperiosa de librar mandamiento de pago”,
dado que la demora en ello podría afectar gravemente tanto a la empresa como a
los trabajadores de la misma.

Sostuvo que “una vez examinado el escrito de demanda de la acción de tutela que
nos ocupa, no se advierte que la parte actora sustente adecuadamente la forma
en que el Despacho Judicial que presido ha vulnerado los derechos
fundamentales que considera conculcados, su acción se fundamenta en los
hechos acaecidos dentro del proceso que originó la pretensión de ejecución de la
obligación impuesta a la demandada en el fallo de segunda instancia proferido
dentro del precitado proceso judicial a mi cargo, exponiendo la mora en el pago de
los dineros adeudados pero sin puntualizar mediante qué acciones u omisiones
este Despacho a conculcado sus derechos”.

Expresó que si bien a la fecha de la presente contestación no se ha proveído
sobre la solicitud de librar mandamiento de pago, esto no obedece a un capricho
injustificado, sino al turno que le corresponde para proveer atendiendo los distintos
procesos a cargo por materia y orden de entrada, lo que “impide dar exclusividad
al trámite del proceso sobre el que recae la acción de tutela de la referencia más
aún, si se tiene en cuenta que el último pronunciamiento del Despacho dentro del
mismo se realizó hace menos de tres meses y la solicitud de librar mandamiento
que motivo esta acción se presentó hace un poco más de mes y medio (…)”.

Por último, adujo que la acción de tutela es utilizada para “suplir la falta de técnica
procesal en la adecuada interposición de los mecanismos con los que cuenta la
parte demandante para el efectivo cumplimiento de la sentencia”, el cual resulta un
desgaste injustificado para la administración de justicia.

7. Tercero vinculado

Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-

La subdirectora de defensa judicial de la entidad rindió informe en el que solicitó
que se desvinculara de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante y, además, porque las pretensiones están dirigidas contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”.

Indicó que la entidad ya cumplió con lo ordenado en la sentencia proferida en el
proceso ordinario, puesto que mediante la Resolución No. RDC-2022-00464 de 13
de octubre de 2022 ordenó a las administradoras del sistema general de seguridad
social la devolución de los aportes, por lo que son estas las encargadas de realizar
la devolución del dinero adeudado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

La UGPP en el informe rendido en este trámite constitucional argumentó la falta de
legitimación en la causa por pasiva, debido a que considera que no es
responsable de materializar las pretensiones del demandante.

Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que
así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable, además de la
legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, que la persona o entidad contra quien se dirige la solicitud
de amparo tenga un interés legítimo, de la siguiente manera:

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.

Del análisis del expediente ordinario, la Sala observa que en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho la UGPP actuó en calidad de
demandado, lo que resulta razón suficiente para vincularlo como tercero con
interés en el resultado del presente trámite, en el que se pretende que se ordene a
la autoridad judicial accionada resuelva la solicitud de ejecución de la sentencia 7
de abril de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (radicado
No. 25000-23-37-000-2014-00390-02).

Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación atendiendo a que su
vinculación se basa en motivos fundados que evidencian que tiene interés en el
resultado del presente asunto.

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3. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró a la parte accionante los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración, con la supuesta
tardanza en resolver sobre la solicitud de ejecución de la sentencia de 7 de abril
de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No.
25000-23-37-000-2014-00390-02.

De manera previa, la Sala constatará si en el presente asunto se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que verificadas las
actuaciones en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, la autoridad judicial
accionada profirió auto de 3 de julio de 2024, por medio del cual requirió al
demandante con el fin de librar mandamiento de pago.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía. S.A.S., quien actúa a
través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Subsección “A”
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pide
el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados porque ha
incurrido en mora judicial injustificada en resolver sobre la solicitud de ejecución
de la sentencia de 7 de abril de 2022, dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el No. 25000-23-37-000-2014-00390-02.

