Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06495-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06495-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06495-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-06495-00
Demandante SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CÍA. SAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela. Proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de
orden contenida en sentencia judicial. Derecho de petición en proceso
judicial. Mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS, de conformidad con lo
dispuesto en los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de octubre de 20251, por conducto de apoderado, la sociedad Servicios
Temporales Asociados y Cía. SAS. promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de petición.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. SE TUTELEN los derechos fundamentales al DERECHO DE PETICIÓN,
DEBIDO PROCESO y a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de SERVICIOS TEMPORALES
ASOCIADOS Y CIA S.A.S., vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bogotá D.C.–
Sección Cuarta.
SEGUNDA. Que se ordene al Tribunal accionado emitir respuesta de fondo, completa y
motivada al derecho de petición radicado el 22 de septiembre de 2025 por la empresa, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela».
2. Hechos
De la revisión del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La empresa Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS promovió demanda
ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP (en adelante
UGPP) con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor conforme
al título ejecutivo consistente en la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
autoridad judicial que conoció el medio de control de nulidad y restablecimiento
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Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS
en primera instancia, asumió el trámite del proceso ejecutivo (expediente 25000-
23-37-000-2014-00390-00).
Mediante providencia del 25 de septiembre de 2024, se libró mandamiento de
pago a favor de la sociedad ejecutante.
En la misma fecha, por auto independiente el Tribunal corrió traslado a la parte
demandada de la solicitud de medidas cautelares, por el término de 5 días,
para que se pronunciara al respecto.
2.3. El 18 de octubre de 2024 la UGPP presentó escrito de excepciones,
concretamente propuso la denominada «pago de la obligación. De la excepción
se corrió traslado a la sociedad ejecutante el 9 de octubre de 2024, quien se
pronunció oponiéndose a su prosperidad.
Posteriormente el 1º de noviembre de 2024, la ejecutante presentó memorial
en el que se pronunció frente a las excepciones de mérito propuestas por la
UGPP.
2.4. Por auto del 22 de enero de 2025, el tribunal rechazó por extemporáneo el
recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por la UGPP y, tuvo
por extemporánea la presentación de excepciones.
Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición y en
subsidio súplica.
Por auto del 18 de julio de 2025 el tribunal repuso la decisión en el sentido de
tener por presentado en tiempo el recurso de reposición y en “subsidio
súplica”, y el escrito de excepciones. Sin embargo, no modificó el
mandamiento de pago del 25 de septiembre de 2024.
2.5. Continuando con el trámite del proceso ejecutivo, en auto del 30 de julio de
2025 el tribunal decretó la medida cautelar de embargo y retención de sumas
de dinero depositadas en las cuentas bancarias que tuviera la UGPP; decisión
que fue recurrida en apelación el 8 de agosto de 2025.
La sociedad ejecutante presentó memorial de réplica el 12 de agosto de 2025
en el que consideró que el mencionado recurso era extemporáneo.
La sociedad actora presentó memorial de impulso procesal el 9 de septiembre
de 2025.
2.6. El 22 de septiembre de 2025 la sociedad ejecutante solicitó que se ordenara
seguir adelante con la ejecución a fin de garantizar el cumplimiento de la
respectiva obligación.
El expediente ingresó al despacho con las diversas solicitudes y recurso de
apelación el 10 de octubre de 2025.
2.7. Por auto del 12 de noviembre de 2025 el tribunal accionado dispuso tener por
contestada la demanda por parte de la UGPP y ordenó correr traslado de las
excepciones propuestas a la contraparte.
También se refirió al derecho de petición presentado por la parte ejecutante el
22 de septiembre de 2025 y sostuvo que, como se le había indicado en
anteriores oportunidades, lo solicitado no constituía una petición por lo que era
improcedente toda vez que la solicitud estaba relacionada con el desarrollo del
proceso y advirtió que esta sería evacuada en la etapa procesal dispuesta para
el efecto.
Por auto de la misma fecha, 12 de noviembre de 2025, rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación propuesto por la UGPP.
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2.8. En memorial del 12 de noviembre de 2025 el representante legal de la
sociedad actora presentó reiteración al derecho de petición inicialmente
presentado el 22 de septiembre de 2025.
