Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01467-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01467-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01467-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de abril dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01467-00
Demandante: VÍCTOR DANILO CAMACHO FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINIDTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Asunto: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
EXISTIR OTRO MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LO
PRETENDIDO.
Síntesis del caso: el actor solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos a través de
los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de vejez, hasta que se decida en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió con el mismo fin. En
consecuencia, se declarará improcedente el amparo por carencia del requisito de subsidiariedad, toda
vez que se encuentra en trámite otro medio idóneo para obtener lo que se pretende a través de este
mecanismo constitucional.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Víctor Danilo Camacho
Fernández en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, mínimo
vital y vida digna consagrados en los artículos 13, 29 y 48 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados por la resolución que le negó el reconocimiento de la pensión
de vejez.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en la
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La demanda de tutela fue presentada el 22 de marzo de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01467-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
que solicitó la nulidad de las Resoluciones nos. SUB 315547 del 19 de noviembre de
2019 y DEP 3256 del 25 de febrero de 2020, por medio de las cuales esa entidad le negó
la pensión de vejez y confirmó esa decisión en sede de apelación, respectivamente.
2) A través de sentencia de 22 de junio de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura declaró no probadas las excepciones de inexistencia
del derecho para reclamar la prestación económica, inexistencia de la obligación y cobro
de lo no debido propuestas por Colpensiones, al tiempo que negó las pretensiones de la
demanda por considerar que “no era beneficiario del Decreto 758 de 1990 -aprobatorio
del Acuerdo 049 de 1990”.
3) El 13 de julio de 2022, presentó recurso de apelación en contra de esa decisión, sin
embargo, a la fecha de presentación de la demanda de la referencia el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no ha proferida sentencia de segundo grado.
Fundamento de la vulneración
El actor señaló que padece de diabetes crónica, reside en una vivienda que no tiene
alcantarillado, está inscrito en el registro único de víctimas por desplazamiento forzado y
se encuentra en un estado económico grave que afecta su subsistencia, por lo cual
requiere que a través de este medio se deje sin efectos la resolución que le negó el
reconocimiento de la pensión y, en su lugar, se declare queque tiene derecho a dicha
prestación para poder solventar sus gastos básicos.
Además, indicó que el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se encuentra pendiente de fallo de segunda instancia desde diciembre de 2022, lo cual
denota una presunta mora judicial.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a la VIDA, MINIMO VITAL,
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDA ANTE LA LEY, VIDA DIGNA, DE
PERSONA ADULTO MAYOR.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene EL RECONOCIMIENTO A LA
PENSIÓN DE VEJEZ acuerdo 049 de 1990 art.12, ordenando a la entidad
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01467-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
accionada que la pensión sea de manera RETROACTIVA, acogiéndose a la
sentencia antes mencionada.
3. De manera subsidiaria solicito se ordene se le dé estricto cumplimiento a la
sentencia SL138-2024. RADICADO 89797 ACTA 02 M.P, LUIS BENEDICTO
HERRERA DIAZ, DE LA H, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se me sumen
los días calendarios de 31 días para completar los dos años que me hacen falta
ya que no se me tuvo en cuenta el tiempo militar doble de 2 años, y así
beneficiarme del derecho a la igualdad, ante la ley.
MEDIDA PROVISIONAL Y URGENTE
En aplicación a lo dispuesto en el Artículo 7 del Decreto Ley 2951 de 1991 y en
atención a los fundamentos facticos y jurídicos de la presente acción de tutela,
solicito se tomen las siguientes medidas provisionales con la admisión de la
misma, por considerarlo urgente para la protección de mis derechos
fundamentales a la VIDA, MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDA
ANTE LA LEY, VIDA DIGNA, DE PERSONA ADULTO MAYOR.
1. Suspender los efectos de la sentencia NR 18 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022,
EXPEDIODA ́PPR EL JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA
-mediante la cual hasta tanto me sea reconocida la pensión por vejez y me
encuentre en nómina de pensionados de Colpensiones. O UGPP.
