Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01358-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01358-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01358-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de mayo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01358-00
Demandante: Guillermo Mauricio Betancur Vásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01358-00
Demandante: GUILLERMO MAURICIO BETANCUR VÁSQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990. Condena en
costas. Discusión de carácter legal y económico. Requisito de
relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Guillermo Mauricio Betancur Vásquez, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que pide
el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y el principio de gratuidad, vulnerados,
supuestamente, con la sentencia de 23 de octubre de 2023, mediante la cual
confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y lo
condenó en costas, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Envigado, con el fin de
obtener la nulidad de la resolución que le negó el reconocimiento y pago de la
sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuso demanda contra el Ministerio de Educación Nacional, el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el municipio
de Envigado, con el fin de obtener la nulidad de la resolución que negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías descrita en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975.
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Demandante: Guillermo Mauricio Betancur Vásquez
Sostuvo que al momento de interponer la demanda no existía un criterio unificado
sobre la materia, por lo que actuó bajo el principio de buena fe.
Señaló que del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que en sentencia de 16 de agosto de
2022 negó las súplicas de la demanda, tras considerar que el régimen de cesantías
de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 es especial, por lo que no es
comparable al que prevé la Ley 50 de 1990, y lo condenó en costas.
Por último, narró que contra la anterior determinación interpuso recurso de
apelación del que conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia, que por
sentencia de 23 de octubre de 2023 confirmó el fallo apelado y condenó en costas
en segunda instancia.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y el principio de gratuidad, vulnerados, supuestamente,
con la sentencia de 23 de octubre de 2023, mediante la cual la autoridad judicial
accionada confirmó el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda y lo condenó en costas, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación
Nacional, el Fomag y el municipio de Envigado, con el fin de obtener la nulidad de
la resolución que negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Expresó que la providencia objetada omitió “dar un debido proceso al curso que
tomó el tema de la sanción de la Ley 50 de 1990”, y no tuvo en cuenta que la
sentencia de unificación proferida sobre el tema, si bien es negativa para sus
pretensiones, no condenó en costas, por lo que considera que no ha debido ser
condenado a estas.
Afirmó que en el caso se ha debido realizar un análisis de la conducta procesal
asumida por las partes, previo a dar aplicación al artículo 365 del Código General
del Proceso, norma con base en la cual el tribunal accionado justificó la imposición
de las costas, lo cual habría evidenciado que no existieron conductas dilatorias de
su parte, y que no se probaron los gastos judiciales sufragados por las entidades
demandadas, por lo que no había lugar a su imposición.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD y conforme a esto
se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA, MAGISTRADO PONENTE
ANDREW JULIAN MARTINEZ MARTÍNEZ, radicado 20220004401, el numeral
segundo donde condena en costas en ambas instancias”.
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Demandante: Guillermo Mauricio Betancur Vásquez
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el radicado No. 2022-00044-01, actor:
Guillermo Mauricio Betancur Vásquez.
5. Trámite procesal
Por auto de 4 de abril de 2024, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió
la demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada.
Igualmente, al Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
al municipio de Envigado a Fiduprevisora y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 186063 a 186069,
todos de 8 de abril de 2024, a las direcciones electrónicas suministradas para este
efecto1, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, en tanto, sostuvo, incumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues lo que se pretende es reabrir el debate ya surtido, e
inmiscuirse en la sana crítica e interpretación aplicada por los despachos judiciales
que conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que fueron negadas las pretensiones al actor.
Afirmó que la pretensión del accionante y su argumento respecto de la procedencia
de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes “no se encuentra resuelto de
manera pacífica ni por la jurisdicción constitucional ni por la contenciosa
administrativa, pues ambas han expedido providencias que tienden a resolver el
asunto en uno u otro sentido. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional en sentencia
SU-098 de 2018 abrió, aparentemente, la puerta a la aplicación de esa norma en
los casos que nos ocupan; sin embargo, mediante sentencia SU-573 de 2019
reconoció que tal debate no tenía relevancia constitucional por tratarse de una
cuestión legal de contenido patrimonial y que, además, las reglas jurisprudenciales
establecidas (en la de 2018) procedía únicamente en el evento en que se omitiera
la afiliación del docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)”.
6.2. Respuesta del municipio de Envigado
El apoderado de la entidad territorial rindió informe en el que solicitó denegar las
pretensiones de la acción, en escrito en el que hizo referencia a los argumentos
sobre el fondo del asunto planteados en la contestación de la demanda ordinaria
1
tutelasmedellinlopezquintero@gmail.com, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin36mdl@notificacionesrj.gov.co.