3. Fundamentos de la acción
La sociedad actora indicó que se vulneraban sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Precisó que radicó una petición formal ante el tribunal accionado solicitando
celeridad en la actuación procesal relacionada con la ejecución de la sentencia, pero
que el despacho ha omitido pronunciarse dentro del término legal establecido en la
Ley 1755 de 2015 que señalaba que la autoridad está en el deber de resolver
peticiones en un término no mayor a 15 días hábiles.
Indicó que con tal actuar se desconocía el derecho de acceso formal a los
despachos judiciales, a obtener decisiones efectivas y a que las providencias se
cumplieran en forma oportuna.
Se refirió al debido proceso y sostuvo que tal derecho implicaba que en toda
actuación del poder público incluidos los tribunales, se observaran las garantías
mínimas que aseguraban la plena vigencia de los derechos de las partes como el
derecho a ser oído, a presentar pruebas, a obtener motivación de las decisiones, a
una decisión en un plazo razonable y al deber de las autoridades de dar respuestas
de fondo.
En ese orden de ideas, sostuvo que cuando un tribunal, pese a existir sentencia
ejecutoriada y mandamiento de pago, omitía avanzar en la ejecución o en responder
las solicitudes que buscaban su cumplimiento incurría en una vulneración directa
del derecho de acceso a la justicia y a los principios de eficacia, celeridad y buena
fe.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 24 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela promovida
por la sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS.; se ordenó
notificar a las partes demandante y demandada; y se vinculó como terceros
con interés a la UGPP, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y al Ministerio Público.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, presentó escrito de oposición en el que hizo un recuento de
las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo que actualmente adelanta y
en el que la sociedad actora es parte ejecutante.
Sostuvo que la petición del 22 de septiembre de 2025 que es objeto de la
presente acción en realidad es un memorial con el que la sociedad ejecutante
busca que se le imparta celeridad al proceso, pero que no constituye en sí
mismo un derecho de petición.
Mencionó una acción de tutela anterior de la que conoció esta misma Sección2,
cuyas partes eran las mismas y que tenía que ver con el mismo proceso judicial
en curso y dijo que precisamente allí se indicó que las solicitudes presentadas
ante autoridades judiciales que tuvieran que ver con el proceso no constituían
en sí un derecho de petición y por tanto no se regían por esas normas.
En cuanto al trámite del proceso ejecutivo explicó que se ha venido atendiendo
en un tiempo razonable, dentro del turno en el que se encuentra y sin que se
advierta dilación alguna.
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Expediente 11001-03-15-000-2025-04266-00.
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Demandante: Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS
Explicó que el expediente se encuentra al despacho desde el 29 de julio de
2025 para pronunciarse sobre las excepciones presentadas por la parte
ejecutada y que desde el 10 de octubre del año en curso está pendiente de
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el
auto de medidas cautelares.
Precisó que, conforme al orden que corresponde en atención a los demás
procesos judiciales a cargo del despacho, el trámite objeto del requerimiento
de la parte actora sería impartido en la segunda semana del mes de
noviembre.
Finalmente, destacó que no era admisible que el actor pretendiera impulsar el
proceso judicial a partir de la interposición reiterada de acciones de tutela,
pues que dicho mecanismo excepcional no estaba dispuesto para tal fin, en
particular, cuando no se presentaba mora judicial alguna ni el desconocimiento
de las garantías del demandante.
Agregó que la conducta de la sociedad tutelante es temeraria e implica un
desgaste injustificado para la administración de justicia, que no se acompasa
con los deberes y responsabilidades que le asisten a las partes y sus
apoderados. Por lo que pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
En escrito separado allegó el listado de los procesos que tiene a cargo el
despacho, relacionando el turno en el que se encuentra el proceso ejecutivo
en el que la sociedad es parte ejecutante.
4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, rindió informe
en el que pidió ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva
pues consideró que lo pretendido por la parte actora no tenía que ver con la
entidad.
4.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasiva
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, pidió ser desvinculada de la presente
acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,
la UGPP fue vinculada al proceso constitucional en calidad de tercero con interés al
ser parte ejecutada en el proceso ejecutivo que actualmente se tramita ante el
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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y no como
parte accionada.
De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991 4, le asiste interés legítimo en el resultado de este proceso
constitucional y por tal motivo debe permanecer vinculada a éste en la calidad de
tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala
negará la solicitud de desvinculación propuesta.
