Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01328-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01328-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01328-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
16 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01328-00
Demandante: Sucesores Procesales de
Bertilda Santanilla de Rodríguez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01328-00
Demandante: SUCESORES PROCESALES DE BERTILDA SANTANILLA DE
RODRIGUEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas: Contra auto modificó la liquidación del crédito en proceso ejecutivo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los sucesores procesales de Bertilda
Santanilla de Rodríguez y otros, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de marzo de 20241, en ejercicio de la acción de tutela, Martín Emilio, Rodrigo,
Wilson Alfonso y Elexander Rodríguez Santanilla como sucesores Procesales de Bertilda
Santanilla de Rodríguez, por conducto de apoderado, pidieron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 10 de
marzo de 2023 y 16 de enero de 2024, dictados por el Juzgado Único Administrativo de
Leticia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado 91001-33-33-001-2017-00030-01
que resolvieron sobre la liquidación del crédito.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Amparar a los señores. Martín Emilio Rodríguez Santanilla, C.C. 79.634.770 de Bogotá
D.C.; Rodrigo Rodríguez Santanilla, C.C. 79.636.716 de Bogotá D.C.; Wilson Alfonso Rodríguez
Santanilla, C.C. 79.464.264 de Bogotá D.C.; Ezarith Rodríguez Santanilla, C.C. 51.876.559 de
Bogotá D.C.; y Elexander Rodríguez Santanilla, C.C. 6.566.369 de Leticia; sucesores procesales de
Humberto Rodríguez Zambrano, Bertilda Santanilla de Rodríguez, y Carlos Javier Rodríguez
Santanilla. Sus Derechos Constitucionales Fundamentales, al debido proceso en sentido estricto, y
al acceso a la administración de justicia, junto con los principios constitucionales a la no reformatio
in pejus, cosa juzgada, e inmutabilidad de las sentencias judiciales ejecutoriadas.
Quebrantados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, y el
Juzgado Único Administrativo de Leticia Amazonas, en el auto de segunda instancia calendado 16
de enero de 2024, y en el auto de primera instancia del 10 de marzo de 2023, respectivamente,
1 Índice 1 de Samai
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01328-00
Demandante: Sucesores Procesales de
Bertilda Santanilla de Rodríguez y otros
dentro de la acción ejecutiva 91001-33-33-001-2017-00030-01, que tuvo como ejecutantes a mis
representados, y como parte ejecutada al Departamento del Amazonas.
SEGUNDA. Como consecuencia de los amparos constitucionales decretados. Se ordene dejar sin
efecto; el auto de segunda instancia calendado 16 de enero de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F; y el auto de primera instancia del
10 de marzo de 2023, adoptado por el Juzgado Único Administrativo de Leticia Amazonas, que
modifico la liquidación del crédito, dentro de la acción ejecutiva 91001-33-33-001-2017-00030-01.
TERCERA. Por consiguiente, ante lo anterior, se ordene a las autoridades judiciales accionadas,
proferir las correspondientes providencias de remplazo, con acato a los lineamientos establecidos
en el fallo que ordene las protecciones constitucionales.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Humberto Rodríguez Zambrano promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del departamento del Amazonas para que se
declarara nulidad de las Resolución No. 119, 474, 011608 y del oficio DG-00168 y se
ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación.
Mediante sentencia del 5 de marzo de 2013, el Juzgado Único Administrativo de Leticia
Amazonas declaró la nulidad parcial de las Resolución No.119, 474, 011608 y del oficio
DG-00168, y ordenó la reliquidación de la pensión del señor Humberto Rodríguez
Zambrano. Decisión que fue confirmada el 17 de marzo de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
El señor Humberto Rodríguez Zambrano falleció el 6 de mayo de 2015.
El departamento del Amazonas en cumplimiento de la orden judicial expidió la
Resolución 00402 del 23 de febrero de 2015, Sin embargo, la señora Bertilda Santanilla
de Rodríguez, esposa del fallecido Humberto Rodríguez Zambrano no estuvo de acuerdo
con el cumplimiento de la sentencia y presentó demanda ejecutiva que se tramitó bajo el
radicado No. 91001-33-33-001-2017-00030-00, ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Por auto del 19 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, la Subsección F, declaró la falta de competencia porque no fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia constitutiva del título.
En razón a lo anterior, el proceso fue enviado al Juzgado Único Administrativo de Leticia,
que, por auto del 29 de julio de 2018 reconoció a los señores Martín Emilio, Rodrigo,
Wilson Alfonso y Elexander Rodríguez Santanilla como sucesores procesales de Bertilda
Santanilla de Rodríguez, por causa de su fallecimiento y libró mandamiento de pago por
la suma de $18.945.491.
