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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01433-00

Fecha
14 de mayo de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01433-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE el amparo al derecho fundamental al debido proceso. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01433-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

14 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Acción popular / Coadyuvancia / Defecto
procedimental absoluto / Se niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la Fundación Hídrica Ambiental
de Colombia contra la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 21 de marzo de 2024 la Fundación Hídrica Ambiental de Colombia interpuso,
por medio de su representante legal, una acción de tutela contra la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La accionante consideró
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso porque el tribunal negó la
solicitud de práctica de pruebas que presentó en calidad de coadyuvante en el
proceso de acción popular con radicado 25000-23-41-000-2019-00303-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Se niega el amparo

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):

<<Tutelar mi derecho fundamental el debido proceso, dejando si efecto los autos de
fecha 02 y 22 de noviembre de 2023 proferidos por el magistrado MANUEL LASSO
LOZANO del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular c,
para que resuelva de fondo las pruebas solicitadas en su momento como
coadyuvante, esto sin olvidar que estamos en una acción constitucional donde
prevalece el derecho sustancial>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 5 de abril de 2019 la señora Veruska Tatiana Ivonne Johana Nieto Borja
instauró acción popular contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Norte y Oriente Amazónico, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
del Ministerio de Interior.

3.2.- El 21 de octubre de 2019 la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto admisorio de la demanda.

3.3.- El 31 de julio de 2020 la accionante coadyuvó la demanda de acción popular1.
Mediante auto del 22 de octubre de 2020 se reconoció la coadyuvancia.

3.4.- El 12 de junio de 2023, la accionante presentó memorial con solicitud de
pruebas. En concreto, solicitó que:

<<1. Se requiera a la ANLA para que informe cuántos expedientes están abiertos en
los tres distritos de manejo integrado del AMEM y cuántos en toda la Amazonía
colombiana, para la extracción de qué clase de minerales o hidrocarburos

2. La veracidad de la información ante el Instituto Geológico Colombiano, donde ha
reportado que el país tiene un potencial de 1000 millones de toneladas métricas de
reserva de coltan en 3 departamentos, Guainía, Vichada y Vapués”

3. Requerir al “profesor Thomas Cramer del Departamento de Geociencias de la
Universidad Nacional de Colombia año 2006, quien ha estudiado la minerología en el
Guainia, según el catastro minero al año 2017 había 33 títulos mineros de MINMINAS,

1 Folio 222 del cuaderno de medidas cautelares núm. 2 del expediente de acción popular con rad. 25000-23-41-

000-2019-00303-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Se niega el amparo

vigentes con 72-672 has de todo el Departamento del Guanía. Según lo manifestado
por la Gobernación, 27 títulos y una zona minera indígena superpuesta en la reserva
forestal Amazonía PNN PWLNAWAL Y ZONAS RASMAR. De los cuales 22 títulos
son coltan y 2 de oro. Y de las 155 solicitudes en curso corresponden a oro y coltan.

4. Corroborar la información que estoy anexando sobre los títulos, mineros,
petroleros, con su código de tierras a quien o quienes les competa. Para el
Departamento del Meta como consta en las 26 páginas anexas.

5. Solicitar ante la ANLA y ante la institución a quien le competa todo lo relacionado
con el Oleoducto al Pacífico donde tiene como área de influencia directa a 4
departamentos, 29 municipios, 4 corporaciones, con una longitud de 780km y al
parecer pide 5km al lado y lado de servidumbre, también atravesará las 3 cordilleras
y se unirá con el TAPIR, para sacar el crudo desde el Caguán hasta el Pacífico>>.

3.5.- Mediante auto del 2 de noviembre de 2023, el tribunal fijó fecha de audiencia
de pacto de cumplimiento y negó la solicitud de pruebas de la accionante porque
consideró que fue extemporánea. Expuso que, según el artículo 18 de la Ley 472 de
1998, la oportunidad para allegar y solicitar la práctica de pruebas es la presentación
de la demanda. La accionante interpuso recurso de reposición contra la decisión.

3.6.- Mediante auto del 14 de noviembre de 2023 el tribunal confirmó el auto
recurrido. Afirmó que el artículo 42 de la Ley 472 de 1998 dispone que la
coadyuvancia opera hacia el futuro y que la oportunidad procesal para solicitar
pruebas es en la presentación de la demanda, según el literal e del artículo 18 de la
Ley 472 de 1998. Agregó que, si bien aún no se han decretado las pruebas
solicitadas por las partes, ello no implica que las pruebas se puedan solicitar en
cualquier momento, pues existe una oportunidad procesal determinada para el
efecto: la demanda o su contestación.

3.7.- El 24 de noviembre de 2023 se celebró audiencia de pacto de cumplimiento, la
cual se declaró fallida en auto de la misma fecha.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental y por desconocimiento del precedente judicial.