3. Planteamiento del problema jurídico
La sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS pretende que se ampare
su derecho fundamental de petición por la falta de respuesta a la solicitud que
presentó el 22 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en el proceso ejecutivo que se
tramita actualmente en esa Corporación, razón por la que corresponderá determinar
si la autoridad judicial vulneró el citado derecho a la sociedad actora.
Asimismo, atañe a la Sala establecer si el mencionado tribunal incurrió en mora
injustificada en el trámite del proceso ejecutivo que actualmente tramita el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A (radicación 25000-
23-37-000-2014-00390-00).
4. Peticiones ante autoridades judiciales
4.1. Aunque en principio toda solicitud que se presente ante las autoridades
públicas o privadas debe entenderse como el ejercicio del “derecho de
petición”, existen algunas solicitudes que no se rigen bajo las normas previstas
en la primera parte de la Ley 1437 de 2011, modificadas por la Ley 1755 de
2014, por no tratarse verdaderamente de “derechos de petición”.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido que las reglas del
derecho fundamental de petición no son aplicables cuando se le solicita a un
servidor de la Rama Judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que
las peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas en
procedimientos propios y no por el artículo 23 de la Constitución Política ni por
los artículos 13 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 que regulan el derecho de
petición.
Por tanto, los memoriales y los recursos presentados en el curso de un proceso
judicial se rigen por los términos y etapas procesales previstos por el
legislador, y en general, por las leyes procedimentales propias de cada
mecanismo judicial. Esto significa que las peticiones y escritos que se
interponen ante autoridades judiciales sobre aspectos relacionados con el
litigio se regulan por las reglas propias de cada juicio. De manera que en tales
eventos no debe expedirse una respuesta como la dispuesta en las normas
que regulan el derecho de petición ni en los tiempos allí establecidos, sino que
el juez deberá proceder conforme las leyes específicas aplicables para el caso.
Se reitera, entonces, que las disposiciones que rigen el derecho de petición
no son aplicables a las solicitudes que pretendan obtener
pronunciamientos relacionados con procesos judiciales, así estos se
presenten bajo el rótulo de derecho de petición.
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Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
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De no existir tal diferenciación, se vulnerarían las formalidades que deben
observar las partes, el juez y los terceros interesados, cuyo principal propósito
es garantizar el debido proceso.
4.2. Para distinguir si la petición presentada en un proceso judicial constituye un
verdadero derecho de petición o si, por el contrario, hace alusión a una
solicitud judicial, ha dicho la Corte que «…es necesario establecer su esencia de
tal manera que, se debe identificar si la respuesta implica una decisión judicial sobre
algún asunto relacionado con la litis o con el procedimiento, casos en los cuales la
contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional y así, el juez, por
más que lo invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones
normativas del derecho de petición sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá dar
prevalencia a los términos, procedimientos y contenidos de las actuaciones que correspondan
a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto el juez como las partes» 5. (Negrillas fuera
del texto original).
En armonía con lo anterior, en la Sentencia T-172 de 2016 la Corte
Constitucional explicó nuevamente las diferencias entre un derecho de petición
y una solicitud presentada ante un juez de la República:
«La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a presentar
peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas, siempre y cuando el
objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial
adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de
carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los j ueces,
puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la
actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los actos de carácter judicial,
se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.
En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el derecho
de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del
proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el
operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al
respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso
judicial».
4.3. En conclusión, no son derechos de petición las solicitudes presentadas ante
un juez de la República que versen sobre un proceso judicial adelantado por
este último, ya sea que la solicitud recaiga sobre la cuestión debatida en el
caso o sobre un asunto de procedimiento del proceso en cuestión. Y, por lo
tanto, al no tener esa naturaleza, las solicitudes de esas características
presentadas ante servidores judiciales no se rigen por el artículo 23 de la
Constitución Política ni por los artículos 13, 14, 15 y siguientes de la Ley 1437
de 2011 que regulan el derecho de petición.
5. La mora judicial injustificada
5.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»6.
5
Corte Constitucional. Sentencia T–311 de 2013
6
Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional
6
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.
5.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia7. Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.
Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso si la
conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o
para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de
una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.
De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia 8.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega».
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza. En la Sentencia SU-394 de
2016, la Corte Constitucional precisó que la mora judicial injustificada, se
presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación y (iii) la tardanza sea
imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del
funcionario judicial.
Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta Corte señaló
que se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso
concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes;
(iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten
en el trámite.
7
Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radicado:
11001-03-15-000-2014-01444-00.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
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6. Análisis del caso
6.1. De acuerdo con los antecedentes del caso, la sociedad actora cuestiona la
ausencia de una respuesta a la petición que radicó el 22 de septiembre de
2025 ante la autoridad judicial accionada.
Revisado el contenido de la solicitud presentada ante el juez natural, se
evidencia que lo peticionado es que se ordene seguir adelante con la ejecución
con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación contenida en la
sentencia que le fue favorable a sus pretensiones, máxime cuando según
relató en su escrito, en el proceso ejecutivo ya se había librado mandamiento
de pago y habían sido decretadas medidas cautelares encaminadas a
materializar el cumplimiento de la obligación.
Textualmente la petición fue la siguiente:
«ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, disponiendo lo que en derecho
corresponda para garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación impuesta en sentencia
judicial, evitando que se continúe afectando los derechos patrimoniales de SERVICIOS
TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. – SETA».
En este sentido y conforme con la motivación precedente, precisa la Sección
que el asunto no debe analizarse a la luz de las normas que regulan el derecho
fundamental de petición, pues en realidad se trata de un asunto judicial en el
que, las partes se comunican con el juez y hacen las solicitudes que estimen
pertinentes al caso, mediante la presentación de memoriales.
En este caso, de la lectura de los argumentos de la petición a la que alude, se
evidencia que lo que busca es que se dé celeridad al trámite ejecutivo, se
ordene seguir adelante con la ejecución y finalmente se logre el pago de lo
ordenado en la sentencia ordinaria, de modo que el hecho de que se dirija
como un derecho de petición, esto no significa que se trate de esta figura en
estricto sentido, por lo que no podría reclamar una respuesta en los términos
de la Ley 1437 de 2011 y en ese orden de ideas, no podría hablarse de una
vulneración de este derecho fundamental.
6.2. De las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo a cargo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, se
evidencian como relevantes las siguientes:
Fecha de la actuación Actuación
Libra mandamiento de pago a favor de la sociedad actora.
25 de septiembre de 2024
Se corre traslado de la solicitud de medidas cautelares.
UGPP presenta recurso de reposición y en subsidio apelación contra auto que libra
9 de octubre de 2024 mandamiento de pago.
Se corre traslado del recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por
15 de octubre de 2024 la UGPP
15 de octubre de 2024 Sociedad ejecutante descorre el traslado de los recursos presentados por la UGPP
18 de octubre de 2024 UGPP presenta excepciones de mérito
Sociedad ejecutante descorre traslado de las excepciones de mérito y renuncia a
31 de octubre de 2024 los términos del traslado
22 de noviembre de 2024 Sociedad ejecutante allega memorial con petición
26 de noviembre de 2024 Pasa al despacho
Rechaza por extemporáneos recursos de reposición y apelación interpuestos por
22 de enero de 2025 la UGPP y tuvo por extemporáneo el escrito de excepciones presentado por la
UGPP el 18 de octubre de 2024
Sociedad ejecutante presenta escrito en el que se pronuncia de la excepción de
23 de enero de 2025 pago de la obligación propuesta en su momento por la ejecutada, UGPP.
UGPP presenta recurso de reposición y en subsidio súplica contra el auto del 22
27 de enero de 2025 de enero de 2025
Sociedad ejecutante presenta memorial en el que se pronuncia de los recursos de
27 de enero de 2025 reposición y subsidio súplica propuestos por la UGPP
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Fecha de la actuación Actuación
11 de abril de 2025 Sociedad ejecutante presenta memorial de impulso procesal
2 de julio de 2025 Sociedad ejecutante presenta derecho de petición
3 de julio de 2025 Ingresa al despacho
Sociedad ejecutante presenta memorial en relación con motivos de inconformidad
14 de julio de 2025 en relación con unas cuentas bancarias de la UGPP, relacionado con las medidas
cautelares
Auto repone la decisión del 22 de enero de 2025, en consecuencia:
i) repone la decisión de rechazo por extemporáneos de los recursos de
reposición y en subsidio de apelación y en su lugar, los tiene por presentados
en tiempo, así como el escrito de excepciones,
18 de julio de 2025
ii) no repone la decisión que libró mandamiento de pago y rechaza por
improcedente apelación contra mandamiento de pago y,
iii) ordena se contabilice nuevamente el término del traslado de la parte
ejecutada.