En la audiencia inicial el juzgado dispuso, entre otros asuntos, seguir adelante con la
ejecución y que cualquiera de las partes podría presentar la liquidación del crédito.
El 29 de septiembre de 2022 la parte demandante presentó liquidación del crédito por la
suma total de $1.342.289.316,46 correspondientes a $452.430.316 por concepto de
capital, mas $889.859.000,46 por intereses.
Por auto del 10 de marzo de 2023, el Juzgado Único Administrativo de Leticia, modificó
la liquidación del crédito presentada por los actores por no haberse realizado de acuerdo
con lo ordenado en la sentencia y dispuso que la suma adeudada por la parte ejecutada
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ascendía a $18.945.491, en razón al pago efectuado por la entidad por medio de la
Resolución 00402 del 23 de febrero de 2015, de acuerdo con el siguiente con lo
siguiente:
Inconforme con la decisión, la parte ejecutante presentó recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F, el 16 de
enero de 2024 confirmó la decisión.
Explicó que la parte demandante no presentó reparos concretos sobre la liquidación
realizada por el juzgado de primera instancia y porque consideró que la liquidación
presentada por la parte actora contenía graves errores, adicionalmente, condicionó el
pago de la obligación a lo resuelto en el proceso sucesoral de la señora Bertilda
Santanilla de Rodríguez y ordenó un descuento adicional a la obligación en razón a un
pago parcial hecho por la entidad ejecutada, a través de la Resolución 01981 del 15 de
julio de 2015, correspondiente a la suma de $1.124.700 que no se había descontado.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en los defectos orgánico, sustantivo, fáctico, procedimental absoluto, decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
sin embargo, la argumentación desarrollada puede sintetizarse en los siguientes cargos:
Defecto orgánico pues, a juicio de la parte actora, las providencias cuestionadas no se
pronunciaron sobre los aspectos señalados en la liquidación del crédito y el recurso de
apelación presentados para, en su lugar, declarar en forma generalizada que no existían
saldos a favor y que la obligación estaba satisfecha. También porque el auto del 16 de
enero de 2024 abordó puntos que no fueron materia del recurso de apelación al ordenar
un descuento adicional sobre lo adeudado y condicionar el pago del crédito judicial al
proceso sucesoral.
Defecto fáctico y sustantivo porque, según dice, las previdencias cuestionadas
carecen del apoyo probatorio, que no fue aplicada la presunción dispuesta en el numeral
4 del artículo 372, ni los artículos 193, 27, 138 y 139 del Código General del Proceso
que, dice, ordenan que se deben presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión
en que se funda la demanda toda vez que el apoderado de la parte ejecutada no asistió
a audiencia.
Que tampoco se aplicó lo dispuesto artículo 158 de la Ley 1437 de 2011 y el auto del 21
de octubre de 2021, dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que dice, imponían el deber de tener como prueba la liquidación ordenada por ese
tribunal antes de declarar la falta de competencia para conocer del asunto en primera
instancia.
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Que, además, no tuvo en cuenta una liquidación del título ejecutivo que había ordenado
el tribunal demandado con antelación.
Desconocimiento del precedente, porque no se tuvo en cuenta las sentencias C-5512
y C-5373 de 2016, dictadas por la Corte Constitucional, las sentencias de tutela del 16 de
marzo de 2023, expediente 2023-00886-00 y del 7 de septiembre de 2023, expediente
2023-01352-01, dictadas por la Sección Quinta y la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado4, respectivamente, y la sentencia STC5516-2022 del 6 de mayo de
2022, proferida por la Corte Suprema de Justicia5.
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y al juez
único Administrativo de Leticia y, vinculó, en calidad de tercero con interés, al gobernador
del departamento del Amazonas.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de marzo de
2024.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente de la
providencia cuestionada, solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de
tutela porque el auto del 16 de enero de 2024 fue expedido en atención a los supuestos
fácticos, jurídicos y a la jurisprudencia aplicable, por lo que, dijo, no se incurrió en ninguno
de los defectos alegados.
Que la providencia se ajustó a los argumentos propuestos en el recurso de apelación y
realizó el análisis de la liquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte
actora, pero encontró irregularidades que impedían acoger esa liquidación.
Frente al argumento de las pruebas decretadas y practicadas antes de la declaratoria de
falta de competencia sostuvo que fue un aspecto que no se propuso en el recurso de
apelación.
Respecto al desconocimiento del principio non reformatio in peius, señaló que la decisión
de ordenar el descuento por pago parcial de la entidad obedeció a una facultad legal que
ordena declarar de oficio las excepciones probadas. Que la orden de condicionar el pago
de la obligación a los herederos luego de finalizado el proceso de sucesión corresponde
a un mandato legal. Por último, mencionó que los demandantes pretenden utilizar la
presente acción de tutela como una tercera instancia para revivir la oportunidad de
proponer argumentos nuevos que no fueron señalados en el recurso de apelación.