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que originó la controversia, sobre los cuales la Sala se relevará de pronunciarse
por no tener relevancia en la discusión planteada en el presente trámite.
6.3. Respuesta de Fiduprevisora
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, porque, a su juicio, existe ausencia absoluta de las
causales genéricas y específicas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, “las cuales no están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y por
eso, deben ser expuestas de manera nítida por el accionante”.
Adicionalmente, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva a su favor, por cuanto “el accionante dirige la acción de tutela en contra del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, por lo que del libelo de tutela y sus
anexos no se encuentra prueba alguna que a través de la cual se pueda establecer
que Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se encuentre vulnerando sus
derechos fundamentales, toda vez que las pruebas allegadas en el escrito de tutela
no guardan relación entre FIDUPREVISORA S.A. y el actor”.
6.4. Los demás vinculados al trámite constitucional guardaron silencio, aun cuando
fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión previa
Fiduprevisora argumentó la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a
que considera que no es responsable de materializar las pretensiones del
demandante.
Del análisis del expediente ordinario, la Sala observa que en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que originó la controversia, Fiduprevisora actuó en
calidad de demandada, lo que resulta razón suficiente para vincularla como tercero
con interés en el resultado del presente trámite, en el que se pretende la nulidad de
la sentencia mediante la cual se denegó la declaratoria de nulidad de la resolución
que le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la Ley 50
de 1990 al accionante.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación atendiendo a que su
vinculación se basa en motivos fundados que evidencian que tiene interés en el
resultado del presente asunto.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 23 de octubre de 2023,
mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera
instancia, que negó las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio
de Educación Nacional, el Fomag y el municipio de Envigado, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
principio de gratuidad, en tanto lo condenó en costas sin tener en cuenta que no
existieron conductas dilatorias de su parte, y que no se probaron los gastos
judiciales sufragados por las entidades demandadas.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar
que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito
de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción
de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
2
Sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros se constituyen en una guía orientadora para verificar si en
cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1 El señor Guillermo Mauricio Betancur Vásquez, quien actúa a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de
gratuidad, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 23 de octubre de 2023,
mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y lo condenó en costas, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fomag y el municipio de Envigado,
con el fin de obtener la nulidad de la resolución que le negó el reconocimiento y
pago de la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990.
A su juicio, el fallo objetado omitió que la sentencia de unificación proferida sobre el
tema de la sanción contemplada en la Ley 50 de 1990, si bien es negativa para sus
pretensiones, no condenó en costas, por lo que no ha debido ser objeto de esa
condena. Agregó que en el caso se ha debido realizar un análisis de la conducta
procesal asumida por las partes, previo a dar aplicación al artículo 365 del Código
General del Proceso, norma en la que la providencia objetada justificó la imposición
de las costas, lo cual habría evidenciado que no existieron conductas dilatorias de
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su parte, y que no se probaron los gastos judiciales sufragados por las entidades
demandadas.
5.2. De los argumentos que soportan la solicitud de amparo, la Sala evidencia que
el actor deriva la vulneración iusfundamental que alega de la aplicación que de los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso hizo la autoridad judicial
demandada en el caso que originó la controversia, relativos a las costas
procesales, por lo que plantea una discusión de carácter legal que, en últimas,
termina siendo una discusión de carácter económico con connotaciones
particulares, en la medida en que busca la eliminación del monto de la condena
impuesta en su contra6.
Como se anotó en las consideraciones de la presente providencia relativas a los
supuestos del requisito de relevancia constitucional, la acción de tutela no puede
utilizarse para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
como la imposición de costas procesales, pues ese tipo de discusiones se alejan
del objeto de este mecanismo, el cual necesariamente debe involucrar la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha señalado7 que las discusiones de orden legal o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico “deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o
reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”, y
ha establecido que un asunto carece de relevancia constitucional8 cuando: “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal,
salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por
tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”.
Conforme con lo anterior, la acción de tutela no cumple con el requisito de
procedencia de relevancia constitucional, por lo que la Sala no realizará el análisis
de fondo del asunto, pues no se superaron los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por
el señor Guillermo Mauricio Betancur Vásquez, quien actúa a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
6 En el mismo sentido, la Sala dictó sentencias de 29 de junio de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-
02577-00), de 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-04673-00) y de 7 de marzo de 2024,
radicación 11001-03-15-000-2023-06956-01.
7
Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
8
Sentencia T-610 de 2015, reiterado en sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01358-00
Demandante: Guillermo Mauricio Betancur Vásquez
RESUELVE:
Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por Fiduprevisora.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Guillermo Mauricio Betancur Vásquez, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
aquí expuestas.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
SALVA EL VOTO
8
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