21 de julio de 2025 Pasa al despacho medida cautelar
UGPP adiciona excepciones de mérito inicialmente presentadas el 18 de octubre
23 de julio de 2025 de 2024
Sociedad ejecutante descorre traslado de adición de excepciones de mérito
25 de julio de 2025 presentadas por la ejecutada, UGPP
30 de julio de 2025 Auto decreta medidas cautelares de embargo y retención de dineros a la UGPP
Sociedad ejecutante allega certificación de cuenta bancaria para rembolso de
1° de agosto de 2025 dinero
La UGPP presenta recurso de apelación contra la decisión del 30 de julio de 2025
8 de agosto de 2025 por el que se decretan medidas cautelares
La parte ejecutante presenta memorial de réplica al recurso presentado por la
12 de agosto de 2025 UGPP e indica que es extemporáneo
9 de septiembre de 2025 La parte ejecutante, hoy accionante, presenta memorial de impulso procesal
La sociedad actora presenta derecho de petición con el fin de que se ordenara
22 de septiembre de 2025 seguir adelante con la ejecución
El proceso ingresa al despacho con las diversas solicitudes presentadas por las
10 de octubre de 2025 partes
El tribunal dispuso:
(i) tener por contestada la demanda por parte de la UGPP
(ii) Correr traslado a la parte ejecutante de las excepciones propuestas
12 de noviembre de 2025 En su parte considerativa, se refirió al derecho de petición presentado el 22 de
septiembre de 2025 por la parte actora y sostuvo que lo solicitado no constituía un
derecho de petición por lo que era improcedente, toda vez que la solicitud estaba
relacionada con el desarrollo del proceso y dijo que sería evacuado lo solicitado en
la etapa procesal correspondiente
El tribunal resolvió rechazar por extemporáneo el recurso de apelación presentado
por la ejecutada, esto es, la UGPP y, en consecuencia, ordenó oficiar nuevamente
12 de noviembre de 2025 a los gerentes de las distintas entidades financieras para que procedieran a
retener las respectivas sumas conforme lo ordenado en el auto del 30 de julio de
2025
El representante legal de la sociedad actora presentó escrito de reiteración al
12 de noviembre de 2025 derecho de petición presentado el 22 de septiembre de 2025
6.3. En el informe rendido en el presente trámite de tutela, el tribunal accionado
indicó que ha venido resolviendo todos y cada uno de los recursos y escritos
presentados en el proceso, dentro de los turnos en los que se encuentra el
asunto, sin que se advierta una dilación en el respectivo trámite. Y agregó que
si bien lo pretendido por la sociedad accionante era que se pagaran las sumas
ordenadas en la sentencia, no podía desconocerse que la parte ejecutada, en
ejercicio de su derecho de defensa, ha interpuesto recursos que deben ser
resueltos.
6.4. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que las distintas actuaciones en
el proceso ejecutivo bajo estudio se han llevado a cabo sin que se evidencie
un retardo considerable entre cada trámite procesal y, pese a que la sociedad
manifiesta que se han presentado los pronunciamientos del caso en cada uno
de los recursos y de las excepciones que ha presentado la UGPP como
entidad ejecutada, el despacho sustanciador del proceso ejecutivo ha venido
resolviendo los recursos y solicitudes que se han presentado, previo a
continuar con la ejecución como lo pretende la parte actora.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00
Demandante: Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS
En este sentido, para el momento en que se presentó la presente demanda de
tutela (15 de octubre de 2025), el proceso venía tramitándose y, había sido
ingresado al despacho el 10 de octubre de 2025 para resolver las solicitudes
y recursos presentados, lo que fue resuelto por el Tribunal en providencia del
12 de noviembre de 2025 (notificada a las partes por estado del 13 de noviembre
de 2025) en el que se refirió a la solicitud presentada por la parte actora:
«Finalmente, advierte el Despacho que el 22 de septiembre del año en curso, el ejecutante
presentó derecho de petición, mediante el cual, solicitó: “ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON
LA EJECUCIÓN, disponiendo lo que en derecho corresponda para garantizar el cumplimiento efectivo
de la obligación impuesta en sentencia judicial, evitando que se continúe afectando los derechos
patrimoniales de SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. – SETA.” (índice 178
SAMAI).