El Juez Único Administrativo de Leticia aportó copia del expediente del proceso
ejecutivo, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.
2 Constitucionalidad del artículo 193 del Código General del Proceso, estudio del valor probatorio de la confesión
realizada por apoderado judicial.
3 Constitucionalidad de los artículos 16, 132, 133, 134, 135, 136, 138 y 328 del Código General del Proceso. Estudio
de la validez de las actuaciones procesales realizadas antes de la declaratoria de incompetencia del juez.
4 Estudio sobre el deber del juez de pronunciarse sobre cada uno de los argumentos presentados en el recurso de
apelación
5 Estudio sobre la viabilidad de la exigencia de constancia de trámite sucesoral como requisito para autorizar pago de
título ejecutivo.
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El gobernador del departamento del Amazonas no se pronunció pese a que, como se
vio, fue debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona los autos del
10 de marzo de 2023 y 16 de enero de 2024, dictados por el Juzgado Único
Administrativo de Leticia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, respectivamente, el análisis de los cargos propuestos se
centrará en la última providencia por ser la que decidió de manera definitiva sobre la
liquidación del crédito.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por los Sucesores Procesales de Bertilda Santanilla de Rodríguez y otros, para dejar sin
efectos el auto del 16 de enero de 2024, dictados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el proceso ejecutivo con radicado
91001-33-33-001-2017-00030-01 que resolvió sobre la liquidación del crédito.
La sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por lo siguiente: i) los
cargos relacionados con el defecto orgánico, en concreto, con la falta de pronunciamiento
sobre los puntos planteados en el recurso de apelación y el desconocimiento del
precedente, por incumplir el requisito de subsidiariedad, ii) los cargos por defecto
sustantivo, fáctico y orgánico, en concreto lo relacionado con la decisión del tribunal
demandado de condicionar el pago de la obligación a lo resuelto en el proceso de
sucesión y ordenar un descuento a la obligación por pago parcial de la entidad ejecutada,
por no superar el análisis de relevancia constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) la subsidiariedad, y (iv) el
análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-008, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
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Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
8 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
4. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional
de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe
ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
En lo que interesa para resolver el asunto, el primer criterio (vulneración o amenaza real
de derechos fundamentales) está previsto para que la acción de tutela no se utilice para
discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
5. Análisis del caso concreto
De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que
sus derechos fundamentales fueron vulnerados por el auto del 16 de enero de 2024
porque (i) no se pronunció sobre todos los reparos formulados en el recurso de apelación,
(ii) no ordenó la liquidación por parte de un contador, ni tuvo en cuenta una liquidación
practicada por esa autoridad con antelación, no tampoco tuvo como confesados los
hechos susceptibles de esa figura por parte de la demandada en razón de su inasistencia
a audiencia, (iii) se pronunció sobre situaciones no pedidas en el recurso de apelación al
condicionar el pago de los dineros derivados del título a lo resuelto en el proceso
sucesoral y ordenar un descuento adicional por pago parcial de la obligación y, (iv) por
desconocimiento del precedente. Luego, en ese orden serán estudiados por la Sala.
5.1. La parte actora, en el escrito de tutela sostuvo:
Conforme con el precedente constitucional invocado, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en este defecto; (i) al no pronunciarse sobre los precisos aspectos planteados en el
recurso de apelación presentado contra el auto que modificó la liquidación del crédito, que limitaban
su campo de acción. Esto es, las autoridades judiciales no se pronunciaron de fondo y de forma
detallada, sobre cada uno de los seis (6) segmentos y sus respectivos subnumerales, en que se
fundamentó la liquidación actualizada del crédito (adjunta en 188 folios), estos son; (1) Base de
liquidación, 4 subnumerales, (2) especificación del capital anterior, 2 subnumerales, (3)
especificación de los intereses anteriores causados, 1 subnumeral, (4) especificación del capital
posterior, 1 subnumeral, (5) especificación de los intereses posteriores causados, 1 subnumeral, y
(6) concreción de la deuda, 3 subnumerales.
Sería del caso estudiar los argumentos propuestos por la parte actora, pero la Sala
advierte que no se cumple el requisito de subsidiariedad. Si los accionantes estimaban
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que faltaron puntos por resolver sobre el recurso de apelación, debían solicitar la adición
del auto 16 de enero de 2024 conforme a lo previsto en el artículo 287 del CGP 9, sin
embargo, no ejercieron los mecanismos judiciales que tenían a su disposición.
