Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01570-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de julio de 2025
Radicado: 110010315000-2025-01570-01
Demandante: Albertina Mahecha y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01570-01
Demandante: ALBERTINA MAHECHA Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial, proceso ejecutivo. Falta
de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
– discusión legal y económica.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores, contra la providencia del
22 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:
«PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por los actores
contra la Sección Tercera -Subsección B- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. (…)».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de marzo de 2025, los señores Albertina Mahecha, por medio de apoderado
judicial y Antonio José Restrepo Navarro, en nombre propio, interpusieron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formularon las
siguientes pretensiones:
«Primero: Se Ampare los derechos fundamentales al derechos constitucional del debido
proceso ( art 29C.N.) por defecto fáctico y acceso a la administración de justicia al incurrir
en vías de hecho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección tercera subsección
B en su fallo del 27 de febrero del 2025 en el Radicado 11001334306220160023202 en
la que confirmo la providencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro
(2024) proferido por el 62 Administrativo en la demanda ejecutiva acumulada en el
Radicado No 11001334306220160023200, para el pago e intereses descritos en el fallo
del Consejo de Estado y reconocido por la Fiscalía para su pago; al incurrir en un defecto
sustantivo por vías de hecho; desconociendo los medios de pruebas que se presentaron
con el escrito de apelación y el precedente judicial y las normas que establecen el
procedimiento ejecutivo.
Segundo: como consecuencia de la anterior violación se deje sin efecto el fallo de fecha
27 de febrero del 2025 en el rad. 11001334306220160023202 proferida por el Tribunal
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Demandante: Albertina Mahecha y otro
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B dentro del proceso
ejecutivo en la cual se confirmó la inadmisión de dicho proceso.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, que en el término que establece la ley a la ejecutoria de dicha fallo de
control constitucional y su notificación, profiera un nueva fallo en la que se tenga en
cuenta la documentación aportada en la que se evidencia la entrega de los requisitos
faltantes solicitado por la fiscalía para proferir la resolución 6079 dentro del proceso de
apelación (sic) del proceso ejecutivo acumulado que inadmitiera el juzgado 62
Administrativo; teniendo en cuenta los hechos, lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis. (…)».
(Se transcribe con posibles errores)
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del proceso de reparación directa
El señor José Yesid Mahecha Mahecha y sus familiares interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
con la finalidad de que les fueran reconocidos los perjuicios causados por la privación
injusta de la libertad del señor Mahecha.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia de
segunda instancia del 7 de noviembre de 2012 (corregida mediante auto del 14 de
marzo de 2013), declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por los
perjuicios causados a los demandantes y ordenó el reconocimiento y pago de las
siguientes sumas, «(…) por lucro cesante para el señor José Yesid Mahecha Mahecha la
suma de $15.153.876; y por Daño Moral a favor de José Yesid Mahecha Mahecha la suma
equivalente en pesos a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a favor de sus hijos
Danna Michell Mahecha y Johan Andrés Mahecha Villamarín la cantidad de 70 SMLMV y para
la señora Albertina Mahecha la suma de 70 SMLMV».
El 23 de octubre de 2013, la parte demandante pidió al fiscal general de la nación que
pagara la condena impuesta. Sin embargo, el 9 de mayo de 2014, la Fiscalía General
de la Nación informó que no era viable asignar turno para pago, por no cumplir con los
requisitos previstos en el Decreto 768 del 23 de abril de 1993 y 818 del 22 de abril de
1994.
Del proceso ejecutivo para el cumplimiento de la sentencia del 7 de noviembre
de 2012
Los señores Albertina Mahecha, José Yesid Mahecha Mahecha y los entonces
menores Danna Michell Mahecha Villamarín y Johan Andrés Mahecha Villamarín1,
mediante apoderado judicial, presentaron demanda ejecutiva en contra de la Fiscalía
General de la Nación con el fin de que se les pagaran las sumas reconocidas en la
sentencia de segunda instancia del 7 de noviembre de 2012, corregida mediante
providencia del 14 de marzo de 2013, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de
Bogotá, que por auto del 1° de agosto de 2016, libró mandamiento de pago en contra
de la Fiscalía General de la Nación por las sumas ordenadas en la sentencia de
segunda instancia del Consejo de Estado, junto con los intereses moratorios legales.