2. De manera subsidiaria solicito SE ME OTORGUE LA PENSION, DE
MANERA PROVISIONAL HASTA TANTO EL ALTO TRIBUNAL DE LA
PENSION APLICANDO LAS JURISPRUDENCIAS ANTES MENCIONADAS,
hasta tanto me sea reconocida la pensión por vejez y me encuentre en nómina
de pensionados de Colpensiones”. (archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 4 de abril de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, al titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial, al
presidente de Colpensiones y al director de la UGPP, así como la vinculación de
secretaria general del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente, la medida provisional solicitada fue negada.
Intervenciones de las autoridades demandadas
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó negar las pretensiones de la acción
de tutela, en razón a que no ha vulnerado los derechos del actor pues, se encuentra
realizando las gestiones pertinentes para evacuar los expedientes, teniendo en cuenta el
turno correspondiente para fallo asignado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01467-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
Por su parte, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura
informó que el accionante presentó otra acción en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca por la supuesta mora judicial en la que incurrió para resolver el recurso
de apelación, sin embargo, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó las pretensiones y dicha decisión fue confirmada con sentencia de 25 de
enero de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, tal proceso que
se registró con el número de radicación 11001-03-15-000- 2023-04990-01.
Por otro lado, puso de presente que en ese despacho se encuentra en trámite una
solicitud de amparo de pobreza presentada por el actor con el fin de que se le designe
un profesional en derecho que lo represente en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelanta, solicitud que se registró con el número de
radicación 76109-33-33-003-2023-00357-00.
En este sentido, consideró que no es de recibo desde el punto de vista constitucional que
el accionante pretenda utilizar la acción de tutela como otra instancia que desvirtúa la
función jurisdiccional, inobservando sin justificación alguna los mecanismos de defensa
judicial establecidos por el legislador para cuestionar las diferentes decisiones de la
Administración.
La Unidad de Gestión Pensional de Parafiscales solicitó su desvinculación del proceso
por cuanto el objeto de la tutela escapa de la órbita de su competencia.
La Administradora Colombiana de Pensiones argumentó que si el accionante está en
desacuerdo con lo resuelto por la entidad debe agotar los procedimientos administrativos
y judiciales dispuestos para tal fin y no reclamar la prestación vía acción de tutela, ya que
esta solamente procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial, máxime cuando
aún se encuentra en trámite la segunda instancia del proceso ordinario.
El accionante no demostró que la mora judicial alegada obedezca a dilaciones
injustificadas, por lo cual una decisión que acceda a sus pretensiones constituiría una
vulneración del derecho a la igualdad de aquellos que se encuentren en situaciones
fácticas similares y que también llevan tiempo esperando la resolución de las decisiones
judiciales.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) cuestión previa, y 3) el caso
concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
Buenaventura, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Unidad
de Gestión de Pensión y Parafiscales (UGPP) con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión y,
por una supuesta mora judicial para proferirse sentencia de segundo grado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia se declarará
improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las
razones que procederá a exponer:
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
3.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
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efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
3.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En su escrito de demanda, el accionante pretende que se ordene lo siguiente:
“EL RECONOCIMIENTO A LA PENSIÓN DE VEJEZ acuerdo 049 de 1990
art.12, ordenando a la entidad accionada que la pensión sea de manera
RETROACTIVA, acogiéndose a la sentencia antes mencionada.
3. De manera subsidiaria solicito se ordene se le dé estricto cumplimiento a
la sentencia SL138-2024. RADICADO 89797 ACTA 02 M.P, LUIS BENEDICTO
HERRERA DIAZ, DE LA H, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se me sumen
los días calendarios de 31 días para completar los dos años que me hacen
falta ya que no se me tuvo en cuenta el tiempo militar doble de 2 años, y
así beneficiarme del derecho a la igualdad, ante la ley”. (negrillas de la Sala).
2) Lo anterior, con fundamento en que padece de diabetes crónica, reside en una vivienda
que no tiene alcantarillado, está inscrito en el registro único de víctimas por
desplazamiento forzado y se encuentra en un estado económico grave que afecta su
subsistencia, por lo cual requiere a través de este medio que se deje sin efectos la
resolución que le negó la pensión de vez y, en su lugar, se le reconozca dicha prestación
para poder solventar sus gastos básicos.
3) Además, alegó que el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se encuentra pendiente de fallo de segunda instancia desde diciembre de 2022,
lo cual denota una presunta mora judicial2.