Al respecto, es del caso reiterar lo indicado en el proveído del 22 de enero de 2025 (índice
129 SAMAI), en el sentido que la jurisprudencia ha decantado que el derecho de petición es
improcedente en el trámite de los procesos judiciales sujetos a una reglamentación especial,
toda vez que las solicitudes deben presentarse y ser resueltas en los términos que la ley
señale para el efecto. Puntualmente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha precisado:
(…)
Por lo anterior, el derecho de petición elevado por el actor resulta improcedente, toda vez que
la solicitud está relacionada con el desarrollo del proceso y será evacuada en la etapa procesal
dispuesta para ello, pues versa sobre la orden de seguir adelante con la ejecución, aspecto
respecto del cual, no se puede proveer en esta fase, pues vulneraría el derecho de defensa
de la entidad convocada al juicio y desconocería el principio de eventualidad y la garantía del
debido proceso».
Es de anotar que, en la misma fecha en que se emite dicho proveído, el
representante legal de la sociedad actora presentó escrito reiterando la
petición del 22 de septiembre de 2025.
6.5. Para la Sección, pese a que se evidencia que la sociedad actora ha ejercido
un papel activo y diligente en las etapas del proceso, lo cierto es que no es
posible lo que pretende, esto es, que se ordene continuar con la ejecución y
de esta manera se ordene obtener el pago a la mayor brevedad, pues el
Tribunal ha venido resolviendo los recursos interpuestos por la contraparte, lo
que es acorde con el debido proceso que debe ser garantizado a las partes en
el respectivo trámite judicial.
A esto debe sumarse que la autoridad judicial accionada ya se ha pronunciado
en relación con la naturaleza de las peticiones que presenta y que rotula como
derechos de petición tal como lo manifestó recientemente el mismo tribunal en
la providencia del 12 de noviembre de 2025 citada, en la que justamente trajo
a colación respuesta anterior en el mismo sentido y que dijo, le fue explicado
a la parte actora en providencia del 22 de enero de 2025 cuando pretendió dar
el alcance de derecho de petición a una solicitud en el marco del trámite
judicial.
También resulta oportuno mencionar que en anterior oportunidad 9 esta sala se
pronunció en un caso de similares contornos en la que también la parte actora
cuestionó por vía de tutela la ausencia de pronunciamiento frente a la solicitud
del 2 de julio de 2025 en el mismo proceso ejecutivo, con idéntico propósito,
esto es, que se ordenara seguir adelante con la ejecución y se obtuviera el
pago de la obligación contenida en la sentencia judicial respectiva.
En esa oportunidad, se hicieron similares consideraciones a las que
nuevamente se hacen a la sociedad actora, en el sentido de indicar que las
peticiones presentadas en el marco de un proceso judicial no se rigen por las
reglas del derecho de petición, sino por las normas propias del juicio de que
se trate.
9
Expediente 11001-03-15-000-2025-04266-00. Sentencia del 13 de agosto de 2025. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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6.6. De manera que, aun con la congestión judicial que caracteriza la mayoría de
los despachos judiciales en el país, el proceso ejecutivo sub examine ha
surtido su trámite sin desconocer la noción de plazo razonable y en la
actualidad, ha resuelto tanto los recursos propuestos por la ejecutada, esto es,
la UGPP, como lo relacionado con el decreto y la ejecución de las medidas
cautelares que se ordenó en auto del 30 de julio de 2025 y, recientemente, en
providencia del 12 de noviembre de 2025 además de rechazar por
extemporáneo el recurso de apelación presentado por la UGPP contra el
proveído del 30 de julio de 2025, dispuso oficiar a las entidades financieras a
efectos de que se retuvieran las respectivas sumas objeto de la medida
cautelar y se constituyeran los certificados de depósito a órdenes del tribunal,
lo que denota gestión y diligencia en el trámite del proceso en aras
precisamente de que se cumpla con el pago de la obligación ordenada por el
juez natural y cuya ejecución se persigue por la sociedad actora.
6.7. Por las razones que han quedado expuestas, la Sala considera que no se
evidencia una mora judicial en el presente caso y por tanto, no se advierte la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la sociedad actora,
razón por la que se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la sociedad
Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS, por las razones expuestas en
la motivación precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
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