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Danna Michell Mahecha Villamarín y José Yesid Mahecha Mahecha cedieron sus derechos mediante contrato de cesión.
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Demandante: Albertina Mahecha y otro
La Fiscalía General de la Nación solicitó la aclaración, corrección y/o adición del
mandamiento de pago, para que se modificará la orden de pago en punto a la
causación de intereses, porque los ejecutantes no habían presentado la solicitud de
pago en debida forma.
Por auto del 10 de mayo de 2017, el juzgado revocó parcialmente el proveído del 1º
de agosto de 2016 y libró mandamiento de pago por las siguientes sumas de dinero:
(i) por lucro cesante a favor del señor José Yesid Mahecha Mahecha $15.153.876; (ii)
por daño moral, 70 smlmv para cada uno de los demandantes y, (iii) por los intereses
comerciales y moratorios causados desde el 18 de mayo de 2013 hasta el 18 de
noviembre de 2013, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
Lo anterior, por considerar que la parte ejecutante no cumplió con lo exigido por el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, esto es, no acompañó la solicitud
de pago con la documentación que le fue requerida dentro de los 6 meses siguientes
a la ejecutoria de la sentencia, razón por la cual, los intereses comerciales y moratorios
se causaron únicamente desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la condena.
Es decir, desde el 18 de mayo de 2013 (fecha en la cual quedó ejecutoriado el auto
del 02 de mayo de 2013 que corrigió la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2012,
de acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Consejo de Estado -
Sección Tercera) hasta el 18 de noviembre de 2013 (fecha en la que se cumplieron los
6 meses que tenían los beneficiarios para presentar la reclamación de pago).
Lo que implicó que, cesó la causación de intereses comerciales y moratorios al no
haber sido presentada la reclamación de pago junto con los documentos requeridos
dentro del término legal.
La parte ejecutante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el 5 de
noviembre de 2018 radicó la solicitud de pago de la sentencia dentro del término legal,
pero que, no pudo atender el requerimiento de la Fiscalía General de la Nación porque
desconocía el paradero de sus poderdantes.
La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante providencia del 9 de
noviembre de 2017, porque la parte ejecutante con la omisión en haber acompañado
la reclamación con los documentos requeridos, dejó de cumplir con lo establecido en
el artículo 177 del CCA y, por lo tanto, cesó la causación de los intereses comerciales
y moratorios, en el entendido que la sentencia fue dictada en vigencia del Decreto 01
de 1984.
El 25 de enero de 2019, el juzgado llevó a cabo audiencia en la que rechazó por
improcedente las excepciones propuestas por la fiscalía y ordenó seguir adelante con
la ejecución conforme con lo dispuesto en el mandamiento de pago del 1º de agosto
de 2016, modificado por el auto del 10 de mayo de 2017, es decir, sin el reconocimiento
de intereses moratorios con posterioridad al 19 de noviembre de 2013.
Los señores José Yesid Mahecha Mahecha y Dana Michell Villamarín, mediante
contrato de cesión; cedieron al señor Antonio José Restrepo Navarro las sumas
derivadas de la sentencia proferida por el Consejo de Estado.
Con posterioridad, la Fiscalía General de la Nación, en calidad de parte ejecutada,
profirió la Resolución 6079 del 25 de octubre del 2022, en la que ordenó pagar la
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suma de $ 495.929.192 a favor de los demandantes y luego de los descuentos de ley,
fue constituido depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia por valor de $
473´298.734.
Del proceso ejecutivo para el cumplimiento de la Resolución 6079 de 2022.
El 8 de febrero de 2024, los accionantes ejercieron proceso ejecutivo a fin de reclamar
la suma de $ 288´035.563 que, según afirmaron, correspondían al valor descrito en la
Resolución 6079 de 2022.