4) Pues bien, en ejercicio de las facultades oficiosas que está investido el juez de tutela
se constató a través del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI que la demanda de
nulidad y restablecimiento fue presentada el 3 de marzo de 2020 y fue decidida en
primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura, quien negó las pretensiones de la demanda mediante providencia del 22
de junio de 2022.
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“Hoy mi abogado apeló dicha sentencia y se encuentra ante el alto tribunal, pero lleva más de 2 años sin
que se me dé el fallo, entonces solicito sr magistrado me otorgue la pensión de manera provisional hasta
que el tribunal administrativo falle, ya que me encuentro en una difícil situación económica y a mi edad me
hace falta mi sustento diario y no es justo de luego haber aportado tantos años de mi pensión hoy se me
niegue por parte del juez que no aplica la jurisprudencia”.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
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5) Contra esa decisión el actor formuló recurso de apelación, sin embargo, a la fecha de
emisión de la presente providencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no ha
proferido sentencia de segunda instancia.
6) En ese orden, se advierte que por encontrarse pendiente de decisión la providencia
que decida sobre el recurso de apelación, la acción de tutela es improcedente por
carencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que el medio idóneo para esos efectos
es proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como ya se ha dicho en
oportunidades anteriores por parte de esta Sala3.
5) Adicionalmente, se advierte que tanto en la medida cautelar como en la acción de
tutela se pretendió la suspensión provisional de los efectos de la Resolución no. SUB
315547 del 19 de noviembre de 2019 y la que confirmó esa decisión, pretensiones que
coinciden con las del proceso ordinario y, por consiguiente, será el juez natural de la
causa el competente para pronunciarse frente a ellas.
7) Ahora bien, en su escrito el accionante alegó que existe un perjuicio irremediable por
cuanto es imperativo que se ordene el reconocimiento de su pensión debido a que se
encuentra en una grave situación de salud y económica que afecta su subsistencia.
8) Sin embargo, la Sala estima que más allá de sus afirmaciones el actor no probó la
amenaza o afectación a su mínimo vital ni un perjuicio irremediable que torne procedente
la acción de tutela de manera excepcional o subsidiaria, además, este mecanismo
excepcional que no fue concebido para saltarse los procedimientos establecidos y, para
esos efectos, precisamente está instituido el medio de control aludido, el cual es el idóneo
para que se emita cualquier orden en ese sentido.
9) En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente porque existe otro medio
judicial idóneo y de las pruebas allegadas no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención urgente del juez de tutela frente a los efectos del
acto administrativo que le negó el reconocimiento de la pensión al accionante.
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 17 de enero de 2022 y 29 de
noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-06042-00 (AC) y 11001-03-15-000-2021-04698-00
(acumulados), MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01467-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
10) Sin perjuicio de lo anterior, si lo que se pretende la accionante es invocar una
presunta mora judicial, el recurso de apelación ya fue admitido por el tribunal demandado
y se encuentran pendiente de decisión tanto el referido recuso como el amparo de
pobreza que cursa en el juzgado demandado, por lo cual no se advierte la existencia de
un retardo injustificado en la resolución de la demanda, teniendo en cuenta las
condiciones actuales de congestión judicial que caracteriza a los despachos judiciales
por la sobrecarga laboral, máxime que el actor ya había presentado otra acción de tutela
con argumentos similares, pero no con las mismas pretensiones.
11) Además, como lo advirtió Colpensiones en su contestación, de proferirse una
decisión que acceda a las pretensiones de la acción de tutela se violaría el derecho a la
igualdad de aquellas personas que se encuentren en situaciones fácticas similares y que
también llevan tiempo esperando la resolución de las decisiones judiciales.
12) Por consiguiente, la Sala declarará la improcedencia del amparo por incumplimiento
del presupuesto general de subsidiariedad, por los motivos hasta aquí expuestos.
13) Por último, se negará la solicitud de desvinculación elevada por la UGPP por cuanto
la parte actora en el escrito de tutela la señaló como parte demandada, de modo que, su
intervención era necesaria para esclarecer su participación o no en la vulneración de
derechos endilgada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Víctor Danilo
Camacho Fernández por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase la solicitud de desvinculación elevada por al UGPP, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01467-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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