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5.2. De las pruebas allegadas al expediente constitucional, se evidencia que el 29
de abril de 2024 el accionante radicó un memorial ante la autoridad judicial
accionada, en el que solicitó lo siguiente3:

“(…) solicito a su despacho que con fundamento en la Sentencia de fecha 07 de abril
de 2022 proferida por el Honorable Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Cuarta, dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado No. 25000-23-37-000-2014-00390-02, se sirva,
previo los trámites correspondientes, LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de
la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES-U.G.P.P. (…)”.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que la mora judicial se define
como la conducta dilatoria del juez en resolver sobre un determinado asunto que
conoce dentro de un proceso judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta
desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, evento
en el cual constituiría un obstáculo para el acceso a la administración de justicia4.

Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite5.

Así las cosas, el escenario descrito por la parte actora permite a Sala concluir que
la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no ha incurrido en una mora judicial violatoria de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso de administración de justicia, puesto
que como quedó evidenciado en la contestación de la solicitud tutela, la demora
en proveer sobre la solicitud formulada por el accionante corresponde al sistema
de turnos asignado al proceso por su materia y orden de entrada.

Al respecto, se debe precisar que la acción de tutela no es un mecanismo
constitucional previsto para el impulso de los trámites judiciales, pues para ello el
interesado debe dirigirse al respectivo funcionario judicial, a lo que se agrega que
en el presente asunto no se configuró la mora judicial alegada por el demandante.

No obstante, verificadas las actuaciones registradas en el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, la Sala constata que por medio de auto de 3 de julio de 2024, la
magistrada ponente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al
estudiar sobre la procedencia de librar mandamiento de pago, requirió al
ejecutante con el fin de que aportara la solicitud de pago presentada ante la
UGPP, en los siguientes términos:

“Sin embargo, dentro de las pruebas y anexos aportados no se observa la solicitud de
pago que el ejecutante afirmó haber realizado directamente ante la entidad ejecutada.
Se precisa que si bien, la solicitud echada de menos no comporta un elemento del título
ejecutivo, lo cierto, es que conforme los artículos 192 y 298 del C.P.A.C.A.,
corresponde a un requisito previo que tiene injerencia en la causación de los intereses
moratorios.

3
Visible a índice 15 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI.
4 Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-

00052-01(AC).
5
Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
7
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Nótese que de acuerdo con las normas citadas, si el actor presentó la solicitud de pago
dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, se causaran réditos
desde esta última, a la tasa de interés bancario corriente certificada por la
Superintendencia Financiera6 , de lo contrario, los intereses cesaran y se reanudaran a
partir del momento en que se radique la petición.

(…)

En consecuencia, se requerirá a la parte ejecutante para que en el término de cinco (5)
días, aporte la solicitud de pago presentada ante la U.G.P.P., respecto de las condenas
impuestas en la Sentencia de Segunda instancia proferida por el H. Consejo de Estado
el 7 de abril de 2022 (exp. 25317)”.

Adicionalmente, la Sala evidencia que la decisión fue notificada mediante estado
el 4 de julio de 2024 y que el accionante por medio de memorial radicado en la
misma fecha dispuso atender al requerimiento del auto mencionado.

5.3. Así las cosas, en el presente asunto se configura el fenómeno de la carencia
actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que la pretensión
formulada por el actor gravita en que se dé trámite a la solicitud de ejecución de la
sentencia de 7 de abril de 2022, emanada de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el No. 25000-23-37-000-2014-00390-02, la cual se encuentra satisfecha. De
este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia7.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20198, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

6
Art. 311 de la Ley 1819 de 2016.
7
Corte Constitucional, sentencias T-229 de 2023, SU-522 de 2019, T-205A de 2018, T-261 de 2017, T-481 de
2016, T-321 de 2016 y T-200 de 2013, entre otras. El hecho superado ocurre cuando “la amenaza o
vulneración del derecho fundamental ha sido superada o resuelta de alguna forma después, o incluso antes,
de que el accionante acude a la acción de tutela” (T-229 de 2023). En consecuencia, no tiene sentido un
pronunciamiento por parte del juez constitucional, en la medida que “la posible orden que impartiría el juez
caería en el vacío” (SU-522 de 2019).
8 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

8
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El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”9.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”10.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”11.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
porque se acreditó la configuración de un hecho superado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.

Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

9 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
10 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
11
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02987-00
Demandante: Servicios Temporales Asociados y
CÍA. S.A.S.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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