El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá, en providencia del 28 de
febrero de 2024, negó el mandamiento de pago porque con la nueva demanda se
pretendían revivir los términos respecto a las decisiones ya adoptadas (esto es, el auto
que negó el reconocimiento de intereses de la sentencia del 25 de enero del 2019 y
que ordenó seguir adelante la ejecución y las aprobaciones y modificaciones de la
liquidación del crédito).
Además, porque el referido acto administrativo no era el verdadero título ejecutivo,
pues, en realidad lo era la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B y, agregó, que en últimas lo que pretendía la parte ejecutante
era cuestionar el auto del 9 de septiembre de 2020 (mediante el cual se modificó y
aprobó la liquidación del crédito) respecto del cual procedía recurso, el cual ya había
fenecido.
Los ejecutantes ejercieron recurso de apelación, oportunidad en la que manifestaron
que la sentencia declarativa del derecho, del 14 de marzo de 2013, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, cumple con todos los requisitos
del artículo 422 del Código General del Proceso, norma que se aplica por remisión la
Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con lo anterior, indicaron que solicitaban el reconocimiento de intereses
que se causaron y no se reconocieron en la audiencia del 25 de enero del 2019 y que
son exigibles por disposición legal, pues, a su juicio, no reconocerlos generaría un
«prevaricato» por desconocimiento de la Ley.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante providencia del 27 de febrero de 2025, confirmó la decisión recurrida.
De entrada, precisó que existió diferencia entre lo pedido en la demanda y en el recurso
de apelación, porque, en la primera adujo como título ejecutivo la Resolución 6079 del
2022, mediante la que se dio cumplimiento a la sentencia declarativa del derecho de
acuerdo con el artículo 297 del CPACA, mientras que en el recurso alegó que la nueva
demanda ejecutiva pretendía el pago de intereses moratorios por el pago tardío de la
aludida sentencia de reparación directa, en los términos del artículo 177 del CCA.
Al efecto, explicó que la Resolución 6079 del 2022 no constituyó un título ejecutivo,
pues, en este no se declaró la existencia ni se creó o modificó una obligación, sino que
únicamente correspondió a la liquidación que realizó la Fiscalía General de la Nación
de la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa 2002-01586. Es
decir, se trató de un acto administrativo de ejecución, razón por la que, el título
ejecutivo seguía siendo la sentencia que declaró la responsabilidad de la entidad
ejecutada y la condenó al pago de unos perjuicios.
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A partir lo anterior, precisó que resultó improcedente librar orden de pago con base en
tal acto.
No obstante, pasó a pronunciarse sobre los argumentos del recurso de apelación y en
ese punto estableció que la primera demanda ejecutiva negó el reconocimiento de
intereses de mora con fundamento en requisitos formales, por lo que se configuró la
cosa juzgada formal y, por esa razón, pasó a estudiar si era procedente librar el
mandamiento ejecutivo de pago.
En ese análisis puso de presente que, en atención a que, vencidos los seis meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia sin que se presente en debida forma la
solicitud de pago, la causación de intereses cesa y se reanuda solo cuando se
complete la solicitud. Que, revisado el expediente, fue posible evidenciar que la parte
interesada no dio cumplimiento al requerimiento que hizo la Fiscalía General de la
Nación en oficio del 6 de noviembre de 2013, para que allegara los documentos
necesarios para asignar turno de pago.
En ese sentido, concluyó que no había lugar al reconocimiento de los intereses
solicitados por la parte actora, porque no acreditó el cumplimiento de dicha carga, sin
que en esta nueva demanda se allegaran pruebas diferentes a las que obraban en el
expediente.
3. Argumentos de la tutela
La parte actora señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico
durante el trámite del estudio del auto apelado, pues a su juicio no fueron valoradas
las pruebas que indican que si se presentaron los requisitos exigidos por la Fiscalía
para darle el trámite de pago de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, y en
razón a ello, había lugar al reconocimiento de intereses, pruebas que en todo caso
fueron aportadas con la demanda ejecutiva y que desconocieron para su valoración.