4.1.- Alega un defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto porque
el tribunal se apartó del procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 472 de
1998 y en el artículo 71 del Código General del Proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
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4.2.- Indica que se desconoció el precedente sentado en la sentencia proferida el 2
de julio de 2021 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado (rad.
25000-23-24-000-2013-00006-01), según la cual <<[l]as facultades del coadyuvante,
tanto en el procedimiento civil como en las acciones populares, se restringen al
ejercicio de los mismos actos procesales que puede realizar el coadyuvado y que se
concretan en una labor netamente de ayuda o cooperación dirigida a reforzar los
argumentos expuestos inicialmente, pedir práctica de pruebas, participar en las
alegaciones e interponer recursos (…)>>

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(accionada) solicitó declarar la improcedencia por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. Sostuvo que la controversia que se planteó en el escrito de
tutela es meramente legal y no compromete derechos fundamentales. Afirmó que las
providencias reprochadas se fundamentaron en una aplicación adecuada de las
normas pertinentes, pues el coadyuvante que interviene después de la presentación
de la demanda no puede solicitar la práctica de pruebas adicionales toda vez que la
coadyuvancia no reinicia las etapas anteriores del proceso.

6.- La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el
Ministerio de Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Emerald
Energy PLC Sucursal Colombia (terceros con interés) solicitaron su desvinculación
de la presente acción porque no son las autoridades responsables del agravio.

II. CONSIDERACIONES

7.- La Sala negará el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante porque no se configuró un defecto procedimental absoluto en los autos
proferidos el 2 y 14 de noviembre de 2023 por la Sección Tercera, Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, en virtud de que la autoridad
judicial accionada observó el procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998 para
el decreto y práctica de pruebas.

8.- De antemano se precisa que, si bien la accionante también menciona un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y un desconocimiento del precedente
judicial, lo cierto es que ambos reproches están orientados a cuestionar que la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento legal y omitió etapas
sustanciales del proceso. Además, la accionante no sustentó el defecto por

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
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desconocimiento del precedente en un precedente judicial vinculante, sino que
referenció un apartado de las consideraciones de una sentencia proferida por la
Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación sobre la participación del
coadyuvante en las acciones populares. Por lo tanto, se constata que los defectos
invocados en el escrito de tutela corresponden a un defecto procedimental absoluto.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

9.- Los requisitos generales de procedencia se cumplen, toda vez que: (i) la
accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción; (ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional, toda vez que alega
una vulneración a su derecho fundamental al debido proceso y señala los defectos
en los que habría incurrido la providencia acusada; (iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque la accionante utilizó los mecanismos judiciales a
su alcance para la protección de sus derechos fundamentales, como lo es el recurso
de reposición; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que el auto que resolvió la reposición contra el auto del 2 de noviembre se
notificó en estado del 20 de noviembre de 2023 y la tutela se presentó el 21 de mazo
de 2024; es decir, dentro del término de seis meses precisado por esta Corporación2
y por la Corte Constitucional3; y (v) no es una decisión proferida en sede de tutela.

F. El tribunal no incurrió en un defecto procedimental absoluto porque no se
apartó del procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998 para el decreto y
práctica de pruebas.

10.- La Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
determinó que la solicitud de pruebas de la accionante se radicó
extemporáneamente, pues se presentó con posterioridad a la presentación de la
demanda ordinaria. En la providencia objeto de reproche explicó que <<si bien en el
presente asunto no se han decretado las pruebas solicitadas por las partes, pues el
Despacho lo hará en el momento procesal indicado, lo cierto es que ello no implica
que las pruebas se puedan solicitar en cualquier momento>>.

10.1.- Al respecto, la Sala advierte que el tribunal se adecuó al procedimiento
legalmente establecido porque el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 establece que
<<la coadyuvancia operará hacia la actuación futura>>. En este sentido, cuando se

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
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presenta una coadyuvancia, el proceso judicial continúa su curso, de manera que la
intervención del coadyuvante no reinicia el trámite ni restaura los términos y
oportunidades para ejercer los actos procesales que ya se surtieron.

10.2.- El artículo 18 ibidem dispone que, al promover la demanda de acción popular,
el demandante debe indicar las pruebas que pretende hacer valer. Al efecto, se
constata que la etapa procesal oportuna para solicitar el decreto y práctica de
pruebas es con la presentación de la demanda; oportunidad que resulta aplicable
tanto para el demandante como para quien coadyuve sus pretensiones, pues las
actuaciones del coadyuvante corresponden con las actuaciones que le son
permitidas a la parte coadyuvada.

10.3.- De lo anterior se colige que las partes no están facultadas para presentar
solicitudes probatorias en cualquier término, pues el procedimiento consiste en que
la solicitud de decreto y práctica de pruebas ocurra con la presentación de la
demanda. Posteriormente, si la prueba se solicitó oportunamente y si ya se surtió la
audiencia de pacto de cumplimiento, el juez procede a decidir sobre la solicitud y
decretar las pruebas que considere conducentes, pertinentes y eficaces, como lo
ordena el artículo 28 de la Ley 472 de 1998.

10.4.- Frente al caso que ocupa a la Sala, se observa que la accionante presentó la
solicitud de pruebas el 12 de junio de 2023; esto es, cuando ya había ocurrido la
admisión de la demanda, la notificación del auto admisorio, el traslado y contestación
de la demanda y el decreto de medidas cautelares, y habían transcurrido dos años
desde esas actuaciones. En consecuencia, el tribunal no se apartó del procedimiento
al negar la solicitud, pues esta sí fue inoportuna y –se reitera– la intervención en
calidad de coadyuvante opera hacia la actuación futura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE el amparo al derecho fundamental al debido proceso.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

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Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Se niega el amparo

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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