5.2. En cuanto a la no aplicación del numeral 4 del artículo 372, los artículos 193, 27, 138
y 139 del Código General del Proceso y el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, que dice,
obligaban al tribunal a considerar las pruebas decretadas y practicadas antes de la
declaratoria de falta de competencia, así como no haber tenido por confesados los
hechos susceptibles de esa figura, la Sala destaca que estos son argumentos nuevos
que el actor no expuso en el recurso de apelación que presentó contra el auto del 10 de
marzo de 2023 y, por lo tanto, no cumplen el requisito de relevancia constitucional y la
Sala no está habilitada para pronunciarse al respecto.
La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo
que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos
propuestos ante el juez natural.
5.3. Ahora bien, respecto al argumento según el cual el auto del 16 de enero de 2024,
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección
F, abordó puntos que no fueron materia del recurso de apelación, tales como condicionar
la entrega del pago de la obligación al trámite sucesoral y disponer un descuento sobre
la obligación, con lo que, según la parte actora, se desmejoraron sus derechos como
apelantes únicos.
Para la Sala, este argumento se circunscribe a una discusión que no gira en torno a un
asunto constitucional o a la defensa de derechos fundamentales, por el contrario, se trata
de un debate eminentemente económico y legal.
Sobre este punto, la Corte Constitucional10 ha señalado que “las discusiones de orden
legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le esta
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”11.
Incluso, ha manifestado que un asunto carece de relevancia constitucional12 cuando: “(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como,
por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de
ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales, o (ii) sea
evidentemente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”.
Siendo así, los cargos relacionados con la extralimitación de las funciones por parte del
tribunal demandado, no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por una
9 ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio
de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la
omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en
el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la
providencia principal.
10 Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021
11 Sentencia T-136 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021
12 Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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parte, el cuestionamiento sobre el descuento sobre la obligación por encontrar acreditado
un pago parcial por parte de la ejecutada recae sobre un asunto eminentemente
económico. Por su parte, al cuestionar el condicionamiento de la entrega del pago de la
obligación al trámite sucesoral, la Sala encuentra que la parte ejecutante solo manifiesta
una inconformidad sobre el trámite a impartir para la entrega de los títulos conformados
en el proceso ejecutivo, discusión que es estrictamente legal.
Con todo, para la Sala esas decisiones no afectan los derechos fundamentales de los
sucesores procesales de Humberto Rodríguez y Bertilda Santanilla de Rodríguez. La
decisión de condicionar el pago de los títulos constituidos en el proceso ejecutivo a las
asignaciones que se realicen en el proceso sucesoral se fundamentó en que los
demandantes en la acción de tutela están reconocidos en el proceso ejecutivo como
sucesores pero esa situación no les otorga la titularidad sobre los derechos derivados de
la obligación reclamada y esa decisión se acompasa con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que fue citada por el tribunal demandado
en la providencia cuestionada.
Además, el descuento decretado por el tribunal demandado se ajusta a jurisprudencia
de la Sección Segunda de esta Corporación13, que ha determinado que el juez en el
proceso ejecutivo sí tiene facultades para decretar de oficio la excepción de pago total o
parcial de la obligación.
5.4. Finalmente, sobre el cargo por desconocimiento del precedente, la Sala advierte
que, en primer lugar, las sentencias C-551 y C-537 de 2016, dictadas por la Corte
Constitucional estudiaron la constitucionalidad del artículo 193 y los artículos 16, 132,
133, 134, 135, 136, 138 y 328 del Código General del Proceso, respectivamente, son
providencias en las que se determinó si esas normas se ajustan a los mandatos
constitucionales y fijan criterios de interpretación normativos, por lo tanto, respecto a
estas decisiones no es técnico formular cargos por desconocimiento del precedente,
pero sí como defecto sustantivo, sin embargo, el cargo relacionado con la aplicación de
estas normas ya fue estudiado y declarado improcedente.
Luego, las sentencias de tutela del 16 de marzo de 2023 y del 7 de septiembre de 2023,
dictadas por la Sección Quinta y la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado, respectivamente, que se ocuparon del estudio de los deberes del juez de
pronunciarse sobre cada uno de los argumentos presentado en el recurso de apelación,
sentencias con las que la parte actora pretende que se ordene a las autoridades
judiciales decidan sobre cada uno de los puntos de la liquidación de crédito por ellos
presentada. La Sala advierte que, el cargo sobre este argumento ya fue resuelto y
declarado improcedente.
Por último, la sentencia STC5516-2022 del 6 de mayo de 2022, proferida por la Corte
Suprema de Justicia no constituye un precedente vinculante en la jurisdicción
contencioso administrativa.
Lo anterior resulta suficiente para desestimar los cargos formulados por la parte actora.
En consecuencia, se declarará improcedente la presente acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, CP. César Palomino
Cortés.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01328-00
Demandante: Sucesores Procesales de
Bertilda Santanilla de Rodríguez y otros
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los sucesores procesales
de Bertilda Santanilla de Rodríguez y otros, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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