En los términos de la parte actora: «(…) si fueron aportados o por lo menos se evidencia
entre otras pruebas aportadas con la resolución 6079 del 25 de octubre del 2022 que menciona
que verificado el listado de sentencias que cursan su trámite para su pago esto cumplen los
requisitos exigidos y por tal razón en el caso en concreto en el ítem JL 22911 de dicha
resolución se ordena el pago de la suma de $ 495.929.192; por lo tanto los honorables
Magistrados desconocieron dichas pruebas (…)».
Agregó que «(…) la Resolución 6079 del 2022 no es un título ejecutivo, pues en este no se
declara la existencia ni se crea o modifica una obligación, sino que únicamente corresponde a
la liquidación que realizó la Fiscalía General de la Nación de la condena impuesta dentro del
proceso No. 2002-01586. Es decir, se trata de un acto administrativo de ejecución, lo cual no
crea para el beneficiario de la condena derecho alguno, razón por la que, el título ejecutivo
sigue siendo la sentencia que declaró la responsabilidad de la entidad ejecutada y la condenó
al pago de unos perjuicios, y resulta improcedente librar orden de pago con base en tal acto”;
también es cierto que dicha resolución genera con la sentencia del Consejo de Estado un título
ejecutivo complejo y si este no daba para ser título ejecutivo no se debió negar el mandamiento
de pago sino que se debió inadmitir para que aclararan cual sería el ti[t]ulo para la ejecución y
no de tajo negar el derecho sustancial que asiste a los querellantes art 228 de la Constitución».
4. Trámite previo
La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en
providencia del 21 de marzo de 2025, ordenó notificar a las partes, al Juzgado Sesenta
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y Dos Administrativo de Bogotá, a la Fiscalía General de la Nación y a Johan Andrés
Mahecha Villamarín, como terceros con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia, pues el
amparo se utilizó como una vía para reabrir el debate judicial propio de las instancias
ordinarias, razón por la que considera que la acción de tutela de la referencia carece
de relevancia constitucional.
Expuso que, la decisión que se reprocha se adoptó de conformidad con las pruebas
que obraban en el expediente. Aclaró que dentro del proceso ejecutivo, que fue objeto
de estudio, se presentó la demanda inicial a la que se impartió el trámite
correspondiente, hasta que se logró el pago de la obligación.
Que, inicialmente se había realizado el reconocimiento de intereses moratorios, pero
con ocasión del recurso de reposición propuesto por la entidad ejecutada, se modificó
la orden de pago para excluir el reconocimiento de intereses, decisión esta última que
fue confirmada por esa Corporación.
Señaló que la decisión fue adoptada con base en las pruebas aportadas al proceso y
las practicadas durante el mismo, las que, luego de un análisis riguroso, permitieron
concluir que no existía certeza frente a la causación de intereses moratorios.
En ese orden, indicó que en la providencia objeto de debate no se incurrió en defecto
fáctico, en tanto: i) no se omitió el decreto de pruebas necesarias; ii) no se trató de una
valoración caprichosa y/o arbitraria de las pruebas presentadas, y iii) se valoró en su
integridad el material probatorio.
Finalmente, precisó que la parte actora pretende hacer uso de la acción de tutela para
reabrir un debate legal sin argumentar la relevancia constitucional en el presente
asunto.
6. Intervenciones
El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá realizó un recuento procesal
e indicó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los actores, porque la
solicitud de amparo guarda especial relación con la providencia de segunda instancia
proferida dentro del proceso ejecutivo adelantado bajo el radicado 11001-33-43- 062-
2016-00232-00, por medio del cual el superior jerárquico decidió confirmar el auto
dictado por el 28 de febrero de 2024.
Frente a las actuaciones adelantadas aclaró que, la providencia del 28 de febrero de
2024 fue debidamente motivada y con base en el acervo probatorio que reposaba en
el expediente, en las normas aplicables y la jurisprudencia que regulan la materia,
encontrando que no era procedente librar mandamiento ejecutivo a favor de los
demandantes.
Señaló que los señores Albertina Mahecha y Antonio José Restrepo Navarro
solicitaron que se librara mandamiento ejecutivo por la diferencia existente entre el
valor de la suma reconocida por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución núm.
6079 del 25 de octubre de 2022 ($473.298.734) y el valor final del crédito
($207.893.629) aprobado en auto del 9 de septiembre de 2020.
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Sin embargo, precisó que la suma no sufre variación en sus montos, pues los intereses
se causaron únicamente del 18 de mayo de 2013 al 18 de noviembre de 2013.
Precisó que la diferencia que aducen los actores es por la suma consignada en la
Resolución 6079 del 25 de octubre de 2022; sin embargo, se estimó que ese acto
administrativo no constituía título ejecutivo comoquiera que la obligación clara, expresa
y exigible a cargo de la fiscalía estaba contenida en la sentencia del 14 de marzo de
2013, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
proceso de reparación directa.
Finalmente, señaló que en atención al requerimiento del auto admisorio de la acción
de tutela, remitía copia del expediente del proceso ejecutivo con radicado 11001-3343-
062-2016- 00232-00.
La Fiscalía General de la Nación afirmó que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, pues no existe relación de causalidad de acción u omisión por parte de la
entidad, pues la actuación y/o omisión cuestionada está directamente relacionada con
una providencia judicial.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 22 de mayo de 2025, negó
la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de la Nación y declaró
improcedente la solicitud de amparo por considerar que no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que, la presunta afectación de los derechos
invocados tiene origen en un debate estrictamente legal, probatorio y económico.
Lo anterior, porque los argumentos de la acción de tutela, más que demostrar la
necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica expuesta y, con ello, se acceda a las pretensiones dentro del
proceso ejecutivo, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del
escrito inicial e indicó que no pretende hacer uso de la solicitud de amparo como una
tercera instancia, sino que se reconozca que presentó pruebas de un título ejecutivo
complejo, entre ellas, la sentencia del Consejo de Estado y el reconocimiento de los
intereses por parte de la Fiscalía con base en esa sentencia, razón por la que, a su
juicio, había lugar a acceder a librar el mandamiento ejecutivo de pago.
Solicitó revocar la providencia impugnada y, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
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situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de
los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
Corresponde determinar si resulta procedente revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela
no cumple el requisito de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora utiliza la
solicitud de amparo como una instancia adicional para insistir en los argumentos
expuestos dentro del proceso ejecutivo, dirigidos a señalar que se cumplían los
supuestos para librar el mandamiento de pago con reconocimiento de la totalidad de
los intereses moratorios por no pago de la condena, además tampoco cumple con el
mencionado requisito por tratarse de un debate meramente legal y económico.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) Sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y, (ii) el análisis del caso concreto.
(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
2
La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de
2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se
destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) que
no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional para reiterar los argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural,
además el mecanismo de amparo se ha empleado en el presente caso para prolongar
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201
01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Ibidem.
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un debate meramente legal y de naturaleza económica, como se ha sostenido en
decisiones de similar contexto fáctico, como se pasa a explicar:
Para empezar, se tiene que los demandantes presentaron demanda ejecutiva contra
la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitaron que se libre mandamiento de
pago por valor de $ 288´035.563, correspondientes a los intereses que integran la
suma total de lo consignado por la fiscalía y reconocido por la mencionada entidad en
la Resolución 6079 del 25 de octubre de 2022.
El 28 de febrero de 2024 el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá negó el
mandamiento de pago con fundamento en que el referido acto administrativo no es un
título ejecutivo, en el entendido que es la sentencia del 14 de marzo de 2013, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B la que contiene una
obligación clara, expresa y exigible.
Los demandantes interpusieron recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos:
«Es de advertir, que para la fecha del 5 de noviembre del 2018, se radico a la Fiscalía la
Documentación faltante para darle el tr[á]mite correspondiente al pago de la sentencia
proferida por el Consejo de estado en el proceso de esta reclamación y fue así que la
fiscalía General, después de una reclamación y acción de tutela que se le interpuso,
mediante comunicado de fecha 17-01 del 2023 en el Radicado 20231500003151 No DAJ-
10400; dirigido al suscrito, manifestó que el pago se dispuso mediante resolución 6079 del
25 de octubre del 2022 y que el giro se efectuó al Juzgado 62 Administrativo; igualmente
manifestó que remitió las órdenes de pago de conceptos en la cual se relacionan las
deducciones efectuadas por concepto de retención y que La retención en la fuente fue
efectuada sobre los intereses liquidados, considerados como rendimientos financieros de
conformidad con el art 395 del Estatuto tributario y el porcentaje aplicado es el 7% y
respecto a la condena por lucro cesante la tarifa de retención en la fuente corresponde a
un 3.5%.
Ahora bien, respecto el sustento del operador judicial para negar el mandamiento ejecutivo
se basa en que, se persigue el pago de un presunto valor adeudado por la parte ejecutada
y que se reconoció por ella en la Resolución No. 6079 del 25 de octubre del 2022. No
obstante, evidencia el Despacho que, en principio, el acto administrativo en referencia no
es el verdadero título ejecutivo, puesto que, en realidad es la sentencia del 14 de marzo
de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”.
Adicionalmente, la parte ejecutante pretende recurrir el auto del 09 de septiembre de 2020,
por medio del cual se modificó y aprobó la liquidación del crédito, sobre el cual procedía
recurso, el cual ya feneció.
Al respecto quiero manifestar, que, en primer lugar, la sentencia del 14 de marzo de 2013
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”. cumple con todo los
requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, norma que se aplica por
remisión La Ley 1437 de 2011, en su artículo 297, estableció los documentos que
constituyen título ejecutivo; ahora bien, el art 177 del decreto 01 de 1984 norma para el
momento aplicable, y que es la controversia suscitada en el presente proceso por que se
desconoce la parte que dice “ Cesaran la causación de intereses de todo tipo desde
entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma, solicitud como está
demostrada, se present[ó] el 5 de noviembre del 2018 y fue así que la Fiscalía profirió la
resolución 6079 del 25 de octubre del 2022 reconociendo la sentencia proferida por el
Consejo de estado más los intereses.
De acuerdo con lo anterior, vemos, que se está solicitando el reconocimiento de unos
intereses que cumple lo ordenado por el art 422 C.G. del P. en concordancia con la ley
1437 de 2011, en su artículo 297 por venir de una sentencia ejecutoriada en la cual el art
177 del Decreto 01 de 1984 reconoce unos intereses que se causaron y no se
reconocieron en la audiencia del 373 de fecha 25 de enero del 2019 y que son exigibles
por disposición legal y el no reconocerse se generaría un prevaricato por desconocimiento
del precepto legal antes descrito en la ley y para nada se está pretendiendo recurrir el auto
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del 09 de septiembre de 2020, por medio del cual se modificó y aprobó la liquidación del
crédito, sobre el cual procedía recurso, el cual ya feneció; sencillamente se est[á]
solicitando el pago de unos intereses que por disposición legal se deben pagar y los
reconoció la Fiscalía General.»
Por otro lado, en la presente acción de tutela, la parte accionante fundamentó la
solicitud de amparo en lo siguiente:
«En el presente caso se está solicitando el amparo constitucional por considerar que el
TRIBUNAL ADMINITRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA SUBSECCION
B integrada por los Magistrados CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS, HENRY ALDEMAR
BARRETO MOGOLLON y FRANKLIN CAMARGO, vulneraron los derechos
constitucionales de los accionantes por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR VÍA DE
HECHO POR DEFECTOS FACTICO, ORGÁNICO; DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA y su acceso en el fallo de segunda Instancia proferido el día 27 de febrero
del 2025 al CONFIRMAR la providencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá,
en la que se negó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo acumulado en el
radicado No 11001334306220160023200 al no tener en cuenta las pruebas que se
presentaron con la demanda ejecutiva respecto de los que exigía la fiscalía para proferir
el pago; fallo que genera una vía de hecho teniendo en cuenta los siguientes precedentes
jurisprudenciales.»
(se destaca)
Ahora bien, el 27 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, profirió auto que confirmó la decisión inicial. En lo que
interesa, consideró:
«(…) En el expediente no obra prueba que acredite que la parte actora dio cumplimiento
al requerimiento hecho por la Fiscalía General de la Nación, es más en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la providencia del 10 de mayo de 2017, el apoderado
de la parte ejecutante indicó que no pudo anexar la documentación solicitada, por cuanto
sus poderdantes ya no vivían en la dirección que le habían suministrado y no conocía
dónde ubicarlos.
Así, no es de recibo que la parte ejecutante indique que sí cumplió con la carga de solicitar
el pago de la sentencia dentro del término legal cuando es claro que dicha actuación se
surtió de forma incompleta, máxime si se tiene en consideración que el Decreto 0786 de
1993 modificado por el Decreto 818 de 1994, aplicable al momento de la radicación,
disponía que la solicitud de pago de la sentencia se debía presentar así:
Artículo 3° Solicitud de pago. Quien fuere beneficiario de una obligación dineraria establecida en una
sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su apoderado especialmente constituido para el
efecto, elevará la respectiva solicitud de pago ante la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, mediante escrito presentado personalmente ante dicha Subsecretaría o
con escrito dirigido a la misma, donde conste la presentación personal ante juez o notario, en la cual
deberá afirmar bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra solicitud de
pago por el mismo concepto. Para tales efectos allegará a su solicitud:
a) Copia auténtica de la respectiva sentencia con la constancia de notificación y fecha de
ejecutoria.
b) De ser el caso, los poderes que se hubieren otorgado, los cuales deberán reunir los
requisitos de ley y estar expresamente dirigidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
o a la Subsecretaría Jurídica del mismo, la cual cumplidos estos requisitos procederá a
efectuar el reconocimiento de la correspondiente personería jurídica.
c) Los datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados.
d) De ser el caso, la certificación del Banco de la República, sobre el valor del gramo de oro.
e) Para los casos de reintegro, deberá anexarse una declaración extrajuicio y personal, en
la que se manifieste si se recibieron o no salarios o emolumentos de origen oficial durante el
tiempo en que estuvo retirado de su trabajo, e indicarse que no se intentó el cobro ejecutivo
después de (18) meses, si fuere el caso.
f) Los demás documentos que, por razón del contenido de la condena, sean necesarios para
liquidar su valor.
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Precisamente, la Fiscalía General de la Nación requirió al apoderado de los beneficiarios
para que allegara los poderes vigentes y los datos de identificación y ubicación de sus
poderdantes, documentación que no fue allegada, por lo que no es posible tener por
presentada en debida forma la solicitud de pago de la sentencia.
Así, como la norma indica que la causación de intereses cesa vencidos los 6 meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia sin que se presente en debida forma la solicitud
de pago de la sentencia y se reanuda únicamente cuando se complete la solicitud, es claro
que en este caso no hay lugar al reconocimiento de los intereses solicitados por la parte
actora, pues no se acreditó el cumplimiento de dicha carga, incluso, se reitera, el mismo
demandante reconoció que no pudo completar la solicitud por cuanto desconocía el lugar
de residencia y/o datos de contacto de los beneficiarios de la condena, argumento que no
es de recibo pues es su responsabilidad cumplir con las cargas impuestas y mantener el
contacto con sus poderdantes.
Ahora bien, la Sala resalta que si bien en la primera demanda ejecutiva la negativa al
reconocimiento de intereses se dio por idénticos argumentos, lo cierto es que en esta
demanda acumulado no se allegaron pruebas diferentes a las que ya obran en el
expediente, por lo que no es posible varias el sentido de la decisión, siendo carga de la
parte actora allegar los medios probatorios correspondientes que permitan tener
debidamente acreditado los presupuestos fácticos de la norma cuyo efecto jurídico
persigue, lo anterior, en virtud de los dispuesto en el artículo 167 del CGP.
Así las cosas, es claro que en este caso no se acreditó en debida forma la obligación clara,
expresa y exigible que se pretende hacer valer, razón por la que se confirmará la decisión
de primera instancia.(…)»
(se destaca)
De lo expuesto, se evidencia que los argumentos presentados en esta acción de tutela
no difieren sustancialmente de los que fueron planteados en el proceso ejecutivo. En
el presente trámite, la parte actora insistió en que demostró haber presentado la
solicitud de cobro de la condena ante la Fiscalía General de la Nación, razón por la
cual profirió la Resolución 6079 del 25 de octubre del 2022, de la que era posible
concluir que no había sido pagado en su totalidad el monto allí mencionado y, por lo
tanto, podía librar mandamiento ejecutivo por la cifra correspondiente a los intereses.
No obstante, tanto el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá como el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyeron que la parte actora no demostró
haber radicado la petición de pago con el lleno de los requisitos legales dentro de los
seis meses siguientes a la ejecutoria de la decisión, razón por la cual perdió a
oportunidad para reclamar los intereses comerciales y moratorios.
Adicionalmente, resolvió la controversia en torno a la supuesta vulneración del debido
proceso por desconocimiento del material probatorio, pues de lo aportado al proceso
concluyó que la parte demandante no demostró en el marco del proceso ejecutivo que
hubiese radicado en debida forma y de manera completa la solicitud de pago ante la
Fiscalía, de manera que, no había lugar al reconocimiento de los intereses solicitados,
pues no se acreditó el cumplimiento de dicha carga y la misma parte demandante
reconoció que no pudo completarlos porque desconocía el lugar de residencia y/o
datos de contacto de los beneficiarios de la condena. En consecuencia, el Tribunal
confirmó la negativa del mandamiento de pago.
Por ello, la Sala concluye que la presente acción de tutela se está utilizando como una
instancia adicional al proceso contencioso, sin que se evidencie un desconocimiento
de los derechos fundamentales que justifique su procedencia excepcional, pues como
se vio, el Tribunal demandado analizó detalladamente las pruebas aportadas en el
expediente, con fundamento en lo cual concluyó que no había lugar al reconocimiento
de los intereses solicitados, porque no se radicó la solicitud de pago ante la entidad
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demandada en debida forma y la parte actora no podía pretender que se ordenara el
pago de lo consignado en la Resolución 6079 del 25 de octubre del 2022, pues el valor
consignado en ella varió respecto de los intereses expuestos.
De igual forma, la Sala observa que el reproche formulado en la acción de tutela,
relativo a que no debió negarse el mandamiento de pago, constituye una discusión de
estricto corte legal y económico sobre los efectos patrimoniales derivados del
reconocimiento de intereses por no hacerse efectivo el pago de la condena, sin que se
evidencie afectación grave, real y actual a un derecho fundamental que justifique la
intervención excepcional del juez de tutela.
Así las cosas, la Sala advierte que la finalidad de la acción de tutela en el presente
caso es obtener una orden judicial para el reconocimiento y pago de intereses que no
se causaron por no haber realizado la solicitud de pago de manera oportuna y completa
ante la entidad condenada, lo cual corresponde a una materia eminentemente legal y
económica, ajena al núcleo esencial de derechos fundamentales.
Cabe resaltar, que en asuntos con similares supuestos fácticos y jurídicos, la Sala ya
ha realizado estas precisiones7.
Lo anterior es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de tutela
para solicitar el amparo del derecho fundamental al debido proceso como una vía para
obtener el reconocimiento y disposición de recursos económicos, en un debate
estrictamente patrimonial, sin que se plantee una cuestión de relevancia constitucional
que amerite un pronunciamiento de fondo.
En esa medida, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
7
Sentencia del 16 de mayo de 2024, expediente radicado 11001-03-15-000-2024-01328-00, C.P. Wilson Ramos Girón.
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